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El pasado 21 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció uno de sus avances más importantes desde que fue creada como resultado del Acuerdo de Paz, en 2016: Por primera vez se expidió una resolución de conclusiones, lo cual significa la recta final de la investigación y el anuncio de las posibles sanciones que enfrentarán un grupo de 10 militares postulados por “falsos positivos”. Los mismos que confesaron haber asesinado y permitir la muerte de hasta 120 inocentes en el Catatumbo, entre ellos los jóvenes reclutados en Soacha.
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Como aportaron a la verdad del conflicto y reconocieron su responsabilidad ante las víctimas, no pagaran cárcel. En su lugar, probablemente construirán proyectos con enfoque restaurativo y de memoria. Por ejemplo, se prevé la puesta en marcha de un salón de exposición del Museo Nacional de Memoria Histórica sobre asesinatos y desapariciones forzadas. La creación de un documental y hasta la construcción de un parque memorial en Bogotá, en homenaje a las 6.402 víctimas identificadas entre 2002 y 2008.
Antes de que el Tribunal para la Paz defina la situación jurídica de estos militares, entre quienes se encuentran el general (r) Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30, la JEP citó a una audiencia para verificar las condiciones de imposición de las sanciones. Además, dio un espacio para dejar claras las acciones que podrían ofrecer antiguos miembros de las Farc y terceros civiles involucrados en la guerra. La primera cita está fechada para el próximo 6 de diciembre y se retomará el 7 de febrero de 2023. El objetivo es garantizar que las sanciones tengan un enfoque reparador y restaurador, y que respondan a la esencia del Acuerdo de Paz.
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“Estas audiencias son una herramienta para materializar la justicia restaurativa, en donde son habilitados espacios para escuchar, en este caso, a las distintas entidades u órganos que estén involucrados en el adecuado funcionamiento de esta Jurisdicción. Todo ello, con el propósito de contribuir al establecimiento de una paz estable y duradera a través de canales que privilegian el diálogo sobre los procedimientos adversariales”, explicó la JEP.
El Ministerio de Justicia está invitado como coordinador de políticas en materia de justicia transicional y restaurativa, que es justo el corazón de la JEP: encontrar sanciones que supongan un fin al conflicto y de las cuales las víctimas encuentren reparación. El Ministerio de Defensa deberá entregar información sobre lo que tiene planeado para las restricciones de la libertad que puedan enfrentar militares y antiguos guerrilleros procesados en la Jurisdicción.
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El Ministerio de Agricultura tendrá un lugar especial, pues es el encargado de desarrollar la reforma rural integral pactada en La Habana (Cuba), de la cual podrán participar los comparecientes. El Ministerio de Ambiente deberá explicar si tiene políticas públicas relacionadas con la recuperación ambiental o protección del medio ambiente, que puedan ser apropiadas por los comparecientes en sus sanciones.
“La Agencia de Renovación del Territorio, al ser la encargada de coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno, será invitada a participar de la audiencia para indagar sobre los posibles planes o proyectos que se están ejecutando o se encuentran pendientes de ejecución en los territorios que fueron afectados por el conflicto suscitado con las extintas Farc”, agregó la JEP.
La Agencia Nacional de Reincorporación fue invitada para que de cuenta de los beneficios otorgados a los exFarc desmovilizados. Además, para que entregue un análisis sobre los proyectos productivos o de vivienda que probablemente propongan los exguerrilleros, de cara a la definición de sus propias sanciones. La Unidad de Restitución de Tierras tendrá un espacio, dado que entre las sanciones podría contemplarse devolver terrenos despojados.
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Un espacio clave tendrá la Unidad de Búsqueda, dado que los antiguos guerrilleros de la Farc se comprometieron a ayudar a buscar los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas, una propuesta a la que podrían adherir otros militares involucrados con falsos positivos. El Centro Nacional de Memoria Histórica es quizás la entidad más esperada, pues el fortalecimiento de la memoria colectiva sobre los hechos de la guerra es un pilar de todas las sanciones a imponer en los próximos años.
Asimismo, participarán el Ministerio del Interior, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas, la Unidad Nacional de Protección, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A partir de la discusión de todas las entidades se pretende blindar las propuestas y las sanciones a impartir, para que las víctimas se sientan conformes con la reparación otorgada por el órgano de justicia transicional y los comparecientes que se comprometieron a asumir las consecuencias de sus actos.
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