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Entre finales de los noventa y comienzos del 2000, en la cárcel La Modelo de Bogotá la exguerrilla de las Farc y los paramilitares libraban una guerra a muerte. Hubo masacres, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos, que pasaron de agache por muchos años. Ahora, este poco conocido episodio del conflicto aterrizó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó a quien fungía como director del Inpec para esos años: el general (r) de la Policía, Fabio Campo Silva.
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“Es de resaltar que los delitos por los que se investigó al señor Campo Silva, cometidos en la Cárcel Modelo de Bogotá, tienen relación con el conflicto armado interno, en cuanto las acciones allí registradas durante los años 1999 a 2003 fueron protagonizadas por personas que en libertad eran miembros de grupos armados y que llevaron la contienda al recinto reclusorio, con claras divisiones ideológicas y organizativas, debidamente jerarquizadas y con propósitos definidos”, reza la decisión de la JEP.
En efecto, según investigaciones de la Fiscalía, un ala de la cárcel estaba tomada por la exguerrilla y el otro por el que pasó a llamarse el Bloque Interno Capital de las Autodefensas. “Para tomar el ‘control’ del espacio descrito se ejecutaron masacres: la del patio 5° tuvo lugar el 8 de diciembre de 1999, donde resultaron muertas 11 personas y 7 heridas; la del patio 4°, el 27 de abril de 2000, dejando 26 víctimas de homicidio y 15 heridas”, dice el escrito de acusación con el que el ente investigador llamó a juicio al general (r) Campo. No obstante, en febrero del año pasado y antes de que se pudiera decidir sobre su responsabilidad, el oficial retirado pidió cupo en la JEP.
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Para la justicia especial este caso guarda una relación con el conflicto, pues, los involucrados, “pese a estar privados de la libertad, llevaron la contienda armada a la Cárcel Modelo de Bogotá, en la que conservaron la estructura armada, la oposición por bandos, la lucha de poder y control, y cometieron toda clase de delitos y vejámenes en contra de otros internos e, incluso, personas fuera del reclusorio”. Y, en todo ese contexto, era el general (r) Campo Silva, como director del Instituto Penitenciario el llamado a tomar medidas para tremenda crisis.
Lo primero que pidió la JEP, no obstante, fue que el oficial retirado reafirme su compromiso de que contará la verdad. Así, a través de un documento, el general (r) Campo Silva deberá identificar concretamente sobre qué hechos va a hablar, qué parte del conflicto ayudará a esclarecer con su versión, aportar la información de la estructura armada con la que colaboró, su posición y funciones dentro de la misma; sus nexos con otros sectores del poder y con otros sectores políticos, económicos o religiosos, entre otros detalles.
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Asimismo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (la fiscalía de la JEP) que identifique a las eventuales víctimas del caso para que, si es su deseo, participen de este proceso. Y, comoquiera que el general (r) Campo Silva nunca fue detenido preventivamente por orden de la Fiscalía, la justicia especial mantuvo su libertad mientras continúa el proceso en su contra.