En Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí, en el nordeste antioqueño, no hay tranquilidad y las comunidades permanecen en medio de una disputa territorial de al menos cinco grupos armados y narcotraficantes. Así lo denunció la Defensoría del Pueblo en una nueva alerta temprana, la cual se suma a graves violaciones de derechos humanos advertidas desde 2016, en una zona que fue controlada por las Farc y que hoy está en plena guerra por el dominio del territorio.
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“Existe un alto riesgo de violaciones a los derechos humanos contra líderes y lideresas sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias y defensores de derechos humanos. También hemos encontrado el incremento homicidios, reclutamiento forzado en contra de niñas, niños y adolescentes y enfrentamientos en los que la población civil queda en medio”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El dato que más preocupó a la Defensoría fue el incremento en los homicidios. En el 2020 la cifra fue de 139 en los cinco municipios y, para 2021, la estadística se incrementó en 147. A corte de mayo de 2022, son 81 las personas que han sido asesinadas en la zona. Es de anotar que, además, solo en el municipio de Segovia, en los últimos dos años, se han presentado más de 500 desplazamientos forzados.
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La Defensoría advirtió la ineficacia de los anteriores gobiernos para hacer frente a la expansión de los grupos armados tras el vacío de poder que dejaron las Farc. En el nordeste antioqueño, el Eln aprovechó el proceso de justicia transicional para intentar asaltar esos espacios, recrudeciendo sus formas de control social y territorial. Asimismo, el Frente 36 de las disidencias de las Farc se ha buscado un espacio a sangre y fuego.
“Las Agc (Clan del golfo), han fortalecido su presencia en el nordeste de Antioquia mediante el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez con influencia desde el Bajo Cauca, y el Frente Jorge Iván Arboleda Garcés con influencia desde el Magdalena Medio y con presencia en el nordeste, desde Yalí hasta Segovia”, agrega la Defensoría.
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La entidad espera que el nuevo gobierno adelante acciones contra estos grupos, a los cuales se suman los Libertadores del Nordeste y el autodenominado Bloque Virgilio Peralta Arenas. Este último es conocido en la zona por las intimidaciones a los comerciantes a través del pago de vacunas. Todos estos grupos, además, tienen interés en la extracción de recursos no renovables y en general representan el control real de la población.
“El Defensor del Pueblo reiteró también la importancia de que el Ministerio Defensa y los cuerpos que integran la fuerza pública se abstengan de justificar sus acciones en la existencia de la alerta”, explicó la entidad. Un llamado al nuevo ministro Iván Velásquez, luego de conocer que el Ejército, en marzo pasado, escudó su cuestionada operación en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguizamo (Putumayo), en una alerta temprana que develaba la presencia de grupos armados. Aquella vez murieron más de una decena de civiles, incluidas autoridades indígenas y un menor de edad.
La Defensoría recomendó a la Policía de Antioquia y a la VII División del Ejército adelantar el desmantelamiento del Clan del Golfo y el Bloque Virgilio Peralta Arenas. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), garantizar la seguridad de defensores de derechos humanos. La entidad hizo un especial énfasis en el Gaula de la Policía y el Ejército, para que desarticulen los grupos que utilizan como renta criminal la extorsión.
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¿Qué pasa en el sur del país?
Mientras en el país se habla del proyecto de paz total y vuelven los diálogos con grupos armados, y con ellos la esperanza de desarme, en Nariño, Cauca y Putumayo la violencia sigue dejando la posibilidad de tranquilidad en el terreno de las ilusiones. La semana pasada, la Defensoría emitió otra alerta temprana para evidenciar la grave situación de riesgo de vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en corregimientos y municipios de estos tres departamentos.
La Defensoría anunció que la presencia del Frente Primero Carolina Ramírez, los Comandos de la Frontera, y la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas, del Comando Coordinador de Occidente, todos pertenecientes a las disidencias de las Farc, constituye un alto riesgo de vulnerabilidad para los pobladores de la zona. Esto debido a la disputa territorial entre ellos. Estos grupos armados se enfrentan para el control de estos municipios y los corredores para el transporte de drogas entre Colombia y Ecuador.
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