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En medio del debate jurídico por la extradición del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Salvatore Mancuso, otro de los antiguos miembros de ese grupo criminal que fueron extraditados en mayo de 2008, alias Jorge 40, ya tiene fecha de regreso a Colombia. Será el próximo 6 de septiembre que la cabeza del desaparecido bloque Norte de los paramilitares vuelva a pisar territorio colombiano luego de que el gobierno de Álvaro Uribe lo enviara a él y a otros 12 antiguos jefes del paramilitarismo a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Desde diciembre de 2019, Rodrigo Tovar Pupo, como en realidad se llama, estaba listo para retornar a Colombia, sin embargo, la pandemia por el COVID-19 retrasó todo el trámite.
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En medio de la crisis sanitaria, su nombre volvió a relucir, cuando su hijo, José Rodrigo Tovar, fue designado en la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior. El nombramiento fue centro de debate durante semanas en el país político y en las organizaciones de víctimas del paramilitarismo, quienes señalaron como inaceptable que un familiar del temido jefe de las Auc, responsable de masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, entre otros crímenes de lesa humanidad, llegara a ese puesto gubernamental. En cambio, sectores afines al gobierno de Iván Duque defendieron su llegada, señalaron que no hay delitos de sangre y lo exaltaron como un ejemplo de reconciliación.
Antes de que iniciara la cuarentena, en enero de este año, su nombre también apareció en los titulares. En ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz negó su sometimiento a esa justicia como excombatiente del conflicto armado y le pidió que le enviara pruebas que acrediten que financió y auspició organizaciones paramilitares desde finales del año 1996 hasta 1998. Esos delitos sí podrían ser juzgados por esa jurisdicción. “Los miembros de las Auc –incluso si llegaron a estar revestidos del estatus de combatiente– pueden comparecer solo si, antes o después de portar armas, actuaron como terceros financiadores o colaboradores.”, dijo la JEP en su momento.
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Tovar Pupo pidió ingresar a esta jurisdicción en septiembre de 2019. En ese momento señaló que fue “ideólogo, propulsor e integrante del proyecto de las Autodefensas”, que desarrolló estrategias “para enfrentar a la guerrilla fuera de los cánones institucionales” y que financió y auspició organizaciones paramilitares desde 1996. Además, manifestó que desde 1998 decidió formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), extendiéndose a otras zonas, hasta convertirse en segundo al mando del Bloque Norte de las Autodefensas, el cual operó en Magdalena, Cesar, La Guajira, principalmente.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídica, en mayo pasado cuando lo rechazó, señaló que en 2015 Tovar Pupo fue expulsado de Justicia y Paz por no aceptar su participación en crímenes de reclutamiento forzado de menores, violencia de género y secuestro ni haber reparado a las víctimas. “El señor Rodrigo Tovar Pupo tuvo la oportunidad, en su calidad de exparamilitar, de someterse a Justicia y Paz, (…). La JEP no es una justicia subsidiaria a la de Justicia y Paz, ni un nuevo escenario de justicia transicional que pueda ser utilizado como una estrategia oportunista para evadir los procedimientos y sanciones de la justicia ordinaria”.
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Si quiere empezar un nuevo proceso, Tovar Pupo deberá remirtir una copia de la decisión judicial por la que se encontraba preso en Estados Unidos. Jorge 40 fue procesado en Justicia y Paz por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, tortura, desaparición forzada y reclutamiento ilícito, destrucción y apropiación de bienes protegidos, entre otros. Posteriormente, Tovar Pupo fue expulsado de esa jurisdicción. Tovar Pupo proviene de una de las familias de la alta sociedad de Valledupar y es hijo de un oficial retirado de la fuerza pública. También estudió en Bogotá y en la capital conoció a quien luego sería otro jefe paramilitar: Salvatore Mancuso.
Empezó en el paramilitarismo en 1996, cuando un general de la primera división del Ejército reunió a miembros de familias importantes de la región nororiental del país para crear grupos de atudofensa. En esa época, las familias más influyentes de Cesar eran con frecuencia extorsionadas o secuestradas por el Eln y las Farc. En 1997, Jorge 40 adoptó este alias luego de reunirse con Salvatore Mancuso y Carlos Castaño en Córdoba para forjar una alianza a nivel nacional de grupos paramilitares. A partir de allí, las masacres, desplazamientos y asesinatos perpetrados por sus hombres dejaron miles de víctimas en medio de una supuesta lucha antisubversiva.
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Entre las tristemente célebres masacres ordenadas por Jorge 40 está la del Salado. Según los testimonio de los habitantes de ese corregimiento al sur de Bolívar, cerca de 450 paramilitares ingresaron a la zona entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000. Luego de asesinar a 60 personas, cientos de familias huyeron despavoridas. En abril de 2004 fueron asesinadas 12 personas en la Alta Guajira por hombres de Jorge 40, masacre que es conocida como la de Bahía Portete y de la que fueron víctimas integrantes de la comunidad indígena wayú, que es además un crimen emblemático en enfoque de género. Otra de las masacres que se le imputan ocurrió en noviembre de 2000, cuando los paramilitares a su mando asesinaron a 40 pescadores en Sitio Nuevo, Magdalena.
A finales de 1999, Jorge 40 empezó una sangrienta guerra con otro jefe paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta por el narcotráfico. Se trata de Hernán Giraldo, quien en mayo de 2008 también fue extraditado a los Estados Unidos. En esta guerra interna, los paramilitares se disputaron el control de los puertos de Magdalena y la Guajira, por donde aún sigue saliendo una buena parte de los alijos de cocaína que termina en territorio estadounidense o europeo. Al final, Tovar Pupo terminó vencedor de esa lucha por el control de esa rente ilegal. Hoy aún en la región, los sucesores de Giraldo, alias el Patrón, participan del narcotráfico y las extorsiones.
Jorge 40 fue uno de los principales voceros de las Auc en las negociaciones de Santa Fé de Ralito y fue uno de los últimos jefes paramilitares en desmovilizarse. En 2006, después de que se dejara las armas, las autoridades detuvieron a uno de sus principales hombres del Bloque Norte. Se trataba de Édgar Antonio Fierro, alias Don Antonio. Durante su captura se encontró un computador portátil el cual llevaba las cuentas del grupo criminal en la costa Caribe. Además, aparecían reseñados políticos y comerciantes promovidos por los paramilitares y cuentas de asesinatos cometidos después de los acuerdos con el Gobierno.
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Uno de los pocos crímenes que aceptó Tovar Pupo es el de dos líderes sindicales de la Drummond en marzo de 2001: Valmore Locarno y Victor Orcasita; Jorge 40 se sometió a sentencia anticipada en 2009 y no entregó detalles del caso. Actualmente, seis directivos de la compañía están siendo investigados por el doble homicidio y por financiación de los hombres de Tovar Pupo. Sin embargo, la compañía estadounidense niega tajantemente su participación en estos hechos. Fuentes cercanas al exparamilitar señalaron que no se sabe aún con certeza si a su vuelta a Colombia Tovar Pupo les diga la verdad a las miles de víctimas del paramilitarismo. Desde Estados Unidos, nunca lo hizo.