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Zafiro iba en el carro con su pareja cuando los paró un policía en un retén. Les pidió sus cédulas, como lo hacen rutinariamente, y ellos obedecieron sin problema. Unos minutos después, el policía le dijo a Zafiro que tenía una orden de captura y debía acompañarlo. Era junio de 2017. Tres años antes, Zafiro había tenido un problema con la justicia que nunca se resolvió del todo. Ella sabía bien de qué se trataba, así que no discutió. Ya no podía hacer nada. La llevaron a una estación de policía en Ciudad Bolívar y le confirmaron que tenía una condena en firme de 12 años y dos meses por el delito de hurto agravado y calificado.
Días después la trasladaron al centro de reclusión de Mujeres de Bogotá, la cárcel El Buen Pastor. Llegó en la mañana y le entregaron un portacomidas con su almuerzo. Le advirtieron que no lo perdiera, que ahí le servirían la comida de ahora en adelante. Zafiro llevaba algunos días sin dormir y, como es asmática, sentía que sus pulmones estaban muy congestionados. Entendía bien la situación en la que estaba, pero, al mismo tiempo no sabía cómo asumirla, no sabía cómo sería su vida de ahora en adelante. Después de comer la trasladaron a reseñarla para hacer el ingreso. Fue ahí que la dragoneante que se encargaba del proceso se dio cuenta de que Zafiro era una mujer trans.
La funcionaria no sabía qué hacer, así que llamó a la directora de la cárcel. Ambas, sorprendidas, le preguntaron por qué la habían mandado ahí. Según tenían entendido, a las mujeres trans las enviaban a cárceles de hombres. Zafiro no tenía claro por qué estaban tan alarmadas. El juez había tomado esa decisión, no ella, y lo había hecho basándose en el mismo criterio para enviar a cualquier persona a una cárcel: el sexo que aparece en la cédula. Gracias a una sentencia de la Corte Constitucional de 2015 y al Decreto 1227 del Ministerio de Justicia, Zafiro, como cualquier otra persona, pudo cambiar el sexo de sus documentos de identidad de forma rápida y sencilla. No tuvo que demostrarle nada al notario. Simplemente pagó, llevó copias de su cédula y su registro civil, y una declaración juramentada que indicaba el deseo de hacer el trámite. A los pocos días recibió sus nuevos documentos.
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Como había sido un procedimiento tan fácil, Zafiro no entendía por qué las funcionarias de la cárcel veían tan complicado el hecho de que ella estuviera ahí, en El Buen Pastor, la cárcel para las mujeres en Bogotá. Las funcionarias, sin embargo, anularon la reseña que le habían hecho y la llevaron a sanidad a reconfirmar que era una mujer trans. Luego llamaron a la dirección general del Inpec para saber qué decisión tomar, pero, como lo había pensado Zafiro, no había mucho qué discutir. La persona encargada de derechos humanos en ese momento les dijo que debían apegarse a la norma: si ya estaban modificados sus documentos, tenían que dejarla ahí.
La vida en la cárcel
Zafiro llegó al patio quinto, un lugar, según ella, muy tranquilo. La metieron en una celda con una caleña que la recibió muy bien y la hizo sentir un poco más cómoda. Sin embargo, a los dos días se llevaron a su compañera a otra celda. La razón que dio la guardia, como asegura Zafiro, “era porque qué tal que a mí después me gustaran las mujeres, que para evitar esos inconvenientes me dejaban sola”. Las autoridades de la cárcel suponían cosas muy alejadas de la realidad, a pesar de que, desde 2016, el Reglamento General del Inpec tiene un enfoque diferencial que protege a las personas trans.
Zafiro recuerda que, al principio, algunas dragoneantes le preguntaban su antiguo nombre, le decían que les parecía incómodo requisarla y que sentían miedo de que su fuerza fuera desproporcionada y terminara golpeándolas. “¿Por qué no se va para una cárcel de hombres?”, le decían. “Allá hay un patio para ustedes”. Y sí, es verdad, porque la ley indica que las personas privadas de la libertad deben ser clasificadas por el sexo de sus documentos, no por su identidad de género. Pero el caso de Zafiro era acorde con la ley, así que lo que hacía era respirar profundo e intentar responder de forma muy tranquila para que no la trasladaran: “Tengo derechos. Soy mujer y me pueden tratar como al resto de las internas”, les respondía.
Finalmente, las funcionarias tuvieron que acostumbrarse a las nuevas políticas. Después de todo, la realidad no iba a cambiar. Dos meses después de estar Zafiro ahí, llegó otra mujer trans a la que metieron en la misma celda de Zafiro, y luego llegó otra. Al tiempo ambas salieron en libertad, pero el punto era que para las dragoneantes de la cárcel no había otra opción más que acostumbrarse a lo que decía la norma.
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Zafiro intentó acoplarse a su nueva cotidianidad. Se metía en talleres de resocialización, hacía tareas en la biblioteca y participaba de otras actividades que la ayudaban a redimir su pena y a distraerse un poco de lo que pasaba. Empezó a tener una buena relación con las internas: “Había mujeres mayores, jóvenes, también personas inocentes, otras culpables, gente estudiada, gente de muchos lugares del país, y mujeres extranjeras también”, recuerda Zafiro, quien agrega que con el tiempo se fue abriendo un poco más y creando lazos afectivos.
Igualmente, había mujeres que le hacían comentarios incómodos y preguntas fuera de lugar, como las que le decía la guardia. A veces, solo con sus miradas sentía el rechazo. Pero ni modo, ahí estaba y ahí iba a estar por un buen tiempo, entonces tenían que acostumbrarse a convivir con ella. Le llamó la atención que los hombres trans recluidos en esa prisión también vivieran rechazo, burlas y negación de su nombre identitario. Y esa discriminación también la vivían algunas mujeres lesbianas, y otras que tenían su pareja heterosexual afuera, pero que empezaban relaciones con otras mujeres dentro de la cárcel. Ahí entendió que los derechos fundamentales de las personas Lgbti en las cárceles son especialmente atacados. De acuerdo con sus palabras, “es una población doblemente vulnerada porque, primero, llegan a un lugar como este, y segundo, por la decisión de tener una orientación sexual o una identidad de género diferentes”.
Entonces se empezó a involucrar con el tema de la protección de esta población y, en septiembre de 2017, sus compañeros y compañeras la eligieron representante de la comunidad Lgbti de la cárcel. Se capacitó en derechos humanos, hizo diplomados al respecto y desde entonces, dice, “he podido interceder por parejas de mujeres lesbianas que han querido separar”, asegura Zafiro. Añade que, gracias a su labor, “me han reconocido, me han respetado y eso tiene un valor muy grande para mí”.
Población Lgbti: enfoque diferencial
Dentro del Reglamento General del Inpec se han establecido medidas para garantizar la protección de los derechos de las personas Lgbti. Dice, entre otras cosas, que la requisa corporal la debe hacer un funcionario del mismo género con el que se identifique la persona. También se debe permitir el ingreso de elementos que les permitan expresarse según su identidad de género, como maquillaje o ropa, así como el acceso, por medio del modelo de atención en salud, a tratamientos de hormonización. En cuanto a las relaciones, se debe garantizar que tengan las mismas condiciones de visita íntima que tienen las personas heterosexuales y cisgénero.
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Zafiro conoce bien ese reglamento y dice que en general se cumple, aunque no dejan de aparecer problemas. Hace un tiempo, por ejemplo, hubo trabas para que los hombres trans ingresaran gel para el cabello porque tiene alcohol. En las conversaciones con el Inpec llegaron a un acuerdo y ahora les dejan entrar cremas para peinar. Para Zafiro, lo importante es que ahora conozcan sus derechos, sepan cómo defenderlos y haya un enfoque diferencial en el trato que reciben por parte de la guardia. “Hemos hecho talleres de sensibilización Lgbti, de derechos humanos, así como actos multiculturales para que estas personas muestren sus talentos de canto y baile”, cuenta ella.
Hasta el momento, sostiene el Inpec, no hay ningún hombre trans en una cárcel de hombres y tampoco ha recibido ninguna orden judicial para hacer el ingreso de alguno. Según varias organizaciones defensoras de derechos Lgbti, como Colombia Diversa, estos casos son mucho más difíciles que el de Zafiro, porque, de terminar tras las rejas en prisiones de hombres, estas personas tendrían un altísimo riesgo de ser víctimas de violencia, especialmente sexual.