La homónima que revolcó las versiones de Bonilla y Pinilla por corrupción en la Ungrd

Las versiones de dos implicados en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se han visto enfrentadas en las últimas horas por cuenta de dos tocayas. Los choques entre Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la entidad, y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, tienen su origen, primero, por un solo nombre: María Alejandra Benavides Soto, exasesora de la cartera económica y mencionada por Olmedo López, exdirector de la Unidad, dentro del expediente. Según la antigua cabeza de la Ungrd, ella habría sido el enlace entre el Ministerio y el Congreso para insistir por la adjudicación de contratos para atender emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar) con el fin de, supuestamente, beneficiar a congresistas. Alguien con su nombre y apellido entró a las oficinas de la Unidad y habló con Pinilla, un hecho que tiene a los abogados de ambas partes moviendo sus fichas.

Las versiones de dos implicados en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se han visto enfrentadas en las últimas horas por cuenta de dos tocayas. Los choques entre Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la entidad, y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, tienen su origen, primero, por un solo nombre: María Alejandra Benavides Soto, exasesora de la cartera económica y mencionada por Olmedo López, exdirector de la Unidad, dentro del expediente. Según la antigua cabeza de la Ungrd, ella habría sido el enlace entre el Ministerio y el Congreso para insistir por la adjudicación de contratos para atender emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar) con el fin de, supuestamente, beneficiar a congresistas. Alguien con su nombre y apellido entró a las oficinas de la Unidad y habló con Pinilla, un hecho que tiene a los abogados de ambas partes moviendo sus fichas.

La participación de Benavides Soto en todo el engranaje se dio, según la Fiscalía, por las supuestas órdenes que le habría dado el ministro Bonilla para presionar a Sneyder Pinilla por la adjudicación de esos tres convenios. Según ha reseñado el ente investigador, esos contratos tenían como intención beneficiar a siete legisladores, algunos pertenecientes a las comisiones de crédito público del Congreso. La participación de la asesora cobró mayor relevancia dentro del expediente luego de que el mismo López precisara ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que ella estuvo presente en los denominados “cónclaves”, en los que varios funcionarios del Ejecutivo habrían dado la orden de entregar convenios a dedo, de acuerdo con el exdirector de la Ungrd.

De hecho, según informes de prensa, Benavides Soto ingresó al menos 16 veces a la Ungrd para reunirse con Sneyder Pinilla entre julio y octubre de 2023. Este último punto fue determinante para la defensa del ministro Bonilla, la cual está recolectando pruebas para que sean revisadas y aceptadas por el Tribunal Superior de Bogotá en su proceso, teniendo en cuenta que se encuentra bajo indagación del ente investigador. Los abogados del titular de la cartera de Hacienda, entonces, presentaron un documento de la Ungrd el pasado jueves 22 de agosto que señala que la asesora del despacho de Bonilla no habría ingresado ni una sola vez a las instalaciones de la Unidad. Esto en respuesta a un derecho de petición enviado por abogados del ministro.

Quien realmente sí entró más de 16 de veces a la oficina de Pinilla en ese período, según conoció El Espectador, fue María Alejandra Benavides Raillo, una abogada independiente y contratista que adelantaba temas contractuales con el entonces director para el Manejo de Desastres y que nada tiene que ver con la contratación irregular de la entidad. Es decir, dos personas con el mismo nombre y primer apellido habrían estado en conversaciones con la oficina de Pinilla en el mismo período de tiempo. Es por eso que en los documentos presentados por la defensa del ministro —liderada por el abogado Javier Torres— se especifica que María Alejandra Benavides Soto no ingresó a las instalaciones de la Unidad.

No obstante, el nombre de Benavides Soto sigue anclado al expediente, pues la Fiscalía la ha mencionado como una de las coordinadoras —junto a Sneyder Pinilla y el ministro Bonilla— de la entrega de los contratos por $92.000 millones para, al parecer, favorecer a congresistas. Además, Sneyder Pinilla, en sus interrogatorios en el interior del búnker, señaló a la asesora de presionarlo para que se diera viabilidad a esos convenios, e incluso ha puesto sobre la mesa algunos chats con la asesora en los que se habla del tema. Fuentes que conocen los pormenores del proceso le confirmaron a este diario que Benavides Soto habría asistido a uno de los denominados “cónclaves” el pasado 15 de diciembre, pero que solo “estuvo tres minutos en la oficina de López, donde le presentaron a Pinilla, y se fue”.

En contexto: Defensa de Sneyder Pinilla desestima pruebas de Ricardo Bonilla en caso Ungrd

En respuesta al documento de ingresos de Benavides Soto a la Ungrd, con el cual la defensa del titular de la cartera señala que tanto López como Pinilla han incurrido en incongruencias en sus declaraciones ante la Fiscalía, la defensa del exsubdirector se pronunció y aseguró que siempre ha mencionado que las comunicaciones entre ambos funcionarios no fueron presenciales. El abogado Luis Gustavo Moreno, apoderado de Pinilla, lo puso en estos términos: “Él (Sneyder Pinilla) ha sido transparente en sus declaraciones respecto a su contacto con la señora y exasesora María Alejandra Benavides Soto. Él siempre afirmó que la comunicación que mantuvo con Benavides Soto se manejó vía chat y nunca de forma presencial, y que estas declaraciones son conocidas por los estrados judiciales, la Fiscalía General de la Nación y por los abogados de los implicados”.

Ese informe de ingresos es parte de una serie de pruebas con las que el jefe de cartera busca salir bien librado de los señalamientos dirigidos por Olmedo López y Sneyder Pinilla. De igual manera, su defensa ha solicitado al Tribunal Superior de Bogotá que tenga en cuenta los ingresos y salidas del exdirector de la Ungrd a las oficinas del Ministerio de Hacienda. Con esto, los defensores buscan probar que las reuniones entre López y Bonilla efectivamente sí se dieron, pero con el objetivo de adelantar una agenda previa y establecida, y no como lo ha mencionado López al tratarse de “cónclaves”. No obstante, Olmedo López ya les dijo a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que el 27 de noviembre y el 15 de diciembre se fijaron reuniones para discutir la repartición de convenios a senadores y representantes.

Quienes conocen de cerca el expediente del ministro de Hacienda le dijeron a este diario que los contratos de Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar “tenían una priorización, porque venía el fenómeno de El Niño, y por eso se preguntaba por esos proyectos”. Además, señalan que esas reuniones entre funcionarios y ministros no serían “cónclaves”, sino que eran parte de la agenda del jefe de la cartera económica. “Dentro de las funciones del ministro de Hacienda está regulada esa comunicación que debe tener con los diferentes departamentos para ver cómo van los proyectos de inversión”, señala una fuente enterada del caso, que prefiere no ser citada. Esto teniendo en cuenta que el Ministerio avaló una adición presupuestal de $700.000 millones a la Ungrd en septiembre de 2023 por pedido del propio Olmedo López.

Documentos en poder de este diario dan muestra de otros elementos que tendría en mano el ministro Bonilla para tratar de contrarrestar los señalamientos de su participación en el entramado. Por ejemplo, ante el Tribunal puso de presente el Decreto 4712 de 2008, en el que se menciona que el titular de la cartera de Hacienda puede dirigir la preparación del Presupuesto General de la Nación, hacer seguimiento financiero a las inversiones de entidades receptoras del gasto y fijar políticas de financiamiento de entidades territoriales. Además, según las pruebas recolectadas por Bonilla y sus apoderados, hay una solicitud de adición presupuestal firmada por Olmedo López por un total de $1 billón el 24 de noviembre de 2023, recursos que no se giraron.

Todo este escenario se presenta a tan solo ocho días de que el Juzgado 35 de Bogotá defina la situación de prisión preventiva en contra de Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, quien se quedó con el contrato de los carrotanques para La Guajira, pues están imputados por cinco delitos relacionados con el desangre a la Ungrd. Entretanto, la Fiscalía sigue revisando las menciones de Bonilla en el entramado y su supuesta relación con la entrega de contratos, mientras que los homónimos en las investigaciones han puesto a dar explicaciones tanto al exdirectivo de la Unidad como al jefe de la cartera de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.