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Miembros del entonces Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) buscan hacer parte de la Paz Total que ha declarado el Gobierno de Gustavo Petro. La estructura ilegal que ocupó los espacios que dejó el Bloque Centauros de las AUC tras su desmovilización pretende tener un acercamiento con las autoridades para brindar verdad y reparar hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, así lo consignaron en una carta de cuatro páginas, algunos de quienes aún permanecen recluidos en varias cárceles del país y de Venezuela.
La misiva que está dirigida al presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, el senador Iván Cepeda y el comisionado de paz, Danilo Rueda, fue firmada por Harold Humberto Rojas, alias el Loco Harold, quien está recluido en la cárcel la Picota de Bogotá, y ostentó la calidad de segundo comandante militar. En su documento solicitaron hacer parte de la iniciativa del actual Gobierno para “alcanzar la armonía y la reconciliación” de la sociedad.
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Su intención, según la misiva, es reparar a las víctimas del conflicto no solo económica, sino emocionalmente, puesto que son conscientes que aun el universo de víctimas en el país es extenso. Los firmantes de la carta tienen claro que muchos quieren saber del paradero de sus familiares víctimas de desaparición por cuenta del conflicto. Confirmaron que, aunque hicieron parte del proceso de Justicia y Paz que se adelantó en el Gobierno de Álvaro Uribe una vez se desmovilizaron las AUC, se sintieron “utilizados” por un Estado que, según ellos, incumplieron compromisos.
Para los firmantes, el Gobierno de turno no solo los usó para sus “fines partidistas”, sino que impidió que resarcieran el daño que se le provocó a las víctimas a quienes, según su dicho, han intentado devolver los cuerpos de sus familiares desde hace varios años, así como la verdad que en algún momento no fue contada del todo. “Siempre hemos estado en disposición de reparar a nuestras víctimas y entregar los cuerpos a sus familiares, pero ese ha sido un tema que no le ha interesado a Gobiernos anteriores. Es el momento de hablar, de encontrar el punto de conciliación con nuestro pasado y de hablar con los familiares de las víctimas que siempre hemos reconocido judicialmente, pero que no han sido entregadas por falta de voluntad política o desidia”, expusieron en el documento.
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Los exmiembros del ERPAC denunciaron que fueron expulsados de Justicia y Paz, y por esa razón no se realizaron los procedimientos para entregar información sobre las decenas de fosas comunes que dejó el conflicto en la zona que delinquían. “Una paz total implica la inclusión de todos los sectores y queremos ser escuchados para así dar por terminado un capítulo de guerra y desigualdad de nuestro país. Queremos aportar, queremos hacer parte del proceso y, sobre todo, queremos reparar a nuestras víctimas y encontrar el perdón por nuestras acciones”, explicaron.
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Con base en ello, alrededor de 300 personas, exintegrantes de la estructura ilegal, le solicitaron al Gobierno Petro que se les otorgue una audiencia pública para entregar las fosas comunes que, a su juicio, ni la Fiscalía o algún ente nacional o internacional les han querido recibir. “Manifestamos que estamos dispuestos a hacer parte de la tan anhelada paz total activamente y ser tratados con igualdad, debido proceso y garantías de cumplimiento de políticas jurídicas”, dice el documento y añadieron que están dispuestos a ser parte del “grupo gestores paz” que propone el actual Gobierno con los más de 300 desmovilizados que tienen intención de contar verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.
El documento fue firmado por Harold Rojas, en compañía de Edison Murillo, alias Cabo, Víctor Almanza, alias Ramoncito, quienes están recluidos en la cárcel Picota de Bogotá, y William Olaya, alias Sebastián, que permanece detenido en el Centro Penitenciario El Rodeo 3, ubicado en el Estado de Miranda en Venezuela. De momento, esta es la solicitud oficial que hacen los exmiembros del grupo ilegal, pero se suma a los ya hechos por parte de otras estructuras que, al parecer, tienen la intención de acogerse a la paz total de Petro.
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Del ERPAC se conoce que en diciembre de 2011 dejaron las armas, y en su momento, esa situación fue presentada como un logro producto de las labores adelantadas por parte de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare. Sin embargo, meses más tarde de la desmovilización, International Crisis Group (ICG), una ONG que adquirió prestigio por sus análisis en materia de seguridad, concluyó que lo del Erpac se convirtió en el mejor ejemplo de que Colombia no tenía cómo lidiar con el sometimiento de grupos ilegales.
La desmovilización para la estructura ilegal llegó cuando su fundador, el paramilitar Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, murió en un operativo adelantado por la Policía en 2010. Una vez falleció su máximo líder, el poder del ERPAC quedó en manos de José López Montero alias Caracho, quien en menos de un año estaba buscando la forma de entregarse a las autoridades. “Me cansé de la guerra y me di cuenta de que este es un conflicto que no tiene vencedores”, dijo en su momento, y acto seguido, empezó con su proceso de desmovilización con la Fiscalía.
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Sobre el proceso de desmovilización que se adelantó ante la Fiscalía, los cuestionamientos han sido muchos. Las misma ONG, en ese entonces dijo que, el sometimiento se “descarriló” dos días después de que se firmó porque de los más de 270 hombres que hicieron la dejación de armas, solo 19 tenían pendientes con la justicia, el resto quedaron libres. En ese orden, muchos de sus integrantes no pudieron ser judicializados porque, además, tampoco tenían documentos de identificación. Así las cosas, para julio de 2012, lo que dijo la ONG es que la estructura ilegal aun tenía vigencia en el país porque se dividieron en el Bloque Meta y los Libertadores de Vichada de las Auc.
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