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La Corte Suprema de Justicia arrancó a mover este año un viejo expediente que involucraba a dos de los políticos más importantes de Santander: Richard Aguilar y Edwin Ballesteros. Se trataba de una investigación por supuesta corrupción cuando el primero fue Gobernador de Santander (2012-2015) y el segundo actuaba como la cabeza de la empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT). La renuncia de ambos a sus curules frenó las pesquisas del alto tribunal, quien alcanzó a capturar a Aguilar y estaba listo para escuchar en indagatoria a Ballesteros.
La investigación que logró adelantar la Corte dio pistas de cómo el exgobernador se habría prestado para organizar un entramado de corrupción del que se habría beneficiado él y, al parecer, Ballesteros. Según el alto tribunal, entre 2014 y 2015 se habrían celebrado contratos entre la Gobernación y algunas empresas que se vieron privilegiadas, al parecer, por orden del entonces mandatario departamental. Ambos políticos santandereanos, además de encontrarse en esta investigación, tiene varios puntos en común en su trayectoria política, cuyo centro es el poder del clan Aguilar.
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Sobre las pesquisas de la Corte, se sabe que las condiciones para que la Gobernación de Santander adjudicara contratos habrían incluido el cobro de coimas sobre el porcentaje en los negocios. Estos supuestos acuerdos ilegales habrían beneficiado principalmente a Aguilar y a los funcionarios públicos a los que se les sobornó para ayudar a que la licitación quedara a gusto del entonces gobernador. Por otra parte, el nombre de Edwin Ballesteros salió al ruedo de este escándalo cuando Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura de Santander entre 2012 y 2015, y su esposo, Lenin Darío Pardo, lo mencionaran como presunto receptor de beneficios en los contratos.
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La pareja de esposos ha sido clave en el desarrollo de la investigación ya que ellos, desde que fueron imputados y enviados a prisión domiciliaria en 2018, ha entregado a la justicia chats, fotos, audios e incluso han dado declaraciones sobre cómo era que se adjudicaban los supuestos contratos, supuestamente, bajo las órdenes de Aguilar. La más reciente declaración se la dieron a Noticias Caracol, en donde Pardo aseguró que “ellos (en referencia a los políticos) han dicho y han tratado y tratarán de defenderse y decir que no, pero ellos estaban en el sistema, eran las cabezas de un sistema de corrupción. Los que pertenecimos a ese sistema pues qué somos: corruptos. Y ellos son corruptos”.
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Así como en el caso de Aguilar, los testigos de la Corte Suprema aseguran que Ballesteros también hacía parte de ese entramado de corrupción en el departamento de Santander. Según el alto tribunal, el excongresista incurrió en irregularidades contractuales cuando estaba en la dirección de la empresa Servicios Públicos de Santander (ESANT). Puntualmente, Ballesteros es investigado por un millonario desembolso para el mantenimiento del alcantarillado en el sector El Casino, de Sucre (Santander). Además, por supuestas irregularidades en el contrato para la adecuación de una planta para agua potable en el municipio de Enciso.
Aguilar y Ballesteros, quienes tenían fuero de senador y representante a la Cámara respectivamente, renunciaron a sus puestos buscando que sus casos salieran de la competencia de la Corte Suprema, como ha sucedido en los casos del exsenador Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada, y así pasara a ser competencia de la Fiscalía. Aguilar, luego de su captura, ya consiguió el traslado de su expediente, mientras que el caso de Ballesteros está en estudio en el alto tribunal, quien ya lo llamó a indagatoria. Se espera que esta semana quedé claro si su caso también se lo entregarán a la Fiscalía.
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En agosto de este año, la Procuraduría llegaron denuncias por la supuesta desaparición de documentos clave en el proceso contra el exsenador Richard Aguilar. Por esto, el ministerio público abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Gobernación de Santander por, al parecer, irregularidades relacionadas con la pérdida de resoluciones ordenadas por el entonces gobernador Aguilar, y otras por quien lo sustituyó: Didier Tavera. De acuerdo con las pistas que tiene el órgano de control, las resoluciones serían pruebas solicitadas por la Corte Suprema.
Las trayectorias políticas
Richard Aguilar es hijo del parapolítico Hugo Aguilar, condenado a nueve años de cárcel por sus vínculos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes lo ayudaron en su campaña para ser gobernador de Santander en el 2001. Hugo Aguilar, además de este proceso, enfrenta hoy una investigación por supuestamente haber lavado $15.000 millones de ese mismo bloque de las Auc. El exgobernador fue capturado por esos hechos y hoy es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) la que tiene este expediente en su contra.
Adicionalmente, Aguilar padre fue coronel de la Policía desde la década de 1970 y participó en la cacería de Pablo Escobar. Por la condena de su papá, Richard Aguilar se perfiló desde hace más de cuatro años como el heredero del clan Aguilar, una importante casta política de Santander que ha puesto alcaldes y gobernadores desde la época de Hugo Aguilar. Sin embargo, sus planes se volvieron a torcer cuando la Corte Suprema enfiló esfuerzos para adelantar esta investigación que hoy tiene preso al heredero.
Por su parte, Edwin Ballesteros ingresó a la política cuando militó en el partido Opción Ciudadana y fue candidato a la Cámara de Representantes en 2010, teniendo el aval del parapolítico Luis Alberto El Tuerto Gil, condenado a 90 meses de prisión por pactos con los exjefes paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Auc y con Carlos Mario Jiménez alias Macaco. Tras haberse quemado en esas elecciones, Ballesteros empezó a servir al clan Aguilar y apoyó la campaña de Richard Aguilar a la Gobernación de Santander.
Posteriormente, fue nombrado asesor de la Gobernación entre 2012 y 2013, pasando después a ser presidente ante el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga. Aguilar lo designó alcalde encargado de Floridablanca en 2013 por algunas semanas, luego de que el Consejo de Estado le quitara la investidura al entonces alcalde, Néstor Díaz Barrera. En 2013, estuvo a cargo de la creación de la ESANT, por la cual hoy se investiga su participación como presidente de esa empresa.
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