El próximo lunes, el juzgado 56 de control de garantías definirá si acepta la solicitud de enviar a la cárcel a la investigadora del CTI de la Fiscalía General, Martha Lucía Pinilla Díaz, procesada por presuntamente presionar a testigos para que cambiaran su versión en diversas investigaciones.
Pinilla, quien fue capturada en la noche del pasado jueves en Bogotá, es señalada de haberle entregado altas sumas de dinero a exparamilitares para que declararan a favor de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce en la investigación que se le adelantaba por el crimen del ganadero Fernando Cepeda.
La investigadora habría recibido 80 millones de pesos en el año 2013 por parte de Gette con el fin de presionar a testigos a que cambiaran la versión sobre los hechos materia de investigación y señalaran a María Paulina Ceballos, esposa de Cepeda, de haber participado en el crimen ejecutado por paramilitares del Bloque Norte de las AUC.
Acto seguido contactó a Rafael Julio Peña, alias ‘Chiqui’; Eliécer Remón Orozco, alias ‘Cochebola’; y Sergio Barrios Alemán, alias ‘Zaya’ para que “introdujeran” a testigos contra Ceballos y así exculpar a la exrectora universitaria de los hechos materia de investigación. Para lograr su cometido habría entregado entre 15 y 30 millones de pesos para corromper las conciencias y cambiar la versión sobre el crimen del ganadero.
“Todos los testigos que declararon contra Ceballos en ese proceso faltaron a la verdad", precisó la fiscal del caso en la audiencia en la cual se revelaron testimonios de otros paramilitares que señalaron la forma en cómo fueron contactados para declarar a favor de Gette y acusar a Ceballos a ser la determinadora del asesinato.
En agosto de 2014, Ceballos fue detenida por la Fiscalía General en el desarrollo de esta investigación. La captura tuvo como base las declaraciones hechas por estos tres exparamilitares. Sin embargo, poco tiempo después se presentó otra variación al determinar que habían faltado a la verdad.
La investigadora se declaró inocente de los delitos de cohecho, fraude procesal y soborno imputados por la Fiscalía General.