La irrefutable relación entre el “Gordo” García y los “paras”

El exsenador Álvaro García Romero, más conocido como el Gordo García, lleva ya siete años moviendo todos los recursos a su alcance para esquivar una condena que lleva a cuestas de 40 años de prisión por sus vínculos con el paramilitarismo. Sus intentos, sin embargo, fracasaron y los caminos se le agotaron: la Corte Suprema de Justicia, el pasado 25 de octubre, rechazó una demanda de revisión que presentó el excongresista sobre el fallo de 2010, en el que el alto tribunal lo señaló como responsable del surgimiento de grupos paramilitares en Sucre, de haber estado detrás de la masacre de Macayepo, de haber desviado dineros públicos para financiar a los “paras” y hasta de haber orquestado el asesinato de una jurado de votación en San Onofre (Sucre).

En el documento de 63 páginas, conocido por este diario, la Corte revisó cada una de las pruebas que la defensa de García entregó como sobrevinientes para probar la inocencia del exsenador. El alto tribunal, no obstante, fue enfático en decir que nada de lo presentado como novedoso, lo era.

(En contexto: Álvaro García Romero, el mecenas de los ‘paras’)

Agregó, con ponencia del magistrado Fernando Castro Caballero, que si bien se analizaron tres testimonios que no se tuvieron en cuenta en el juicio, la mayoría de ellos eran “inconsistentes e incongruentes” e, inclusive, falsos. Uno de ellos era el exsenador Miguel Nule Amín, condenado el año pasado, al igual que García, por sus vínculos con los paramilitares de Sucre y por haber determinado la masacre de Macayepo, cometida en octubre de 2000.

Nule Amín declaró en la Fiscalía que García no tuvo nada que ver con ese crimen, en el cual murieron 12 campesinos y más de 400 se vieron obligados a huir, en una zona donde el Eln, el Epl, las Farc y los “paras” buscaron durante años el control territorial a través de la violencia: los Montes de María. El de Macayepo, además, pasó a la historia como uno de los crímenes más crueles: los campesinos ejecutados murieron a garrote y machete. Amín argumentó que ese cruento episodio se dio en medio de un plan para recuperar un ganado robado de la finca del empresario Joaquín García y que, como García Romero no tenía ni fincas ni animales en la región, nada tuvo que ver con el crimen.

El 23 de febrero de 2010, el alto tribunal condenó al líder político por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación (se robó dineros del municipio de Sucre para patrocinar el frente La Mojana), homicidio agravado (por la masacre) y homicidio simple (por el asesinato de Georgina Narváez, jueza de votación en San Onofre). Para la Corte Suprema, los testimonios y pruebas que se tuvieron en cuenta durante el juicio del Gordo García, quien estuvo en el Congreso 24 años seguidos, erigiéndose como el barón electoral de su departamento, tenían muchísimo más fundamento que las evidencias incluidas en la demanda de revisión por la defensa del exsenador, quien también fue alcalde de Ovejas, concejal de Sincelejo y diputado a la Asamblea de Sucre.

(Le puede interesar: Corte rechazó tutela del exsenador García Romero contra condena por masacre de Macayepo)

Esos testimonios y pruebas, señaló la Corte, permitieron establecer una “irrefutable existencia” de la relación entre los grupos paramilitares, el entonces congresista Álvaro García y otros políticos de la Costa. El alto tribunal recordó en reciente decisión los detalles sobre reuniones, negocios, pagos y hasta asesinatos que pactaron el exsenador y varios jefes “paras” en 1997, época en que las autodefensas en Sucre mantenían una “hegemonía” criminal.

Entre quienes declararon en contra de García estaban Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, alias Jorge 40; Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, y otros exparamilitares.

Fue a partir de estos testimonios que la Corte documentó varias reuniones en fincas como Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amín; Los Ángeles –la cual fue interrumpida por un operativo de la Fuerza Pública–, La Setenta y El Palmar, lugares en donde se reunían ganaderos como Joaquín García, políticos como García Romero y el exgobernador de Sucre Salvador Arana –condenado también por nexos con grupos paramilitares y por ser responsable del asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz–, y jefes paramilitares con el propósito de auspiciar las Convivir, aquellas famosas empresas de seguridad privada que resultaron siendo la fachada bajo la cual se expandió el proyecto paramilitar auspiciado por la casa Castaño.

Los investigadores de la Fiscalía lograron demostrar, además, que en esas fincas se pactaron todo tipo de vejámenes contra campesinos de la región. Sólo en una propiedad, las autoridades encontraron varias fosas comunes en un punto que se conoció como el centro de torturas de Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena –uno de los jefes paramilitares más cercanos al Gordo García–, quien es recordado como uno de los paramilitares del Caribe más sanguinarios. Además de pactar negocios y ordenar asesinatos, la Corte señaló que esas fincas fueron igualmente espacios en donde se concretaban alianzas entre las Auc y miembros de la Armada para actuar en zonas rurales de Sucre. Según al alto tribunal, así fue que se planeó la masacre de Macayepo.

(Lea también: Las pruebas que condenaron a Miguel Nule Amín por la masacre de Macayepo)

En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2010, con el que condenó a 40 años de prisión al Gordo García, se documentó también la responsabilidad del exsenador en el asesinato de Georgina Narváez, una jurada de votación de las elecciones de 1997. Según el alto tribunal, García Romero ordenó el homicidio al enterarse de que Narváez se dio cuenta de un fraude electoral, liderado por el excongresista, en favor del candidato a la Alcaldía de San Onofre Érik Morris, quien terminó ganando la contienda. La ambición política de Morris lo llevó hasta la Cámara de Representantes, pero allí no duró mucho tiempo. Morris pasó a ser uno de los primeros congresistas condenados por parapolítica en el país.

El respaldo de García Romero para que Morris se posesionara como alcalde fue clave y la fuerza política de ambos excongresistas sigue vigente en Sucre, pero no con ellos como a la cabeza. Érik Morris es el padre de Stephani Morris, una economista que ha tratado de pasar desapercibida sin mucho éxito, pues es la esposa del suspendido senador de la U Bernardo Ñoño Elías, hoy preso en La Picota e investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Recientemente, ella ha empezado a salir del anonimato: hoy, dicen en la Costa Caribe, es una de las candidatas más fuertes para reemplazar a su esposo en el Senado y en el juego electoral.

Un juego al que Álvaro García Romero –hermano de Juan José García Romero, condenado por corrupción, y cuñado de Piedad Zuccardi, investigada por parapolítica– no podrá volver, al menos no personalmente.

El exsenador Álvaro García Romero, más conocido como el Gordo García, lleva ya siete años moviendo todos los recursos a su alcance para esquivar una condena que lleva a cuestas de 40 años de prisión por sus vínculos con el paramilitarismo. Sus intentos, sin embargo, fracasaron y los caminos se le agotaron: la Corte Suprema de Justicia, el pasado 25 de octubre, rechazó una demanda de revisión que presentó el excongresista sobre el fallo de 2010, en el que el alto tribunal lo señaló como responsable del surgimiento de grupos paramilitares en Sucre, de haber estado detrás de la masacre de Macayepo, de haber desviado dineros públicos para financiar a los “paras” y hasta de haber orquestado el asesinato de una jurado de votación en San Onofre (Sucre).

En el documento de 63 páginas, conocido por este diario, la Corte revisó cada una de las pruebas que la defensa de García entregó como sobrevinientes para probar la inocencia del exsenador. El alto tribunal, no obstante, fue enfático en decir que nada de lo presentado como novedoso, lo era.

(En contexto: Álvaro García Romero, el mecenas de los ‘paras’)

Agregó, con ponencia del magistrado Fernando Castro Caballero, que si bien se analizaron tres testimonios que no se tuvieron en cuenta en el juicio, la mayoría de ellos eran “inconsistentes e incongruentes” e, inclusive, falsos. Uno de ellos era el exsenador Miguel Nule Amín, condenado el año pasado, al igual que García, por sus vínculos con los paramilitares de Sucre y por haber determinado la masacre de Macayepo, cometida en octubre de 2000.

Nule Amín declaró en la Fiscalía que García no tuvo nada que ver con ese crimen, en el cual murieron 12 campesinos y más de 400 se vieron obligados a huir, en una zona donde el Eln, el Epl, las Farc y los “paras” buscaron durante años el control territorial a través de la violencia: los Montes de María. El de Macayepo, además, pasó a la historia como uno de los crímenes más crueles: los campesinos ejecutados murieron a garrote y machete. Amín argumentó que ese cruento episodio se dio en medio de un plan para recuperar un ganado robado de la finca del empresario Joaquín García y que, como García Romero no tenía ni fincas ni animales en la región, nada tuvo que ver con el crimen.

El 23 de febrero de 2010, el alto tribunal condenó al líder político por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación (se robó dineros del municipio de Sucre para patrocinar el frente La Mojana), homicidio agravado (por la masacre) y homicidio simple (por el asesinato de Georgina Narváez, jueza de votación en San Onofre). Para la Corte Suprema, los testimonios y pruebas que se tuvieron en cuenta durante el juicio del Gordo García, quien estuvo en el Congreso 24 años seguidos, erigiéndose como el barón electoral de su departamento, tenían muchísimo más fundamento que las evidencias incluidas en la demanda de revisión por la defensa del exsenador, quien también fue alcalde de Ovejas, concejal de Sincelejo y diputado a la Asamblea de Sucre.

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Esos testimonios y pruebas, señaló la Corte, permitieron establecer una “irrefutable existencia” de la relación entre los grupos paramilitares, el entonces congresista Álvaro García y otros políticos de la Costa. El alto tribunal recordó en reciente decisión los detalles sobre reuniones, negocios, pagos y hasta asesinatos que pactaron el exsenador y varios jefes “paras” en 1997, época en que las autodefensas en Sucre mantenían una “hegemonía” criminal.

Entre quienes declararon en contra de García estaban Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, alias Jorge 40; Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, y otros exparamilitares.

Fue a partir de estos testimonios que la Corte documentó varias reuniones en fincas como Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amín; Los Ángeles –la cual fue interrumpida por un operativo de la Fuerza Pública–, La Setenta y El Palmar, lugares en donde se reunían ganaderos como Joaquín García, políticos como García Romero y el exgobernador de Sucre Salvador Arana –condenado también por nexos con grupos paramilitares y por ser responsable del asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz–, y jefes paramilitares con el propósito de auspiciar las Convivir, aquellas famosas empresas de seguridad privada que resultaron siendo la fachada bajo la cual se expandió el proyecto paramilitar auspiciado por la casa Castaño.

Los investigadores de la Fiscalía lograron demostrar, además, que en esas fincas se pactaron todo tipo de vejámenes contra campesinos de la región. Sólo en una propiedad, las autoridades encontraron varias fosas comunes en un punto que se conoció como el centro de torturas de Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena –uno de los jefes paramilitares más cercanos al Gordo García–, quien es recordado como uno de los paramilitares del Caribe más sanguinarios. Además de pactar negocios y ordenar asesinatos, la Corte señaló que esas fincas fueron igualmente espacios en donde se concretaban alianzas entre las Auc y miembros de la Armada para actuar en zonas rurales de Sucre. Según al alto tribunal, así fue que se planeó la masacre de Macayepo.

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En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2010, con el que condenó a 40 años de prisión al Gordo García, se documentó también la responsabilidad del exsenador en el asesinato de Georgina Narváez, una jurada de votación de las elecciones de 1997. Según el alto tribunal, García Romero ordenó el homicidio al enterarse de que Narváez se dio cuenta de un fraude electoral, liderado por el excongresista, en favor del candidato a la Alcaldía de San Onofre Érik Morris, quien terminó ganando la contienda. La ambición política de Morris lo llevó hasta la Cámara de Representantes, pero allí no duró mucho tiempo. Morris pasó a ser uno de los primeros congresistas condenados por parapolítica en el país.

El respaldo de García Romero para que Morris se posesionara como alcalde fue clave y la fuerza política de ambos excongresistas sigue vigente en Sucre, pero no con ellos como a la cabeza. Érik Morris es el padre de Stephani Morris, una economista que ha tratado de pasar desapercibida sin mucho éxito, pues es la esposa del suspendido senador de la U Bernardo Ñoño Elías, hoy preso en La Picota e investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Recientemente, ella ha empezado a salir del anonimato: hoy, dicen en la Costa Caribe, es una de las candidatas más fuertes para reemplazar a su esposo en el Senado y en el juego electoral.

Un juego al que Álvaro García Romero –hermano de Juan José García Romero, condenado por corrupción, y cuñado de Piedad Zuccardi, investigada por parapolítica– no podrá volver, al menos no personalmente.