La JEP denunció a funcionarios de Néstor H. Martínez por haber ocultado información

Según una investigación de la propia Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le habría ocultado información a la justicia especial, en momentos en los que estaba estudiando si frenaba la extradición de Jesús Santrich, en mayo de 2018. A esa conclusión llegó, luego de un trabajo que realizó la Comisión de Seguimiento de Procesos de la propia JEP, que le puso la lupa a las tareas que realizaron funcionarios de Martínez y que, al parecer, afectaron el trabajo de la JEP.

(Lea también: Fiscalía de Néstor H. Martínez habría cometido delitos en caso “Santrich”: JEP)

La denuncia tiene que ver con las presuntas acciones y omisiones de servidores de la Fiscalía para el avance de la investigación en el caso de Jesús Santrich. Asimismo, viene acompañada con un estudio forense realizado por Guernica Chambers, una firma de abogados inglesa, que menciona las múltiples irregularidades. Los delitos que responden a las conductas denunciadas por el tribunal son fraude a resolución judicial o administrativa de policía, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

En concreto, la JEP encontró que, desde la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía, en cabeza de Ana Fabiola Castro, el ente investigador no le entregó pruebas claves a la JEP. Según la denuncia, esos documentos habrían podido incidir en la decisión que terminó frenando la extradición del jefe guerrillero, quien en ese momento estaba preso por delitos de narcotráfico. La presentación de la denuncia fue una decisión de toda la Sala Plena de la JEP, que se basó en la investigación del Comité de Seguimiento de Procesos.

Según fuentes cercanas al proceso, la decisión de recurrir a la justicia penal responde también al “daño reputacional y político que causó el caso Santrich” y que, a la luz de las evidencias que recopiló la JEP, habría estado influenciada por la información que la Fiscalía no le entregó a los magistrados que estabas estudiando el caso del jefe guerrillero. “Lo que allí se demuestra es que ofreció información incompleta o negó información que conocía y que después fue remitida a otras entidades judiciales u medios de comunicación”, afirmó el presidente Vidal sobre el presunto delito cometido por la funcionaria de la Fiscalía.

“Este documento expondrá que las actuaciones de las autoridades involucradas no estuvieron disciplinadas por el marco legal, bilateral e internacional de cooperación que las rige y disciplina. Por el contrario, operaron en un grave halo de ilegalidad”, se detalla en la presentación de los hechos mediante el estudio forense de Guernica Chambers. Por tanto a la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus competencias constitucionales, investigar lo aquí denunciado y esclarecer la intencionalidad y, en su caso la responsabilidad de las personas involucradas en el entramado del que ahora se da cuenta.

Según la denuncia de la JEP, Ana Fabiola Castro solamente remitió pruebas solicitadas por la Jurisdicción relacionadas con Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, quien también fue señalado por el Departamento de Estados Unidos de ser la cabeza de una organización narcotraficante internacional. La JEP dice que en varias oportunidades requirió la información relacionada con el exjefe guerrillero, pero que el ente investigador nunca entregó documento alguno sobre los hechos en los que estuviera implicado el entonces jefe de la desaparecida guerrilla.

Para determinar esas supuestas irregularidades, la JEP contrató una reconocida firma de abogados londinense que detalló el paso a paso del caso Santrich. En el documento, elaborado por la firma Guernica 37 Chambers, se detallan las solicitudes que, presuntamente, fueron omitidas por la Fiscalía para remitir las pruebas a la JEP. Sin embargo, no menciona a otros presuntos funcionarios involucrados que, según el presidente Vidal, no se han indagado, debido a que es una tarea que le corresponde al ente investigador.

“La Fiscalía se negó a referir tal información bajo el argumento de que el trámite de extradición no había iniciado. El 26 de abril de 2018, la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía informó a la Sección de Revisión de la JEP que ellos no aportarían la información requerida, alegando la inexistencia de estos documentos (...) En este sentido, la FGN señaló que el canal competente para el envío a la JEP del expediente sería el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Derecho”, dice el documento de la firma inglesa.

Sobre estos hechos, el exfiscal Martínez ya le había respondido a este diario que las pruebas habían sido entregadas a la JEP. “Todos los que nosotros teníamos relacionados con Marlon Marín y esa cosa de la droga, se le entregaron”, respondió en su momento cuando se le indagaba sobre la entrega de más de 20 mil audios relacionados con el caso, es decir, cuando se conoció del supuesto entrampamiento de la DEA y la Fiscalía General contra Jesús Santrich y el Acuerdo de Paz. Ahora, todo está en manos de la Fiscalía General de Francisco Barbosa, para determinar si lo que hoy denunció formalmente la JEP es cierto.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Según una investigación de la propia Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le habría ocultado información a la justicia especial, en momentos en los que estaba estudiando si frenaba la extradición de Jesús Santrich, en mayo de 2018. A esa conclusión llegó, luego de un trabajo que realizó la Comisión de Seguimiento de Procesos de la propia JEP, que le puso la lupa a las tareas que realizaron funcionarios de Martínez y que, al parecer, afectaron el trabajo de la JEP.

(Lea también: Fiscalía de Néstor H. Martínez habría cometido delitos en caso “Santrich”: JEP)

La denuncia tiene que ver con las presuntas acciones y omisiones de servidores de la Fiscalía para el avance de la investigación en el caso de Jesús Santrich. Asimismo, viene acompañada con un estudio forense realizado por Guernica Chambers, una firma de abogados inglesa, que menciona las múltiples irregularidades. Los delitos que responden a las conductas denunciadas por el tribunal son fraude a resolución judicial o administrativa de policía, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

En concreto, la JEP encontró que, desde la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía, en cabeza de Ana Fabiola Castro, el ente investigador no le entregó pruebas claves a la JEP. Según la denuncia, esos documentos habrían podido incidir en la decisión que terminó frenando la extradición del jefe guerrillero, quien en ese momento estaba preso por delitos de narcotráfico. La presentación de la denuncia fue una decisión de toda la Sala Plena de la JEP, que se basó en la investigación del Comité de Seguimiento de Procesos.

Según fuentes cercanas al proceso, la decisión de recurrir a la justicia penal responde también al “daño reputacional y político que causó el caso Santrich” y que, a la luz de las evidencias que recopiló la JEP, habría estado influenciada por la información que la Fiscalía no le entregó a los magistrados que estabas estudiando el caso del jefe guerrillero. “Lo que allí se demuestra es que ofreció información incompleta o negó información que conocía y que después fue remitida a otras entidades judiciales u medios de comunicación”, afirmó el presidente Vidal sobre el presunto delito cometido por la funcionaria de la Fiscalía.

“Este documento expondrá que las actuaciones de las autoridades involucradas no estuvieron disciplinadas por el marco legal, bilateral e internacional de cooperación que las rige y disciplina. Por el contrario, operaron en un grave halo de ilegalidad”, se detalla en la presentación de los hechos mediante el estudio forense de Guernica Chambers. Por tanto a la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus competencias constitucionales, investigar lo aquí denunciado y esclarecer la intencionalidad y, en su caso la responsabilidad de las personas involucradas en el entramado del que ahora se da cuenta.

Según la denuncia de la JEP, Ana Fabiola Castro solamente remitió pruebas solicitadas por la Jurisdicción relacionadas con Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, quien también fue señalado por el Departamento de Estados Unidos de ser la cabeza de una organización narcotraficante internacional. La JEP dice que en varias oportunidades requirió la información relacionada con el exjefe guerrillero, pero que el ente investigador nunca entregó documento alguno sobre los hechos en los que estuviera implicado el entonces jefe de la desaparecida guerrilla.

Para determinar esas supuestas irregularidades, la JEP contrató una reconocida firma de abogados londinense que detalló el paso a paso del caso Santrich. En el documento, elaborado por la firma Guernica 37 Chambers, se detallan las solicitudes que, presuntamente, fueron omitidas por la Fiscalía para remitir las pruebas a la JEP. Sin embargo, no menciona a otros presuntos funcionarios involucrados que, según el presidente Vidal, no se han indagado, debido a que es una tarea que le corresponde al ente investigador.

“La Fiscalía se negó a referir tal información bajo el argumento de que el trámite de extradición no había iniciado. El 26 de abril de 2018, la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía informó a la Sección de Revisión de la JEP que ellos no aportarían la información requerida, alegando la inexistencia de estos documentos (...) En este sentido, la FGN señaló que el canal competente para el envío a la JEP del expediente sería el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Derecho”, dice el documento de la firma inglesa.

Sobre estos hechos, el exfiscal Martínez ya le había respondido a este diario que las pruebas habían sido entregadas a la JEP. “Todos los que nosotros teníamos relacionados con Marlon Marín y esa cosa de la droga, se le entregaron”, respondió en su momento cuando se le indagaba sobre la entrega de más de 20 mil audios relacionados con el caso, es decir, cuando se conoció del supuesto entrampamiento de la DEA y la Fiscalía General contra Jesús Santrich y el Acuerdo de Paz. Ahora, todo está en manos de la Fiscalía General de Francisco Barbosa, para determinar si lo que hoy denunció formalmente la JEP es cierto.

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