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Teniendo en cuenta la amplia relación que existe entre la verdad, la memoria y los derechos de las víctimas del conflicto armado, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ordenó una medida cautelar para proteger esos derechos de las víctimas de desaparición forzada en Colombia. Además, planteó la necesidad de realizar una audiencia pública para el mismo fin, la cual se llevará a cabo los días 14 de mayo en Bogotá, y 16 de mayo en Barrancabermeja (Santander).
De acuerdo con la jurisdicción, “la falta de consolidación de sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación, la dificultad en el acceso a la información, el subregistro de víctimas de desaparición, así como factores socioculturales relacionados con el temor a denunciar y la desconfianza en las entidades estatales” son algunos de los obstáculos que ha identificado la magistratura al momento de tramitar las medidas cautelares adoptadas para proteger puntos de interés forense.
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No es un tema menor, pues, de acuerdo con los registros de la Unidad Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), son más de 10.000 desaparecidos a lo largo del conflicto armado. La jurisdicción también dejó en claro que ha encontrado deficiencias transversales y estructurales que le han puesto barreras cada vez más grandes a los procesos de búsqueda, identificación y entrega inmediata.
“Hay evidencia de falta de coordinación; la necesidad de un fortalecimiento presupuestal y tecnológico; ausencia de una política pública integral para abordar la desaparición forzada, así como la custodia y preservación de puntos de inhumación; baja participación en tomas de muestras biológicas y precariedad de infraestructura para el tratamiento y abordaje de los cuerpos”, reseña la JEP.
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Para la jurisdicción, la solución a estos problemas se basa, principalmente, en unir esfuerzos para concretar acciones que respondan con mayor celeridad las demandas de las víctimas. Esa unión, detalla la JEP, sería adoptada bajo una medida cautelar nacional, la cual busca articular a las instituciones nacionales y territoriales con las víctimas y sus familias.
Esta medida, además, le ordena a los ministerios, organizaciones sociales de víctimas y autoridades territoriales entregar información que responda sobre sus acciones vinculadas a la búsqueda de desparecidos, exhumación e identificación de cuerpos sin identificación, una tarea para la cual tendrán una fecha límite: el viernes 19 de abril. Las organizaciones, por su parte, deberán resaltar “cuáles son las prioridades y acciones específicas que deben realizarse para superar los obstáculos que han identificado en el acompañamiento que hacen a las víctimas que buscan a sus seres queridos”.
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Para brindar garantías en los procesos, la jurisdicción convocó a organizaciones especializadas en derechos humanos como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Y, además, solicitó la creación de una mesa técnica conformada por la UBPD, el Instituto Nacional de Medicina Legal, al GRUBE, la Dirección de Políticas Públicas y de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación y la UARIV, quienes tendrán que entregar una cifra oficial en seis meses.
Para la jurisdicción, la desaparición forzada es un asunto de carácter transversal en los 11 casos que investiga el sistema de justicia transicional. “¿La razón? Este delito ha estado asociado a casi todos los crímenes que se presentaron durante el conflicto, como el secuestro, el reclutamiento y los asesinatos selectivos, entre otros. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha reconocido como un delito de violación múltiple que afecta la dignidad, la vida, la libertad y la integridad personal”.
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