En medio de tensiones con el Secretariado, JEP ratifica imputación por esclavitud

Un nuevo capítulo se abrió en la investigación del caso 01 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tiene que ver con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por los miembros de las extintas FARC. En este caso, el Tribunal de Paz de la JEP dejó en pie la imputación que hizo la Sección de Reconocimiento de Verdad en contra de los miembros del antiguo Secretariado de esa guerrilla por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y le dio el estatus de esclavitud a la política de secuestros que estableció ese grupo armado con fines, principalmente, de financiación y canje por guerrilleros presos.

Un nuevo capítulo se abrió en la investigación del caso 01 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tiene que ver con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por los miembros de las extintas FARC. En este caso, el Tribunal de Paz de la JEP dejó en pie la imputación que hizo la Sección de Reconocimiento de Verdad en contra de los miembros del antiguo Secretariado de esa guerrilla por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y le dio el estatus de esclavitud a la política de secuestros que estableció ese grupo armado con fines, principalmente, de financiación y canje por guerrilleros presos.

Para determinar el crimen de esclavitud, la JEP tuvo en cuenta que la estrategia de secuestros organizada por las FARC cumple todos los requisitos para ser entendida como un delito de lesa humanidad, pues fueron ataques dirigidos en contra de la población civil, cometidos de forma sistemática y realizados en el cumplimiento de una política establecida por su organización. “Lo anterior también se sustenta en que los trabajos forzados impuestos por los miembros de las antiguas FARC se caracterizaron por la imposibilidad de las víctimas de cambiar su condición por el temor, las amenazas y restricciones físicas a su libertad”, detalla el Tribunal de Paz.

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La clave para que el Tribunal de Paz declarara que las FARC sí habría cometido el delito de esclavitud se fundamenta en lo que las víctimas han dicho y reiterado durante años: que fueron forzadas a realizar trabajos como castigo, control territorial o, de alguna manera, para favorecer a la organización. Además, la JEP puntualizó que esas acciones no fueron consentidas y “se caracterizaron por el control y abuso como medio para el desarrollo de los trabajos, las amenazas de muerte o peligro para la integridad en el caso de no realizarlos”. Así mismo, fueron impuestos por la falta de pago de los familiares de los secuestrados.

La decisión de la JEP se da en un contexto de varios choques que arrancaron a inicios de este año entre esa instancia de justicia transicional y quienes conformaron el Secretariado de la extinta guerrilla: Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, Pablo Catatumbo Torres y Rodrigo Granda. En febrero, los siete máximos líderes de las FARC le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro alegando una posible inestabilidad jurídica por parte de la jurisdicción de paz, que decidió incluir en el macrocaso 10 (crímenes cometidos por las FARC) hechos como el atentado al Club El Nogal, ocurrido en febrero de 2003.

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Aunque las tensiones han sido constantes durante este año, lo cierto es que, por el tema de la esclavitud, desde noviembre de 2021 ya había polémica jurídica entre la JEP y los miembros del Secretariado. En ese momento, la Sala de Reconocimiento, luego de aceptar una solicitud de la Procuraduría, les imputó el crimen de esclavitud, delito que fue rechazado de tajo por Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, a través de un video en donde se ve acompañado de los otros seis mandos del extinto grupo armado. Lo que criticaron los miembros del Secretariado en ese momento es que no era coherente que se les tratara como una organización “esclavista” y que tomarían medidas para que esa decisión de la JEP no prosperara.

Los siete mandos con mayor peso de la guerrilla asistieron a una audiencia de reconocimiento en 2022 en Bogotá, la segunda realizada por la JEP, en la que aceptaron, de manera individual y colectiva, su participación como coautores de tomas de rehenes, graves privaciones de la libertad y homicidios, así como la responsabilidad de mando de cada uno. Sin embargo, no dijeron nada sobre el tema de la esclavitud, pues ese era un asunto que tenía que resolver el Tribunal de Paz, luego de que los investigados rechazaran la imputación de ese delito que habían hecho los magistrados del macrocaso 01.

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Roberto Vidal, presidente de la JEP, ha sido enfático en resaltar que los comparecientes que incumplan sus compromisos perderán los beneficios que esa instancia les otorgaría por sus aportes a la verdad. “La Jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional”, señaló en febrero. Y aunque la reciente ratificación de imputación por esclavitud podría generar nuevas tensiones entre la JEP y los comparecientes, al cierre de esta edición ninguno de los miembros del antiguo Secretariado se había pronunciado sobre esa determinación.

Con todos estos elementos en carpeta, sumado a la evaluación de conclusiones, el Tribunal de Paz determinó que sí existen méritos para considerar que los siete miembros del antiguo Secretariado, imputados, a su vez, como máximos responsables, incurrieron crímenes de lesa humanidad: tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud y otros actos inhumanos. De hecho, según ha documentado la jurisdicción desde 2018, de las 21.396 víctimas de secuestro por las FARC, al menos el 8 % fueron desaparecidas y el 3 % asesinadas.

Ahora, tras el anuncio, la JEP convocará a una audiencia de verificación en la que no solo participarán los siete miembros del antiguo Secretariado, sino también las víctimas acreditadas, en la cual se conocerán las primeras sanciones para los involucrados. Según la jurisdicción, las sanciones oscilan entre cinco y ocho años bajo el modelo de justicia restaurativa de la JEP. De igual manera, tanto las víctimas como la jurisdicción también esperan que no se presenten nuevas tensiones entre la justicia transicional y los altos mandos que conformaron el Secretariado, que ya habían aceptado secuestrar con fines extorsivos y bajo una modalidad de “moneda de cambio”.

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