La JEP tiene una demanda social de justicia no resuelta: fiscal y experto español

El abogado español Carlos Castresana por poco es elegido fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2021. Le ganó el británico Karim Khan, quien sigue en el puesto. Su candidatura es prueba de las calidades de este jurista, conocido en el mundo del derecho como uno de los fiscales pioneros en la lucha contra la corrupción en España, pero también como ficha clave en las investigaciones de dictaduras latinoamericanas. Esa referencia no es por poco: fue uno de los artífices del proceso que llevó a los estrados judiciales al dictador chileno Augusto Pinochet, e intervino en casos como el del expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, acusado por un desfalco de más de US$70 millones.

El abogado español Carlos Castresana por poco es elegido fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2021. Le ganó el británico Karim Khan, quien sigue en el puesto. Su candidatura es prueba de las calidades de este jurista, conocido en el mundo del derecho como uno de los fiscales pioneros en la lucha contra la corrupción en España, pero también como ficha clave en las investigaciones de dictaduras latinoamericanas. Esa referencia no es por poco: fue uno de los artífices del proceso que llevó a los estrados judiciales al dictador chileno Augusto Pinochet, e intervino en casos como el del expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, acusado por un desfalco de más de US$70 millones.

Por estos días estuvo en Bogotá, pues desde hace unos años asesora a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El tema que lo trajo al país es uno puntual, pues le pondrá su punto de vista a un asunto crucial que enfrenta esta instancia judicial: la ruta no sancionatoria, un mecanismo que busca resolver la situación jurídica de más de 6.000 partícipes no determinantes de la fuerza pública y 3.000 de las FARC. Se trata de una estrategia que tiene como fin que comparecientes logren reincorporarse a la sociedad y contribuir a la no repetición, a cambio de verdad y reparación. En diálogo con El Espectador, Castresana se refirió a este tema en la JEP, le dio una mirada al conflicto colombiano y habló sobre la demanda social de justicia que no se ha visto hasta ahora resuelta.

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¿Cuál es su balance respecto a la ruta no sancionatoria que propone la JEP?

Es un elemento clave en el modelo de justicia transicional que Colombia decidió darse a sí misma. Se complementa, perfectamente, con la responsabilidad penal que se tiene que exigir a los máximos responsables. No responden penalmente los partícipes no determinantes, pese a que sus conductas fueron muy graves, precisamente porque responden los máximos responsables, quienes les daban las órdenes. El modelo de todas maneras es correcto y tiene la homologación del derecho internacional. Ahora, hay que ver cómo se consigue implementar porque son muchísimos comparecientes y, por lo tanto, hay que establecer criterios claros e imparciales, y luego aplicarlos en miles de casos.

¿Cuál es su papel en la JEP más allá de revisar la ruta no sancionatoria?

A mí me ha invitado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y mi tarea es conocer cuáles son los casos más relevantes para la jurisprudencia internacional y los estándares internacionales, que tendrán que tener en cuenta a la hora de resolver.

Para la Jurisdicción esta estrategia tiene como fin “pasar la página del conflicto armado”. ¿Considera que esta ruta sí es un camino para cerrar ese capítulo?

Sí. El interés de la justicia y de las víctimas es dar por terminado el conflicto y de restaurar la convivencia. Un elemento fundamental en los procesos transicionales es que los combatientes, de un signo u otro, puedan reintegrarse a la vida civil lo antes posible con garantías de seguridad jurídica. Es decir, que no van a ser llamados después a responder por responsabilidades que no se establecieron en el momento en que ellos comparecieron. Eso ha provocado, de hecho, problemas imprevistos de congestión en la JEP, que hace que las resoluciones no salgan tan rápido como sería deseable, pues han comparecido muchos más de los que se esperaban. Se pensaba que solo lo harían aquellos que tenían causas penales abiertas e, incluso, ya resueltas en la jurisdicción ordinaria, pero hay otros que han querido comparecer para asegurar que no les van a perseguir dentro de cinco o 10 años.

Usted habla de las garantías de seguridad jurídica, pero la ruta también habla de la protección de la seguridad de los comparecientes para que no queden en “situaciones de vulnerabilidad que puedan hacerlos presas de redes de mercenarios o estructuras ilegales”...

Eso deberá ser objeto de atención por parte de otras autoridades. Uno de los problemas que se señala recientemente es que a la JEP se le pide que solucione todo, pero ella tiene un mandato muy claro y no es conveniente para el buen funcionamiento de la Jurisdicción que resuelva los trabajos sociales que tienen que hacer los comparecientes como procedimiento de reparación. Eso lo tendrá que adelantar, por ejemplo, el poder Ejecutivo, o tendrán que hacerse negociaciones con la cooperación internacional o con la iniciativa privada. La JEP no puede andar organizando siembras porque ese no es su mandato. Cuantas más cosas le queramos meter, que no son propiamente jurisdiccionales, más van a tardar en resolver las que sí lo son. Todos esperaríamos que las resoluciones salgan con más rapidez, porque sí hay una demanda social de justicia que no se ha visto hasta ahora resuelta.

¿Esa demanda social, según su experiencia, se puede resolver en los 13 años que le quedan a la JEP?

Sí. Los magistrados son conscientes de que hay que quitarle peso a la jurisdicción de tantísimos asuntos y comparecientes, pero eso hay que hacerlo dentro del marco legal. No se pueden tirar comparecientes por la borda solo porque tengas muchos, pues hay que resolver todo. Hay algunos procedimientos para quitarle peso, como resolver la situación de todos aquellos que ya tenían sentencias firmes en la jurisdicción ordinaria. Yo creo que eso habría que haberlo resuelto ya. También hay que conceder las amnistías que proceda a conceder. Eso va a permitir a los magistrados concentrarse en la tarea pendiente, que, aun así, es ingente. El día que la Sala de Definición quiera resolver la situación de los 6.000 que están en la ruta no sancionatoria, más otros 3.000 de las FARC, uno por uno, no acabamos. Creo que la prioridad es el juicio de los máximos responsables. Eso es lo que al final va a quedar para la historia.

Claro, tampoco le puedes decir a una madre cuyo hijo fue desaparecido o fue víctima de un falso positivo que su caso no es importante porque el perpetrador no es un máximo responsable. Es un derecho de la víctima que su caso se resuelva como es debido, pero ahora el problema es que, si hay que resolver cosas que apremian al conjunto de la sociedad, pues esas seguramente hay que ponerlas por delante en el plan de trabajo, no porque sean más importantes, pero sí porque son más urgentes. El conflicto en Colombia ocurrió porque los máximos responsables violaron el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional y causaron la tragedia humana. De ahí viene la verdad que la sociedad colombiana necesita. Aún hay tiempo hasta 2037.

La siembra de árboles es parte del enfoque restaurativo que adelanta la JEP, ¿considera que es innecesario?

Yo creo que es mucho más importante lo que se está haciendo en las comparecencias. Sobre todo en los diálogos entre víctimas y victimarios, donde se hace la exposición de la verdad y además la víctima tiene la oportunidad de preguntar lo que quiere saber concretamente. Las víctimas muchas veces no están interesadas en los máximos responsables, sino en el individuo concreto que realizó la conducta que causó la pérdida de la vida de su familiar. Eso se está haciendo y se está haciendo bien, y aunque se están esperando los resultados, estos van a llegar y van a ser de calidad.

¿Considera entonces que no es suficiente para las víctimas un componente restaurativo como el que diseñó la JEP?

No estamos hablando de que con ello estén cumpliendo una pena. Esos trabajos son aportes provisionales y habrá que determinar en qué consiste la reparación material. Eso tiene que ser más importante, creo yo, en lo referente a reparaciones colectivas y esas reparaciones hay que valorarlas, estudiarlas y hay que escuchar a los interesados. Esas tareas como restaurar caminos, construir escuelas, reparar centros médicos, entre otros, son muy buenas para la comunidad, pero habría que hacerlas en el mismo sitio donde se produjeron los crímenes para que haya una mediación entre el acto violento y su reparación. Sin embargo, le hemos preguntado a las víctimas y decían: “está bien en cualquier sitio menos aquí, aquí no los queremos ver más”. Para saber cuál es el contenido más reparador hay que preguntarle a las víctimas.

Si le pregunto por los choques entre la JEP y el presidente Gustavo Petro, quien ha mencionado que en el conflicto se ha fragmentado la verdad porque no existe un tribunal de cierre, ¿qué diría?

Dios me libre a mí de valorar las opiniones del presidente. Eso es completamente ajeno a mi ámbito. Considero que esas manifestaciones obedecen a una impaciencia general que está fundamentada porque no han ocurrido los resultados apetecidos, que son los que habrían de acallar todas esas críticas. Esto es fruto de que, al no haber juicios y sentencias, pues se dice bueno, ¿qué tribunal es este? Pero yo creo hay que entender los contextos y lo primero que hay que decir es que comparecieron el doble de personas de las que se esperaba y que esos que han comparecido han revelado mucha verdad, lo que da lugar a una multiplicación de casos. Si no están verdaderamente preparados los casos y la responsabilidad penal de los máximos responsables no está bien investigada, sería temerario aventurarse en un juicio solo porque la opinión pública lo pide.

Usted conoce a fondo conflictos en Latinoamérica, como las dictaduras de Pinochet en Chile y de Videla en Argentina, al igual que en las guerras civiles en Centroamérica. ¿Qué le ha sorprendido del conflicto colombiano?

Es el más grave de América Latina. Son 50 años de guerra civil con centenares de miles de víctimas en todas las categorías y posiblemente millones de desplazados. Esto quiere decir que la gravedad del conflicto de Colombia es extraordinariamente mayor que la de la dictadura de Pinochet o la dictadura de Videla, solo quizá comparable con algunos escenarios bélicos en Centroamérica. Eso hay que tomarlo en cuenta y, a partir de ahí, a la JEP habrá que darle los recursos para trabajar, aunque creo que ya está bien dotada. Hay que tenerle paciencia, porque si quieren que haga el trabajo bien, eso va a llevar tiempo, y no creo que nadie sensato esté interesado en que haga una chapuza de cualquier manera dejando por el camino a la mitad de las víctimas y victimarios, solamente para que den una respuesta pronta. Tienen que dar una respuesta pronta, pero adecuada.

¿Cuál es su lectura sobre el escenario de Salvatore Mancuso, quien entró como punto de conexión o “bisagra” a la Jurisdicción, sobre todo en lo que tiene que ver con la fuerza pública y sus alianzas con grupos paramilitares?

El mandato de la JEP es claro. Es fruto de un acuerdo de paz que dijo que se creaba una jurisdicción especial para determinar la responsabilidad de los actores estatales de fuerza pública y de las FARC. Nada más. Creo que sí se puede escuchar el testimonio de un individuo de Justicia y Paz, pero no por eso hay que traer al individuo y a todos sus cooperadores y víctimas a la JEP, que de por sí ya está sobrecargada.

La JEP ha reclamado la competencia para llevar los casos de Mancuso…

Si a mí me piden mi opinión como experto yo digo que es un error. La JEP ya está muy sobrecargada de personas, víctimas y asuntos por resolver. No es buena idea recargarla más, aparte de que ciertas personas cuyo testimonio, como prueba de cargo, no tiene ningún valor.

¿Esos testimonios carecen de valor aun así esas personas sean aceptadas como punto de conexión, como el caso de Mancuso?

Eso se tiene que determinar en Justicia y Paz. Mezclar las jurisdicciones no va a traer ningún beneficio. Si hay una jurisdicción especial para las FARC y para la fuerza pública, hay otra jurisdicción especial para los paramilitares y luego, además, está la jurisdicción ordinaria, ¿por qué vamos a confundirlas? Eso no tiene sentido. Que cada uno se quede en su sitio. Se pueden intercambiar información y cooperar, pero si se mezclan está el riesgo de que se presenten resoluciones contradictorias, o de perjuicio de derechos de terceros. Y los dichosos terceros civiles, si no están en el acuerdo, pues no están en la JEP.

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