Luego de que por cuarta vez la fiscal Angélica Monsalve se ausentó de la audiencia de imputación en su contra por el delito de concusión, la Fiscalía pidió procesarla como persona ausente. Solicitud que fue coadyuvada por la Procuraduría y las víctimas. La fiscal es investigada porque presuntamente habría pedido dinero, a través de terceros, para que Martín Ricardo Manjarrés, hoy investigado por el carrusel de los carros blindados, archivara su caso y no fuera enviado a la cárcel.
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Los argumentos de la Fiscalía se centran en que Angélica Monsalve ha sido “rebelde” para asistir a las audiencias de imputación a las que ha sido citada, a pesar, de que en su cuenta de X (antes Twitter) ha manifestado en varias oportunidades tener conocimiento del proceso que se le sigue. La decisión la tomará el juez, el próximo miércoles 29 de noviembre.
El origen del caso se remonta a 2022, cuando a la Fiscalía llegó una la denuncia que presentó Martín Ricardo Manjarrés, en la que aseguraba que el abogado Jimmy Forero le pidió dinero, en nombre de la fiscal Monsalve Gaviria, quien en marzo de 2022 denunció en medios de comunicación que el fiscal Francisco Barbosa la había trasladado de sede cuando se alistaba a imputarle cargos a los empresarios Carlos y Javier Velilla, y al exconcejal Felipe Ríos Londoño, para que la funcionaria archivara unas indagaciones que se adelantaban en su contra.
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“El ofrecimiento que me hace es que me evitaba una imputación que me acabaría la empresa y yo estaría en la cárcel mientras me defendía”, dice Manjarrés, quien explica que ambos se volvieron a reunir y acordaron la firma de un contrato por $500 millones. Sin embargo, el denunciante señala que, a través de un mensaje de WhatsApp, el abogado Forero se negó a firmar el negocio, pero que igual le advirtió que debía comprometerse a pagar, porque la fiscal tenía la potestad de archivar su caso o imputarlo. Un mes después, Martín Ricardo Manjarrés fue llamado a imputación de cargos.
En septiembre pasado, El Espectador reveló otras indagaciones que cursan contra la funcionaria, las cuales no están tan adelantadas. La Fiscalía tiene otros indicios de que habría presionado a investigados para obtener falsas declaraciones y, por eso, ya la llamó a interrogatorio. Entre las pruebas que reposan en el expediente se encuentra una declaración rendida por el mismo Manjarrez, quien dice que se acogió a un principio de oportunidad, en septiembre de 2022, por presiones de la fiscal. Cinco meses después de que se concretara la negociación, la propia Fiscalía tumbó el principio de oportunidad al concluir que las declaraciones no fueron precisas. En otras palabras, que la fiscal no habría hecho bien su trabajo.
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