La justicia ante la devastación amazónica

Tribunal de Cundinamarca estudia una acción popular que busca proteger a seis importantes corredores ambientales del país. / Archivo El Espectador

“Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza? Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías (…) La gente está sufriendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? (…) Por más de 30 años, la ciencia ha sido clarísima. ¿Cómo se atreven a seguir mirando hacia otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente? (…) Nos están fallando. Pero, los jóvenes están empezando a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes. Y si eligen fallarnos, nunca los perdonaremos”.

Las frases de Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años y 2,5 millones de seguidores en Twitter, cayeron como latigazos ante la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York en la Cumbre del Clima este lunes 23 de septiembre. “Cómo se atreven (How dare you?)”, dijo una y otra vez mientras rumiaba su rabia –explicada, quizá, por saberse despierta en este mundo dormido– y pronunciaba un discurso de 4 minutos y 27 segundos repleto de evidencia aplastante sobre la emergencia climática. Antes ya nos había dicho: “Nuestros padres discuten sobre el final de Juego de Tronos mientras el planeta se quema”. Más tarde el presidente de Brasil Jair Bolsonaro soltó su réplica sin mayor empacho: “Resulta falaz decir que el Amazonas es un legado de la humanidad y que nuestro bosque es el pulmón del mundo”. “How dare you?”, habría dicho, otra vez, Greta, muy seguramente.

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El presidente Iván Duque también terció en el debate y pidió “avanzar de los discursos a la acción”. Pero, primero, desde Nueva York, insistió: “Colombia representa tan solo el 0,4 % de todas las emisiones globales de gases efecto invernadero. Tenemos la sexta matriz energética más limpia del mundo. Contamos con el 50 % de los páramos del planeta y más del 40 % de nuestro territorio puede considerarse selva tropical húmeda, mucha de ella ubicada en nuestra Amazonia”. Y, sin embargo, la depredación de la naturaleza y los estragos de la voraz deforestación tienen otros rostros y otras cifras aquí mismo. El asunto es tan crítico que hasta la Corte Suprema, en sentencia de tutela en abril de 2018, le ordenó al gobierno proteger la Amazonia, la reconoció como sujeto de derechos y urgió la creación de un pacto intergeneracional que garantice su supervivencia.

El fallo es emblemático, pero los resultados siguen siendo escasos mientras en la trasescena distintos grupos ilegales aprovechan la ecuación de un Estado ausente. Por eso, en medio de la cruzada internacional que libra Greta Thunberg o los discursos enfrentados de Bolsonaro, Donald Trump o Emmanuel Macron, resulta muy noticioso que el pasado 19 de septiembre el Consejo de Estado le ordenara al Tribunal de Cundinamarca que estudiara la más ambiciosa acción popular en materia de protección ambiental en el país. Una acción constitucional que busca salvaguardar áreas estratégicas ubicadas en los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés, Putumayo y Amazonas, como la Reserva Nacional de la Macarena, La Serranía del Chiribiquete, la Reserva Natural Nukak y la Cuenca Caguán-Putumayo”.

La acción popular de 113 páginas, cuyo contenido fue conocido por El Espectador, fue instaurada por Veruska Tatiana Nieto Borja y su esposo Michael Bautsen, fundadores de la ONG Vivos, comprometida con la protección del medio ambiente en escenarios nacionales e internacionales. Michel es ciudadano belga, médico cirujano y botánico. Su pasión por los árboles lo trajo a la Macarena (Meta) hace ya varios años, donde compró un terreno para crear un jardín botánico que sirve de modelo para los proyectos ecoturísticos de la región. Su norte es así de claro: sin la intervención de los jueces para frenar esta devastación, pronto cruzaremos como especie la línea de no retorno. De ahí que esta acción popular cobre importancia en tanto reclama una respuesta urgente, integral y coordinada del Estado para resolver la destrucción del “pulmón del mundo”.

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El abogado, profesor e investigador de la Universidad Externado, César Mauricio Vallejo, ha asesorado a los accionantes en esta petición. Apoyados en múltiples entrevistas con habitantes de la región, expertos ambientalistas, informes del Ideam, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Parques Nacionales o la Organización Nacional Indígena y reportes de la Unesco y la Cepal, entre otros, construyeron durante un año una acción legal que sustenta la grave amenaza a la supervivencia de los colombianos y la inminente desaparición de pueblos indígenas como los Nukak Makú. Con otra particularidad: se ha impuesto la falsa percepción de que los cultivos ilícitos son la principal causa de deforestación de la Amazonia, cuando en realidad ocupan el quinto lugar. Las dos primeras causas son el acaparamiento de tierras y la praderización.

“Lo grave de esto es que, al vincular directamente el deterioro del Amazonas con la expansión de los cultivos ilícitos, se subsume el problema medioambiental dentro de la grave situación de orden público que vive el país, con lo cual las estrategias para contrarrestarlo carecen de enfoque o terminan por diluirse y hacerse inocuas en el denso y enmarañado conflicto armado”, le dijo a este diario el abogado Vallejo. Y añadió: “El gobierno demostró su indolencia cuando en el Plan Nacional de Desarrollo no se propuso reducir el número de hectáreas de bosque taladas por año, unas 240.000 hectáreas aproximadamente, sino que mantuvo la misma tasa como meta constante durante cuatro años. Todo lo cual significa que, de conservar el ritmo actual de deforestación, se habrán perdido casi un millón de hectáreas de capa forestal cuando se cumpla el cuatrienio”.

La demanda

Datos que resultan esenciales para explicar qué es lo que está amenazado: 25.000 especies de plantas identificadas, 317 de mamíferos, 258 de reptiles, 233 de anfibios, 616 de aves y alrededor de 1.000 especies de peces. Así mismo, un reciente estudio de Cormacarena y el Instituto Humboldt sostiene que, pese a que Colombia ocupa el cuarto puesto en riqueza de reptiles y el segundo de anfibios (en el mundo), las evaluaciones más recientes de riesgo de extinción señalan que 50 especies (10 %) de reptiles y 271 (33 %) de los anfibios están bajo alguna categoría de amenaza”. Por eso en la demanda se pide proteger también la Sierra de la Macarena y su área especial que cuenta con 3,8 millones de hectáreas distribuidas en su mayoría entre el Meta y Guaviare y donde se ubican cuatro parques nacionales: La Macarena, Tinigua, Los Picachos y Sumapaz.

Se trata “de un corredor biológico indispensable para mantener la conexión entre los ecosistemas de la Amazonia, la Orinoquía y los Andes”. Hoy, en el paisaje del área especial de la Macarena abundan los parches en la selva atribuidos a prácticas de explotación ganadera, agrícola y petrolera. Con la gravedad de que, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, para 2017 “el 34 % de los cultivos de coca (de 177.000 hectáreas contabilizadas) fueron plantados en áreas que hasta 2014 solían ser bosques. Al menos 16 de los 59 parques naturales de Colombia tienen cultivos de coca en su interior y, de todos ellos, el Parque Sierra de La Macarena es el que se encuentra en la situación más crítica con 2.832 hectáreas sembradas para ese año”. Meta es el tercer departamento más deforestado después de Caquetá y Guaviare.

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La acción popular también urge protección y medidas cautelares para el Parque de Chiribiquete, ubicado entre Guaviare y Caquetá y que comprende 2,7 millones de hectáreas. Una mega reserva de la Cuenca Amazónica que “contribuye a mantener los componentes físicos y bióticos de la región que son el resultado de procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos, los cuales involucran áreas del Escudo Guyanés (Caquetá), el bacín amazónico (Caquetá, Putumayo y Amazonas) y el piedemonte andino (Putumayo y Caquetá), y cuya combinación y particularidades permiten que la región reúna las condiciones para ser una de las áreas con alta diversidad biológica del planeta”. Aunque en 2018 el Chiribiquete fue declarado patrimonio mixto de la humanidad, la progresiva amenaza contra ese territorio aumenta cada día.

Y eso que “provee el 60 % del agua superficial de la Amazonia y es hogar del 70 % de mamíferos, 35 % de aves, 51 % de reptiles, 40 % de anfibios y 70 % de peces de agua dulce en el territorio nacional”. Aún más, es el hogar de especies icónicas en grave peligro de extinción como el jaguar, el puma o la nutria gigante. Según los datos científicos, tan solo allí “se han podido identificar 2.939 especies, de las cuales 1.801 corresponden a especies de plantas vasculares, 82 de mamíferos, 60 de reptiles, 57 de anfibios, 492 especies y subespecies de aves, 283 de peces y 209 de mariposas”. Además, está en altísimo riesgo la preservación de la muestra de arte rupestre más grande del mundo, conformada por 60 paneles de roca con cerca de 75.000 pictogramas que representan escenas de cacería, batallas, danzas y ceremonias. Las figuras pueden tener 20.000 años de antigüedad.

Toda esta región conjunta, cuyo corredor ecosistémico conecta los Andes y el Amazonas, estaría ad portas de alterarse definitivamente. Para mantener el equilibrio, dice la demanda, se necesita una intervención estatal urgente para proteger estos ecosistemas de selva húmeda tropical que regulan el clima regional y proveen las cuencas hidrográficas de la región, como los ríos Apaporis, Vaupés y Guayabero. La parte más crítica de deforestación, según datos del Ideam, se ubica en el corredor Andino-Amazónico que se forma entre Meta y Guaviare, en especial en el municipio de La Macarena y en cercanías al río Guayabero, donde se mueven grupos ilegales que promueven actividades que transforman el cambio del uso del suelo, sumados a incendios provocados para extender indiscriminadamente la frontera agropecuaria y obtener el acaparamiento de tierras.

Una devastación que tiene en jaque al pueblo indígena Nukak Makú, que en 2005 contaba con unas 1.080 personas autorreconocidas y que hoy podría alcanzar la mitad de ese número. Las medidas cautelares ordenadas en 2012 por la Corte Constitucional para proteger a esta comunidad han resultado insuficientes en la práctica. “Condenados al hambre, (muchos Nukak) siguen siendo prostituidos y utilizados como esclavos domésticos o como raspachines de coca”, dicen reportes de la propia ONIC. “La aniquilación física y cultural” parecería inminente. Otras etnias ubicadas en el resguardo Yaguara también están en peligro. Y a ese ya caótico escenario se suma la explotación de hidrocarburos en estos corredores estratégicos. Tan solo en el área especial de la Macarena “hay 35 bloques petroleros” con incidencia en 12 municipios.

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“Las áreas de mayor intervención se concentran cerca del cauce de ríos como el Ariari y Guayabero, que son fuentes hídricas esenciales para la región y unos de los principales aportantes de agua a la gran cuenca del Amazonas y la Orinoquía. Incluso, los habitantes de la zona han denunciado los perjuicios naturales que ya son evidentes, como la caída en los niveles de caudales de los ríos o el aumento intempestivo de la aridez de la tierra”, dice la demanda que, además, reseña los peligros del Oleoducto al Pacífico, “un megaproyecto que transportará diluyente desde Buenaventura hasta la cuenca sedimentaria de los Llanos, para sacar petróleo pesado desde Meta, Caquetá, Tolima, Huila y Valle del Cauca”. Según los demandantes, tendría cerca de 800 kilómetros de longitud y su puesta en marcha afectaría la Amazonía, la región Pacífica, Andina y la Orinoquía.

Los estragos de la minería ilegal desbordada en estas zonas tienen en serio peligro cuencas hidrográficas vitales. Estudios recogidos calculan “2.312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales, como oro, diamantes y coltán, en las selvas y ríos de la Amazonía”. Reportes del Instituto Nacional de Salud sobre el emblemático río Apaporis, publicados en este mismo diario, revelan que “hasta el 80 % de las poblaciones indígenas en esta región están contaminadas por el mercurio”. Por eso, concluye la demanda: “Existe un grave e inminente riesgo de contaminación de los ríos Caño Cristales, Duda, Santo Domingo, Apaporis, Guayabero, Cafre, Correntoso, Cabre, la Ceiba y Ariari, entre muchos otros, que merecen de la mayor protección del Estado posible”.

En ese contexto tan dramático, la demanda contempla que el Estado proteja y le otorgue derechos a estas regiones del sur del país, que se emita un plan de acción para reducir a cero la tasa de deforestación y quema de bosques para el año 2020, que se ordene a los municipios de la Amazonia ajustar sus planes de ordenamiento territorial en consonancia con la mitigación de los estragos de la emergencia climática, que se revise o frene la exploración de hidrocarburos en áreas de parques nacionales naturales, así como las licencias y títulos mineros otorgados, y garantizar procesos de consulta popular con las comunidades para calcular los riesgos de este tipo de expediciones. Por último, se pide a la Fiscalía que procese a los responsables de la devastación. “Según el Movimiento Ambientalista Colombiano, Colombia pierde 611 hectáreas de bosque al día”.

La proyección de la Corte Suprema de Justicia sobre esta radiografía es desoladora: “El aumento de las emisiones de gases efecto invernadero, provocado con la deforestación de la selva amazónica, generaría un incremento de la temperatura en Colombia entre 0,7 y 1,1 grados centígrados entre el 2011 y 2040, en tanto que para el período comprendido entre 2041 y el 2070, se calcula un aumento de 1,4 y 1,7 grados centígrados”. Las estimaciones, pues, arrojan un panorama pavoroso. Expertos consultados le dijeron a El Espectador que, debido a la envergadura y extensión de las áreas que piden protegerse, ésta sería la acción popular más ambiciosa en la historia jurídica de Colombia. Mientras la agenda de la emergencia climática toma más fuerza en escenarios internacionales, en el plano local el Tribunal de Cundinamarca tendrá que pronunciarse sobre esta demanda.