La justicia de la nación wayuu para los migrantes venezolanos
En la comunidad wayuu, la justicia no distingue entre venezolano y colombiano si hace parte de la comunidad. Una mirada que matiza el sometimiento a la ley y que revive la tensión entre justicia ordinaria e indígena.
Betty Martínez Fajardo – TüüPütchika*
En los otros capítulos de este especial la distinción entre un ciudadano colombiano y venezolano es clara. Basta con ver el pasaporte o la cédula de ciudadanía. Sin embargo, esta diferencia no resulta igual para los wayuus, una comunidad indígena que habita en la Guajira de nuestro país y la de Venezuela.
(Lea aquí la primera entrega: Vivir entre ausencias y barrotes: los migrantes en las cárceles colombianas)
“Nosotros no podemos distinguirnos entre colombianos y venezolanos; somos wayuu, pero para efectos de relacionarlos con una sociedad mayoritaria, tenemos que adoptar una ciudadanía colombiana o venezolana para poder ejercerla en los respectivos países”, clarifica Juan José Cantillo, wayuu y magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los wayuus son una comunidad transfronteriza que acostumbra a moverse libremente en la extensa tierra de la Guajira colombo-venezolana. Sin embargo, en los últimos años los indígenas de esta comunidad, que antes residían en Venezuela, han retornado a Colombia agobiados y huyendo en busca de trabajo y un mejor futuro.
(Lea aquí la segunda entrega: Venezolanos en cárceles colombianas, más allá de las cifras)
El magistrado Cantillo advirtió, en diálogo para este especial, que a los wayuus que vienen de Venezuela no se les puede tratar como migrantes porque se violenta la constitución, dejando de reconocer un pueblo que es uno solo.
La Constitución Política, en el artículo 96, numeral 2 y literal C, especifica que son nacionales colombianos “los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos”.
Sin embargo, esa identificación no siempre resulta fácil. “En mi comunidad tenemos el caso de un joven NN (persona desconocida o no identificada), que no existe jurídicamente”, relata Josefa Robles, líder social y abogada wayuu.
La sola problemática de la identificación, sumada a que no consideran migrantes a quienes vienen de Venezuela porque son parte de un mismo territorio, son matices que le dan una perspectiva distinta al fenómeno migratorio que lleva varios años y que se acentúa aún más en la administración de justicia.
(Lea también: Maternidad tras las rejas: las migrantes que son madres en cárceles colombianas)
Sobre esto último, el magistrado Cantillo precisó que el Estado ha fallado al darle un tratamiento al pueblo wayuu transfronterizo como si fuera igual a los otros, a pesar de ser una población con una característica especial.
Un retorno en conflicto
En este nuevo camino, algunos tienen dificultades para retornar al territorio ancestral. Ese es el caso del periodista Leonel López, quien trabajó mucho tiempo en su país, pero la crisis lo regresó a La Guajira, la tierra de sus abuelos, donde ha dedicado parte de su tiempo a documentar la situación migratoria.
“He intentado buscar ese punto de (mi) origen en La Guajira y no lo consigo, ya han pasado varias generaciones desde que mis antepasados migraron de Colombia a Venezuela y lastimosamente esa división político-territorial nos ha fracturado como familia clanil (como clan)”, reconoce.
El relato de Leonel da cuenta del padecimiento de quienes retornan a su propio territorio.
“He visto que los que vienen sufren porque los recursos son escasos, mínimos, y no alcanzan para todos. Ellos son maltratados, lo he palpado y he conversado con hermanos wayuu que están dentro de las comunidades en las rancherías y que les está tocando llevar esa cruz de salir de su territorio, de tener su buena casa y ahora no tienen dónde vivir, es una realidad que realmente estamos viviendo los indígenas wayuu”.
No todos los retornados a la Guajira han sido contabilizados por Migración Colombia —porque no pasan por Paraguachón (el paso fronterizo vigilado) — aunque seguramente hacen parte de las estimaciones que indican que alrededor de dos millones de venezolanos han llegado a Colombia.
“Es un fenómeno real”, clarifica el antropólogo wayuu Weildler Guerra Cúrvelo, y añade que “el retorno ha revivido viejos conflictos porque se vieron en la obligación de regresar muy a pesar de tener que enfrentar a sus enemigos”, dijo.
Aparte de las expectativas económicas por las que muchos se fueron en su momento a Venezuela, Guerra explica que algunos de los que vuelven también habían partido por conflictos interclaniles —entre clanes wayuu—, porque no lograron conciliar sus diferencias.
En ese escenario de conflicto aparece una figura clave en la resolución de problemas y en la aplicación de justicia, se trata del pütchipü'üi, también conocido como palabrero.
Cuando surge un litigio, las partes involucradas, los ofensores y los ofendidos, solicitan la intervención de un pütchipü'üi. Tras haber examinado la situación, este comunica a las autoridades pertinentes (familias en conflicto, tíos maternos, autoridades tradicionales y en algunos casos invitan a las Secretarías de Asuntos Indígenas) su propósito de resolver el problema por medios pacíficos.
Si la palabra —pütchikalü— se acepta, se entabla el diálogo en presencia del pütchipü'üi, que deberá actuar con diplomacia, cautela y lucidez.
La tensión entre la justicia indígena y ordinaria
Aunque los wayuu tienen su propia forma de administración y aplicación de justicia —independientemente de si habitan en Venezuela o en Colombia—, no todos son juzgados por ella sino por la justicia ordinaria, una realidad que despierta críticas, pues pone en cuestión su autonomía.
Guillermo Ojeda Jayariyu, pütchipüü (palabrero) miembro de la Junta Mayor de Palabreros y quien se traslada regularmente a Venezuela para ayudar a resolver problemas entre familias wayuu, afirma que en ese país puede haber alrededor de 3500 wayuus presos y condenados por diferentes tipos de delitos, donde más del 50 % son mujeres, lo que considera un genocidio cultural.
“Un wayuu que haya cometido un delito y fuera sancionado a través de la justicia ordinaria puede pagar su condena en el territorio”, Guillermo Ojeda.
De acuerdo con la Unesco, el sistema normativo wayuu comprende un conjunto de principios, procedimientos y ritos que rigen la conducta social y espiritual de la comunidad encaminados en la reparación y compensación.
Este sistema es aplicado por las autoridades morales autóctonas: los palabreros, personas experimentadas en la solución de conflictos y desavenencias entre los clanes matrilineales de los wayuus.
Por otro lado, la Constitución Política de Colombia también protege esa autonomía, pues “las autoridades de los pueblos indígenas podrán establecer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos siempre que no sean contrarios a la disposición y leyes de la República”, como reza el artículo 246.
Según cifras del Inpec, en Colombia hay 538 indígenas de diferentes comunidades privados de la libertad bajo la justicia ordinaria.
Guillermo Ojeda está convencido de la urgente necesidad de que las autoridades colombianas reconozcan lo que significa el sistema normativo wayuu para los indígenas de esa etnia. Por eso, en tono amable y luciendo su camisa roja, que representa para los wayuus la vida armónica, expresa que lo recomendable es que exista un centro de armonización espiritual en las prisiones.
Se trata de un lugar especial al interior de los centros carcelarios para que puedan recibir la visita de sus mayores y tener la posibilidad de participar de sus rituales para que puedan “restaurarse como personas”, pero como no se cuenta con ese sitio, entonces, lo recomendable para el palabrero Ojeda es que paguen su sanción en el territorio.
“Hay ancianos que expresan que no quieren que, por ejemplo, su sobrino sea trasladado a centros carcelarios a pagar su condena, ellos tienen la potestad y es lo que la justicia ordinaria debe respetarnos a nosotros, aclarando que no podemos utilizar el sistema normativo para evadir esta justicia”, agrega Ojeda.
A su vez, el magistrado Juan José Cantillo concluye que “la justicia propia de los pueblos indígenas sigue siendo una lucha, por eso la jurisdicción especial para la paz es una oportunidad para que se convierta en referente para las otras autoridades del Estado”.
En los otros capítulos de este especial, como en el de maternidad y población diversa en las cárceles, por ejemplo, se revelan los distintos ángulos de un fenómeno migratorio que está lejos de ser homogéneo; y en este relato, las particularidades que tiene la población wayuu transfronteriza incluso llega a cuestionar el concepto mismo de migrante y, a su vez, la manera en la que se aplica la ley, lo que lleva a unos cuestionamientos más amplios sobre cómo debería funcionar —y aplicarse— el sistema carcelario en Colombia.
*Betty Martínez Fajardo, periodista wayuu del departamento de La Guajira con más de veinte años en el ejercicio. Directora del medio virtual TuuPutchika, vocablo wayuu que al traducirlo al español significa “La Palabra”.
*Te invitamos a ver el trabajo completo en este enlace: Migrantes y prisioneros del abandono
**Pesquisa Javeriana, El Espectador, Tuu Putchika, la Fundación Acción Interna, el Semillero de Derecho Penitenciario y la Maestría en Periodismo Científico de la Pontificia Universidad Javeriana nos unimos para presentar una radiografía sobre los migrantes, especialmente venezolanos, en las cárceles colombianas. Las paradojas de estos espacios no se limitan al hacinamiento; ser foráneos les plantea dificultades para acceder a la justicia o la salud y a comunicarse con sus familias.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En los otros capítulos de este especial la distinción entre un ciudadano colombiano y venezolano es clara. Basta con ver el pasaporte o la cédula de ciudadanía. Sin embargo, esta diferencia no resulta igual para los wayuus, una comunidad indígena que habita en la Guajira de nuestro país y la de Venezuela.
(Lea aquí la primera entrega: Vivir entre ausencias y barrotes: los migrantes en las cárceles colombianas)
“Nosotros no podemos distinguirnos entre colombianos y venezolanos; somos wayuu, pero para efectos de relacionarlos con una sociedad mayoritaria, tenemos que adoptar una ciudadanía colombiana o venezolana para poder ejercerla en los respectivos países”, clarifica Juan José Cantillo, wayuu y magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los wayuus son una comunidad transfronteriza que acostumbra a moverse libremente en la extensa tierra de la Guajira colombo-venezolana. Sin embargo, en los últimos años los indígenas de esta comunidad, que antes residían en Venezuela, han retornado a Colombia agobiados y huyendo en busca de trabajo y un mejor futuro.
(Lea aquí la segunda entrega: Venezolanos en cárceles colombianas, más allá de las cifras)
El magistrado Cantillo advirtió, en diálogo para este especial, que a los wayuus que vienen de Venezuela no se les puede tratar como migrantes porque se violenta la constitución, dejando de reconocer un pueblo que es uno solo.
La Constitución Política, en el artículo 96, numeral 2 y literal C, especifica que son nacionales colombianos “los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos”.
Sin embargo, esa identificación no siempre resulta fácil. “En mi comunidad tenemos el caso de un joven NN (persona desconocida o no identificada), que no existe jurídicamente”, relata Josefa Robles, líder social y abogada wayuu.
La sola problemática de la identificación, sumada a que no consideran migrantes a quienes vienen de Venezuela porque son parte de un mismo territorio, son matices que le dan una perspectiva distinta al fenómeno migratorio que lleva varios años y que se acentúa aún más en la administración de justicia.
(Lea también: Maternidad tras las rejas: las migrantes que son madres en cárceles colombianas)
Sobre esto último, el magistrado Cantillo precisó que el Estado ha fallado al darle un tratamiento al pueblo wayuu transfronterizo como si fuera igual a los otros, a pesar de ser una población con una característica especial.
Un retorno en conflicto
En este nuevo camino, algunos tienen dificultades para retornar al territorio ancestral. Ese es el caso del periodista Leonel López, quien trabajó mucho tiempo en su país, pero la crisis lo regresó a La Guajira, la tierra de sus abuelos, donde ha dedicado parte de su tiempo a documentar la situación migratoria.
“He intentado buscar ese punto de (mi) origen en La Guajira y no lo consigo, ya han pasado varias generaciones desde que mis antepasados migraron de Colombia a Venezuela y lastimosamente esa división político-territorial nos ha fracturado como familia clanil (como clan)”, reconoce.
El relato de Leonel da cuenta del padecimiento de quienes retornan a su propio territorio.
“He visto que los que vienen sufren porque los recursos son escasos, mínimos, y no alcanzan para todos. Ellos son maltratados, lo he palpado y he conversado con hermanos wayuu que están dentro de las comunidades en las rancherías y que les está tocando llevar esa cruz de salir de su territorio, de tener su buena casa y ahora no tienen dónde vivir, es una realidad que realmente estamos viviendo los indígenas wayuu”.
No todos los retornados a la Guajira han sido contabilizados por Migración Colombia —porque no pasan por Paraguachón (el paso fronterizo vigilado) — aunque seguramente hacen parte de las estimaciones que indican que alrededor de dos millones de venezolanos han llegado a Colombia.
“Es un fenómeno real”, clarifica el antropólogo wayuu Weildler Guerra Cúrvelo, y añade que “el retorno ha revivido viejos conflictos porque se vieron en la obligación de regresar muy a pesar de tener que enfrentar a sus enemigos”, dijo.
Aparte de las expectativas económicas por las que muchos se fueron en su momento a Venezuela, Guerra explica que algunos de los que vuelven también habían partido por conflictos interclaniles —entre clanes wayuu—, porque no lograron conciliar sus diferencias.
En ese escenario de conflicto aparece una figura clave en la resolución de problemas y en la aplicación de justicia, se trata del pütchipü'üi, también conocido como palabrero.
Cuando surge un litigio, las partes involucradas, los ofensores y los ofendidos, solicitan la intervención de un pütchipü'üi. Tras haber examinado la situación, este comunica a las autoridades pertinentes (familias en conflicto, tíos maternos, autoridades tradicionales y en algunos casos invitan a las Secretarías de Asuntos Indígenas) su propósito de resolver el problema por medios pacíficos.
Si la palabra —pütchikalü— se acepta, se entabla el diálogo en presencia del pütchipü'üi, que deberá actuar con diplomacia, cautela y lucidez.
La tensión entre la justicia indígena y ordinaria
Aunque los wayuu tienen su propia forma de administración y aplicación de justicia —independientemente de si habitan en Venezuela o en Colombia—, no todos son juzgados por ella sino por la justicia ordinaria, una realidad que despierta críticas, pues pone en cuestión su autonomía.
Guillermo Ojeda Jayariyu, pütchipüü (palabrero) miembro de la Junta Mayor de Palabreros y quien se traslada regularmente a Venezuela para ayudar a resolver problemas entre familias wayuu, afirma que en ese país puede haber alrededor de 3500 wayuus presos y condenados por diferentes tipos de delitos, donde más del 50 % son mujeres, lo que considera un genocidio cultural.
“Un wayuu que haya cometido un delito y fuera sancionado a través de la justicia ordinaria puede pagar su condena en el territorio”, Guillermo Ojeda.
De acuerdo con la Unesco, el sistema normativo wayuu comprende un conjunto de principios, procedimientos y ritos que rigen la conducta social y espiritual de la comunidad encaminados en la reparación y compensación.
Este sistema es aplicado por las autoridades morales autóctonas: los palabreros, personas experimentadas en la solución de conflictos y desavenencias entre los clanes matrilineales de los wayuus.
Por otro lado, la Constitución Política de Colombia también protege esa autonomía, pues “las autoridades de los pueblos indígenas podrán establecer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos siempre que no sean contrarios a la disposición y leyes de la República”, como reza el artículo 246.
Según cifras del Inpec, en Colombia hay 538 indígenas de diferentes comunidades privados de la libertad bajo la justicia ordinaria.
Guillermo Ojeda está convencido de la urgente necesidad de que las autoridades colombianas reconozcan lo que significa el sistema normativo wayuu para los indígenas de esa etnia. Por eso, en tono amable y luciendo su camisa roja, que representa para los wayuus la vida armónica, expresa que lo recomendable es que exista un centro de armonización espiritual en las prisiones.
Se trata de un lugar especial al interior de los centros carcelarios para que puedan recibir la visita de sus mayores y tener la posibilidad de participar de sus rituales para que puedan “restaurarse como personas”, pero como no se cuenta con ese sitio, entonces, lo recomendable para el palabrero Ojeda es que paguen su sanción en el territorio.
“Hay ancianos que expresan que no quieren que, por ejemplo, su sobrino sea trasladado a centros carcelarios a pagar su condena, ellos tienen la potestad y es lo que la justicia ordinaria debe respetarnos a nosotros, aclarando que no podemos utilizar el sistema normativo para evadir esta justicia”, agrega Ojeda.
A su vez, el magistrado Juan José Cantillo concluye que “la justicia propia de los pueblos indígenas sigue siendo una lucha, por eso la jurisdicción especial para la paz es una oportunidad para que se convierta en referente para las otras autoridades del Estado”.
En los otros capítulos de este especial, como en el de maternidad y población diversa en las cárceles, por ejemplo, se revelan los distintos ángulos de un fenómeno migratorio que está lejos de ser homogéneo; y en este relato, las particularidades que tiene la población wayuu transfronteriza incluso llega a cuestionar el concepto mismo de migrante y, a su vez, la manera en la que se aplica la ley, lo que lleva a unos cuestionamientos más amplios sobre cómo debería funcionar —y aplicarse— el sistema carcelario en Colombia.
*Betty Martínez Fajardo, periodista wayuu del departamento de La Guajira con más de veinte años en el ejercicio. Directora del medio virtual TuuPutchika, vocablo wayuu que al traducirlo al español significa “La Palabra”.
*Te invitamos a ver el trabajo completo en este enlace: Migrantes y prisioneros del abandono
**Pesquisa Javeriana, El Espectador, Tuu Putchika, la Fundación Acción Interna, el Semillero de Derecho Penitenciario y la Maestría en Periodismo Científico de la Pontificia Universidad Javeriana nos unimos para presentar una radiografía sobre los migrantes, especialmente venezolanos, en las cárceles colombianas. Las paradojas de estos espacios no se limitan al hacinamiento; ser foráneos les plantea dificultades para acceder a la justicia o la salud y a comunicarse con sus familias.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.