‘La justicia es una pantomima’

El sacerdote jesuita Javier Giraldo, conocido por sus denuncias sobre la presunta connivencia de algunos miembros de la Fuerza Pública con grupos ilegales en la conflictiva región del Urabá, pasó de acusador a acusado y hoy enfrenta un proceso penal por injuria y calumnia y ha sido informado —según él— de que desmovilizados lo relacionan como colaborador de la guerrilla. Por eso, pese a haber denunciado múltiples crímenes, el religioso dice que la justicia se ha envilecido y apelando a la objeción de conciencia se ha negado a cumplir las citaciones con la Fiscalía.

¿Cómo es el tema de objeción de conciencia?

En los últimos dos años he invocado la objeción de conciencia para no testificar en distintos casos porque la forma como ha actuado la justicia, sobre todo en Urabá, me parece una podredumbre. En Urabá los que toman las decisiones sobre a quién hay que procesar y quién no, son los de la Brigada XVII. No son ni los fiscales, ni los jueces, ni los magistrados. Eso es una justicia ficticia, ilegal e ilegítima.

Lo que dice usted es muy grave. ¿Tiene pruebas?

Los principios rectores del Código Penal, el tipo de pruebas que se deben tener para dictar una captura, la cadena de custodia para evitar que las pruebas sean manipuladas, todo es letra muerta allá. Lo mismo sucede con los abogados. La Ley reza que los procesados tengan un abogado de su confianza o la Defensoría del Pueblo les debe poner uno. Pero resulta que los abogados de la Defensoría trabajan coordinados con fiscales, jueces y militares. Lo único que hacen es presionarlos. Por eso se dan falsos positivos de gente que aparece desmovilizada sin haber sido nunca insurgente. Toda una pantomima. Eso es una justicia basada en la mentira.

¿En estos dos últimos años a qué procesos lo han llamado para que declare?

Me han citado por lo menos diez veces.  Desde 2002 dejé de enviar denuncias a la Fiscalía y Procuraduría y opté por enviar derechos de petición al Presidente porque puedo decir que no he conocido un solo acto de justicia después de por lo menos 20 años de estar enviando esas denuncias. Lo único que conocí es que mataron a los testigos o los empezaron a perseguir.

¿Ya no cree en la justicia?

Llevo 29 años denunciando y nunca he visto un acto de justicia. Cómo puede uno creer.

¿Y ahora que se reabrió el caso del general (r) Rito Alejo del Río?

Vamos a ver en qué termina eso. Ojalá haya un primer acto de justicia.

¿Qué ha sabido del caso del general (r) Farouk Yanine, investigado por sus presuntos nexos con paramilitares?

No he sabido nada. En el caso del general Rito Alejo en 2004 fue beneficiado con la preclusión a su investigación. Ahora la Corte Suprema aceptó que se reabriera el expediente por los testimonios de cuatro jefes paramilitares. El problema es que el anterior proceso fue fundado únicamente en testimonios, que es el cáncer de la justicia actual, pues nunca se buscan pruebas objetivas y esos testimonios están mercantilizados, se compran y se venden de acuerdo con lo que se quiera.

¿No cree que con la Ley de Justicia y Paz el país sí va a conocer las verdades del paramilitarismo?

No creo. Hemos ido recibiendo pequeñas dosis de esa historia, píldoras. Ayer oí que El Alemán confesó que el Ejército lo ayudó a salir después de la masacre de Bojayá. Eso lo sabíamos desde el primer momento. Yo tuve una discusión muy emotiva con el general Montoya cuando fue nombrado comandante del Ejército. Me dijo sobre mis reclamos por excesos en la Comuna 13 de Medellín que si le tocara volver a hacer un operativo allí, lo haría igualito y que yo no entendía la guerra. En Carmen de Chucurí (Santander) el general Harold Bedoya también me acusó de falsa denuncia porque dije que había más de 300 campesinos asesinados y más de 4.000 desplazados. Hubo que esperar 14 años para que los paramilitares reconocieran la expansión de su proyecto allí. Le creyeron a los ‘paras’, a mí no.

Ahora usted está denunciado penalmente...

Sí, dizque por falsa denuncia. También me notificaron de otro proceso por el delito de constreñimiento ilegal. Y me han informado que se están construyendo otros procesos en mi contra por rebelión basados en desmovilizados que cuentan unas fábulas que corresponden a lo que inventan en la Brigada 17.

¿Por qué, según usted, algunos miembros del Ejército quieren hacerle un montaje?

Por las denuncias que he hecho sobre lo que hacen.

¿Es cierto que pensó en exiliarse?

Se dijo eso, pero nunca lo he pensado. Le he pedido a todas las altas cortes que se fijen en el problema de la justicia, y la respuesta es que lo lamentan mucho pero que no hay nada que hacer.

¿Cree que terminará procesado?

Pues ya lo estoy.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo, conocido por sus denuncias sobre la presunta connivencia de algunos miembros de la Fuerza Pública con grupos ilegales en la conflictiva región del Urabá, pasó de acusador a acusado y hoy enfrenta un proceso penal por injuria y calumnia y ha sido informado —según él— de que desmovilizados lo relacionan como colaborador de la guerrilla. Por eso, pese a haber denunciado múltiples crímenes, el religioso dice que la justicia se ha envilecido y apelando a la objeción de conciencia se ha negado a cumplir las citaciones con la Fiscalía.

¿Cómo es el tema de objeción de conciencia?

En los últimos dos años he invocado la objeción de conciencia para no testificar en distintos casos porque la forma como ha actuado la justicia, sobre todo en Urabá, me parece una podredumbre. En Urabá los que toman las decisiones sobre a quién hay que procesar y quién no, son los de la Brigada XVII. No son ni los fiscales, ni los jueces, ni los magistrados. Eso es una justicia ficticia, ilegal e ilegítima.

Lo que dice usted es muy grave. ¿Tiene pruebas?

Los principios rectores del Código Penal, el tipo de pruebas que se deben tener para dictar una captura, la cadena de custodia para evitar que las pruebas sean manipuladas, todo es letra muerta allá. Lo mismo sucede con los abogados. La Ley reza que los procesados tengan un abogado de su confianza o la Defensoría del Pueblo les debe poner uno. Pero resulta que los abogados de la Defensoría trabajan coordinados con fiscales, jueces y militares. Lo único que hacen es presionarlos. Por eso se dan falsos positivos de gente que aparece desmovilizada sin haber sido nunca insurgente. Toda una pantomima. Eso es una justicia basada en la mentira.

¿En estos dos últimos años a qué procesos lo han llamado para que declare?

Me han citado por lo menos diez veces.  Desde 2002 dejé de enviar denuncias a la Fiscalía y Procuraduría y opté por enviar derechos de petición al Presidente porque puedo decir que no he conocido un solo acto de justicia después de por lo menos 20 años de estar enviando esas denuncias. Lo único que conocí es que mataron a los testigos o los empezaron a perseguir.

¿Ya no cree en la justicia?

Llevo 29 años denunciando y nunca he visto un acto de justicia. Cómo puede uno creer.

¿Y ahora que se reabrió el caso del general (r) Rito Alejo del Río?

Vamos a ver en qué termina eso. Ojalá haya un primer acto de justicia.

¿Qué ha sabido del caso del general (r) Farouk Yanine, investigado por sus presuntos nexos con paramilitares?

No he sabido nada. En el caso del general Rito Alejo en 2004 fue beneficiado con la preclusión a su investigación. Ahora la Corte Suprema aceptó que se reabriera el expediente por los testimonios de cuatro jefes paramilitares. El problema es que el anterior proceso fue fundado únicamente en testimonios, que es el cáncer de la justicia actual, pues nunca se buscan pruebas objetivas y esos testimonios están mercantilizados, se compran y se venden de acuerdo con lo que se quiera.

¿No cree que con la Ley de Justicia y Paz el país sí va a conocer las verdades del paramilitarismo?

No creo. Hemos ido recibiendo pequeñas dosis de esa historia, píldoras. Ayer oí que El Alemán confesó que el Ejército lo ayudó a salir después de la masacre de Bojayá. Eso lo sabíamos desde el primer momento. Yo tuve una discusión muy emotiva con el general Montoya cuando fue nombrado comandante del Ejército. Me dijo sobre mis reclamos por excesos en la Comuna 13 de Medellín que si le tocara volver a hacer un operativo allí, lo haría igualito y que yo no entendía la guerra. En Carmen de Chucurí (Santander) el general Harold Bedoya también me acusó de falsa denuncia porque dije que había más de 300 campesinos asesinados y más de 4.000 desplazados. Hubo que esperar 14 años para que los paramilitares reconocieran la expansión de su proyecto allí. Le creyeron a los ‘paras’, a mí no.

Ahora usted está denunciado penalmente...

Sí, dizque por falsa denuncia. También me notificaron de otro proceso por el delito de constreñimiento ilegal. Y me han informado que se están construyendo otros procesos en mi contra por rebelión basados en desmovilizados que cuentan unas fábulas que corresponden a lo que inventan en la Brigada 17.

¿Por qué, según usted, algunos miembros del Ejército quieren hacerle un montaje?

Por las denuncias que he hecho sobre lo que hacen.

¿Es cierto que pensó en exiliarse?

Se dijo eso, pero nunca lo he pensado. Le he pedido a todas las altas cortes que se fijen en el problema de la justicia, y la respuesta es que lo lamentan mucho pero que no hay nada que hacer.

¿Cree que terminará procesado?

Pues ya lo estoy.