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Los campesinos de Huila y su lucha comunitaria acaban de hacerle honor a Gigante, el municipio que los vio desplazarse forzadamente por, aunque se escuche insólito, el mismo Estado. Hace 15 años, más de 420 personas fueron expulsadas de sus fincas con perros y gases lacrimógenos para que allí se pudiera construir la hidroeléctrica El Quimbo. El pasado 20 de septiembre, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) les devolvió las tierras que, tras los desalojos, dejaron una historia de victimización, desarraigo y un proceso social que hoy logró hacer justicia gracias a los gritos campesinos. El Espectador estuvo presente y conoció las historias de las víctimas de los funcionarios que buscaron el progreso general, desconociendo los derechos particulares de la comunidad de Gigante.
La entrega de tierras se realizó a favor de 94 familias como una reparación a los daños sociales y económicos que alguna vez el mismo Estado permitió y tuvo consecuencias que aún se viven en la región. El evento se da luego de una sentencia de la Corte Constitucional, intervenciones de Procuraduría, Contraloría y cientos de pedidos que fueron desoídos por el aparato estatal. La entrega, que es de 941 hectáreas, no significa únicamente cumplir un reclamo que, en la mayoría de los casos, los campesinos y pescadores llevan haciendo durante la mitad de su vida. Los predios, además, simbolizan el reconocimiento de que el Estado sí ha sido responsable del desplazamiento de sus campesinos y que, aunque tarde, la reparación puede llegar.
“Hoy le entregamos tierra a los campesinos despojados de su tierra en el departamento del Huila (...). Estamos haciendo papeles para entregar una suma de 3.000 hectáreas que se convertirá en el inicio de una reparación histórica para la gente que fue desarraigada por el megaproyecto energético El Quimbo”, aseguró Felipe Harman, director de la ANT
La hidroeléctrica que apagó la vida
En 2007 comenzó el calvario para más de 800 familias que vivían en el sur de Huila. Los campesinos, pescadores y mineros artesanales que sobrevivían gracias a sus pequeñas parcelas, creyeron que Matambo, el gigante mitológico que solo dejaba destrucción a su paso, estaba por llegar a los municipios de Gigante, Garzón y El Agrado (Huila). Pero no era ningún monstruo legendario el que venía a despojarlos de sus terrenos y sumirlos en 15 años de incertidumbre: era el Estado colombiano.
Ese año, la multinacional española Emgesa mostró interés por aprovechar los caudales de los ríos Magdalena y Suaza para construir una represa hidroeléctrica que, según ellos, garantizaría la seguridad y autosuficiencia energética de Colombia. La empresa empezó los trámites habituales: solicitó concepto del Ministerio de Ambiente, radicó la licencia ambiental y empezó a socializar el proyecto con centenares de familias nativas que, aún sin estudios ni conocimientos en el tema, consideraban que la represa iba a “represar” la vida de los campesinos en el sur de Huila.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio luz verde al proyecto y Emgesa, con una inversión de US $1.231 millones para llevar a cabo la represa, el viaducto y los planes de reasentamiento, empezó el denunciado despojo. Además, en 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe, se declaró la construcción como “de utilidad pública e interés social”, y se entregó el permiso legal para que los derechos de la Nación sean superiores a los de un grupo, en este caso, pescadores y campesinos de Huila.
“El Quimbo va porque va”, anunció Uribe meses antes de que Emgesa, luego de haber sacado a las familias de sus hogares de la mano con la fuerza pública, comenzara a inundar más de 8.500 hectáreas para iniciar el funcionamiento de El Quimbo. Las consecuencias de ello son palpables en la voz de la comunidad. “Nos opusimos desde el principio. Pero llegaron las órdenes de expropiación (al menos 80). Nos asentamos en carpas y luego llegaron los perros y los gases lacrimógenos para desplazarnos. Hasta hoy vuelvo a tener un predio de mi propiedad (sic)”, explica Robinson León, un minero artesanal de Tarqui (Huila) que durante un tercio de su vida luchó junto con los demás campesinos para ser restituidos.
A pesar de las alertas de ambientalistas y campesinos, la construcción comenzó en 2010 y la violencia contra los campesinos se transformó en daños sociales y ecológicos. Un informe recopilado por Asociación de Afectados por el Proyecto El Quimbo (Asoquimbo), explicó en ese entonces que llevar a cabo la hidroeléctrica causaría un efecto dominó de consecuencias para todo el departamento. El primero era el social: los planes de reasentamiento no cubrieron a todos los afectados; ocasionó el desarraigo de las comunidades y, además, no tuvo en cuenta los daños indirectos que implicó para la seguridad alimentaria de Huila.
Miller Dussan, uno de los líderes que abanderó la lucha comunitaria, aseguró en la época que fueron cerca de 10.000 los afectados y era incalculable el perjuicio para un departamento que, en cuestión de meses, pasó de ser líder en producción agrícola a una zona con sus campesinos desplazados. Además, oponerse a la hidroeléctrica y proteger los derechos de los campesinos afectados se convirtió en un sinónimo de estigma. Antes de ser despojados, el ESMAD y uniformados del Ejército agredieron a quienes intentaron aferrarse a sus tierras. Pero esa etiqueta sigue permaneciendo hasta hoy. De acuerdo con la Fundación Pares, las disidencias de Iván Mordisco asesinaron hace semanas a Nelson Medina, uno de los integrantes de Asoquimbo, precisamente, por oponerse a la hidroeléctrica.
También hay una secuela ecológica. La inundación de las tierras significó que árboles, plantas y toda la materia que quedó ahogada empezó a descomponerse; eso sin olvidar que el río Magdalena, la fuente de vida de la comunidad, perdería parte de su fuerza al ser desviado para nutrir la hidroeléctrica, lo que significó sequías y menos agua para los sembradíos. “En muchos lugares del país creen que el río Magdalena murió el 3 de marzo del 2012; el día que fue desviado para crear la represa”, aseguran desde Pares.
Tarde, pero llega
Zoraida Brow estaba en la última hilera de sillas en el evento de entrega de tierras. En 15 años de espera, esta mujer campesina de 54 años, quien tuvo que salir de su “finquita” a orillas del río Magdalena, nunca había tenido la oportunidad de pensar qué sería de su vida cuando sus pedidos de justicia se hicieran realidad. Cuando era niña tuvo que salir de su parcela para que se construyera la represa de Betania, en Huila, y tres décadas después tuvo que despedirse nuevamente de sus enseres para que El Quimbo pudiera inundar el terreno donde ya había formado un hogar. Tanto tiempo gastan las personas para defender sus derechos que, una vez que consiguen obtenerlos, es poco el tiempo que les queda para disfrutarlo.
Como Zoraida, fueron al menos 300 campesinos junto a sus familias los que asistieron el pasado 20 de septiembre a la entrega de tierras que organizó el Gobierno. En la Hacienda El Tejar, un inmenso lote con la tierra resquebrajada por el calor, los campesinos, mineros y pescadores desplazados esperaron a que llegara Gustavo Petro para cumplir una promesa inconclusa desde hacía 15 años. Para Zoraida, después tanto tiempo de incertidumbre, aguardar unos minutos más por el presidente ya no implicaba ningún daño. “Yo no sé hasta cuándo vaya a estar yo (sic) en este mundo. Pero por lo menos sé que cuando me muera, lo hago teniendo una tierrita dónde hacerlo”, aseguró tras la entrega de los predios.
Los campesinos y pescadores intentaron en todo momento frenar una obra que, según explicaron, terminaría por edificar un futuro sin comida ni oportunidades para ellos y sus familias. En 2009, ya cuando la licencia ambiental estaba aprobada por la ANLA, las familias se reunieron en el sur de Huila y decidieron que, así fuese lo último que hicieran en vida, defenderían el territorio de más daños. Ese año, bajo la vocería de Miller Dussan, un hombre bajito y de anteojos, se formó legalmente Asoquimbo, una organización que utilizó en 15 años todos los recursos legales para demostrar que la hidroeléctrica convertiría al Magdalena en un “río de muerte”.
Asoquimbo, durante años, organizó protestas, plantones, radicó tutelas y pidió espacios en el Congreso para que sus reclamos se escucharan. Uno de sus integrantes decidió “luchar contra los poderosos” de una forma más simbólica. Orlando Ramírez, un pescador que fue afectado, tomó su maleta, una carpa, y docenas de pliegos de cartulina para vivir en condición de calle durante más de un año frente a las instalaciones de Enel (filial de Emgesa), en el reconocido Parque de la 93, en Bogotá. Ramírez se asentó, bajo sol y lluvia, delante a las instalaciones de la empresa de energía en medio de la época de la pandemia, pues para él, ningún riesgo podría superar al desarraigo que vivió por el desplazamiento.
Las luchas de Ramírez, Brow, Dussan y las demás personas al final tuvieron su redención. En 2013, la Corte Constitucional profirió una sentencia con aires de justicia para los afectados de El Quimbo. En esa providencia, el alto tribunal reconoció que “se sabe de sobra que existe la prevalencia del interés general (con El Quimbo se busca satisfacer necesidades energéticas de todo el país); pero esta no puede ser pretexto para la violación de los derechos fundamentales de las personas”.
Al reconocer que se violó el derecho al trabajo, la vida digna, a mínimos vitales y otra media docena de derechos en el caso de El Quimbo, la Corte ordenó que Emgesa y el Estado se encargaran de reparar los daños que la hidroeléctrica dejó en los campesinos. Aunque la justicia no llegó sino hasta el pasado viernes, cuando el Gobierno aseguró que además de entregar esas tierras, incluirá a todos aquellos afectados que ni Emgesa, ni la Corte Constitucional tuvieron en cuenta al momento de organizar la reparación individual.
“Me quitaron la comida de la boca hace 15 años con El Quimbo; quedé en la calle. Lo que nos acabamos de ganar es a punta de pelea y resistencia. Con nuestras manos y gritos pudimos recuperar hoy las hectáreas que nos quitaron y esos derechos vulnerados y las familias en la calle, es algo que no puede volver a suceder”, contó Robinson León, el pescador que con lágrimas en los ojos que, por fin, tras 15 años, “les pudimos ganar lo que nos corresponde: los derechos y la tierra”.
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