La Ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, la cual se da vida a la estructura de la gran iniciativa política y judicial para que los colombianos tengan jueces especializados para sus problemas por la posesión de la tierra, fue aprobada esta noche en la Cámara de Representantes. Con una votación de 96 a 30, se aprobaron las normas que definen el funcionamiento de la nueva Jurisdicción, que tendrá la misma autoridad de cualquier otra corte en el país.
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La iniciativa aprobada esta noche en la Cámara deberá ser conciliada antes del 20 de junio, para pasar a sanción presidencial por parte del máximo mandatario Gustavo Petro. Se trata del marco general o, en palabras sencillas, la arquitectura de una reforma constitucional que fue aprobada el año pasado y que promete ser la salida a los conflictos por la propiedad de la tierra que han aquejado por décadas a los colombianos. Líos de pertenencia, por delimitación de linderos, por propiedad de animales, entre otros.
“Se aprobó que van a existir juzgados del circuito especializados en tierra y que va a haber un tribunal de segunda instancia, conformados por jueces que, además, van a contar con un centro especializado de apoyo técnico. Que los jueces estarán ubicados en zonas alejadas del centro del país, donde hay mayor cantidad de conflictos rurales. Todo el sistema estará conformado por profesionales expertos en materia agraria y ambiental, quienes estarán apoyados por geógrafos, sociólogos y académicos que conozcan el conflicto armado”, le dijo a este diario Jhoana Delgado Gaitán, viceministra de Promoción de la Justicia.
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De otro lado, se aprobó que todos los procesos que pasen por la Jurisdicción Agraria tengan como órganos de cierre el Consejo de Estado y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. La idea del gobierno es que se apruebe la creación de, al menos, 64 juzgados de circuito que centren su labor en las regiones Caribe, Pacífico, Amazonía, Orinoquía y Andina. No obstante, las fuentes consultadas coinciden en que el número total de juzgados y hasta tribunales de segunda instancia, de la Jurisdicción Agraria, dependen de las consideraciones del Consejo Superior de la Judicatura, que administra los recursos de la Rama Judicial.
La plenaria de la @CamaraColombia aprobó en último debate la Ley Estatutaria de #JurisdiccionAgrariaYa que define la estructura para resolver los conflictos agrarios. Ahora pasa a conciliación y sanción presidencial. pic.twitter.com/k7ZaltH6Gt
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) June 4, 2024
Este proyecto legislativo no solamente busca crear la Jurisdicción, busca cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz y mejorar el acceso a la justicia para las comunidades rurales. Su fin es formalizar siete millones de hectáreas. Además, pretende establecer tribunales, definir distritos y circuitos agrarios y rurales; y promover la creación de la figura de los facilitadores agrarios y rurales, quienes guiarán a los ciudadanos en el funcionamiento de la nueva jurisdicción. Según el Ministerio de Justicia, la ejecución de la Jurisdicción Agraria representará un costo anual aproximado de $136.000 millones.
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Cabe aclarar que, a pesar de que la reforma constitucional y la estatutaria ya tienen luz verde en el Congreso, aún falta la aprobación del proyecto de ley que le dará las funciones a la Jurisdicción Agraria. Este último se encuentra en la Comisión Primera del Senado y tendrá chance de ser discutida hasta el próximo 20 de junio, cuando termine la legislatura, o de lo contrario el proyecto se hundirá. En dado caso de que se apruebe en la Comisión Primera, el proyecto pasará a la Plenaria del Senado y el trámite podría seguir en la siguiente legislatura del Congreso este año.
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