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Esta semana un representante a la Cámara grabó, en video, un acto que ofendió a las madres de las víctimas de los “falsos positivos” (o asesinatos de civiles inermes perpetrados por militares en el conflicto armado). Al parlamentario se le ve tirando, en bolsas de basura, las botas que, simbólicamente, las madres habían puesto en exhibición en la Plaza Núñez del Congreso, y que él alegaba que “ensuciaban” el Capitolio. Ustedes, investigadores de estos crímenes de guerra, ¿rechazan el gesto de ese funcionario público o lo consideran inocuo?
Rechazamos, de manera categórica, estos actos contrarios a la verdad, la memoria y los derechos de las víctimas, con los que las ha revictimizado. La exposición “Mujeres con las botas bien puestas” es un trabajo que han hecho, de la mano de artistas plásticos, las madres de las víctimas de falsos positivos. Se trata de prendas similares a las botas pantaneras de caucho que los perpetradores les pusieron a los asesinados cuando los presentaban como bajas en combate. Con ese tipo de calzado que usualmente llevaban los guerrilleros, pretendían encubrir los crímenes. En los expedientes hay muchas fotos de los cuerpos con botas de caucho nuevas, muchas veces dos izquierdas, dos derechas o dos y tres tallas más grandes que los pies de las víctimas. Hoy constituyen pruebas recurrentes de la comisión de esos asesinatos. El Congreso de la República debería acoger, con respeto, las diversas expresiones de memoria sobre esos gravísimos crímenes.
Supongo que con la intención de aprovechar la publicidad que se les da a los congresistas, el individuo que ofendió a las madres, aseguró que “la cifra de 6402 ‘falsos positivos’” no ha sido soportada por los tribunales de justicia y paz, ni por la fiscalía ni por la JEP. O sea, por ustedes ¿Esa afirmación es cierta?
No es cierta. Mediante el Auto 003 de 2021, la JEP determinó que el universo provisional de asesinatos y desapariciones forzadas de víctimas presentadas como falsas bajas en combate, es de 6.402. Ese universo surge de la contrastación y depuración de las tres grandes bases de datos disponibles sobre ‘falsos positivos’: dos estatales - de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) – y una tercera, de la plataforma Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEUU), de (250) organizaciones de derechos humanos. Las 6.402 víctimas tienen nombre, apellido, documento de identidad y constatación de la fecha y el lugar en el que fueron asesinadas. A partir de ese universo, priorizamos la investigación de los crímenes en el periodo y los territorios más críticos. Esto es, entre 2002 y 2008, y en cuanto a los territorios, en Norte de Santander, Costa Caribe, Casanare, Antioquia, Huila y Meta. Un equipo de analistas contrasta permanentemente las distintas bases de datos y depura la información a partir de las confesiones de los perpetradores, las solicitudes de acreditación de las víctimas, los expedientes de la jurisdicción ordinaria y los archivos militares que hemos encontrado.
Contrario a lo que ustedes afirman, el congresista en cuestión añade que “ni siquiera han podido dar el número de 906 nombres (sic) que respalden la cifra de los ‘falsos positivos’”. Con su trabajo investigativo en torno a esos crímenes en el llamado Caso 003: “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”, ¿se puede ratificar, sin lugar a ninguna duda, que hubo miles de ejecuciones a sangre fría en Colombia?
Absolutamente sí. En seis autos expedidos en los últimos tres años, hemos determinado que en Colombia existió un patrón de acción criminal de asesinatos y desapariciones forzadas por parte de miembros del Ejército. Con abrumadora evidencia, demostramos que fueron crímenes de guerra además de crímenes de lesa humanidad porque se cometieron de manera masiva y sistemática. En esos autos imputamos a 106 máximos responsables de los cuales 92 han reconocido su responsabilidad, es decir el 87%, muchos de ellos jamás investigados por la justicia. Cada auto trae un anexo con la lista de las víctimas, su identificación y las pruebas que soportan la conclusión judicial y, como se dijo, en la inmensa mayoría de los casos, el perpetrador ha confesado los hechos.
¿Esas conclusiones y las listas de víctimas, ¿se han publicado?
Esas seis grandes decisiones judiciales y sus anexos, son públicos. En la página Web de la JEP se encuentran anexos sobre 941 víctimas cuyos asesinatos y desapariciones forzadas les hemos imputado a los 106 máximos responsables, hasta la fecha. Y en dos autos que expediremos próximamente, documentamos más de 900 casos adicionales que ocurrieron en la costa Caribe y Antioquia.
El número 6402 mencionado por ustedes como el de las ejecuciones extralegales cometidas en el conflicto armado, ¿es, entonces, oficial?
La investigación que hemos adelantado a fondo, después de haber expedido el Auto en 2021, corrobora el universo de las 6.402 víctimas y sus características: primero, que los falsos positivos ocurrieron a lo largo y ancho del país; segundo, que el periodo crítico de los crímenes se presentó entre los años 2002 y 2008. Tercero, que los seis territorios identificados como los más afectados fueron los que ya mencionamos, aunque hemos encontrado que también hubo muchos casos en Caquetá, Arauca y Tolima. El universo de los 6.402 no incluye las víctimas sin identificar. Somos conscientes de que muchas víctimas de asesinatos presentados como falsos positivos, continúan desaparecidas. Su identidad tampoco se encuentra en los registros oficiales. Adicionalmente, un equipo contrasta permanentemente los hallazgos en las bases de datos. Creemos, incluso, que puede haber subregistro.
Aún con los datos publicados, ¿por qué creen que se sigue negando la ocurrencia de tales crímenes de guerra que, por su volumen y rastros, no pueden ocultarse?
Uno de los hallazgos de la JEP es que muchas víctimas fueron sometidas a desaparición forzada y sus documentos de identificación fueron quemados, destruidos y perdidos, precisamente como una manera de encubrir los crímenes y de poder reportar a las víctimas como falsas baja en combate. Incluso en algunos casos que los perpetradores han confesado, todavía no hemos podido dar con el paradero de las víctimas.
A propósito, el argumento más recurrente entre quienes niegan los ‘falsos positivos’ es que los comparecientes militares han confesado hechos inexistentes por temor a la JEP o con la pretensión de reducir las condenas que les impuso la justicia ordinaria…
Estamos seguros de que no son hechos inexistentes porque las víctimas fueron reportadas oficialmente como bajas en combate. La Sala cuenta con las carpetas operacionales (militares) y los informes de las necropsias de esos casos; existen los registros oficiales de reporte del cuerpo de un NN como el de un guerrillero o miliciano abatido y, además, determinamos que se trató de un asesinato por la confesión del perpetrador. En el caso de Dabeiba, por ejemplo, encontramos, a metro y medio de profundidad, 49 fosas comunes en el lugar que habían señalado los comparecientes. Y no nos quedamos solo con sus versiones: fueron contrastadas con ciencias forenses. En Huila pasamos de 15 condenas a autores materiales, a 200 reconocimientos de falsos positivos y 32 desaparecidos. Existe también el registro de todas las audiencias públicas y lo que se dijo en estas.
Para claridad absoluta de la información que están aportando, ¿podrían reiterar las fechas históricas de ocurrencia criminal en los ´falsos positivos’?
Sí: el universo provisional de hechos investigados en el caso, ha evidenciado el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor registro de víctimas. Con base en información contenida en las diferentes plataformas de datos, puede afirmarse que, mientras que entre 1978 y el año 2002, se presentaron ‘falsos positivos’ en número menor a 200 – de todas maneras, muy grave -, esa cifra se elevó, entre 2002 y 2008, a más de mil 600 ‘falsos positivos’. El momento más crítico ocurrió entre 2007 y 2008 cuando alcanzó la cifra de mil 800 víctimas. Después de la destitución de oficiales militares en ese año, hubo una caída de casos a menos de cien (Ver gráfica). La aplicación de los criterios de priorización con base en ese universo, condujo a la investigación de los 6 subcasos por los departamentos ya mencionados.
Pese al alto número verificado por la JEP, ¿es posible afirmar o no que esos crímenes fueron cometidos por individuos y que no comprometió a la institucionalidad?
Podemos sostener, sin ningún temor a equivocarnos, que no se trató de casos aislados ni la actuación de unas “manzanas podridas”. Con total convicción, afirmamos que fue un patrón de acción criminal que se manifestó en todo el territorio nacional que se desató por la política, de facto, de conteo de cuerpos que privilegió la eliminación física del supuesto enemigo o el cadáver caído en combate, como único indicador válido de éxito militar. También se puede asegurar que, en muchos casos, se contó con la participación de grupos paramilitares para perpetrar los crímenes, así como que los cementerios de los municipios se convirtieron en lugares de ocultamiento de víctimas.
¿Cuánto hace que se iniciaron sus investigaciones sobre las ejecuciones extralegales y con cuáles elementos de prueba las abordaron?
El macrocaso 03 se abrió el 17 de julio de 2018. Nosotros tres (magistrados Ramelli, Díaz y Parra) nos dividimos la investigación en los seis territorios críticos, dos por cada uno. Realmente hemos realizado un trabajo titánico. A la fecha, hemos recibido 7 informes de entes estatales y 131 informes de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Hemos escuchado a 861 miembros de la fuerza pública (desde soldados hasta generales) y otros agentes del Estado, en versiones voluntarias; hemos acopiado cientos de miles de páginas de archivos oficiales, entre ellos, los archivos de los batallones y brigadas investigadas; se han practicado exhumaciones y se han analizado informes de necropsias; hemos leído cientos de notas oficiales de los programas de comunicación radial que sostenían los comandantes militares con sus hombres. Y hemos escuchado a las víctimas en 9 audiencias públicas, además de miles de documentos con observaciones que han aportado sus representantes judiciales y el Ministerio Público.
¿Cuántos oficiales de altos grados han sido indagados?
En general, en el marco del caso 03, la JEP ha llamado a rendir versión voluntaria a 39 generales del Ejército Nacional y a un número mayor de otros altos oficiales. Siguiendo lo establecido en el Auto 305 de 2023, la investigación continúa ascendiendo en la evaluación de responsabilidades, en los niveles más altos de la jerarquía militar.
¿Cuántos generales y quiénes, entre ellos, han sido imputados por estos delitos?
En las cinco decisiones que se han proferido hasta el momento por los hechos investigados en el caso 03, han sido imputados ocho generales: Paulino Coronado, Henry William Torres Escalante, Mario Montoya Uribe, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, Miguel Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseca. Seguimos investigando para determinar las máximas responsabilidades en todos los territorios críticos a nivel nacional.
¿Algún máximo responsable está enfrentando un proceso ante la JEP por negarse a reconocer que ordenó o ejecutó ‘falsos positivos?
Sí. El primer juicio adversarial ya empezó en el caso del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez quien no reconoció su responsabilidad, y ha sido imputado como máximo responsable. Si es encontrado culpable, puede recibir hasta 20 años de prisión ordinaria.
Las audiencias públicas, ¿han sido útiles para esclarecerles a las víctimas por qué se llegó al extremo de matar civiles que nada tenían que ver con los combates ni con los combatientes, para aparentar éxitos de guerra?
Sí. En las audiencias públicas, el país ha escuchado, de voz de los responsables, las razones, explicaciones y descripciones de los gravísimos crímenes que cometieron. Nos hemos esforzado por explicarles a las víctimas y a la sociedad colombiana cuáles fueron los motivos estratégicos que condujeron a cometer estos crímenes, como ya hemos dicho: los perpetradores obraron en un marco simultáneo de incentivos y castigos, respondiendo a la demanda y presión permanente de sus superiores que les exigían el reporte de bajas como único resultado posible de las tareas de la fuerza pública, esto es, una política de facto de conteo de cuerpos que implementaron diversos comandantes militares en los teatros de operaciones.
¿Siempre las audiencias son públicas o existen otras con carácter reservado?
A lo largo del proceso que se surte ante la Sala de Reconocimiento, las víctimas pueden oír las confesiones de los responsables en dos momentos: uno, durante las versiones voluntarias. En ese escenario se ubican en una sala paralela o espejo; ven y escuchan, en tiempo real, al compareciente pero no comparten el mismo espacio. El segundo escenario es el de las audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad. Antes de la realización de estas audiencias, implementamos procesos de diálogo restaurativo para preparar tanto a las víctimas como a los comparecientes para el encuentro. A la fecha, hemos realizado cinco grandes audiencias de reconocimiento en Ocaña, Valledupar, Dabeiba y Medellín, Yopal y Neiva, con la participación de centenares de víctimas en cada una de ellas.
¿Cuánto han avanzado ustedes en las investigaciones sobre estos crímenes y cuánto les hace falta para arribar a conclusiones finales?
La JEP lleva seis años y medio adelantando la investigación del caso 03. Como hemos explicado, los avances y resultados son muy importantes en términos del patrón macrocriminal esclarecido. Hemos puesto esta nueva verdad en la esfera pública lo cual les ha permitido, a las víctimas, empoderarse en la exigencia de sus derechos, como ha sucedido, entre otros grupos, con las madres de los falsos positivos de la asociación MAFAPO lo que fortalece nuestra democracia. La meta o conclusión del caso tiene lugar en diferentes órganos y escenarios procesales de la JEP: los máximos responsables que han reconocido o reconozcan sus crímenes, serán sancionados en el Tribunal para la Paz; los máximos responsables que no los reconozcan, podrán ser acusados por nuestra fiscalía interna (UIA) y enfrentarán un proceso ante la Sección sin reconocimiento, del mismo tribunal; y quienes no son máximos responsables, resolverán su situación en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Ya les hemos remitido 670 comparecientes entre soldados y suboficiales de bajo rango, en su mayoría. La JEP tiene 15 años para concluir su actividad jurisdiccional.
‘Falsos positivos’: volumen monumental de pruebas
¿En cuántas fuentes humanas, documentos y otras evidencias fácticas se han basado ustedes para llegar a las conclusiones “provisionales” que han llegado a la fecha en cuanto a la ocurrencia de 6402 falsos positivos?
Nuestra actividad probatoria ha sido realmente monumental. En el marco de este caso, la JEP ha recibido 138 informes de entes estatales y organizaciones de víctimas. Fuera de las declaraciones de 861 comparecientes, en sus versiones voluntarias a las que ya nos hemos referido, hemos contrastado esas afirmaciones con los relatos de las víctimas en sus solicitudes de acreditación, y con sus observaciones orales y escritas en el proceso. Al respecto, hay casi 4 mil víctimas acreditadas. Hemos inspeccionado decenas de archivos de unidades militares y otros órganos del Estado en todo el país; y hemos analizado miles de documentos entre folios de vida, carpetas de operaciones, manuales, directivas y comunicaciones militares. Toda esta actividad la hemos realizado para esclarecer la verdad, determinar quiénes fueron los máximos responsables y explicarle a la sociedad colombiana porqué ocurrieron esos gravísimos crímenes y, finalmente, sentar las bases para que nunca vuelvan a ocurrir.
‘Falsos positivos’, gráfica por años*
*Número de ‘falsos positivos”, por años de ocurrencia. Construcción propia de la JEP con base en información contenida en bases de datos plataformas SIJUF, SPOA, CNMH, CCEEUU