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El Estado no debería pagar por el “irresponsable manejo” que le dio la unión temporal Centros Poblados a los recursos del contrato del Ministerio de las TIC para llevar conectividad a 7.000 escuelas en zonas rurales. Ese es el argumento central del Fondo Nacional de Garantías (FNG), que actuó como garante de los contratistas ante los bancos que les autorizaron los préstamos. Según cuenta la entidad en documentos en poder de este diario, luego de que se conocieran las supuestas irregularidades que rodearon la adjudicación del contrato y aun con varias personas judicializadas por el escándalo, los bancos han seguido cobrando. Y el Estado tendría que pagar $5.600 millones.
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En teoría, el que tendría que entrar a cubrir las deudas que no ha pagado Centros Poblados es el FNG. Buscando frenar ese escenario, en un documento de 18 páginas, la entidad le pidió a la Fiscalía que lo reconozca como víctima en las dos investigaciones que ha abierto formalmente por el caso Mintic. En la misiva que radicaron en los últimos días ante la fiscal del caso, Andrea Muñoz, escribieron: “Si ante la mora de las obligaciones financieras se ordena al FNG el pago de las garantías, la responsabilidad del incumplimiento se traslada nuevamente al Estado, consiguiendo quedar indemnes (los miembros de Centros Poblados)”.
La historia comenzó hace año y medio. El Ministerio de las Tecnologías de la Información (Mintic) le adjudicó a finales de 2020 un millonario contrato a la unión temporal Centros Poblados, representada por Luis Fernando Duque y conformada por las compañías Omega Buildings, ICM Ingenieros y Novotic. La cartera les giró un anticipo de $70.000 millones para que empezaran la tarea de llevar internet a miles de escuelas rurales. Sin embargo, en paralelo, las dos primeras compañías pidieron préstamos en los bancos de Bogotá y BBVA. En el trámite recibieron un espaldarazo del FNG: las garantías de que, si incumplían el pago de las deudas, el Estado respondería.
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Hacia mediados de 2021 comenzaron las sospechas. Primero se reportaron incumplimientos en el contrato, luego se conoció que otra garantía, supuestamente emitida por el banco Itaú y que Centros Poblados había presentado para quedarse con el contrato, habría sido falsificada. En septiembre pasado la Fiscalía les imputó cargos a Duque, al corredor de seguros que le habría ayudado a conseguir la supuesta garantía falsa, Juan José Laverde, y al zar de la contratación, Emilio Tapia, quien al parecer controlaba en la sombra algunas empresas de la unión temporal. Con dos de sus cabezas tras las rejas, Centros Poblados dejó de pagar los créditos que había pedido.
En ese momento los bancos buscaron a quien había servido, en otras palabras, de fiador: el Fondo. Pero el FNG ahora se niega a pagar por los presuntos hechos de corrupción que han rodeado todo el contrato del Mintic. “Es evidente que se requiere la defensa del patrimonio público, el cual se encuentra en una amenaza grave de ser afectado, en tanto los recursos con los cuales se realizaría un eventual pago a los intermediarios financieros saldrían del tesoro público, por cuanto amparar los créditos en mora de ICM Ingenieros y Omega Buildings sería tanto como que el Estado asuma por una fuente distinta el grave e irresponsable manejo que de los recursos ha hecho la unión temporal”, le aseguraron a la Fiscalía.
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El Banco de Bogotá ya renunció a reclamar la garantía ante el FNG. Sin embargo, BBVA ha insistido en varios frentes. A la fecha, la deuda que los miembros de Centros Poblados no le han pagado a este banco ascienden a $5.600 millones, cifra que tendría que asumir el Estado. Y la entidad añadió: “Si bien cuando el FNG toma la decisión de pagar puede recobrarles el citado pago a estas empresas, es probable que por la situación en que estas se encuentran, el FNG no pueda recuperar ese valor”. Por ejemplo, Tapia está tras las rejas y el representante legal de Omega, Ottomar Lascarro, ya fue imputado en otro de los procesos que adelanta la Fiscalía.
El FNG no se ha quedado quieto. Además de buscar “conocer la verdad” en el campo penal, desde finales de 2021 le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que lo admita como parte en la acción popular que instauró la Procuraduría para recuperar el anticipo embolatado. Desde noviembre del año pasado, el tribunal aceptó la petición y los pagos están suspendidos. Sin embargo, el BBVA apeló y sigue inconforme con que el Estado no asuma la deuda. La fiscal Muñoz tendrá que estudiar la solicitud de víctima del Fondo. La última palabra la tendrá el juez del caso. El mismo juez que determine si Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y sus supuestos socios se aliaron en un entramado de corrupción.
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