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                                                                                                                                La multimillonaria demanda de minera china por el desangre de oro en Buriticá

                                                                                                                                El Espectador conoció los detalles de la demanda con la que Zijin Continental Gold espera que Colombia les pague USD $430 millones por no proteger su inversión en la mina de oro más grande del país. El Clan del Golfo se está tomando metro a metro el control en esta zona de Buriticá. El principal argumento del país es que no está dispuesto a arriesgar vidas.

                                                                                                                                Jhoan Sebastian Cote

                                                                                                                                Periodista Judicial
                                                                                                                                Entrada, túneles, trabajadores y maquinaria de esta mina, ubicada en la vereda Higabra, en Buriticá (Antioquia).
                                                                                                                                Foto: Óscar Pérez
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO

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                                                                                                                                Foto: Óscar Pérez
                                                                                                                                PUBLICIDAD

                                                                                                                                La mina de oro más grande en toda Colombia, ubicada en zona rural de Buriticá (Antioquia) y con capacidad para producir 9,1 toneladas anuales de ese mineral precioso, representa desde este año un problema de proporciones internacionales para Colombia como nación. La multinacional china Zijin Continental Gold demandó ante un tribunal internacional al país por no proteger su inversión en el municipio antioqueño, por la cual pagaron derechos de explotación por USD $1.000 millones en 2020. Los túneles de la mina están cada día más invadidos por mineros ilegales, en su mayoría pobladores regionales que sobreviven con el negocio del oro y la plata. A esas personas, el Clan del Golfo las controla, extorsiona, obliga a trabajos forzados y les pone control armado, afectando a los empleados, contratistas y, en definitiva, la operación de la multinacional china.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Zijin Continental Gold demandó al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Se trata de un prestigioso tribunal ante el cual multinacionales de la talla de WOM, Samsung, Movistar y mineras como Glencore o RedEagle, radican demandas contra países por lo que consideran graves fallas en la protección de sus inversiones, las que suelen ser multimillonarias. Para dar un ejemplo, cuando Colombia prohibió la minería en el páramo de Santurbán, en 2016, le cayeron un puñado de demandas de inversionistas extranjeros, en su mayoría canadienses, que reclamaron expropiación y trato injusto e inequitativo por parte de Colombia. El Espectador conoció los detalles del caso y el documento con el cual Zijin Continental Gold espera que el país sea condenado a pagar hasta USD$430 millones por el caso Buriticá.

                                                                                                                                Entrada, túneles, trabajadores y maquinaria de esta mina, ubicada en la vereda Higabra, en Buriticá (Antioquia).
                                                                                                                                Foto: Óscar Pérez

                                                                                                                                Los chinos se sienten estafados, desprotegidos y poco escuchados. Ante el CIADI explicaron como antecedente que, en 2011, el Ministerio de Minas y Energía del gobierno de Juan Manuel Santos sedujo a empresarios de todo el mundo para que invirtieran específicamente en Antioquia durante la Asociación de Prospectores y Desarrolladores, celebrada en Canadá. En la convención minera más importante de las Américas, Colombia puso en el mostrador internacional a la subregión occidente antioqueña por su potencial minero y ofreció estabilidad legal, política y económica. Santos buscaba darle más velocidad a, cómo su gobierno lo dijo, la “locomotora minero-energética” que entre 2002 y 2010 le había significado el 25,9% de la entrada de capital al país, según investigó Zijin.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                En ese contexto, en 2011, los canadienses de Continental Gold, empresa que luego sería comprada por Zijin, lograron que la secretaría de Minas de Antioquia combinara todos sus derechos mineros en una sola concesión en la jurisdicción de Buriticá. La mina más grande de Colombia, ubicada en un municipio de apenas 364 kilómetros cuadrados, asentado casi en la cúspide de una de las tupidas montañas que se unen con las del Bajo Cauca al oriente y con las que se encaminan al Urabá hacia el norte. Buriticá es en sí mismo una mina de oro, pues a excepción de las zonas de reserva forestal, casi todas sus hectáreas tienen solicitudes o títulos mineros adjudicados. Zijin compró los derechos de explotación en 2021, un año después, Colombia le aprobó una expansión y, con ello, se suponía que el inversionista tenía todo listo para su negocio.

                                                                                                                                Al contrario de lo que se esperaba, como se diría de manera metafórica, no todo lo que brilló fue oro. “Aunque Colombia indujo y se benefició de estas inversiones sustanciales, posteriormente ha violado las expectativas que formaron la base sobre la cual el demandante decidió invertir en el país, y en particular, ha fallado en cumplir sus promesas de apoyo y protección”, se lee en la demanda. Es un dato exacto afirmar que los mineros ilegales se están tomando la concesión de Zijin Continental Gold. Ante el tribunal internacional, el inversionista sostiene que perdieron el control de su operación. El 100% del túnel Yaraguá, el 40% del túnel Rampa Sur y el 30% del túnel Higabra. En este último está establecida la mayoría de las instalaciones de apoyo, incluyendo el campamento, las oficinas administrativas y las plantas de procesamiento y tratamiento del oro.

                                                                                                                                La intervención de los mineros ilegales es tal que, durante 2023, Zijin registró más de 90.000 detonaciones de personas que no tienen ningún derecho sobre la mina. El año pasado, los ilegales amenazaron a Zijin con más de 2.000 explosiones y tiroteos bajo tierra. “Los datos sugieren que alrededor de 100 toneladas de explosivos fueron utilizados por los mineros ilegales durante ese año para volar rocas y liberar los minerales auríferos en las áreas subterráneas”, se lee. La tendencia continuaría en 2024, pues las cuentas, a corte de mayo, van en 50.000 detonaciones ilegales y más de 750 tiroteos y otros ataques armados. El inversionista reporta 11 ataques directos a personal de la mina, entre ellos el asesinato de dos contratistas, en un atentado que dejó otras 14 personas heridas el año pasado.

                                                                                                                                Le puede interesar: Colombia se salvó de pagar una millonaria multa a inversionistas estadounidenses

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                El gobierno de Colombia

                                                                                                                                Presidente de la República durante la transmisión de mando del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia.
                                                                                                                                Foto: El Espectador - José Vargas
                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Se cree que la mina de Buriticá concesionada a favor de Zijin es, además, una de las más grandes de todo el mundo.
                                                                                                                                Foto: Óscar Pérez
                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Zijin había anunciado desde el año pasado su intención de iniciar un arbitraje. Ello obligó a Colombia a enfocar esfuerzos para llegar a una solución que no implicase llevar el caso a la justicia, con la coordinación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). El gobierno Petro tuvo varias reuniones con el inversionista para cumplir sus expectativas de seguridad en el territorio. El Espectador conoció que, según el gobierno, Colombia nunca estuvo, ni está dispuesto a arriesgar una sola vida inocente al interior de la mina, para proteger la inversión y combatir con fuego la minería ilegal. Bajo tierra están pobladores que sobreviven de esa economía y mineros ilegales controlados por el Clan del Golfo, en asociación con grupos como La Oficina de Envigado, el cual usa como escudos humanos a quienes pican la montaña.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Lea: Caso Cerro Matoso: Colombia perdió demanda con australianos y pagará US$9,5 millones

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                La defensa del Estado

                                                                                                                                El exconsejero de Estado, César Palomino, es nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
                                                                                                                                Foto: Óscar Pérez
                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                El costo humano

                                                                                                                                Habitantes de esta vereda de Buriticá, además, denuncian afectaciones en el medio ambiente y en su estado de salud como consecuencia de los residuos de la mina Zijin Continental Gold.
                                                                                                                                Foto: Óscar Pérez
                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                ¿La mina de Buriticá es una inversión de alto riesgo? Esa es otra de las aristas de este caso. Como establece Óscar Yesid Zapata, investigador de la Fundación Sumapaz, el municipio no es precisamente un paraíso. Desde 2010, se ha reportado el control territorial por parte del Clan del Golfo, el cual tenía la zona en disputa con las últimas facciones de las FARC que se desmovilizaron en 2016. Desde entonces, “la violencia en Buriticá se debe a la expansión del Clan, gracias a esos paramilitares en los noventa y principios del 2000 controlaron la región y que dejaron una capacidad instalada. Es un fortín económico, político y territorial, por ser un corredor estratégico en el departamento y porque la mina es toda una fuente de financiación”, expresó Zapata.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Sobre la minería ilegal dentro de las montañas no hay estudios en Colombia, sin embargo, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), en su último informe sobre explotación de oro en orillas y lechos de ríos (aluvión) establece que Antioquia es el segundo departamento más depredado. El informe es de 2022 y confirma que, desde 2014, Antioquia tiene registros de explotación de oro ilegal y sostenida, bajo la modalidad de aluvión, en más de 37.000 hectáreas. “La minería ilegal tiene todos los parámetros para ser considerada un problema internacional, porque crea unas condiciones propicias para el delito en el entorno local y crea condiciones para el tráfico de cocaína”, señala Leonardo Correa, coordinador del Área de Análisis, Monitoreo e Innovación de la Unodc.

                                                                                                                                Lea: Colombia le gana pleito a minera canadiense por proteger el páramo de Santurbán

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Andrea Agudelo, jefa del Área contra los Delitos Económicos de la Unodc, agrega que en departamentos como Antioquia “los mineros artesanales que trabajan las minas o los ríos, cuando van a la compraventa de oro, siempre piden el recibo. Con base en el total, el Clan del Golfo les cobra un porcentaje que puede ser entre cinco millones y 100 millones al mes. Y se asocian para el lavado de dinero con organizaciones como La Oficina, Los Pachelly y Los Mesa, que tienen sus negocios en la región. Y no solo eso. La maquinaria de extracción ilegal de oro se mueve por tierra, por las carreteras que los grupos armados mismos han forjado y por las que cobran una extorsión. Es un negocio altamente lucrativo que tiene el agravante de que el producto final es legal, a diferencia de la droga”.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Las consecuencias de esta economía ilegal se viven como un verdadero infierno. “Los intereses ilegales en torno al proyecto de Zijin se han intensificado y el Clan del Golfo ha llevado a cabo operaciones en el territorio. La comunidad ha visto perturbada su tranquilidad debido a la llegada no autorizada de este grupo a reuniones comunitarias. Se imponen con armas y establecen normas de convivencia, reglas, sanciones y amenazas de muerte a líderes sociales”, señaló una fuente de la región cuya seguridad es crítica, como para todo aquel que denuncie la forma en que los armados se enriquecen con Buriticá. Así las cosas, Colombia entra a defenderse de una demanda multimillonaria, buscando probar que hace cuanto puede por proteger los intereses de Zijin, sin descuidar la vida de los pobladores. Todo esto, aguantando el bochorno por haber perdido presencia estatal ante el Clan del Golfo, que goza su época de El Dorado en la montaña cedida a los chinos inversionistas.

                                                                                                                                **

                                                                                                                                Jhoan Sebastian Cote Lozano

                                                                                                                                jcote@elespectador.com

                                                                                                                                @SebasCote95

                                                                                                                                Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

                                                                                                                                Por Jhoan Sebastian Cote

                                                                                                                                Comunicador social con énfasis en periodismo y producción radiofónica de la Pontificia Universidad Javeriana. Formación como periodista judicial, con habilidades en cultura, deportes e historia. Creador de pódcast, periodismo narrativo y actualidad noticiosa.@SebasCote95jcote@elespectador.com
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