La Nación, responsable del secuestro de los diputados del Valle

La Nación, por medio del Ministerio de Defensa y la Policía, tiene responsabilidad en el secuestro -cuya consecuencia fue el asesinato a sangre fría- de 11 diputados del Valle del Cauca, a manos de la extinta guerrilla de las Farc. Esa fue la principal conclusión a la que llegó el Consejo de Estado, corporación que acaba de invalidar la sentencia de 2013 que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual rechazó la petición de los familiares de los diputados de declarar esa responsabilidad y de ser indemnizados.

La Sala Especial de Decisión No. 9 ordenó ″confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 11 de mayo de 2012 por el Juzgado Primero Administrativo de Cali, que fue adicionada y aclarada mediante sentencia complementaria de 7 de junio de 2012 y auto interlocutorio de la misma fecha, en cuanto declaró administrativamente responsable a la Nación, la Policía Nacional y el ministerio de Defensa", de acuerdo con la providencia.

Según el fallo del Consejo de Estado, las instituciones mencionadas deberán indemnizar a los familiares de las víctimas mortales, con el objetivo de reparar perjuicios morales, materiales y daño a la vida de relación. “Dicho monto será girado por la entidad condenada con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a cargo del cual se pagarán las indemnizaciones individuales del grupo, presentes y ausentes”, ordenó el alto tribunal.

(Lea también: “Nunca fue un trato digno”, reclaman familiares de los diputados del Valle).

Dentro de las consideraciones del Consejo de Estado, en cuanto a la revisión de la sentencia proferida en 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se determinó que esa corporación “se apartó del cuerpo de ley del derecho internacional humanitario en lo concerniente al deber de protección de los derechos humanos que debe asumir el Estado en los eventos de conflicto armado interno -en este caso secuestro y posterior asesinato-”.

Así mismo, el Consejo de Estado se amparó, entre otras determinaciones, en el artículo 90 de la Constitución Política, al considerar que “la atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes”. Es decir, que la fuerza pública tenía una especial tarea de protección sobre los diputados que no se cumplió.

Luego, con el objetivo de incluir precedentes aplicables al caso, el Consejo de Estado describió otros expedientes en los cuales el Estado debía actuar como garante, pero le fue imputada responsabilidad por incumplir ese deber. En tales sentencias se comprobó la omisión de las autoridades públicas al ser solicitada su amparo o cuando las mismas instituciones estaban en la capacidad de prevenir el riesgo y no actuaron, como los asesinatos contra dirigentes de la UP y del Partido Comunista, desapariciones forzadas de campesinos e, inclusive, atentados contra edificios.

“El daño antijurídico causado a los 11 diputados del Valle del Cauca, es atribuible fáctica y jurídicamente al Ministerio de Defensa - Policía Nacional, siendo la razón de ese juicio de atribución la falla en el servicio por omisión en el cumplimiento de los mandatos de protección y garantía del derecho fundamental a la seguridad personal de los miembros de la asamblea departamental del Valle del Cauca, que desencadenó en su asesinato en cautiverio el 7 de junio de 2007”, se afirma en el fallo.

Así las cosas, la Nación, la Policía Nacional y el ministerio de Defensa deberán indemnizar a los familiares de los 11 diputados asesinados en cautiverio. Los demandantes y beneficiarios deberán acreditar ante el Juzgado Primer Administrativo de Cali que pertenecen a este grupo y, luego, se les hará el pago de la reparación a través del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

Actos de reparación integral ordenados por el Consejo de Estado

De acuerdo con el fallo de la Sala Especial de Decisión, los familiares de las victimas no solo recibirán un indemnización económica por parte de las instituciones del Estado involucradas, también se realizarán ceremonias de memoria histórica y se dará clases a los efectivos de la fuerza pública.

En primer lugar, la Policía Nacional y el ministerio de Defensa, en cabeza del ministro Carlos Homes Trujillo y el director general Óscar Atehortúa, deberán celebrar un acto público de aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los 11 diputados fallecidos a manos de las Farc. Allí se deberá exaltar la dignidad humana de los funcionarios, en presencia de sus familiares -si estos desean estar en la ceremonia-.

Así mismo, deberán construir un monumento conmemorativo en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, con el objetivo de “preservar la dimensión objetiva de los derechos gravemente lesionados y dar muestra de la firme voluntad estatal de que lo acontecido no volverá a repetirse”. Nuevamente, los familiares de las victimas decidirán sobre la ejecución de tal acto de reparación.

Por último, la Policía Nacional y el ministerio de Defensa tendrán organizar campañas de capacitaciones en todos los Comandos, Batallones, Unidades y patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales según los estándares convencionales y constitucionales. Se obligará a estudiar el fallo en todos los cursos de formación y ascenso del Ejercito Nacional.

En segundo lugar, se le remitirá copia auténtica de la sentencia al Centro de Memoría Historíca para que se convierta en un elemento de la evidencia histórica del conflicto armado de Colombia. Además, “se remitirá copia del expediente y la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación con con la finalidad de que investiguen, disciplinaria y penalmente, a los agentes estatales involucrados en los hechos analizados en la presente sentencia, si aún no se lo ha hecho”, de acuerdo con la providencia.

La trágica muerte en cautiverio de los 11 diputados del Valle

El caso de la masacre de los diputados del Valle fue uno de los capítulos más sombríos de la historia del conflicto armado en Colombia. Las 11 víctimas fueron asesinadas con tiros de gracia el 18 de junio de 2007, en una zona cercana a la vereda San José de Tapaje, en el municipio de El Charco (Nariño). Sus verdugos, miembros del Comando Conjunto Occidental de las Farc, pensaron que un tropa del Ejercito iba a realizar un operativo de rescate en el campamento, sin embargo, se trataba en realidad de una patrulla de otra columna de la guerrilla. Los asesinaron ante la confusión.

Las victimas fueron ultimadas mientras se estaban bañando, con disparos de pistola que se incrustaron en la espalda. Tras lo sucedido, las Farc hicieron pasar la masacre como resultado de un enfrentamiento con el Ejercito, pero el recaudo de material probatorio indicó que murieron por tiros a quema ropa.

“Los cadáveres de los diputados se encontraron íntegros, perfectos. Tenían un olor muy característico. Los envolvieron sin pertenencias, es decir, el cadáver solito, los habían enterrado individualmente con ropa. Lo único que no tenían era los zapatos, pero sí la ropa que tenían puesta en el momento de la muerte”, aseguró Pedro Emilio Morales, patólogo de Medicina Legal de Cali, en apartados del libro Operación Palomera recogida por El Espectador.

(Lea también: “Relato del patólogo que identificó a los 11 diputados del Valle asesinados por las Farc”).

El único rehén sobreviviente fue Sigifredo López, quien se salvó por estar apartado de los demás secuestrados. El exdiputado había sido castigado cuatro días antes y obligado a aislarse del resto del grupo por un periodo de seis meses. Un acto de rebeldía, quizás, le salvó la vida. Luego, el 5 de febrero de 2009, López fue liberado en una acción integral entre las Farc, el gobierno de Brasil, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el grupo de políticos e intelectuales ‘Colombianos por la Paz’.

Las víctimas mortales fueron Ramiro Echeverry, Héctor Arismendy, Carlos Charry, Francisco Giraldo, Rufino Varela, Edinson Pérez, Nacianceno Orozco, Juan Carlos Narváez, Carlos Barragán Alberto Quintero Herrera y Jairo Javier Hoyos Salcedo.

Una coyuntura de reconciliación

El fallo del Consejo de Estado, que ordena reparar los familiares de los diputados de Valle masacrados, se da en medio de las recientes declaraciones de arrepentimiento del partido FARC, que en su etapa como milicia armada fue determinador del asesinato de los 11 secuestrados y, por supuesto, de la privación de la libertad de estos y de Sigifredo López.

De acuerdo con el comunicado firmado por Rodrigo Londoño, Timochenko, entre otros miembros del nuevo partido político, la quietud de la vida civil les ha permitido realizar una reflexión profunda sobre la guerra en la que participaron y fueron protagonista. Además, aseguran que “el secuestro fue un gravísimo error del que no pueden sino arrepentirse”.

“El secuestro sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Tomada esa decisión, en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar este lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada una y cada uno de nosotros”, afirman en la declaración.

(Lea también: “FARC dice que reclutamiento de menores fue “evidente” y no lo negaron ante JEP”).

Por último, el partido FARC aseguró que tendrán compromiso y voluntad para rendir cuentas ante la justicia, que invertirán el resto de sus vidas a “recomponer el mapa de los desaparecidos” y a buscar sus restos para entregárselos a sus familiares. Se comprometieron a luchar por la paz.

La Nación, por medio del Ministerio de Defensa y la Policía, tiene responsabilidad en el secuestro -cuya consecuencia fue el asesinato a sangre fría- de 11 diputados del Valle del Cauca, a manos de la extinta guerrilla de las Farc. Esa fue la principal conclusión a la que llegó el Consejo de Estado, corporación que acaba de invalidar la sentencia de 2013 que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual rechazó la petición de los familiares de los diputados de declarar esa responsabilidad y de ser indemnizados.

La Sala Especial de Decisión No. 9 ordenó ″confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 11 de mayo de 2012 por el Juzgado Primero Administrativo de Cali, que fue adicionada y aclarada mediante sentencia complementaria de 7 de junio de 2012 y auto interlocutorio de la misma fecha, en cuanto declaró administrativamente responsable a la Nación, la Policía Nacional y el ministerio de Defensa", de acuerdo con la providencia.

Según el fallo del Consejo de Estado, las instituciones mencionadas deberán indemnizar a los familiares de las víctimas mortales, con el objetivo de reparar perjuicios morales, materiales y daño a la vida de relación. “Dicho monto será girado por la entidad condenada con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a cargo del cual se pagarán las indemnizaciones individuales del grupo, presentes y ausentes”, ordenó el alto tribunal.

(Lea también: “Nunca fue un trato digno”, reclaman familiares de los diputados del Valle).

Dentro de las consideraciones del Consejo de Estado, en cuanto a la revisión de la sentencia proferida en 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se determinó que esa corporación “se apartó del cuerpo de ley del derecho internacional humanitario en lo concerniente al deber de protección de los derechos humanos que debe asumir el Estado en los eventos de conflicto armado interno -en este caso secuestro y posterior asesinato-”.

Así mismo, el Consejo de Estado se amparó, entre otras determinaciones, en el artículo 90 de la Constitución Política, al considerar que “la atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes”. Es decir, que la fuerza pública tenía una especial tarea de protección sobre los diputados que no se cumplió.

Luego, con el objetivo de incluir precedentes aplicables al caso, el Consejo de Estado describió otros expedientes en los cuales el Estado debía actuar como garante, pero le fue imputada responsabilidad por incumplir ese deber. En tales sentencias se comprobó la omisión de las autoridades públicas al ser solicitada su amparo o cuando las mismas instituciones estaban en la capacidad de prevenir el riesgo y no actuaron, como los asesinatos contra dirigentes de la UP y del Partido Comunista, desapariciones forzadas de campesinos e, inclusive, atentados contra edificios.

“El daño antijurídico causado a los 11 diputados del Valle del Cauca, es atribuible fáctica y jurídicamente al Ministerio de Defensa - Policía Nacional, siendo la razón de ese juicio de atribución la falla en el servicio por omisión en el cumplimiento de los mandatos de protección y garantía del derecho fundamental a la seguridad personal de los miembros de la asamblea departamental del Valle del Cauca, que desencadenó en su asesinato en cautiverio el 7 de junio de 2007”, se afirma en el fallo.

Así las cosas, la Nación, la Policía Nacional y el ministerio de Defensa deberán indemnizar a los familiares de los 11 diputados asesinados en cautiverio. Los demandantes y beneficiarios deberán acreditar ante el Juzgado Primer Administrativo de Cali que pertenecen a este grupo y, luego, se les hará el pago de la reparación a través del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

Actos de reparación integral ordenados por el Consejo de Estado

De acuerdo con el fallo de la Sala Especial de Decisión, los familiares de las victimas no solo recibirán un indemnización económica por parte de las instituciones del Estado involucradas, también se realizarán ceremonias de memoria histórica y se dará clases a los efectivos de la fuerza pública.

En primer lugar, la Policía Nacional y el ministerio de Defensa, en cabeza del ministro Carlos Homes Trujillo y el director general Óscar Atehortúa, deberán celebrar un acto público de aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los 11 diputados fallecidos a manos de las Farc. Allí se deberá exaltar la dignidad humana de los funcionarios, en presencia de sus familiares -si estos desean estar en la ceremonia-.

Así mismo, deberán construir un monumento conmemorativo en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, con el objetivo de “preservar la dimensión objetiva de los derechos gravemente lesionados y dar muestra de la firme voluntad estatal de que lo acontecido no volverá a repetirse”. Nuevamente, los familiares de las victimas decidirán sobre la ejecución de tal acto de reparación.

Por último, la Policía Nacional y el ministerio de Defensa tendrán organizar campañas de capacitaciones en todos los Comandos, Batallones, Unidades y patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales según los estándares convencionales y constitucionales. Se obligará a estudiar el fallo en todos los cursos de formación y ascenso del Ejercito Nacional.

En segundo lugar, se le remitirá copia auténtica de la sentencia al Centro de Memoría Historíca para que se convierta en un elemento de la evidencia histórica del conflicto armado de Colombia. Además, “se remitirá copia del expediente y la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación con con la finalidad de que investiguen, disciplinaria y penalmente, a los agentes estatales involucrados en los hechos analizados en la presente sentencia, si aún no se lo ha hecho”, de acuerdo con la providencia.

La trágica muerte en cautiverio de los 11 diputados del Valle

El caso de la masacre de los diputados del Valle fue uno de los capítulos más sombríos de la historia del conflicto armado en Colombia. Las 11 víctimas fueron asesinadas con tiros de gracia el 18 de junio de 2007, en una zona cercana a la vereda San José de Tapaje, en el municipio de El Charco (Nariño). Sus verdugos, miembros del Comando Conjunto Occidental de las Farc, pensaron que un tropa del Ejercito iba a realizar un operativo de rescate en el campamento, sin embargo, se trataba en realidad de una patrulla de otra columna de la guerrilla. Los asesinaron ante la confusión.

Las victimas fueron ultimadas mientras se estaban bañando, con disparos de pistola que se incrustaron en la espalda. Tras lo sucedido, las Farc hicieron pasar la masacre como resultado de un enfrentamiento con el Ejercito, pero el recaudo de material probatorio indicó que murieron por tiros a quema ropa.

“Los cadáveres de los diputados se encontraron íntegros, perfectos. Tenían un olor muy característico. Los envolvieron sin pertenencias, es decir, el cadáver solito, los habían enterrado individualmente con ropa. Lo único que no tenían era los zapatos, pero sí la ropa que tenían puesta en el momento de la muerte”, aseguró Pedro Emilio Morales, patólogo de Medicina Legal de Cali, en apartados del libro Operación Palomera recogida por El Espectador.

(Lea también: “Relato del patólogo que identificó a los 11 diputados del Valle asesinados por las Farc”).

El único rehén sobreviviente fue Sigifredo López, quien se salvó por estar apartado de los demás secuestrados. El exdiputado había sido castigado cuatro días antes y obligado a aislarse del resto del grupo por un periodo de seis meses. Un acto de rebeldía, quizás, le salvó la vida. Luego, el 5 de febrero de 2009, López fue liberado en una acción integral entre las Farc, el gobierno de Brasil, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el grupo de políticos e intelectuales ‘Colombianos por la Paz’.

Las víctimas mortales fueron Ramiro Echeverry, Héctor Arismendy, Carlos Charry, Francisco Giraldo, Rufino Varela, Edinson Pérez, Nacianceno Orozco, Juan Carlos Narváez, Carlos Barragán Alberto Quintero Herrera y Jairo Javier Hoyos Salcedo.

Una coyuntura de reconciliación

El fallo del Consejo de Estado, que ordena reparar los familiares de los diputados de Valle masacrados, se da en medio de las recientes declaraciones de arrepentimiento del partido FARC, que en su etapa como milicia armada fue determinador del asesinato de los 11 secuestrados y, por supuesto, de la privación de la libertad de estos y de Sigifredo López.

De acuerdo con el comunicado firmado por Rodrigo Londoño, Timochenko, entre otros miembros del nuevo partido político, la quietud de la vida civil les ha permitido realizar una reflexión profunda sobre la guerra en la que participaron y fueron protagonista. Además, aseguran que “el secuestro fue un gravísimo error del que no pueden sino arrepentirse”.

“El secuestro sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Tomada esa decisión, en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar este lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada una y cada uno de nosotros”, afirman en la declaración.

(Lea también: “FARC dice que reclutamiento de menores fue “evidente” y no lo negaron ante JEP”).

Por último, el partido FARC aseguró que tendrán compromiso y voluntad para rendir cuentas ante la justicia, que invertirán el resto de sus vidas a “recomponer el mapa de los desaparecidos” y a buscar sus restos para entregárselos a sus familiares. Se comprometieron a luchar por la paz.