La nueva hipótesis en el caso Odebrecht

Una de las 11 líneas de investigación en el caso Odebrecht está a punto de dar un giro de 180 grados. Se trata de los supuestos dineros que se le pagaron en 2014 al exsenador Otto Bula para que hiciera lobby político y pudiera lograr la adición del contrato Ocaña-Gamarra a la concesión de la Ruta del Sol sector 2. Si bien la Fiscalía le imputó cargos a Bula a mediados de enero, teniendo como soportes las pruebas que entregaron el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, y el representante legal, Yezid Arocha, hoy esos documentos y declaraciones están siendo revisados con lupa, pues en el organismo de investigación se maneja la hipótesis de que fueron alterados con el fin de conseguir beneficios judiciales.

Tanto Martorelli como Arocha negocian un principio de oportunidad con la Fiscalía gracias a la información que entregaron contra Bula. El excongresista fue capturado el 14 de enero y es investigado por los delitos de cohecho por ofrecer y enriquecimiento ilícito. La teoría, en ese momento, era que Bula se había encargado de “engrasar” a políticos y funcionarios con el fin de ejercer presión desde el Congreso y lograr la aprobación de la adición de casi $600.000 millones. Sin embargo, desde esa audiencia se empezaron a generar dudas, pues pocos tenían referenciado a Bula, un hombre que fue el segundo renglón de Mario Uribe, muy cercano al Ñoño Elías y sin el poder suficiente por sí solo como para manejar al Congreso.

Además, para la época en que la Fiscalía señaló que se dieron los supuestos debates de control político con los que se presionó para obtener la adición del contrato de la Ruta del Sol, entre octubre y agosto de 2013, La Silla Vacía recordó que el único ministro citado fue Mauricio Cárdenas, quien acudió al Congreso en seis oportunidades por esa fecha para responder por temas que nada tenían que ver con la vía Ocaña-Gamarra. Un hecho que no pasa desapercibido, pues los argumentos de la Fiscalía se centran en las declaraciones que el expresidente Martorelli les entregó a las autoridades de Estados Unidos, donde dijo que Otto Bula empezó a trabajar en 2013 con Odebrecht para mover sus fichas en el Congreso y gestionar la adición de la Ruta del Sol.

“La Fiscalía se encuentra investigando la veracidad de todas las declaraciones acopiadas, junto con el acervo probatorio existente y en proceso de recaudo, a nivel nacional e internacional”, dijo la entidad esta semana. Una frase que, junto con la información que han confirmado fuentes de la Fiscalía, deja ver que se cocina una nueva hipótesis en los corredores del búnker, pues hay piezas del rompecabezas que no terminan de encajar. En especial, lo dicho por Yezid Arocha y Eleuberto Martorelli.

El expediente García

Luego de que el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se comprometiera en 2015 con la justicia de Brasil y de Estados Unidos a develar la forma en que su maquinaria corrupta penetró más de 12 países, se dio la orden de que todos los directivos de la constructora brasileña viajaran a los países en los que ejercieron sus mandos y contactaran a la Fiscalía. A Colombia llegaron Luiz Antonio Bueno Junior, expresidente de Odebrecht Colombia y antecesor de Martorelli; Luiz Antonio Mameri, presidente para América Latina, y Luiz Eduardo da Rocha Soares, alto ejecutivo de la firma en Brasil y relacionado con la división de operaciones estructuradas, la oficina desde la que se despachaban los sobornos a cuentas en paraísos fiscales.

Los tres directivos de Odebrecht contrataron al abogado Vicente Gaviria. Durante el año 2016 empezaron a documentar el caso del pago de sobornos para lograr que les adjudicaran la construcción del sector 2 de la Ruta del Sol en 2009. Recopilaron los documentos y los giros que se hicieron en el exterior para pagarle al exviceministro de Transporte y exdirector del Inco Gabriel García, quien terminó ayudándoles a direccionar el proceso de licitación a favor de Odebrecht y sus socios. Asimismo, rindieron declaraciones para revelar las reuniones que sostuvieron con García y los compromisos a los que llegaron.

Se trató de un expediente robusto, que llegó acompañado de una denuncia radicada por Odebrecht contra García Morales, en la que recontaban el pago de sobornos por US$4,5 millones. Una fuente que conoce la investigación indicó que la denuncia hacía parte de la negociación de un principio de oportunidad que adelantaban los directivos de Odebrecht. Agregó que, en la audiencia de imputación de cargos, cuando García Morales vio las pruebas en su contra no le quedó otra opción que aceptar cargos por los delitos de cohecho propio —es decir, que recibió coimas—, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

El expediente Bula

La segunda carpeta que se armó en la Fiscalía con ayuda de Odebrecht fue la de Otto Bula. La colaboración en este caso fue directamente la de Eleuberto Martorelli, que llegó a Colombia en reemplazo de Luiz Bueno, y Yezid Arocha. El expresidente y el representante legal de Odebrecht Colombia armaron el expediente con las pruebas para demostrar que Bula incumplió su contrato de hacer lobby político para gestionar la adición del contrato Ocaña-Gamarra, por pagar coimas a funcionarios y congresistas. También manifestaron que el pago de US$4,6 millones por esos contratos fue ilegal, pues se habría hecho a cuentas offshore que ni Odebrecht ni Bula tenían registradas.

Esa información la recibió la Fiscalía, y al ver que el expediente García y el expediente Bula estaban vinculados al contrato de la Ruta del Sol, dieron credibilidad a lo dicho por los directivos de Odebrecht. Pero, a diferencia de las contundentes pruebas contra el exviceministro García, en la audiencia de imputación contra Bula se vieron las primeras irregularidades sobre la autenticidad de esos contratos entre Bula y Odebrecht en 2013: el excongresista no estaba en el país el 29 de mayo de 2013, día en que habría suscrito uno de los contratos. Estaba de viaje en Estados Unidos y regresó al país en la primera semana de junio de ese año.

Otto Bula no aceptó los cargos que le imputaron, pero decidió hablar con las autoridades. Fuentes cercanas al proceso explicaron que Bula le dijo a la Fiscalía que los únicos contratos que realmente firmó con Odebrecht fueron los del consorcio Navelena en 2016. Aseguró que, a mediados del año pasado, Eleuberto Martorelli lo contactó para que le ayudara a justificar unos gastos que la empresa no reportó en 2013 y 2014. Supuestamente lo hizo firmar unos contratos de asesoría ficticios. Bula dijo que se habría negado en un principio, pero que por su relación de vieja amistad con Martorelli accedió.

Para comprobar sus palabras, Bula le entregó a la Fiscalía una memoria en la que demostraría que los contratos en cuestión fueron amañados en 2016. La Fiscalía ya se pronunció al respecto y precisó que, si bien al inicio de la investigación se identificó la existencia de un contrato entre Bula y Odebrecht que hablaba de una comisión de éxito si se firmaba la adición del contrato Ruta del Sol, hay nuevos elementos de prueba que darían cuenta de que el contrato fue manipulado.

“Los elementos materiales probatorios recaudados a la fecha dan cuenta que el contrato aludido habría sido antedatado ‘a mediados del año 2016’, asignándole la fecha cinco (5) de agosto de 2013, con la participación del señor Otto Bula y reconocidos profesionales del derecho, a solicitud de funcionarios de la empresa brasileña. Al amparo de este contrato la firma Odebrecht habría efectuado pagos desde Brasil por la suma de USD$4,6 millones de dólares, a favor de empresas internacionales panameñas y chinas, principalmente, acerca de cuyos beneficiarios actualmente indaga la Fiscalía General de la Nación”, dijo el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

En pocas palabras, aún no está claro qué sucedió con los US$4,6 millones que Odebrecht supuestamente le dio a Otto Bula entre 2014 y 2016. Además se indaga sobre el rol que jugaron Yezid Arocha y el abogado Amilton Hideaki Sendai, quienes aparecen como firmantes de los sospechosos contratos de Bula. Arocha dijo en sus declaraciones ante las autoridades que él no tuvo nada que ver con la contratación de Bula, que quien estuvo al frente de ese tema fue Martorelli. Las dudas abundan y lo que es menos claro es si existió corrupción alrededor de la adición del contrato Ocaña-Gamarra.

Por lo que sí deberá responder Bula es por el millón de dólares que en 2014 le ayudó a monetizar ilegalmente a Martorelli. Según le dijo a la Fiscalía, ese año el expresidente de Odebrecht le pidió el favor de que lo ayudara a ingresar esa plata al país para entregársela a Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Bula sostuvo que ese dinero se lo hizo llegar a Prieto a través del empresario Andrés Giraldo Rivera, con quien se habría reunido en dos oportunidades. Estos hechos hoy son materia de investigación en la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Cabe recordar que Bula señaló que nunca mencionó que esos recursos fueran para financiar la campaña de Santos.

La mención de que la plata de Odebrecht habría entrado a la campaña de Santos la hizo el fiscal Martínez, a quien le llovieron críticas luego de que señalara que el único indicio que existía para compulsar copias al CNE era la declaración de Bula. En la Fiscalía se escuchó en interrogatorio durante esta semana a Roberto Prieto y Andrés Giraldo. Asimismo, el fiscal general viajó hasta Brasil a confrontar a Martorelli, no sólo por las inconsistencias de su declaración en el caso de Bula, sino para que aclarara su relación con Prieto y la campaña de Santos.

Con la nueva hipótesis que maneja la Fiscalía aún quedan muchas dudas por responder: ¿por qué razón Otto Bula firmó contratos falsos para ayudar a Martorelli? ¿Los directivos de Odebrecht se mintieron para recibir beneficios de la Fiscalía? ¿Cuál es la verdadera relación entre Bula y Martorelli? ¿Qué pasó con los otros US$3,1 millones que Bula ha dicho no haber recibido? Lo cierto es que Otto Bula, un hombre salpicado por paramilitarismo, líos de tierras y negocios con testaferros de la mafia, se convirtió en el eje central de una de las investigaciones más importantes de la historia moderna del país y que dejaría al descubierto la maquinaria corrupta que engrasó Odebrecht.

La plata que giró Odebrecht

$11,1 millones de dólares, al menos, fue la cifra total que Odebrecht pagó en sobornos para conseguir contratos en Colombia.

$6,5 millones de dólares fue la cantidad de plata que aceptó haber recibido el exviceministro y exdirector del Inco Gabriel García.

$4,6 millones de dólares habría sido el pago que recibió Otto Bula para hacer lobby político. Hoy, esa cifra no cuadra en las cuentas de la Fiscalía.

$1 millón de dólares fue lo que Otto Bula aceptó que recibió en 2014 por parte de Eleuberto Martorelli para entregárselos a Roberto Prieto.

$3,6 millones de dólares es la cifra que aún falta por establecer a dónde llegó. Se sabe que fue girada en 2014 pero se desconoce quién la recibió.

Una de las 11 líneas de investigación en el caso Odebrecht está a punto de dar un giro de 180 grados. Se trata de los supuestos dineros que se le pagaron en 2014 al exsenador Otto Bula para que hiciera lobby político y pudiera lograr la adición del contrato Ocaña-Gamarra a la concesión de la Ruta del Sol sector 2. Si bien la Fiscalía le imputó cargos a Bula a mediados de enero, teniendo como soportes las pruebas que entregaron el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, y el representante legal, Yezid Arocha, hoy esos documentos y declaraciones están siendo revisados con lupa, pues en el organismo de investigación se maneja la hipótesis de que fueron alterados con el fin de conseguir beneficios judiciales.

Tanto Martorelli como Arocha negocian un principio de oportunidad con la Fiscalía gracias a la información que entregaron contra Bula. El excongresista fue capturado el 14 de enero y es investigado por los delitos de cohecho por ofrecer y enriquecimiento ilícito. La teoría, en ese momento, era que Bula se había encargado de “engrasar” a políticos y funcionarios con el fin de ejercer presión desde el Congreso y lograr la aprobación de la adición de casi $600.000 millones. Sin embargo, desde esa audiencia se empezaron a generar dudas, pues pocos tenían referenciado a Bula, un hombre que fue el segundo renglón de Mario Uribe, muy cercano al Ñoño Elías y sin el poder suficiente por sí solo como para manejar al Congreso.

Además, para la época en que la Fiscalía señaló que se dieron los supuestos debates de control político con los que se presionó para obtener la adición del contrato de la Ruta del Sol, entre octubre y agosto de 2013, La Silla Vacía recordó que el único ministro citado fue Mauricio Cárdenas, quien acudió al Congreso en seis oportunidades por esa fecha para responder por temas que nada tenían que ver con la vía Ocaña-Gamarra. Un hecho que no pasa desapercibido, pues los argumentos de la Fiscalía se centran en las declaraciones que el expresidente Martorelli les entregó a las autoridades de Estados Unidos, donde dijo que Otto Bula empezó a trabajar en 2013 con Odebrecht para mover sus fichas en el Congreso y gestionar la adición de la Ruta del Sol.

“La Fiscalía se encuentra investigando la veracidad de todas las declaraciones acopiadas, junto con el acervo probatorio existente y en proceso de recaudo, a nivel nacional e internacional”, dijo la entidad esta semana. Una frase que, junto con la información que han confirmado fuentes de la Fiscalía, deja ver que se cocina una nueva hipótesis en los corredores del búnker, pues hay piezas del rompecabezas que no terminan de encajar. En especial, lo dicho por Yezid Arocha y Eleuberto Martorelli.

El expediente García

Luego de que el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se comprometiera en 2015 con la justicia de Brasil y de Estados Unidos a develar la forma en que su maquinaria corrupta penetró más de 12 países, se dio la orden de que todos los directivos de la constructora brasileña viajaran a los países en los que ejercieron sus mandos y contactaran a la Fiscalía. A Colombia llegaron Luiz Antonio Bueno Junior, expresidente de Odebrecht Colombia y antecesor de Martorelli; Luiz Antonio Mameri, presidente para América Latina, y Luiz Eduardo da Rocha Soares, alto ejecutivo de la firma en Brasil y relacionado con la división de operaciones estructuradas, la oficina desde la que se despachaban los sobornos a cuentas en paraísos fiscales.

Los tres directivos de Odebrecht contrataron al abogado Vicente Gaviria. Durante el año 2016 empezaron a documentar el caso del pago de sobornos para lograr que les adjudicaran la construcción del sector 2 de la Ruta del Sol en 2009. Recopilaron los documentos y los giros que se hicieron en el exterior para pagarle al exviceministro de Transporte y exdirector del Inco Gabriel García, quien terminó ayudándoles a direccionar el proceso de licitación a favor de Odebrecht y sus socios. Asimismo, rindieron declaraciones para revelar las reuniones que sostuvieron con García y los compromisos a los que llegaron.

Se trató de un expediente robusto, que llegó acompañado de una denuncia radicada por Odebrecht contra García Morales, en la que recontaban el pago de sobornos por US$4,5 millones. Una fuente que conoce la investigación indicó que la denuncia hacía parte de la negociación de un principio de oportunidad que adelantaban los directivos de Odebrecht. Agregó que, en la audiencia de imputación de cargos, cuando García Morales vio las pruebas en su contra no le quedó otra opción que aceptar cargos por los delitos de cohecho propio —es decir, que recibió coimas—, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

El expediente Bula

La segunda carpeta que se armó en la Fiscalía con ayuda de Odebrecht fue la de Otto Bula. La colaboración en este caso fue directamente la de Eleuberto Martorelli, que llegó a Colombia en reemplazo de Luiz Bueno, y Yezid Arocha. El expresidente y el representante legal de Odebrecht Colombia armaron el expediente con las pruebas para demostrar que Bula incumplió su contrato de hacer lobby político para gestionar la adición del contrato Ocaña-Gamarra, por pagar coimas a funcionarios y congresistas. También manifestaron que el pago de US$4,6 millones por esos contratos fue ilegal, pues se habría hecho a cuentas offshore que ni Odebrecht ni Bula tenían registradas.

Esa información la recibió la Fiscalía, y al ver que el expediente García y el expediente Bula estaban vinculados al contrato de la Ruta del Sol, dieron credibilidad a lo dicho por los directivos de Odebrecht. Pero, a diferencia de las contundentes pruebas contra el exviceministro García, en la audiencia de imputación contra Bula se vieron las primeras irregularidades sobre la autenticidad de esos contratos entre Bula y Odebrecht en 2013: el excongresista no estaba en el país el 29 de mayo de 2013, día en que habría suscrito uno de los contratos. Estaba de viaje en Estados Unidos y regresó al país en la primera semana de junio de ese año.

Otto Bula no aceptó los cargos que le imputaron, pero decidió hablar con las autoridades. Fuentes cercanas al proceso explicaron que Bula le dijo a la Fiscalía que los únicos contratos que realmente firmó con Odebrecht fueron los del consorcio Navelena en 2016. Aseguró que, a mediados del año pasado, Eleuberto Martorelli lo contactó para que le ayudara a justificar unos gastos que la empresa no reportó en 2013 y 2014. Supuestamente lo hizo firmar unos contratos de asesoría ficticios. Bula dijo que se habría negado en un principio, pero que por su relación de vieja amistad con Martorelli accedió.

Para comprobar sus palabras, Bula le entregó a la Fiscalía una memoria en la que demostraría que los contratos en cuestión fueron amañados en 2016. La Fiscalía ya se pronunció al respecto y precisó que, si bien al inicio de la investigación se identificó la existencia de un contrato entre Bula y Odebrecht que hablaba de una comisión de éxito si se firmaba la adición del contrato Ruta del Sol, hay nuevos elementos de prueba que darían cuenta de que el contrato fue manipulado.

“Los elementos materiales probatorios recaudados a la fecha dan cuenta que el contrato aludido habría sido antedatado ‘a mediados del año 2016’, asignándole la fecha cinco (5) de agosto de 2013, con la participación del señor Otto Bula y reconocidos profesionales del derecho, a solicitud de funcionarios de la empresa brasileña. Al amparo de este contrato la firma Odebrecht habría efectuado pagos desde Brasil por la suma de USD$4,6 millones de dólares, a favor de empresas internacionales panameñas y chinas, principalmente, acerca de cuyos beneficiarios actualmente indaga la Fiscalía General de la Nación”, dijo el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

En pocas palabras, aún no está claro qué sucedió con los US$4,6 millones que Odebrecht supuestamente le dio a Otto Bula entre 2014 y 2016. Además se indaga sobre el rol que jugaron Yezid Arocha y el abogado Amilton Hideaki Sendai, quienes aparecen como firmantes de los sospechosos contratos de Bula. Arocha dijo en sus declaraciones ante las autoridades que él no tuvo nada que ver con la contratación de Bula, que quien estuvo al frente de ese tema fue Martorelli. Las dudas abundan y lo que es menos claro es si existió corrupción alrededor de la adición del contrato Ocaña-Gamarra.

Por lo que sí deberá responder Bula es por el millón de dólares que en 2014 le ayudó a monetizar ilegalmente a Martorelli. Según le dijo a la Fiscalía, ese año el expresidente de Odebrecht le pidió el favor de que lo ayudara a ingresar esa plata al país para entregársela a Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Bula sostuvo que ese dinero se lo hizo llegar a Prieto a través del empresario Andrés Giraldo Rivera, con quien se habría reunido en dos oportunidades. Estos hechos hoy son materia de investigación en la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Cabe recordar que Bula señaló que nunca mencionó que esos recursos fueran para financiar la campaña de Santos.

La mención de que la plata de Odebrecht habría entrado a la campaña de Santos la hizo el fiscal Martínez, a quien le llovieron críticas luego de que señalara que el único indicio que existía para compulsar copias al CNE era la declaración de Bula. En la Fiscalía se escuchó en interrogatorio durante esta semana a Roberto Prieto y Andrés Giraldo. Asimismo, el fiscal general viajó hasta Brasil a confrontar a Martorelli, no sólo por las inconsistencias de su declaración en el caso de Bula, sino para que aclarara su relación con Prieto y la campaña de Santos.

Con la nueva hipótesis que maneja la Fiscalía aún quedan muchas dudas por responder: ¿por qué razón Otto Bula firmó contratos falsos para ayudar a Martorelli? ¿Los directivos de Odebrecht se mintieron para recibir beneficios de la Fiscalía? ¿Cuál es la verdadera relación entre Bula y Martorelli? ¿Qué pasó con los otros US$3,1 millones que Bula ha dicho no haber recibido? Lo cierto es que Otto Bula, un hombre salpicado por paramilitarismo, líos de tierras y negocios con testaferros de la mafia, se convirtió en el eje central de una de las investigaciones más importantes de la historia moderna del país y que dejaría al descubierto la maquinaria corrupta que engrasó Odebrecht.

La plata que giró Odebrecht

$11,1 millones de dólares, al menos, fue la cifra total que Odebrecht pagó en sobornos para conseguir contratos en Colombia.

$6,5 millones de dólares fue la cantidad de plata que aceptó haber recibido el exviceministro y exdirector del Inco Gabriel García.

$4,6 millones de dólares habría sido el pago que recibió Otto Bula para hacer lobby político. Hoy, esa cifra no cuadra en las cuentas de la Fiscalía.

$1 millón de dólares fue lo que Otto Bula aceptó que recibió en 2014 por parte de Eleuberto Martorelli para entregárselos a Roberto Prieto.

$3,6 millones de dólares es la cifra que aún falta por establecer a dónde llegó. Se sabe que fue girada en 2014 pero se desconoce quién la recibió.