La oferta secreta de los narcos para entregarse

El pasado 10 de diciembre, ante una fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio, Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, confesó desde Estados Unidos que entre 2010 y 2011 él y otros capos del narcotráfico, como Diego Rastrojo, Cuchillo y el Loco Barrera, adelantaron aproximaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos para desarmar sus ejércitos y acabar con el narcotráfico en el país. La propuesta fue remitida a través de un documento con las huellas de los mafiosos (Vea aquí el documento con la propuesta) y un video, pero finalmente no cuajó porque, según Comba, se exigió un acompañamiento del gobierno americano que nunca llegó y “el Gobierno colombiano dilató el proyecto y empezaron a capturar a mi gente; al ver que pasaba el tiempo y no sucedía nada tomo la decisión con el gobierno americano y me entrego”.

Lo grave de su declaración, conocida por El Espectador, es que Comba sostuvo que a J. J. Rendón, hoy asesor del presidente Juan Manuel Santos, estos narcos le entregaron US$12 millones para que desarrollara la fórmula de esta propuesta de sometimiento a la justicia y se la transmitiera al jefe de Estado. Consultado por este diario, Rendón desmintió la entrega de cualquier dinero, pidió a la Fiscalía ser investigado y recalcó que por su cercanía con el presidente Santos en 2011 unos abogados, que representaban a estos capos, le pidieron que sirviera como puente para hacerle conocer al alto gobierno una propuesta para desmovilizarse, entregar sus rutas y buscar salidas alternativas para ellos. Rendón aseguró que simplemente ofició como un canal para llevar esa correspondencia y que él mismo la entregó a la Fiscalía para su análisis.

“Ahí no hubo nada escondido. Todo quedó sobre la mesa. No estoy ni en licitaciones ni en componendas, y el que tenga algo concreto que denunciar que lo haga, pero con pruebas, no con chismes. Hubo una gestión. Me reuní con el presidente, le entregué eso y me fui. El presidente dijo que la Fiscalía se encargaría de eso. Esta denuncia parece otro complot en mi contra. Que abran una investigación y que prueben eso que dicen”, explicó Rendón. Su abogado Abelardo de la Espriella manifestó: “Le sugerí antes que nada poner el asunto en conocimiento del presidente y la entonces fiscal (Viviane Morales). Ambos funcionarios sabían de los acercamientos de J. J., que tenían como único propósito la entrega de un grupo significativo de narcotraficantes y generar un hecho político favorable al Gobierno. Entiendo que jamás se ventilaron acuerdos económicos, pero como apoderado de Rendón solicitaré una investigación para que la Fiscalía establezca el papel de mi representado en este bochornoso asunto”.

El Espectador investigó este asunto y accedió a un extenso documento de 109 páginas titulado “Agenda para solucionar el problema del narcotráfico y la violencia que genera”, elaborado en junio de 2011, en el que se establecía que J. J. Rendón oficiaba como estratega general de esta propuesta, que tenía como facilitadores al exguerrillero del Eln Francisco Galán y Jorge Castañeda; y como mediadores a los abogados José Ignacio Londoño y José Mira. Varias fuentes consultadas por este diario confirmaron que este proyecto fue conocido por el alto gobierno, la exfiscal Morales, la dirección de la Policía, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, los intermediarios del proceso y el presidente Santos. En esencia, el documento es un completo abecé del plan para que el 90% de las cabezas del narcotráfico y sus hombres abandonaran el negocio a cambio de la no extradición y la exclusión de sus familias de procesos penales.

El proyecto comenzaba así: “Al cumplirse los primeros 10 meses del nuevo gobierno, la sociedad colombiana tiene altas expectativas en torno a su futuro, y uno de sus anhelos más reiterados durante décadas es que se puede erradicar de manera definitiva el problema del narcotráfico y la violencia que genera. Las condiciones nacionales e internacionales son idóneas para desarrollar una agenda de solución al problema del narcotráfico, con alcances no sólo en el país, sino en la región y en todo el hemisferio occidental”. En las primeras páginas de esta propuesta de sometimiento se comparan otros procesos de negociación, como los ocurridos con el capo Pablo Escobar, los narcos Henry Loaiza, alias El Alacrán; Víctor Patiño Fómeque; Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta; el propio proceso con las autodefensas en Santa Fe de Ralito, y la entrega del jefe de la Oficina de Envigado, Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, a la justicia de Estados Unidos.

Al revisar este cuadro comparativo se evaluaron si en esos procesos hubo aval de Estados Unidos, normas o leyes especiales, cuáles fueron los compromisos de los gobiernos de entonces, la entrega de las estructuras, rutas, armas, tierras, bienes y dinero de los ilegales y dónde cumplieron su pena. A renglón seguido se resalta en el documento que para la seguridad de las partes se debía crear un mecanismo de verificación que no descartaba veedores internacionales y un compromiso inamovible: no volver a delinquir. El proceso estaría sustentado en cinco premisas. La primera era que como resultado “de la fuerza disuasiva del Estado” estos actores debían desmontar el narcotráfico y sus estructuras, y entregarle al Estado toda la información sobre cultivos, laboratorios, informantes, enlaces con el Estado y toda la cadena del negocio. La segunda premisa era dejar sin su principal combustible a la violencia que generan “las guerrillas y las bacrim, así como las bandas y los combos en las ciudades”.

El tercer pilar señalaba que la entrega de miles de hectáreas de tierra por parte de estos capos le serviría al Estado para financiar proyectos productivos en las zonas de desarticulación de esta actividad ilegal. En ese contexto, el cuarto punto analizaba el impacto global en el mercado de drogas en Norteamérica y otros destinos de consumo. La última premisa concluía que era quizás esta negociación la última oportunidad para alcanzar la paz con estos actores del conflicto. En esta bitácora de aproximaciones aparece un documento titulado “Iniciativa Punto Final”, elaborado en octubre de 2010, en el que los capos firmantes señalaban su voluntad de contribuir a un proceso de reconciliación nacional, conscientes de que el narcotráfico “constituye un negocio rentable, pero cada vez más riesgoso”, que “ha generado una cultura de la violencia que ha dejado miles de muertes”.

En el documento en poder de El Espectador se leen los cálculos estimados para desmantelar sus organizaciones. Por ejemplo, los hermanos Comba y Diego Rastrojo prometieron sacar del negocio a 3.000 de sus hombres; alias Sebastián de la Oficina de Envigado, 2.000; los hermanos Úsuga, hoy jefes de los Urabeños, le manifestaron al obispo de Montería su intención de someter a 1.000 de sus miembros, lo mismo hizo alias Valenciano, quien dijo estar en capacidad de desmovilizar esa misma cantidad de hombres. Al final, Daniel el Loco Barrera y Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, hablaron en conjunto de 1.200 integrantes. Lo curioso es que nunca se formalizó este proyecto de sometimiento y todos estos capos terminaron capturados, extraditados o negociando su entrega a Estados Unidos. En el documento se dejó constancia de que el narcotráfico se había atomizado y la única salida colectiva para frenar su expansión era un proceso así.

Tan detallada era la propuesta, que había análisis sobre cómo se movían las mafias del narcotráfico entre Urabá y Ecuador, las zonas de mayor riesgo y cultivos ilícitos e ideas concretas para suspender el negocio por el Pacífico, que según sus cuentas reduciría en un 60% las exportaciones de droga por esta zona; así como el compromiso de desarticular los corredores de la guerrilla de las Farc, la ubicación de sus cultivos e información sobre las rutas de salida de lanchas rápidas, submarinos y barcos con coca. La propuesta para detener el tráfico en el corredor entre Urabá y La Guajira, en donde hacen presencia los Urabeños, los Rastrojos y los Paisas, era lograr la reducción de un 50% de la circulación de la droga, al tiempo que se debían entregar datos confidenciales sobre los patrocinadores y sus enlaces con la Fuerza Pública.

Más adelante esta iniciativa aseguraba que los capos estaban en capacidad de entregar bienes y empresas, nombres de proveedores, socios y recursos en efectivo generados por esta actividad ilegal que serían puestos en custodia de un delegado oficial del Gobierno. Con otra garantía: la elaboración de un censo “de miembros directos e indirectos” de cada organización y bloquear cualquier intento de disidencia entre sus hombres con el objetivo de que ninguno se apoderara del negocio o se saliera del redil. En ese contexto se contempló la posibilidad de invitar a otras organizaciones a someterse a este proceso de “cooperación extraordinaria” sobre la base de dos condiciones: que el Estado retomara el control de las regiones donde se desmontaría la actividad ilegal y el aval de Estados Unidos y la comunidad internacional.

“Solicitamos la suspensión temporal de órdenes de captura y de cualquier orden de extradición con cualquier país con el que se tenga convenio, y solicitamos sus buenos oficios (se refiere al Gobierno) para alcanzar cualquier otra disposición que requiera el proceso para dar paso a los procedimientos que nos permitan llegar a la conclusión de estos compromisos”, reza uno de los apartes del documento. En el capítulo sobre el “Análisis de los actores” se especula que en principio podrían convertirse en aliados o apoyar este proceso el vicepresidente Angelino Garzón, dirigentes liberales de la talla de los expresidentes César Gaviria o Ernesto Samper, el electo congresista Horacio Serpa, el entonces ministro de Defensa Rodrigo Rivera, los congresistas Jesús García, Mauricio Lizcano y Roy Barreras, representantes de la Iglesia como Rubén Salazar y monseñor Julio César Vidal, y hasta el hoy alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En ninguna parte se especifica que todas estas personas hubieran sido consultadas para tal propósito.

En contraste, se contemplaba que quienes se mostrarían en contra de esta apuesta serían las Farc, los carteles mexicanos y los paramilitares desmovilizados que seguramente “pedirían renegociación”. Se proyectaron cuatro fases del proceso. La primera de exploración, en donde se concretaban manifestaciones voluntarias y unilaterales de los capos a través de cartas y mensajes directos enviados a monseñor Vidal y al jefe guerrillero Francisco Galán. La fase dos consistía en una carta de intención formal de lo que ellos denominaron “Plan de sometimiento y cooperación extraordinaria para el desmonte del narcotráfico en Colombia”. El tercer paso era la apertura del proceso de diálogo directo y reservado, que constaba de dos partes: la definición de un equipo mediador y de los interlocutores del Estado, así como de la elaboración del censo de hombres en armas, bienes y recursos dispuestos a entregar. A su turno debía estar lista una solución jurídica definitiva con Estados Unidos y la Fiscalía, y unos modelos socioeconómicos para erradicar el narcotráfico.

La última fase consistía en desarrollar una agenda conjunta de conversaciones, establecer tiempos y metodologías, definir unas rutas jurídicas y políticas, y elaborar unos escenarios y planes de comunicación para hacerle oficial al país estas negociaciones. Incluso se pensó en un Estado extranjero como Honduras para facilitar estos encuentros y la posibilidad de otorgar visas, de ser necesario, salvoconductos y autorizaciones, un grupo de seguridad y acompañamientos de organismos como la ONU. El documento es concreto en la obligación de los capos de ubicar caletas, acciones e inversiones en la bolsa y en el extranjero, de entregar casas, edificios, terrenos y hasta obras de arte, así como rutas y puntos de embarque, y un listado de sus colaboradores, georreferenciación de cultivos ilícitos y puntos de venta. También se analizó la posibilidad de que se acogieran a un principio de oportunidad para obtener rebajas procesales.

Además, se consideró el escenario de repatriar algunos extraditados a cambio de información y desmonte de sus estructuras e incluso un período de gracia de 90 días, que podía ser anunciado por el Gobierno una vez se hicieran públicos estos acercamientos, con el fin de atraer el mayor número de narcotraficantes a este acuerdo. Fue tan milimétrica la propuesta, que se aventuraron escenarios entre la semana uno y la semana 12, tiempo en el que calculaban que podrían sacar esta iniciativa adelante. En la semana cinco, por ejemplo, se reseñaba que debía haber un cabildeo con países vecinos, como México y Estados Unidos, para “construir una alianza continental contra el narcotráfico”. En la semana 12 ya se habría anunciado un acuerdo de punto final, concretado la capitulación de estas organizaciones y se daría inicio a la etapa del posconflicto.

Se llegaron a considerar tres nombres de esta gigantesca operación que nunca se concretó: ‘Operación Punto Final’, ‘Operación Torrente’ y ‘Operación Caída y Mesa Limpia’. Y se definió que el gobierno Santos socializara esta iniciativa con el Congreso y las altas cortes, que se concretara un acuerdo de protección de testigos con Estados Unidos en Panamá y la eventual colaboración del gobierno de Honduras para acompañar la negociación. Además se dejó claro que cualquier filtración de este documento o las intimidades de estos posibles acuerdos pondría en riesgo el proyecto. Sin embargo, éste jamás vio la luz, al parecer como declaró Comba recientemente desde Estados Unidos, porque a los americanos no les gustó la propuesta y el gobierno Santos dio la orden de perseguirlos, capturarlos y extraditarlos, tal como ocurrió con la mayoría.

A pesar de que J. J. Rendón le dijo a este diario que nada de secreto tenían estas aproximaciones, lo cierto es que sólo hasta hoy el país se entera de la propuesta en detalle que en el año 2011 le formalizaron los mayores capos de la droga al gobierno de Juan Manuel Santos. En cambio, sí tomó forma el proceso de paz con la guerrilla de las Farc. Justamente, hoy se discute en La Habana el tercer punto de la agenda relacionado con el narcotráfico. Fuentes consultadas por El Espectador aseguraron que se frustró este proyecto de sometimiento con los barones de la droga por múltiples razones y confirmaron que J. J. Rendón sí participó activamente en la gestación del plan. Él sostiene que ofició como un simple mensajero y que poco se enteró de las minucias del proceso. Ahora deberá responder a la acusación de que se le entregaron US$12 millones para cabildear esta propuesta, un señalamiento que él redujo a un nuevo complot en su contra.

Las negociaciones con ‘narcos’ en los 80

En medio de la crisis política que vivía el país, azotada por la mano oscura del narcotráfico, los medios de comunicación dieron a conocer supuestos documentos en los que se proponía un preacuerdo entre los gobiernos de la época y los más temidos narcotraficantes: Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha. Según se conoció, la primera reunión se dio en 1983 con miembros del gobierno de Belisario Betancur. Posteriormente, los capos del cartel de Medellín le entregaron una propuesta al expresidente Alfonso López Michelsen, quien se la hizo llegar al Presidente. Sin embargo, todos los intentos se vinieron abajo en 1984 cuando en julio de ese año El Tiempo público un reportaje llamado “Narcotraficantes formulan propuesta al Gobierno nacional”, en el que ofrecían el desmonte de su negocio, con entrega de laboratorios, pistas clandestinas y repatriación de capitales, entre otras concesiones, a cambio de neutralizar la extradición de los narcotraficantes y suspender los operativos contra sus bienes materiales y sus familias. Pese a ello, con el escándalo mediático todo quedó sepultado hasta cuatro años después.

El segundo intento de sometimiento

El baño de sangre no cesaba y los narcotraficantes del cartel de Medellín buscaban por todos lados la posibilidad de evitar ser extraditados a través de una negociación con el Gobierno en 1988. Algo parecido a lo que hicieron en el 83 y 84. Todo parecía ir por buen camino, pero la publicación de una columna de opinión en el diario ‘La Prensa’, el 7 de octubre de 1989 en la que relataban en detalle la negociación que habían adelantado el exministro antioqueño Joaquín Vallejo, el secretario de Presidencia Germán Montoya Vélez, el abogado Guido Parra, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, reversó las pretensiones de los ‘narcos’. Todo quedó en el olvido y la propuesta de retirarse del negocio de la droga y desmantelar otras organizaciones, a cambio de acabar con la extradición y gestionar una amnistía patrimonial para sanear sus capitales, jamás se concretó.

La oferta del cartel del Norte del Valle

El 23 de diciembre de 2002, monseñor Hernán Giraldo Jaramillo, obispo de la Diócesis de Buga, le comentó al entonces ministro de Justicia y del Interior de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, que los máximos jefes del cartel del Norte del Valle estaban dispuestos a iniciar una negociación con el Gobierno con el fin de no ser extraditados.

Se trataba de una oferta realizada por Hernando Alberto Gómez, alias Rasguño, Diego León Montoya, alias Don Diego y Wílber Varela, alias Jabón, quienes a través de la iglesia intentaron hacer llegar sus pretensiones al gobierno Uribe, que desde esa época ya empezaba los primeros diálogos con los paramilitares.
El Espectador reveló esta información el 12 de enero de 2003 y en esa ocasión las fuentes le advirtieron que no se podía hablar del tema porque apenas estaban en etapa exploratoria, pero que los ‘narcos’ se habían comprometido a desmontar el negocio, entregar rutas, laboratorios y cultivos, el sometimiento a la justicia colombiana, a cambio de que sus penas fueran purgadas en cárceles del país y la garantía de no ser extraditados.

Carlos Castaño y la DEA

Una de las principales hipótesis sobre la muerte de Carlos Castaño es que todo se produjo por su acercamiento a las autoridades norteamericanas, especialmente a la DEA. Era el año 2004 cuando el máximo jefe del paramilitarismo colombiano empezó a darse cuenta de que los nexos de las autodefensas con los carteles de la droga tarde o temprano se conocerían. Sin embargo, lo que supuestamente ocasionó que el menor de los Castaño fuera asesinado por orden de su propio hermano Vicente fue que se opuso a que narcotraficantes se colaran al proceso de Justicia y Paz. Cosa que terminó sucediendo, ya que en mayo de 2008 varios jefes paramilitares y narcotraficantes terminaron en cárceles de Estados Unidos porque se demostró que siguieron delinquiendo desde prisión y traficando droga a Europa y Estados Unidos.
 

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9

El pasado 10 de diciembre, ante una fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio, Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, confesó desde Estados Unidos que entre 2010 y 2011 él y otros capos del narcotráfico, como Diego Rastrojo, Cuchillo y el Loco Barrera, adelantaron aproximaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos para desarmar sus ejércitos y acabar con el narcotráfico en el país. La propuesta fue remitida a través de un documento con las huellas de los mafiosos (Vea aquí el documento con la propuesta) y un video, pero finalmente no cuajó porque, según Comba, se exigió un acompañamiento del gobierno americano que nunca llegó y “el Gobierno colombiano dilató el proyecto y empezaron a capturar a mi gente; al ver que pasaba el tiempo y no sucedía nada tomo la decisión con el gobierno americano y me entrego”.

Lo grave de su declaración, conocida por El Espectador, es que Comba sostuvo que a J. J. Rendón, hoy asesor del presidente Juan Manuel Santos, estos narcos le entregaron US$12 millones para que desarrollara la fórmula de esta propuesta de sometimiento a la justicia y se la transmitiera al jefe de Estado. Consultado por este diario, Rendón desmintió la entrega de cualquier dinero, pidió a la Fiscalía ser investigado y recalcó que por su cercanía con el presidente Santos en 2011 unos abogados, que representaban a estos capos, le pidieron que sirviera como puente para hacerle conocer al alto gobierno una propuesta para desmovilizarse, entregar sus rutas y buscar salidas alternativas para ellos. Rendón aseguró que simplemente ofició como un canal para llevar esa correspondencia y que él mismo la entregó a la Fiscalía para su análisis.

“Ahí no hubo nada escondido. Todo quedó sobre la mesa. No estoy ni en licitaciones ni en componendas, y el que tenga algo concreto que denunciar que lo haga, pero con pruebas, no con chismes. Hubo una gestión. Me reuní con el presidente, le entregué eso y me fui. El presidente dijo que la Fiscalía se encargaría de eso. Esta denuncia parece otro complot en mi contra. Que abran una investigación y que prueben eso que dicen”, explicó Rendón. Su abogado Abelardo de la Espriella manifestó: “Le sugerí antes que nada poner el asunto en conocimiento del presidente y la entonces fiscal (Viviane Morales). Ambos funcionarios sabían de los acercamientos de J. J., que tenían como único propósito la entrega de un grupo significativo de narcotraficantes y generar un hecho político favorable al Gobierno. Entiendo que jamás se ventilaron acuerdos económicos, pero como apoderado de Rendón solicitaré una investigación para que la Fiscalía establezca el papel de mi representado en este bochornoso asunto”.

El Espectador investigó este asunto y accedió a un extenso documento de 109 páginas titulado “Agenda para solucionar el problema del narcotráfico y la violencia que genera”, elaborado en junio de 2011, en el que se establecía que J. J. Rendón oficiaba como estratega general de esta propuesta, que tenía como facilitadores al exguerrillero del Eln Francisco Galán y Jorge Castañeda; y como mediadores a los abogados José Ignacio Londoño y José Mira. Varias fuentes consultadas por este diario confirmaron que este proyecto fue conocido por el alto gobierno, la exfiscal Morales, la dirección de la Policía, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, los intermediarios del proceso y el presidente Santos. En esencia, el documento es un completo abecé del plan para que el 90% de las cabezas del narcotráfico y sus hombres abandonaran el negocio a cambio de la no extradición y la exclusión de sus familias de procesos penales.

El proyecto comenzaba así: “Al cumplirse los primeros 10 meses del nuevo gobierno, la sociedad colombiana tiene altas expectativas en torno a su futuro, y uno de sus anhelos más reiterados durante décadas es que se puede erradicar de manera definitiva el problema del narcotráfico y la violencia que genera. Las condiciones nacionales e internacionales son idóneas para desarrollar una agenda de solución al problema del narcotráfico, con alcances no sólo en el país, sino en la región y en todo el hemisferio occidental”. En las primeras páginas de esta propuesta de sometimiento se comparan otros procesos de negociación, como los ocurridos con el capo Pablo Escobar, los narcos Henry Loaiza, alias El Alacrán; Víctor Patiño Fómeque; Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta; el propio proceso con las autodefensas en Santa Fe de Ralito, y la entrega del jefe de la Oficina de Envigado, Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, a la justicia de Estados Unidos.

Al revisar este cuadro comparativo se evaluaron si en esos procesos hubo aval de Estados Unidos, normas o leyes especiales, cuáles fueron los compromisos de los gobiernos de entonces, la entrega de las estructuras, rutas, armas, tierras, bienes y dinero de los ilegales y dónde cumplieron su pena. A renglón seguido se resalta en el documento que para la seguridad de las partes se debía crear un mecanismo de verificación que no descartaba veedores internacionales y un compromiso inamovible: no volver a delinquir. El proceso estaría sustentado en cinco premisas. La primera era que como resultado “de la fuerza disuasiva del Estado” estos actores debían desmontar el narcotráfico y sus estructuras, y entregarle al Estado toda la información sobre cultivos, laboratorios, informantes, enlaces con el Estado y toda la cadena del negocio. La segunda premisa era dejar sin su principal combustible a la violencia que generan “las guerrillas y las bacrim, así como las bandas y los combos en las ciudades”.

El tercer pilar señalaba que la entrega de miles de hectáreas de tierra por parte de estos capos le serviría al Estado para financiar proyectos productivos en las zonas de desarticulación de esta actividad ilegal. En ese contexto, el cuarto punto analizaba el impacto global en el mercado de drogas en Norteamérica y otros destinos de consumo. La última premisa concluía que era quizás esta negociación la última oportunidad para alcanzar la paz con estos actores del conflicto. En esta bitácora de aproximaciones aparece un documento titulado “Iniciativa Punto Final”, elaborado en octubre de 2010, en el que los capos firmantes señalaban su voluntad de contribuir a un proceso de reconciliación nacional, conscientes de que el narcotráfico “constituye un negocio rentable, pero cada vez más riesgoso”, que “ha generado una cultura de la violencia que ha dejado miles de muertes”.

En el documento en poder de El Espectador se leen los cálculos estimados para desmantelar sus organizaciones. Por ejemplo, los hermanos Comba y Diego Rastrojo prometieron sacar del negocio a 3.000 de sus hombres; alias Sebastián de la Oficina de Envigado, 2.000; los hermanos Úsuga, hoy jefes de los Urabeños, le manifestaron al obispo de Montería su intención de someter a 1.000 de sus miembros, lo mismo hizo alias Valenciano, quien dijo estar en capacidad de desmovilizar esa misma cantidad de hombres. Al final, Daniel el Loco Barrera y Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, hablaron en conjunto de 1.200 integrantes. Lo curioso es que nunca se formalizó este proyecto de sometimiento y todos estos capos terminaron capturados, extraditados o negociando su entrega a Estados Unidos. En el documento se dejó constancia de que el narcotráfico se había atomizado y la única salida colectiva para frenar su expansión era un proceso así.

Tan detallada era la propuesta, que había análisis sobre cómo se movían las mafias del narcotráfico entre Urabá y Ecuador, las zonas de mayor riesgo y cultivos ilícitos e ideas concretas para suspender el negocio por el Pacífico, que según sus cuentas reduciría en un 60% las exportaciones de droga por esta zona; así como el compromiso de desarticular los corredores de la guerrilla de las Farc, la ubicación de sus cultivos e información sobre las rutas de salida de lanchas rápidas, submarinos y barcos con coca. La propuesta para detener el tráfico en el corredor entre Urabá y La Guajira, en donde hacen presencia los Urabeños, los Rastrojos y los Paisas, era lograr la reducción de un 50% de la circulación de la droga, al tiempo que se debían entregar datos confidenciales sobre los patrocinadores y sus enlaces con la Fuerza Pública.

Más adelante esta iniciativa aseguraba que los capos estaban en capacidad de entregar bienes y empresas, nombres de proveedores, socios y recursos en efectivo generados por esta actividad ilegal que serían puestos en custodia de un delegado oficial del Gobierno. Con otra garantía: la elaboración de un censo “de miembros directos e indirectos” de cada organización y bloquear cualquier intento de disidencia entre sus hombres con el objetivo de que ninguno se apoderara del negocio o se saliera del redil. En ese contexto se contempló la posibilidad de invitar a otras organizaciones a someterse a este proceso de “cooperación extraordinaria” sobre la base de dos condiciones: que el Estado retomara el control de las regiones donde se desmontaría la actividad ilegal y el aval de Estados Unidos y la comunidad internacional.

“Solicitamos la suspensión temporal de órdenes de captura y de cualquier orden de extradición con cualquier país con el que se tenga convenio, y solicitamos sus buenos oficios (se refiere al Gobierno) para alcanzar cualquier otra disposición que requiera el proceso para dar paso a los procedimientos que nos permitan llegar a la conclusión de estos compromisos”, reza uno de los apartes del documento. En el capítulo sobre el “Análisis de los actores” se especula que en principio podrían convertirse en aliados o apoyar este proceso el vicepresidente Angelino Garzón, dirigentes liberales de la talla de los expresidentes César Gaviria o Ernesto Samper, el electo congresista Horacio Serpa, el entonces ministro de Defensa Rodrigo Rivera, los congresistas Jesús García, Mauricio Lizcano y Roy Barreras, representantes de la Iglesia como Rubén Salazar y monseñor Julio César Vidal, y hasta el hoy alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En ninguna parte se especifica que todas estas personas hubieran sido consultadas para tal propósito.

En contraste, se contemplaba que quienes se mostrarían en contra de esta apuesta serían las Farc, los carteles mexicanos y los paramilitares desmovilizados que seguramente “pedirían renegociación”. Se proyectaron cuatro fases del proceso. La primera de exploración, en donde se concretaban manifestaciones voluntarias y unilaterales de los capos a través de cartas y mensajes directos enviados a monseñor Vidal y al jefe guerrillero Francisco Galán. La fase dos consistía en una carta de intención formal de lo que ellos denominaron “Plan de sometimiento y cooperación extraordinaria para el desmonte del narcotráfico en Colombia”. El tercer paso era la apertura del proceso de diálogo directo y reservado, que constaba de dos partes: la definición de un equipo mediador y de los interlocutores del Estado, así como de la elaboración del censo de hombres en armas, bienes y recursos dispuestos a entregar. A su turno debía estar lista una solución jurídica definitiva con Estados Unidos y la Fiscalía, y unos modelos socioeconómicos para erradicar el narcotráfico.

La última fase consistía en desarrollar una agenda conjunta de conversaciones, establecer tiempos y metodologías, definir unas rutas jurídicas y políticas, y elaborar unos escenarios y planes de comunicación para hacerle oficial al país estas negociaciones. Incluso se pensó en un Estado extranjero como Honduras para facilitar estos encuentros y la posibilidad de otorgar visas, de ser necesario, salvoconductos y autorizaciones, un grupo de seguridad y acompañamientos de organismos como la ONU. El documento es concreto en la obligación de los capos de ubicar caletas, acciones e inversiones en la bolsa y en el extranjero, de entregar casas, edificios, terrenos y hasta obras de arte, así como rutas y puntos de embarque, y un listado de sus colaboradores, georreferenciación de cultivos ilícitos y puntos de venta. También se analizó la posibilidad de que se acogieran a un principio de oportunidad para obtener rebajas procesales.

Además, se consideró el escenario de repatriar algunos extraditados a cambio de información y desmonte de sus estructuras e incluso un período de gracia de 90 días, que podía ser anunciado por el Gobierno una vez se hicieran públicos estos acercamientos, con el fin de atraer el mayor número de narcotraficantes a este acuerdo. Fue tan milimétrica la propuesta, que se aventuraron escenarios entre la semana uno y la semana 12, tiempo en el que calculaban que podrían sacar esta iniciativa adelante. En la semana cinco, por ejemplo, se reseñaba que debía haber un cabildeo con países vecinos, como México y Estados Unidos, para “construir una alianza continental contra el narcotráfico”. En la semana 12 ya se habría anunciado un acuerdo de punto final, concretado la capitulación de estas organizaciones y se daría inicio a la etapa del posconflicto.

Se llegaron a considerar tres nombres de esta gigantesca operación que nunca se concretó: ‘Operación Punto Final’, ‘Operación Torrente’ y ‘Operación Caída y Mesa Limpia’. Y se definió que el gobierno Santos socializara esta iniciativa con el Congreso y las altas cortes, que se concretara un acuerdo de protección de testigos con Estados Unidos en Panamá y la eventual colaboración del gobierno de Honduras para acompañar la negociación. Además se dejó claro que cualquier filtración de este documento o las intimidades de estos posibles acuerdos pondría en riesgo el proyecto. Sin embargo, éste jamás vio la luz, al parecer como declaró Comba recientemente desde Estados Unidos, porque a los americanos no les gustó la propuesta y el gobierno Santos dio la orden de perseguirlos, capturarlos y extraditarlos, tal como ocurrió con la mayoría.

A pesar de que J. J. Rendón le dijo a este diario que nada de secreto tenían estas aproximaciones, lo cierto es que sólo hasta hoy el país se entera de la propuesta en detalle que en el año 2011 le formalizaron los mayores capos de la droga al gobierno de Juan Manuel Santos. En cambio, sí tomó forma el proceso de paz con la guerrilla de las Farc. Justamente, hoy se discute en La Habana el tercer punto de la agenda relacionado con el narcotráfico. Fuentes consultadas por El Espectador aseguraron que se frustró este proyecto de sometimiento con los barones de la droga por múltiples razones y confirmaron que J. J. Rendón sí participó activamente en la gestación del plan. Él sostiene que ofició como un simple mensajero y que poco se enteró de las minucias del proceso. Ahora deberá responder a la acusación de que se le entregaron US$12 millones para cabildear esta propuesta, un señalamiento que él redujo a un nuevo complot en su contra.

Las negociaciones con ‘narcos’ en los 80

En medio de la crisis política que vivía el país, azotada por la mano oscura del narcotráfico, los medios de comunicación dieron a conocer supuestos documentos en los que se proponía un preacuerdo entre los gobiernos de la época y los más temidos narcotraficantes: Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha. Según se conoció, la primera reunión se dio en 1983 con miembros del gobierno de Belisario Betancur. Posteriormente, los capos del cartel de Medellín le entregaron una propuesta al expresidente Alfonso López Michelsen, quien se la hizo llegar al Presidente. Sin embargo, todos los intentos se vinieron abajo en 1984 cuando en julio de ese año El Tiempo público un reportaje llamado “Narcotraficantes formulan propuesta al Gobierno nacional”, en el que ofrecían el desmonte de su negocio, con entrega de laboratorios, pistas clandestinas y repatriación de capitales, entre otras concesiones, a cambio de neutralizar la extradición de los narcotraficantes y suspender los operativos contra sus bienes materiales y sus familias. Pese a ello, con el escándalo mediático todo quedó sepultado hasta cuatro años después.

El segundo intento de sometimiento

El baño de sangre no cesaba y los narcotraficantes del cartel de Medellín buscaban por todos lados la posibilidad de evitar ser extraditados a través de una negociación con el Gobierno en 1988. Algo parecido a lo que hicieron en el 83 y 84. Todo parecía ir por buen camino, pero la publicación de una columna de opinión en el diario ‘La Prensa’, el 7 de octubre de 1989 en la que relataban en detalle la negociación que habían adelantado el exministro antioqueño Joaquín Vallejo, el secretario de Presidencia Germán Montoya Vélez, el abogado Guido Parra, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, reversó las pretensiones de los ‘narcos’. Todo quedó en el olvido y la propuesta de retirarse del negocio de la droga y desmantelar otras organizaciones, a cambio de acabar con la extradición y gestionar una amnistía patrimonial para sanear sus capitales, jamás se concretó.

La oferta del cartel del Norte del Valle

El 23 de diciembre de 2002, monseñor Hernán Giraldo Jaramillo, obispo de la Diócesis de Buga, le comentó al entonces ministro de Justicia y del Interior de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, que los máximos jefes del cartel del Norte del Valle estaban dispuestos a iniciar una negociación con el Gobierno con el fin de no ser extraditados.

Se trataba de una oferta realizada por Hernando Alberto Gómez, alias Rasguño, Diego León Montoya, alias Don Diego y Wílber Varela, alias Jabón, quienes a través de la iglesia intentaron hacer llegar sus pretensiones al gobierno Uribe, que desde esa época ya empezaba los primeros diálogos con los paramilitares.
El Espectador reveló esta información el 12 de enero de 2003 y en esa ocasión las fuentes le advirtieron que no se podía hablar del tema porque apenas estaban en etapa exploratoria, pero que los ‘narcos’ se habían comprometido a desmontar el negocio, entregar rutas, laboratorios y cultivos, el sometimiento a la justicia colombiana, a cambio de que sus penas fueran purgadas en cárceles del país y la garantía de no ser extraditados.

Carlos Castaño y la DEA

Una de las principales hipótesis sobre la muerte de Carlos Castaño es que todo se produjo por su acercamiento a las autoridades norteamericanas, especialmente a la DEA. Era el año 2004 cuando el máximo jefe del paramilitarismo colombiano empezó a darse cuenta de que los nexos de las autodefensas con los carteles de la droga tarde o temprano se conocerían. Sin embargo, lo que supuestamente ocasionó que el menor de los Castaño fuera asesinado por orden de su propio hermano Vicente fue que se opuso a que narcotraficantes se colaran al proceso de Justicia y Paz. Cosa que terminó sucediendo, ya que en mayo de 2008 varios jefes paramilitares y narcotraficantes terminaron en cárceles de Estados Unidos porque se demostró que siguieron delinquiendo desde prisión y traficando droga a Europa y Estados Unidos.
 

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