La ONU da un espaldarazo a la JEP y verificará el cumplimiento de sus sanciones

Plantón de las Madres de Soacha frente a la JEP para rendir memoria por las 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el período de Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia.

Foto: Jose Vargas Esguerra

El Consejo de Seguridad de la ONU ordenó a la Misión de Verificación, que ha apoyado la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno Santos y las extintas Farc, hacerles seguimiento oficial a las sanciones que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imponga a agentes del Estado, terceros vinculados al conflicto armado y antiguos integrantes de la guerrilla. La misión, cuyo eje de acción iba hasta el año pasado, extendió su trabajo hasta el 31 de octubre de 2021.

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“(El Consejo de Seguridad) decide, atendiendo la solicitud del Gobierno de Colombia y en apoyo de la implementación integral del Acuerdo Final, que la Misión de Verificación, además de ocuparse de las tareas que ya incluye su mandato, (…) verifique el cumplimiento y la implementación de las sanciones que la JEP imponga a las personas que determine que hayan reconocido verdad detallada y plena y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas”, explicó el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las Naciones Unidas se comprometieron a verificar que las personas sancionadas en la JEP, luego de reconocer su responsabilidad, cumplan con las imposiciones que quedaron plasmadas en el Acuerdo de Paz. También estarán al tanto de las autoridades colombianas, para que establezcan las condiciones necesarias para el cumplimiento de las penas. Además, el Consejo de Seguridad invitó a las instituciones del Estado, a las fuerzas de seguridad y la población civil, a que mantengan los avances de los acuerdos y sean firmes ante los desafíos.

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El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, celebró la decisión unánime del Consejo de Seguridad de la ONU. La máxima cabeza de la justicia transicional explicó que se trata de un “nuevo capitulo a nivel mundial” pues se da un espaldarazo a un modelo con un alto componente restaurativo. Destacó que, si las Naciones Unidas decidieron vincularse al seguimiento de las sanciones, no cabe duda sobre la “importancia medular” del Acuerdo Final de Paz.

El magistrado Cifuentes precisó que las sanciones a verificar son las que se impondrán a quienes reconozcan su responsabilidad y aporten la verdad sobre el conflicto armado. “Estas constan de dos componentes: trabajos y obras con contenido reparador y restaurador (TOAR) en las comunidades afectadas por el conflicto armado y restricciones de derechos y libertades que ordene el Tribunal. Estas durarán hasta por ocho años y se impondrán a todos aquellos comparecientes exintegrantes de las Farc, de la fuerza pública, terceros civiles y otros agentes del Estado”, explicó Cifuentes.

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De acuerdo con la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP, en su artículo 141, quienes sean sancionados con un TOAR, en zonas rurales participarán en programas de reparación efectiva para campesinos desplazados, protección medio ambiental de zonas de reserva y construcción y reparación de infraestructuras en zonas rurales: escuelas, carreteras, centros de salud, viviendas, etc. También participaran en programas de sustitución de cultivos ilícitos y para la alfabetización en ambientes escolares.

En zonas urbanas, además, los sancionados tendrán tareas similares. Sin embargo, se destaca la limpieza y erradicación de restos de explosivos de guerra, municiones sin explotar y minas antipersonales. Los TOAR “deben garantizar la participación efectiva de las víctimas; deben atender las afectaciones causadas; no pueden lesionar los derechos de las víctimas; y deben contribuir a la reconstrucción de los lazos sociales o a una transformación de la sociedad que permita la superación del conflicto”, explica la JEP en sus lineamientos en materia de sanción.

Las penas explicitas en los TOAR podrían ser rendidas por los antiguos jefes de las Farc, quienes el 18 de febrero pasado aceptaron su responsabilidad por el caso 01 sobre secuestro, denominado “Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP”. “Este encuentro es la continuación del proceso de aporte a la verdad que se viene adelantando por parte de quienes integramos las Farc-Ep, en donde se ha reconocido tanto en la JEP como ante la opinión pública nuestra responsabilidad por el secuestro y el sufrimiento de las víctimas”, explicaron en un comunicado.

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La JEP había imputado a ocho miembros del antiguo secretariado de las Farc, el pasado 27 de enero por el caso 02. Se trata de Rodrigo Londoño Echeverri o Timochenko, Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda Escobar, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra o Mauricio Jaramillo y Juan Hermilo Cabrera, conocido como Bertulfo Álvarez, quien falleció el mismo día del anunció de la JEP. Todos reconocieron que violaron el Derecho Internacional Humanitario.