Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La más reciente condena en Justicia y Paz contra Javier Antonio Quintero Coronel, comandante del frente Héctor Julio Peinado Becerra, que operaba en el sur del César y le rendía cuentas a Juancho Prada, dejó más dudas que certezas sobre los empresarios que financiaron a los paramilitares en distintas zonas del país. En el fallo de 434 páginas se hace referencia a un supuesto pago que habría hecho Postobón para poder distribuir cajas de gaseosa en la región, sin embargo, solo se menciona la situación en tres páginas de la sentencia y la única prueba es el testimonio de Armando Madriaga, un desmovilizado que manejó las finanzas del grupo y rindió su declaración en octubre de 2008.
El fallo habla de cómo se conformó el frente Héctor Julio Peinado Becerra , de cómo los paramilitares se convirtieron en amos y señores de municipios como Aguachica. Se lee que desde los años 80, con la crisis del algodón y los continuos secuestros de las Farc de los que eran víctimas finqueros de la región, los empresarios decidieron crear sus grupos de autodefensa. Pero solo hasta la llegada de Juan Francisco Prada, más conocido como Juancho Prada, los paramilitares controlaron la zona. La estructura llegó a tener en sus filas a 251 personas quienes , en su mayoría, habían recibido instrucción militar previa.
Entre las actividades de financiación, el Tribunal Superior de Bogotá encontró que además de cobrar impuestos para la protección de cultivos y laboratorios de coca a los narcotraficantes, los paramilitares recurrieron a la extorsión y al hurto de gasolina y de piezas de construcción del ferrocarril –que eran vendidas como chatarra en Bogotá–. Pero una de las situaciones que más llamó la atención, a la hora de explicar la forma cómo se cobraban “impuestos” a distintas empresas, fue la mención de la empresa de bebidas Postobón.
“Con relación al cobro de impuestos ilegales, Juan Francisco Prada Márquez manifestó a la Fiscalía que su comandante financiero Alirio Díaz, alias Guasaco, le reportó ingresos por cuenta de un gravamen a la venta de bebidas, referida al cobro de $3.000 por canasta de cerveza y de dos mil pesos $2.000 por canasta de gaseosa, a los tenderos, cantineros y demás comerciantes, con el que se reportaban ingresos anuales cercanos a los $1.500 millones” se lee en el fallo. No obstante, el único personaje que mencionó directamente a Postobón fue Armando Madriaga, encargado de recoger la plata en Agucachica.
Según su testimonio, a finales de los 90 con los comerciantes del municipio se pactaron cuotas mensuales entre $20.000 y $100.000, con lo que habría logrado recoger entre $40 y $60 millones. “Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias, con la reunión que se le había hecho al comercio se le avisaba al negocio y se mandaba cerrar al que no colaboraba”, aseguró Madriaga. Cuando habló de Postobón, dijo que quienes ordenaron los pagos fueron un distribuidor y un gerente: “El distribuidor de Postobón mensualmente me daban 15 cajas de gaseosa, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba $150 mil mensuales por esa gaseosa. Eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba en el año 1999 o 2000”.
Ante la escasez de datos, el Tribunal de Bogotá solicitó que se aclarara el asunto: “El único referente que esta Sala obtuvo respecto de esta información fue la versión libre de Madriaga Picón, que sirvió como fundamento para la presentación por parte de la Fiscalía de las finanzas del Frente. Por lo tanto y en atención a la importancia de tal afirmación , esta Sala debe exhortar a la Fiscalía, para que informe a la autoridad de vigilancia de esta sentencia, si se han adelantado investigaciones correspondientes a corroborar la información que fue aportada por Armando Madriaga Picón desde el año 2008, respecto de la participación de la empresa Postobón en la financiación de la estructura paramilitar del frente HJPB”.
El tribunal le solicitó a la Fiscalía que le diera información, en particular, sobre el estado de las investigaciones acerca de “la presunta participación del gerente de esa empresa para la época de 1999 a 2000. Lo anterior para evidenciar si este aporte fue voluntario u obligatorio –contribución arbitraria–, puesto que en el evento de ser voluntario, será inminente conocer el estado de las investigaciones judiciales adelantadas por ocasión de este suceso y por otro lado, la actuación que para el caso, ha adelantado la Unidad de Reparación Integral de las Víctimas”.
La paraeconomía
Las menciones contra Postobón en el fallo son pocas y no exhiben claridad, contundencia ni soportes. Pero las solicitudes del tribunal sobre los adelantos en las investigaciones son, a la vez, una clara muestra de lo poco que se ha avanzado en el esclarecimiento de la llamada paraeconomía. Por ejemplo, además de la declaración de Armando Madriaga, en 2007 el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso también acusó a Postobón de pagar un supuesto impuesto voluntario para la protección de sus camiones distribuidores. La Fiscalía no le ha respondido aún a este diario si contra empleados de la empresa hay investigaciones abiertas o si esas declaraciones fueron desestimadas por mentirosas.
Lo que se conoce hasta ahora es que en diciembre de 2015 la Fiscalía creó un grupo especial para avanzar en la paraeconomía, de la que tan poco se sabe. El caso que más se ha documentado es el de los bananeros en el Urabá –un ejemplo es el caso de la empresa Chiquita Brands–, pero en el resto del país las investigaciones para determinar qué otras empresas financiaron a los paramilitares han brillado o por la falta de resultados, o por su lentitud o por su ausencia. Los cálculos de la propia Fiscalía indican que desde Justicia y Paz se han producido más de 4.000 compulsas de copias (órdenes para investigar). Con el grupo especial se priorizaron 50 casos, pero se desconocen los avances.
Postobón rechaza
La empresa Postobón, desde Medellín, rechazó “de la manera más contundente toda asociación entre nuestra empresa y cualquier actividad ilegal”. Resaltó su “política de estricto cumplimiento de las normas legales vigentes y un código de conducta basado en valores y principios que deben ser cumplidos por todos sus socios de negocios, contratistas de transporte, tenderos, comerciantes y empleados”, así como que “Postobón no cohonesta ni lo ha hecho en el pasado con ninguna actividad ilegal o inapropiada por parte de ninguno de sus empleados o contratistas”.