La ponencia que tiene con los nervios de punta al gobierno Duque

Con el sol a sus espaldas ya, en el último año de su cuatrienio, el presidente Iván Duque y su gobierno están ad portas de recibir uno de los peores regaños de su accidentado mandato. La Corte Constitucional estudia una ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que pide declarar el estado de cosas inconstitucional en desarrollo de la implementación del proceso de la paz con la antigua guerrilla de las Farc. Un proyecto de fallo que se sustenta en los múltiples incumplimientos por parte del Estado para garantizar la reincorporación a la vida civil de más de 13 mil excombatientes que depusieron sus armas y el incesante conteo de muertos de firmantes del Acuerdo que el Partido Comunes calcula en 270 víctimas desde diciembre de 2016. Una radiografía de omisiones y excusas gubernamentales que para la jurista resultan inadmisibles.

Con el sol a sus espaldas ya, en el último año de su cuatrienio, el presidente Iván Duque y su gobierno están ad portas de recibir uno de los peores regaños de su accidentado mandato. La Corte Constitucional estudia una ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que pide declarar el estado de cosas inconstitucional en desarrollo de la implementación del proceso de la paz con la antigua guerrilla de las Farc. Un proyecto de fallo que se sustenta en los múltiples incumplimientos por parte del Estado para garantizar la reincorporación a la vida civil de más de 13 mil excombatientes que depusieron sus armas y el incesante conteo de muertos de firmantes del Acuerdo que el Partido Comunes calcula en 270 víctimas desde diciembre de 2016. Una radiografía de omisiones y excusas gubernamentales que para la jurista resultan inadmisibles.

El Espectador tiene en su poder el documento de 253 páginas que tiene con los nervios de punta a la Casa de Nariño. La génesis del caso fueron varias tutelas que interpusieron ocho exguerrilleros y dirigentes locales del Partido Comunes ante distintos tribunales del país y que fueron acumuladas en un solo expediente en la Corte. Todos los accionantes denunciaron el recrudecimiento del conflicto en sus regiones, la multiplicación de amenazas y riesgos para ellos y sus familias, y los muy precarios avances en las garantías de seguridad, integridad personal y condiciones dignas para vivir en paz, tal como se pactó con el Estado. Esto, en buena medida, debido al accionar de grupos ilegales como el Eln, el Clan del Golfo y las mismas disidencias del proceso, pero sobre todo a la escasa presencia de la Fuerza Pública y de la institucionalidad articulada en esos territorios.

Para la magistrada Pardo Schlesinger, las noticias sobre crímenes de reincorporados de las antiguas Farc se volvieron paisaje, así como la reacción tardía de las autoridades y sus anuncios de investigaciones hasta las últimas consecuencias. La ponencia es así de contundente: “De ahí que el asesinato de una sola de las personas que firmaron el Acuerdo tenga un efecto desproporcionado y exija la acción inmediata y coordinada de todo el Estado, pues es la única forma de equilibrar la asimetría que se presenta. Debe tenerse en cuenta que a cambio de la desmovilización y del desarme que ya tuvo lugar y se cumplió a cabalidad por parte de las personas que se comprometieron a reincorporarse al tejido social, lo mínimo que ellas esperan es poder hacer ese significativo tránsito de manera confiable y segura para sus vidas e integridad personal”.

De acuerdo con la ponencia, es absolutamente grave para la democracia que 270 excombatientes y firmantes de un acuerdo de paz hayan sido asesinados tras un proceso que puso fin a medio siglo de guerra, pues esta cadena de crímenes socava irremediablemente la confianza de los reincorporados en el Estado, al que durante tantos años combatieron. Además, la magistrada Pardo Schlesinger sostiene que ha resultado muy desigual la respuesta al pacto de confianza que hicieron quienes dejaron las armas y el Estado que se comprometió a protegerlos y, citando un informe de la JEP, señala que si la tendencia de asesinatos se mantiene es posible que para 2024 “lleguen a presentarse alrededor de 1.600 casos de homicidio a desmovilizados”, lo que equivaldría al “12 % del total de la población que firmó la paz”.

En ese sentido, la ponencia de Pardo Schlesinger recoge las palabras que pronunció el pasado 19 de abril el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes. “Cuando los violentos silencian a los defensores de derechos humanos y exintegrantes de las Farc, no solo los lastiman a ellos y a sus familias. Privan también a la sociedad de un irreemplazable fragmento de verdad y una fuente de reparación, y afectan a la totalidad de comparecientes (…) Los sujetos memoriosos, existencial y éticamente transformados que se proponen cumplir con sus obligaciones, como sujetos renovados que son o aspiran a ser, dispuestos a revelar verdad exhaustiva y ofrecer reparación y no repetición, son intimidados por la muerte de sus compañeros. Así se pone en marcha una ominosa maquinaria que desalienta las contribuciones a la verdad”.

Desde esa perspectiva, la muerte aterroriza y envía un mensaje paralizante a los reincorporados que pone en serio peligro el Acuerdo de Paz y la implementación de un proyecto de sociedad que pueda pasar la página de las hondas cicatrices del conflicto colombiano. Por eso el proyecto de fallo plantea que la seguridad de los excombatientes no solamente consiste en brindarles esquemas de protección, chalecos antibalas, celulares y botones de pánico, que es lo que les ha dado la Unidad Nacional de Protección, sino que “tiene que ver con la creación de lazos institucionales, civiles, sociales, culturales y territoriales que le permitan a la población firmante ser parte real del tejido social y comunitario”. Y es justamente en este escenario en donde el Estado, a pesar de sus avances, programas, números y proyecciones sigue fallando, y de manera grave.

Con otra particularidad: las peregrinas justificaciones de los distintos entes gubernamentales cuando se les solicita explicaciones sobre lo que está ocurriendo. Algo que, para la magistrada Pardo Schlesinger, es absurdo, y así lo reseña el documento. “Las omisiones en materia de seguridad no pueden justificarse indicando como razón que la población firmante suele habitar en zonas donde la situación de orden público es precaria. Todo lo contrario, la circunstancia extraordinaria que se deriva del adecuado cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades se convierte en una obligación y, a la vez, en una oportunidad para que el Estado asuma su soberanía, ejerza control y pueda desplegar la totalidad de sus compromisos como Estado social de derecho en todo el territorio nacional”.

Es decir, según este proyecto de fallo, se acabaron las excusas del Gobierno, la Fuerza Pública y las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los firmantes del Acuerdo y, más allá de la retórica de siempre, lo que propone la magistrada Pardo Schlesinger es una articulación completa de entidades que no pueden seguir pasándose la pelota de las responsabilidades así no más. De lo contrario, esa línea del acuerdo sobre “una paz estable y duradera” será letra muerta en los próximos años. Aún más, el jalón de orejas que consigna la ponencia advierte que es lamentable que el “componente de seguridad se analice y aplique tan solo en términos de medición de riesgo, acciones preventivas individuales, esquemas de seguridad con personas, armamentos y vehículos, y no en términos de estrategias para consolidar la integración al tejido social”.

De acuerdo con el extenso estudio de la magistrada de la Corte Constitucional, el Gobierno creó una institucionalidad paralela que hizo a un lado dos entidades pactadas en el Acuerdo de Paz que habrían resultado claves para atender estas situaciones de riesgo: la Instancia de Alto Nivel y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en donde tienen participación los firmantes del proceso. Esta circunstancia, en criterio de Pardo Schlesinger, generó una confusión institucional que pavimentó el camino para que distintas autoridades no asumieran una responsabilidad completa en sus acciones, lo cual constituye “una manera de vaciar de contenido las obligaciones que el ordenamiento impone a las autoridades y pasa por alto el deber de implementar el Acuerdo Final de Paz de buena fe y en el marco del principio de integralidad y de efectividad”.

La ponencia es así de cruda: “Si los deberes adquiridos se hubieren observado a cabalidad, muchos de los lamentables sucesos padecidos en los últimos años podrían haber sido evitados”. Y agrega: “El examen de los elementos allegados a los expedientes mostró la necesidad de añadir a la visión reactiva e individual de seguridad, un enfoque preventivo, colectivo e integral para enfrentar los inmensos retos que se derivan de la implementación articulada del Acuerdo Final de Paz, tan estrechamente ligada a la posibilidad de asegurar para sus signatarias y signatarios -quienes hicieron dejación de armas–, que pueden confiar en que su tránsito hacia la vida civil será llevado a cabo sin la zozobra que producen los asesinatos, amenazas de muerte, despojos y desplazamientos que, lastimosamente, han tenido que padecer y aún enfrentan”.

El documento que estudia hoy la Sala Plena de la Corte también resalta que los esfuerzos del Estado han resultado bastante inferiores a lo pactado para asegurar la protección y la vida de quienes, se sabía desde el día uno, tenían un nivel de riesgo extraordinario, pues los crímenes en su contra no han cesado, como tampoco las amenazas o los desplazamientos a los que se han visto forzados algunos de ellos. Y es más grave todavía pues, tal como refiere la ponencia, ellos jamás se rindieron ni capitularon, sino que dejaron sus armas y transitaron hacia la vida civil a cambio de que el Estado les garantizara su vida. “Así, más allá de remover las armas de manos de quienes fueran en el pasado combatientes y retirar a estas personas de las estructuras militares, lo que se encuentra en juego aquí es su genuina recepción y acogida política, social y económica en la vida civil”.

Algunas de las organizaciones que enviaron sus conceptos a la Corte, como el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, insistieron en que “las mayores dificultades que tienen históricamente los procesos de paz ocurren durante los primeros cinco años después de la finalización del conflicto, tras los cuales es muy difícil que la confianza pueda tener el aliento suficiente para asumir la carga que se deriva para el Estado de sacar adelante un proceso de paz. Si Colombia quiere superar la página de violencia que ha impedido su desarrollo como país, está en el momento justo para redoblar sus compromisos con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz”, dice la ponencia que, además, plantea que el Gobierno debe construir de manera urgente una política de prevención bajo un enfoque diferenciado, de género, étnico y multidimensional de los excombatientes.

Para la magistrada Pardo Schlesinger, si no se corrige ya el rumbo de la implementación del proceso, es probable que más pronto que tarde estemos ante un fracaso rotundo de esa promesa de paz y que se reedite el horroroso capítulo de la Unión Patriótica. Por eso su insistencia no solo en que se garantice la seguridad de todos los excombatientes, sino en que pueda recuperarse un territorio vacío de Estado que, como el propio Gobierno reconoció ante la Corte, necesita una presencia distinta “a la del tradicional despliegue de tropa y más tropa y de policía y más policía”, porque de lo que se trata es de materializar el Estado social de derecho. Y eso significa que, una vez la guerra queda atrás, los reincorporados accedan a salud, educación y hasta posibilidades de desarrollo cultural y artístico en territorios tradicionalmente azotados por la violencia.

“Por ello, aunque el Gobierno muestre cifras de cumplimiento, estas no se reflejan en la realidad. Cada día que pasa los asesinatos, desplazamientos y amenazas aumentan y no disminuyen. Este es un reto mayúsculo, pero impostergable y debe centrar toda la atención estatal. Lamentablemente esto no aparece reflejado en lo que sucede hoy en el país, así el Gobierno tenga resultados que mostrar, los cuales, si bien no son pocos, de ninguna manera pueden calificarse de suficientes, dadas las exigencias del contexto”, concluye el documento. Aún más en estos tiempos de pandemia, pues quedó en evidencia que esta fue una excusa recurrente para evadir responsabilidades por parte de distintas agencias del Estado. Los reportes de seguimiento a proyectos productivos, de vivienda o de educación y salud de excombatientes, aún con avances, siguen siendo precarios.

Capítulo aparte le dedica la ponencia a la actuación de la Fiscalía y su Unidad Especial de Investigación para estos crímenes. En marzo pasado, según los reportes del organismo, se investigaban 245 homicidios, 15 desapariciones y 42 intentos de asesinato contra excombatientes, así como las muertes de 50 de sus familiares. Por esos hechos se expidieron 238 órdenes de captura, de las cuales solo 135 se habían materializado y, con corte de diciembre de 2020, se había logrado la condena de 32 personas. Estos números fueron ácidamente criticados por la magistrada de la Corte Constitucional, pues considera que “los resultados no son los esperados” en relación con las detenciones y condenas de los responsables de este fenómeno criminal. Para Pardo Schlesinger las sentencias son muy pocas, así como la presencia institucional de la Fiscalía.

“La Unidad Especial de Investigación está integrada por 24 fiscales, 16 analistas y 47 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación. Lo anterior se convierte en un serio obstáculo para avanzar en las indagaciones con la celeridad y eficacia exigidas”, reseña la ponencia en poder de El Espectador. Por eso, le sugiere a la Fiscalía cambiar la metodología de investigación “caso a caso” a una donde pueda analizarse el fenómeno desde una perspectiva de macrocriminalidad. “De este modo las autoridades encargadas de investigar los móviles y determinadores de estos crímenes y amenazas podrían observar con mayor claridad la aterradora similitud que tiene el fenómeno de la violencia contra la población signataria del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación civil con el genocidio de fuerzas políticas como la Unión Patriótica”.

Con un último regaño en el tintero por parte de la magistrada. Según ella, resulta increíble que los exintegrantes de las antiguas Farc deban recurrir a la tutela para que se preserven sus vidas. “Debe reiterar la Corte -dice la ponencia- que el hecho mismo de que una persona firmante del Acuerdo tenga que acudir a la tutela para obtener la protección ya resulta de por sí gravísimo”, pues “la población firmante no capituló ni se rindió, y lo que espera es que el Estado honre su compromiso de facilitar su reincorporación a la vida política, social y económica de manera integral, y de este modo se restablezca la asimetría inevitable que se presenta en relación con el cumplimiento de los compromisos de las partes”. Para Pardo Schlesinger, sin medidas estructurales y urgentes, como la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, la matazón continuará inexorablemente.

Tal como ocurrió con sentencias emblemáticas como la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria en Colombia o de desplazamiento forzado, si la Corte Constitucional acoge los argumentos de Cristina Pardo Schlesinger, el gobierno Duque quedaría en una situación muy difícil, no solo ante la comunidad internacional que ha venido respaldando el proceso de paz, a pesar de todos sus traspiés, sino ante una ciudadanía que mayoritariamente mira con desconfianza su gobierno. La reciente encuesta de Invamer, que publicó el pasado viernes Noticias Caracol, señala que el 67,6% de la población desaprueba su gestión. Y eso, en un contexto de campaña presidencial, podría resultar definitivo en la ecuación electoral del próximo inquilino de la Casa de Nariño. De nuevo, la paz será el caballito de batalla de lo que viene.