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Jacqueline Castillo no descansará hasta encontrar justicia por el asesinato de su hermano Jaime Castillo, un comerciante de Bogotá quien desapareció en agosto de 2008 y quien fue reportado, por las autoridades, como guerrillero muerto en combate en Norte de Santander. Mientras el expediente de Castillo sigue congelado, la representante de Mafapo lidera una organización con la cual decenas de madres de “falsos positivos” reclaman avances en casos igual de siniestros y que hacen parte de uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en Colombia.
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“Una reunión frente a frente”. Eso es lo que pide Jacqueline Castillo al expresidente Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa durante el periodo 2006-2009 y quien, en una reciente rendición de cuentas ante la Comisión de la Verdad, ofreció disculpas a los familiares de las víctimas. Santos aseguró que en su gestión se fortalecieron protocolos de derechos humanos en las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército, y que a partir de 2009, una vez se conoció la práctica, cayeron en picada los casos. Sin embargo, Castillo denuncia que aún no es suficiente.
Ustedes exigen un diálogo frente a frente con Santos ¿Nunca pudieron concertar una conversación?
Nosotros, cuando él fue presidente, radicamos una solicitud para que él nos atendiera. Hacíamos muchas reclamaciones en esa solicitud, pero yo creería que ni siquiera tuvo la delicadeza de leer esa solicitud que nosotros radicamos y la respuesta es que a él no le competía nada de lo que estábamos solicitando ahí, que teníamos que dirigirnos a Fiscalía, como era el tema de que las audiencias no avanzaban, que se seguían aplazando. Estábamos reclamando las deudas de los cementerios que para este año siguen en aumento, tenemos como ocho años de deudas. Nos comentó que nada le competía a él.
Es indignante en este momento algunas de las aclaraciones que da. Como por ejemplo decir que, en el 2007, por un caso que conoció del papá de un militar, después de eso se enteró de los casos de Soacha y ahí empezaron a trabajar ¡eso es falso, eso es mentira! Eso se conoció porque las mismas madres tuvieron el valor de denunciar, estuvimos en muchos espacios visibilizando y contando estas historias de lo que había sucedido y que supimos que había sido el Ejército, porque ellos aparecieron reportados como guerrilleros dados de baja en combate.
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Tampoco puede venir a ahorita a lavarse las manos y decir que hicieron mil cosas para detener esta situación, eso es falso. Lo único que le podemos reconocer en su versión es que reconoce que los jóvenes no eran guerrilleros. Es lo único que le podemos abonar. Pero igual no podemos llegar a decir una verdad con documentos en mano, donde ellos ya tienen, como dicen, fríamente calculado sobre lo qué tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Eso no es una verdad. Cuando yo tengo que decir mi verdad no necesito que nadie la escriba, ni tengo que llevar nada escrito. Eso es lo que hemos querido siempre. Queremos tenerlos de frente, mirándonos a los ojos y que podamos saber la verdad. Aún no hay verdad plena.
Mafapo fue creada en 2008 en respuesta a las ejecuciones extrajudiciales originadas en Soacha ¿Qué podría contarnos del colectivo?
Inicialmente iniciamos a trabajar con las madres de Soacha y Bogotá, pero poco a poco hemos ido integrando víctimas de otras regiones. El interés del colectivo es poder denunciar estos crímenes de Estado, porque así tenemos que llamarlos, como son: crímenes de Estado. Y nuestra idea era lucha por demostrar que ellos no eran ningunos guerrilleros, que esto se trató de una práctica sistemática bajo una política de Estado bajo esa directriz ¿Cuál? Que de acuerdo a los resultados que el Ejército diera, iban a recibir esos beneficios como medallas, ascensos, vacaciones y dinero.
Nuestro interés siempre ha sido demostrar que no fueron casos aislados, como se habló en 2008 de los jóvenes de Soacha, sino que fue una práctica que sucedió a lo largo y ancho del país, así lo demostró hace como tres meses la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con esta cifra que dio 6.402 casos realmente investigados. Eso demuestra también que no se trató de ningunos hechos aislados, sino una práctica sistemática.
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El expresidente Santos explicó que fortaleció el compromiso con los derechos humanos en las Fuerzas Armados e incluso elevó una oficina en 2008. Además, ofreció cifras sobre cómo descendieron los casos a partir de 2009 ¿Qué opina de esa gestión?
No. Eso es totalmente falso. De hecho, por documentos que yo tengo del proceso de mi hermano, incluso ellos habían declarado ese año 2008 como el año de los derechos humanos ¿Cuáles derechos humanos? Si fue el año donde más asesinaron jóvenes. Hace dos días acabo de recibir llamadas de muchas victimas que nos han estado documentando casos en varias regiones, hay dos casos más en Soacha que ni siquiera fueron denunciados. Hay muchos casos que todavía a lo largo y ancho del país no se conocen. Yo los he estado documentando ante la JEP para que les pongan un abogado e inicien las investigaciones. Yo creo que no estamos ni por la mitad de lo que realmente fue.
Hablando específicamente de Soacha, Juan Manuel Santos dijo se enteró de esos casos en septiembre de 2008, luego de que Medicina Legal le alertara por nueve personas encontradas en Ocaña (Norte de Santander), antes reportados como desaparecidos en el municipio cercano a Bogotá ¿Ese hecho central está relacionado con el caso de su hermano Jaime Castillo?
El caso de mi hermano fue en Bogotá. Yo vi la noticia cuando salió lo de los jóvenes de Soacha. Yo encontré a mi hermano el 16 de octubre de 2008, supe por sugerencia de la investigadora del CTI que buscara entre los que habían encontrado en Ocaña, porque Jaime desapareció el 10 de agosto y allá figuró muerto el 12 de agosto. Sin embargo, él estaba en ese listado con los jóvenes de Soacha. Desde que yo me enteré de esto, me fui a buscar a estas madres porque sabía que esto había sido algo macabro y teníamos que denunciarlo por donde fuera, y es la tarea que nosotros hemos venido haciendo. La presión de las madres fue lo que logró que se conociera todo esto, es mentira lo que él (Santos) está diciendo.
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¿Cómo ha avanzado el proceso de Jaime Castillo, su hermano?
Tristemente tenemos que decir que podemos estar hablando de 13 años de impunidad. Por la justicia ordinaria alcanzamos a ir como a tres o cuatro audiencias, que siempre las aplazaban por que el abogado estaba enfermo, porque la sala estaba muy pequeña, que muy fría, que muy caliente, que no llegaban los militares, que no llegaban los militares ¡Hay casos que ni siquiera empezaron! Y en los casos en los que se lograron tener condenas, después sínicamente pasan la solicitud ante la JEP y van hasta allá y dicen “vengo por los beneficios de la JEP”.
¿Comparte la siguiente frase de Santos ante la Comisión de la Verdad?: “La presión por producir bajas, y los premios por lograrlo, fueron sin duda los principales incentivos para cometer las ejecuciones”
De acuerdo y así lo han confirmado varios de los militares que han rendido versión ante la JEP. Ellos han dicho que eran calificados de acuerdo las bajas, sus ascensos también se daban por las bajas y había presión por las bajas. Palabras textuales de Mario Montoya: a ellos no le interesaban detenidos. Ellos querían ríos de sangre.
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Santos explicó que el coronel Hernán Mejía del Batallón La Popa, condenado a 13 años de prisión por alianzas con las Auc para ejecuciones extrajudiciales, salió del cargo por orden de él. Hoy Mejía quiere ser presidente ¿Qué opinan de esa postulación?
Eso es ridículo y absurdo. Bueno sería que den la cara y reconozcan los hechos que cometieron y que de verdad se reivindiquen con la sociedad. Estas ordenes venían de lo altos mandos, ellos no pueden decir, como ha pasado en la JEP, que “todo sucedía a mis espaldas”. Eso es falso. Ellos tenían conocimiento. No podemos permitir que vaya a llegar un señor de esta calaña a ser presidente ¿vamos a seguir aumentando los muertos? ¿vamos a seguir aumentando los muertos? ¿más de los que ya hemos tenido en estos 45 días de marcha por el paro? ¿vamos a seguir permitiendo que se sigan violando los derechos a los ciudadanos?