La primera condena por matoneo en Colombia

Recientemente un juez de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra Nicolás Hernández, quien, según estableció la Fiscalía, fue el responsable de las graves lesiones que sufrió Yadira Perdomo en 2009, cuando ambos eran estudiantes del Gimnasio Campestre Los Alpes. El caso se ha convertido en referente de las víctimas de matoneo, teniendo en cuenta que Yadira no pudo volver a caminar y que decidió luchar contra el bullyng a través de su fundación, Unidos Seremos Escuchados. Además, al tiempo que se conoció esa decisión, el abogado del caso, Iván Cancino, aseguró que demandará a esa institución educativa “por la responsabilidad que tuvo al no prevenir el matoneo, que fue reiterado, y por no haber reaccionado más rápido cuando la niña fue lastimada”.

Asimismo, Ángela Altamiranda, la madre de Yadira, escribió en una red social que el rector del Gimnasio, Camilo Castaño Sossa, “le mintió a la justicia” y les pidió a quienes fueron los compañeros de su hija que colaboraran con las autoridades porque “el rector siempre los presionó para que cambiaran la verdad y limpiar la mala imagen de él y su colegio”. Y es que desde que sufrió la caída de tres pisos que la dejó en silla de ruedas, Yadira ha sostenido que el colegio no le prestó la atención médica requerida y que, pese a tener serias lesiones en la columna, la enfermera de la institución la envió a su casa con el diagnóstico de un simple “trastorno en el tobillo”.

Por estos hechos también enfrenta un proceso judicial la psicóloga del plantel, a quien la Fiscalía le imputará el delito de lesiones personales porque, presuntamente, abandonó el salón de clases dejando a los estudiantes sin supervisión. Sobre la pena que deberá pagar el estudiante Hernández, que será conocida el próximo 20 de octubre, Cancino explicó que “él está siendo juzgado como menor de edad y por eso no tendrá privación de la libertad. En este caso aplicaría alguna de las medidas del Código de Infancia y Adolescencia, que pueden ser presentaciones personales o medidas de perdón, entre otras”.

Sin embargo, el avance que representa este fallo para las víctimas de matoneo vuelve a poner en la palestra pública la celeridad de las autoridades para contrarrestar y prevenir este fenómeno. Ricardo Ruidiaz, director ejecutivo de Amigos Unidos, una fundación que lucha contra el bullyng, asegura que la Ley de Convivencia Escolar, sancionada en 2013, no se está aplicando adecuadamente. Según él, “aunque el caso de Yadira da una luz de esperanza para que las víctimas y sus familias se animen a denunciar, es lamentable que en este país tenga que haber un lesionado de por vida o un muerto para que existan repercusiones judiciales”.

Ruidiaz señaló, además, que “hay colegios privados de gran renombre que quedan a las afueras de Bogotá, en Chía, en Cota, que se alejan del ojo vigilante del Ministerio y de las secretarías de Educación y es allí donde tenemos una gran cantidad de casos de bullyng. Los directivos de los colegios distritales o públicos, en general, tratan de ocultar las denuncias porque no se quieren ver abocados a una investigación disciplinaria y los colegios privados, para mantener su renombre, evitan que estos temas salgan a la luz pública”.

Por ahora la familia de Yadira espera conocer la sanción que le será impuesta a Nicolás Hernández y continuará adelantando las diligencias respectivas para determinar nuevas responsabilidades. Ángela Altamiranda, por su parte, pidió que “los padres enseñen a sus hijos a decir la verdad y a ser honestos y transparentes. Esto no fue un juego: fue un atentado lo que le hicieron a mi niña”.

Recientemente un juez de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra Nicolás Hernández, quien, según estableció la Fiscalía, fue el responsable de las graves lesiones que sufrió Yadira Perdomo en 2009, cuando ambos eran estudiantes del Gimnasio Campestre Los Alpes. El caso se ha convertido en referente de las víctimas de matoneo, teniendo en cuenta que Yadira no pudo volver a caminar y que decidió luchar contra el bullyng a través de su fundación, Unidos Seremos Escuchados. Además, al tiempo que se conoció esa decisión, el abogado del caso, Iván Cancino, aseguró que demandará a esa institución educativa “por la responsabilidad que tuvo al no prevenir el matoneo, que fue reiterado, y por no haber reaccionado más rápido cuando la niña fue lastimada”.

Asimismo, Ángela Altamiranda, la madre de Yadira, escribió en una red social que el rector del Gimnasio, Camilo Castaño Sossa, “le mintió a la justicia” y les pidió a quienes fueron los compañeros de su hija que colaboraran con las autoridades porque “el rector siempre los presionó para que cambiaran la verdad y limpiar la mala imagen de él y su colegio”. Y es que desde que sufrió la caída de tres pisos que la dejó en silla de ruedas, Yadira ha sostenido que el colegio no le prestó la atención médica requerida y que, pese a tener serias lesiones en la columna, la enfermera de la institución la envió a su casa con el diagnóstico de un simple “trastorno en el tobillo”.

Por estos hechos también enfrenta un proceso judicial la psicóloga del plantel, a quien la Fiscalía le imputará el delito de lesiones personales porque, presuntamente, abandonó el salón de clases dejando a los estudiantes sin supervisión. Sobre la pena que deberá pagar el estudiante Hernández, que será conocida el próximo 20 de octubre, Cancino explicó que “él está siendo juzgado como menor de edad y por eso no tendrá privación de la libertad. En este caso aplicaría alguna de las medidas del Código de Infancia y Adolescencia, que pueden ser presentaciones personales o medidas de perdón, entre otras”.

Sin embargo, el avance que representa este fallo para las víctimas de matoneo vuelve a poner en la palestra pública la celeridad de las autoridades para contrarrestar y prevenir este fenómeno. Ricardo Ruidiaz, director ejecutivo de Amigos Unidos, una fundación que lucha contra el bullyng, asegura que la Ley de Convivencia Escolar, sancionada en 2013, no se está aplicando adecuadamente. Según él, “aunque el caso de Yadira da una luz de esperanza para que las víctimas y sus familias se animen a denunciar, es lamentable que en este país tenga que haber un lesionado de por vida o un muerto para que existan repercusiones judiciales”.

Ruidiaz señaló, además, que “hay colegios privados de gran renombre que quedan a las afueras de Bogotá, en Chía, en Cota, que se alejan del ojo vigilante del Ministerio y de las secretarías de Educación y es allí donde tenemos una gran cantidad de casos de bullyng. Los directivos de los colegios distritales o públicos, en general, tratan de ocultar las denuncias porque no se quieren ver abocados a una investigación disciplinaria y los colegios privados, para mantener su renombre, evitan que estos temas salgan a la luz pública”.

Por ahora la familia de Yadira espera conocer la sanción que le será impuesta a Nicolás Hernández y continuará adelantando las diligencias respectivas para determinar nuevas responsabilidades. Ángela Altamiranda, por su parte, pidió que “los padres enseñen a sus hijos a decir la verdad y a ser honestos y transparentes. Esto no fue un juego: fue un atentado lo que le hicieron a mi niña”.