Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Candice Welsch, la representante para las Américas de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), lleva un poco más de dos años presentando el Informe sobre el Monitoreo de Territorio con Presencia de Cultivos de Coca. Se trata de una de las investigaciones más importantes para entender a fondo las dinámicas que tiene el cultivo de esta planta en el país y sus efectos nocivos, no solo cuando se convierte en cocaína, sino la estela de sangre que lleva este tipo de negocio. La representante accedió a contestar un cuestionario en el que resalta los principales hallazgos y hace una advertencia sobre las consecuencias de la producción de cocaína en el medio ambiente.
A diferencia del informe de 2022, en el que se destacó que Putumayo era el departamento con más crecimiento de cultivos de coca, en 2023 el asunto se “democratizó” y vemos un crecimiento más generalizado, especialmente en Cauca y Nariño. ¿A qué se debe este cambio?
A diferencia del incremento entre 2021 y 2022 que estuvo fuertemente concentrado en el departamento de Putumayo, en este período el crecimiento fue más generalizado. 16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento; Cauca y Nariño fueron los más afectados. Se mantienen los 15 enclaves productivos, que concentran el 39% del área con coca en tan solo 14% del territorio con presencia de cultivos de coca 2023.
Este cambio puede estar mediado porque en la región del Pacífico, que incluye Cauca y Nariño, se localizan 10 de los 15 enclaves productivos; las condiciones de vulnerabilidad persisten en estos territorios y además su posición estratégica que da acceso al océano Pacífico parecen favorecer la persistencia del fenómeno.
El informe señala que la producción potencial de cocaína continua en sus récords históricos. ¿Estamos fracasando en la lucha contra su aumento?
Es importante hablar en términos de abordaje de esta problemática. Lo indicado es corregir las vulnerabilidades que actualmente tienen los territorios y generar escenarios seguros, sostenibles ambientalmente y donde se respete la legalidad. Esta es la forma en la que se debe medir el impacto de las intervenciones en los territorios con presencia de cultivos de coca. Por supuesto que la coca y la producción de cocaína es uno de los obstáculos a vencer, pero no es el único.
El 65 % de toda la deforestación en Colombia, entre 2022 y 2023, coincide con lugares en donde hay territorios con coca. ¿Cree que estos datos revelan que existe una alianza directa entre el daño al medio ambiente y la producción de cocaína?
Para responder a esta pregunta debemos de ver, no solo los cultivos de coca, sino lo que se necesita para que estos se transformen en cocaína, la cocaína en dinero y el dinero en bienes. Esto requiere un entramado que cobija otros delitos como corrupción, lavado de activos, amenazas a la seguridad, al igual que la transformación del paisaje como vías de acceso, centros de acopio para las actividades ilegales, vertimiento de sustancias químicas, entre otros. Todo esto en conjunto genera esta afectación.
Pero quisiera ir más allá y mencionar que la producción de cocaína y en general de actividades ilegales en el territorio reduce nuestra capacidad de conservar la diversidad biológica y cultural.
¿Qué es lo que más les preocupa de este nuevo aumento en la siembra de coca y producción de cocaína?
Lo que más preocupa es que el efecto de concentración hace que el peso específico del problema sea muy grande en ciertos territorios; esto se ve en un impacto negativo en múltiples áreas, como por ejemplo: el incremento en la violencia y la criminalidad, al asociarse el fenómeno con grupos armados ilegales, y el daño ambiental constante, a través de la deforestación y la degradación de ecosistemas. Así mismo, los efectos socioeconómicos adversos que perpetúan la pobreza en las comunidades inmersas en este fenómeno y obstaculizan el desarrollo sostenible. Toda la situación plantea desafíos para las políticas públicas al entorpecer los esfuerzos gubernamentales e internacionales para combatir el narcotráfico y promover la estabilidad en la región.
La nueva política de drogas ya arrancó a andar, pero todavía no se ven sus logros. ¿Qué cambios esperan identificar para el informe del próximo año?
La nueva política busca un balance ideal entre el oxígeno y la asfixia, este reporte ofrece herramientas clave para focalizar este balance. La política está priorizando la sostenibilidad y eso implica que los cambios sean menos rápidos y que debamos adaptar mecanismos que sean capaces de identificarlos; Unodc sigue desarrollando metodologías de monitoreo para detectarlos. De igual forma, es necesario avanzar en la implementación de sistemas de registro de las intervenciones que generen evidencia técnica capaz de alimentar un sistema de nuevas métricas que permitan la medición del impacto de estas acciones.
Es ya tradición de la Unodc presentar este informe a comienzos de septiembre. ¿A qué se debió la demora este año? ¿Tuvo algo que ver la nueva administración en el Ministerio de Justicia?
Como todos los años, las cifras estuvieron listas en junio. Sin embargo, varios elementos coincidieron; por ejemplo, la crisis de los mercados que se presenta en algunas regiones nos obligó a realizar investigaciones complementarias para determinar si los lotes estaban siendo cosechados o no. Adicionalmente se presentó el cambio de los ministros y como casi siempre hacer coincidir las agendas fue todo un desafío.
Quizás el único dato positivo del informe es que el Cesar deja de tener coca en 2023. ¿A qué se debe este cambio? ¿Qué puede aprender el resto del país sobre este departamento?
No solo Cesar es un resultado positivo, el informe presenta varios elementos para resaltar; 181 municipios de los 1.122 existentes tienen presencia de cultivos de coca en 2023, pero 4 menos que en 2022 y 65 municipios de los 181 tienen menos de 100 hectáreas con coca, que en conjunto suman apenas cerca de 2.000. Este panorama nos muestra que muchos territorios tienen lecciones aprendidas y buenas prácticas interesantes para evaluar; un ejemplo de esto es el avance en el proceso de declaratoria en la región Magdalena medio y Occidente de Boyacá en el cual se han evidenciado acciones comunitarias positivas que pueden servir de ejemplo en otras regiones.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.