La profecía de Carlos Castaño

El extinto jefe de las autodefensas Carlos Castaño tenía razón. Más temprano que tarde, el ala narcotraficante del paramilitarismo iba a terminar rindiendo cuentas ante Estados Unidos. Desde finales de los años 90, cuando ventiló su idea de concretar un sometimiento masivo de narcotraficantes a los jueces norteamericanos, lo tuvo claro. Y en 2004, cuando era él mismo quien buscaba aproximarse a Washington para tomar distancia de los ‘narcos’ mimetizados en el proceso de paz con el gobierno Uribe, encontró la muerte.

No era que Castaño no hubiese sido tolerante con el tráfico de narcóticos sino que entendió que en ese tema Estados Unidos sabe cruzarse a tiempo y dejar colar ‘narcos’ a las autodefensas terminaría por perderlos a todos. Aunque desde los orígenes del movimiento en los años 80 existe documentación que evidencia que sus hermanos Fidel y Vicente Castaño le sumaron narcotráfico a su opción antisubversiva, ya convertido en  Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) desde 1997, Carlos Castaño intentó tomar distancia de los narcotraficantes ‘puros’.

En su confesión al periodista Mauricio Aranguren, en 2001, el menor de los Castaño advertía que estaba en la tarea de persuadir a los narcotraficantes de someterse a la justicia norteamericana. Él mismo empezó a contactarse en Estados Unidos con el abogado de origen cubano Joaquín Pérez, para explorar las posibilidades de su entrega, sobre todo después de que la entonces embajadora gringa en Colombia Anne Patterson, empezó a calificarlo como “un narcotraficante”. Entonces sobrevino su súbita renuncia a la comandancia de las autodefensas.

El hecho se produjo el 30 de mayo de 2001, y aunque en su momento se atribuyó a una reacción suya tras conocer que el secuestro de un empresario venezolano en el Meta había sido fraguado por una alianza de paramilitares y guerrilleros disidentes unidos por el narcotráfico, otra razón de fondo precipitó su dimisión. Los integrantes del estado mayor de las autodefensas le habían planteado una alianza de fuerzas al margen de la ley patrocinada por el narcotráfico, para concretar la toma del  poder político desde lo local hacia lo nacional.

En el interior de las Auc, la fórmula fue conocida como ‘el Plan Birmania’. Una fuente que conoció del propio Castaño el proyecto, le contó a El Espectador que el extinto jefe paramilitar la rechazó rotundamente, pues además ya venía exteriorizando duras críticas a los máximos líderes del Bloque Central Bolívar, Ernesto Báez y Macaco  , por sus nexos con la producción ilícita de droga. “Somos en las Auc amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo”, y renunció a la comandancia.

En los siguientes meses, se concretaron dos reuniones distintas: en Santa Fe de Ralito, en julio de 2001, con el propósito de “refundar la Patria”, los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Don Berna, Diego Vecino y Jorge 40, suscribieron un pacto al que se sumaron siete representantes a la Cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes, entre otros dirigentes políticos. Por otra parte, en enero de 2002, cerca a Cartago (Valle), Carlos Castaño presidió una reunión con 50 grandes narcotraficantes para plantearles su sometimiento a Estados Unidos.

“Quienes de alguna manera consideramos tener deudas con E.U., sentimos los ojos de los gringos en todo momento y, aunque quisiéramos que fuera sólo paranoia, los hechos y la presión comienzan a estrangular a narcos, guerrillas y autodefensas (...) No estoy actuando como mediador, sino como alguien más que en su momento tendrá que responder por sus actos ante la justicia norteamericana”, expresó Castaño, como presintiendo lo que se le venía encima. En septiembre de ese mismo año, la justicia estadounidense lo pidió en extradición.

Dos trabajos periodísticos, Nuestro hombre en la DEA, de Gerardo Reyes,  y La batalla final de Carlos Castaño, de Alfredo Serrano, dan cuenta de cómo para el jefe de las autodefensas fue demoledora esa noticia y cómo empezó a dar la pelea ante el Estado Mayor de las Auc para impedir que los narcotraficantes se colaran al proceso de paz que ya se adelantaba con el gobierno Uribe Vélez. Sin embargo, el principal promotor de esta alianza espuria era su propio hermano Vicente, quien comenzó a venderle frentes a Gordolindo y Los Mellizos.

Esta discrepancia de criterios se saldó con la muerte. Los otros jefes paramilitares concluyeron que por encima de los intereses de sangre, estaban los intereses de la negociación y si ya estaban ganando un indulto jurídico, nadie se los iba a estropear. Al saber que Castaño ya tenía serios acercamientos con la DEA, el 16 de abril de 2004 fue asesinado por un grupo de hombres encabezados por Jesús Antonio Roldán, alias Monoleche. El proceso de negociación siguió su curso, la Ley de Justicia y Paz parecía camino al éxito, pero el narcotráfico seguía enlodándolo todo.

Sólo restaba esperar lo que parecía inminente: la extradición masiva. Los propios jefes paramilitares, como lo publicó El Espectador el 16 de septiembre de 2007, empezaron a contactar abogados en los Estados Unidos con el propósito de pensar en un plan B y matar dos pájaros de un solo tiro: la ruta gringa. La propia Ley de Justicia y Paz, en su artículo 30, advierte que la pena puede cumplirse en el exterior, por lo cual la idea no era descabellada, era saldar las cuentas en Colombia y Estados Unidos en un solo paquete.

Sin embargo, antes de que pudieran concretar sus planes, se les adelantó el Gobierno y los extraditó a todos. El pasado martes 13 de mayo, 14 jefes paramilitares, todos pedidos en extradición por cargos de narcotráfico, fueron enviados a Estados Unidos. Hoy, en cárceles de Washington, Miami y Nueva York, empiezan un largo recorrido para saldar sus cuentas por tráfico de estupefacientes. La justicia colombiana aguarda que también paguen por sus crímenes en la guerra. Como lo había advertido Carlos Castaño, pero sin sometimiento, todos los narcoparamilitares terminaron en celdas gringas.

Los jefes ‘paras’ extraditables

Los jefes paramilitares que tenían suspendida la extradición, algunos incluso desde 1999, y que esta semana fueron entregados a la justicia de E.U., son: Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Hernán Giraldo Serna; Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano; John Eidelber Cano, alias Johny Cano; Eduardo Enrique Vengoechea; Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo; Martín Peñaranda Osorio; Nodier Giraldo Giraldo; Juan Carlos Sierra, alias El Tuso; Edwin Mauricio Gómez y Diego Alberto Ruiz.

Otros dos jefes de las autodefensas ya habían sido enviados con anterioridad: Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, extraditado el 6 de mayo pasado, y Huber Aníbal Gómez Luna, extraditado el 22 de septiembre de 2006.

Los otros comandantes que también están pedidos en extradición pero siguen detenidos en  cárceles colombianas son Álvaro Antonio Padilla, Freddy Castillo, Álvaro Padilla Redondo, Héctor Rodríguez y Juan Carlos Muñoz.

Los que siguen en el proceso

Según un informe de Indepaz, los jefes paramilitares que todavía hacen parte del proceso de Justicia y Paz son: Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán; Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata; Juan Francisco Prada; Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar; Roberto Iván Duque Gaviria; Ramón Isaza; Víctor Arnubio Triana, alias Botalón; Diego José Martínez; Luis Arnulfo Tuberquia; José Baldomero Linares; Édgar Cobos Téllez, alias Diego Vecino; Élver Veloza García, alias HH, y Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila.

En la lista también se incluye a Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias El Loco y uno de Los Mellizos, quien fue capturado el pasado 8 de mayo, pedido en extradición desde  2000.

Los que no se acogieron al proceso o desistieron son: Vicente Castaño Gil; Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, alias Cuchillo; Luis Eduardo Echavarría Durango; Daniel Alberto Mejía; Éder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana; Alcides de Jesús Durango y José María Barrera Ortiz, alias Chepe Barrera.

El extinto jefe de las autodefensas Carlos Castaño tenía razón. Más temprano que tarde, el ala narcotraficante del paramilitarismo iba a terminar rindiendo cuentas ante Estados Unidos. Desde finales de los años 90, cuando ventiló su idea de concretar un sometimiento masivo de narcotraficantes a los jueces norteamericanos, lo tuvo claro. Y en 2004, cuando era él mismo quien buscaba aproximarse a Washington para tomar distancia de los ‘narcos’ mimetizados en el proceso de paz con el gobierno Uribe, encontró la muerte.

No era que Castaño no hubiese sido tolerante con el tráfico de narcóticos sino que entendió que en ese tema Estados Unidos sabe cruzarse a tiempo y dejar colar ‘narcos’ a las autodefensas terminaría por perderlos a todos. Aunque desde los orígenes del movimiento en los años 80 existe documentación que evidencia que sus hermanos Fidel y Vicente Castaño le sumaron narcotráfico a su opción antisubversiva, ya convertido en  Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) desde 1997, Carlos Castaño intentó tomar distancia de los narcotraficantes ‘puros’.

En su confesión al periodista Mauricio Aranguren, en 2001, el menor de los Castaño advertía que estaba en la tarea de persuadir a los narcotraficantes de someterse a la justicia norteamericana. Él mismo empezó a contactarse en Estados Unidos con el abogado de origen cubano Joaquín Pérez, para explorar las posibilidades de su entrega, sobre todo después de que la entonces embajadora gringa en Colombia Anne Patterson, empezó a calificarlo como “un narcotraficante”. Entonces sobrevino su súbita renuncia a la comandancia de las autodefensas.

El hecho se produjo el 30 de mayo de 2001, y aunque en su momento se atribuyó a una reacción suya tras conocer que el secuestro de un empresario venezolano en el Meta había sido fraguado por una alianza de paramilitares y guerrilleros disidentes unidos por el narcotráfico, otra razón de fondo precipitó su dimisión. Los integrantes del estado mayor de las autodefensas le habían planteado una alianza de fuerzas al margen de la ley patrocinada por el narcotráfico, para concretar la toma del  poder político desde lo local hacia lo nacional.

En el interior de las Auc, la fórmula fue conocida como ‘el Plan Birmania’. Una fuente que conoció del propio Castaño el proyecto, le contó a El Espectador que el extinto jefe paramilitar la rechazó rotundamente, pues además ya venía exteriorizando duras críticas a los máximos líderes del Bloque Central Bolívar, Ernesto Báez y Macaco  , por sus nexos con la producción ilícita de droga. “Somos en las Auc amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo”, y renunció a la comandancia.

En los siguientes meses, se concretaron dos reuniones distintas: en Santa Fe de Ralito, en julio de 2001, con el propósito de “refundar la Patria”, los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Don Berna, Diego Vecino y Jorge 40, suscribieron un pacto al que se sumaron siete representantes a la Cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes, entre otros dirigentes políticos. Por otra parte, en enero de 2002, cerca a Cartago (Valle), Carlos Castaño presidió una reunión con 50 grandes narcotraficantes para plantearles su sometimiento a Estados Unidos.

“Quienes de alguna manera consideramos tener deudas con E.U., sentimos los ojos de los gringos en todo momento y, aunque quisiéramos que fuera sólo paranoia, los hechos y la presión comienzan a estrangular a narcos, guerrillas y autodefensas (...) No estoy actuando como mediador, sino como alguien más que en su momento tendrá que responder por sus actos ante la justicia norteamericana”, expresó Castaño, como presintiendo lo que se le venía encima. En septiembre de ese mismo año, la justicia estadounidense lo pidió en extradición.

Dos trabajos periodísticos, Nuestro hombre en la DEA, de Gerardo Reyes,  y La batalla final de Carlos Castaño, de Alfredo Serrano, dan cuenta de cómo para el jefe de las autodefensas fue demoledora esa noticia y cómo empezó a dar la pelea ante el Estado Mayor de las Auc para impedir que los narcotraficantes se colaran al proceso de paz que ya se adelantaba con el gobierno Uribe Vélez. Sin embargo, el principal promotor de esta alianza espuria era su propio hermano Vicente, quien comenzó a venderle frentes a Gordolindo y Los Mellizos.

Esta discrepancia de criterios se saldó con la muerte. Los otros jefes paramilitares concluyeron que por encima de los intereses de sangre, estaban los intereses de la negociación y si ya estaban ganando un indulto jurídico, nadie se los iba a estropear. Al saber que Castaño ya tenía serios acercamientos con la DEA, el 16 de abril de 2004 fue asesinado por un grupo de hombres encabezados por Jesús Antonio Roldán, alias Monoleche. El proceso de negociación siguió su curso, la Ley de Justicia y Paz parecía camino al éxito, pero el narcotráfico seguía enlodándolo todo.

Sólo restaba esperar lo que parecía inminente: la extradición masiva. Los propios jefes paramilitares, como lo publicó El Espectador el 16 de septiembre de 2007, empezaron a contactar abogados en los Estados Unidos con el propósito de pensar en un plan B y matar dos pájaros de un solo tiro: la ruta gringa. La propia Ley de Justicia y Paz, en su artículo 30, advierte que la pena puede cumplirse en el exterior, por lo cual la idea no era descabellada, era saldar las cuentas en Colombia y Estados Unidos en un solo paquete.

Sin embargo, antes de que pudieran concretar sus planes, se les adelantó el Gobierno y los extraditó a todos. El pasado martes 13 de mayo, 14 jefes paramilitares, todos pedidos en extradición por cargos de narcotráfico, fueron enviados a Estados Unidos. Hoy, en cárceles de Washington, Miami y Nueva York, empiezan un largo recorrido para saldar sus cuentas por tráfico de estupefacientes. La justicia colombiana aguarda que también paguen por sus crímenes en la guerra. Como lo había advertido Carlos Castaño, pero sin sometimiento, todos los narcoparamilitares terminaron en celdas gringas.

Los jefes ‘paras’ extraditables

Los jefes paramilitares que tenían suspendida la extradición, algunos incluso desde 1999, y que esta semana fueron entregados a la justicia de E.U., son: Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Hernán Giraldo Serna; Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano; John Eidelber Cano, alias Johny Cano; Eduardo Enrique Vengoechea; Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo; Martín Peñaranda Osorio; Nodier Giraldo Giraldo; Juan Carlos Sierra, alias El Tuso; Edwin Mauricio Gómez y Diego Alberto Ruiz.

Otros dos jefes de las autodefensas ya habían sido enviados con anterioridad: Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, extraditado el 6 de mayo pasado, y Huber Aníbal Gómez Luna, extraditado el 22 de septiembre de 2006.

Los otros comandantes que también están pedidos en extradición pero siguen detenidos en  cárceles colombianas son Álvaro Antonio Padilla, Freddy Castillo, Álvaro Padilla Redondo, Héctor Rodríguez y Juan Carlos Muñoz.

Los que siguen en el proceso

Según un informe de Indepaz, los jefes paramilitares que todavía hacen parte del proceso de Justicia y Paz son: Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán; Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata; Juan Francisco Prada; Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar; Roberto Iván Duque Gaviria; Ramón Isaza; Víctor Arnubio Triana, alias Botalón; Diego José Martínez; Luis Arnulfo Tuberquia; José Baldomero Linares; Édgar Cobos Téllez, alias Diego Vecino; Élver Veloza García, alias HH, y Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila.

En la lista también se incluye a Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias El Loco y uno de Los Mellizos, quien fue capturado el pasado 8 de mayo, pedido en extradición desde  2000.

Los que no se acogieron al proceso o desistieron son: Vicente Castaño Gil; Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, alias Cuchillo; Luis Eduardo Echavarría Durango; Daniel Alberto Mejía; Éder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana; Alcides de Jesús Durango y José María Barrera Ortiz, alias Chepe Barrera.