La pugna de Samuel Moreno con la Contraloría por una millonaria sanción

Aunque las deudas del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno con la justicia, por el carrusel de la contratación, ya parecen saldadas, tiene una pendiente. Se trata de una sanción que le impuso la Contraloría General por más de $170.000 millones, en 2016, por sobrecostos en la construcción de la Fase III de Transmilenio que se presentaron bajo su mandato. Aunque en el primer round salió bien librado porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón, el ente de control insiste en que Moreno se haga cargo de la sanción, mientras que su abogado alega que existe prescripción. El expediente llegó al Consejo de Estado, que ahora debe definir la pugna.

El proceso aterrizó en el despacho del magistrado Roberto Serrato, quien se declaró impedido porque un familiar es funcionario de la Contraloría. Así las cosas, el proceso quedó en manos de la magistrada Myriam Gutiérrez, quien estudiará los argumentos de parte y parte, así como la decisión de primera instancia del Tribunal. El proceso en contra de Moreno empezó en 2010, cuando la Contraloría de Bogotá abrió una investigación por ser el responsable de los gastos que terminaron con sobrecostos en el convenio 137, celebrado por la entonces directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo, y la firma Transvial.

Pese a que Pardo fue condenada por actos de corrupción durante la administración de Moreno, la Contraloría nunca la llamó a rendir cuentas específicamente por ese proceso. No obstante, el caso en contra de Samuel Moreno siguió su rumbo hasta que llegó a manos de la excontralora Sandra Morelli, quien en diciembre de 2010 decidió arrancar desde cero el expediente, aun cuando la investigación ya llevaba un poco más de 10 meses. El caso pasó por todas las etapas, entre recusaciones contra Morelli y luego impedimentos por parte de su sucesor en la Contraloría, Edgardo Maya. Sin embargo, finalmente la condena fiscal llegó.

En diciembre de 2016, la Contraloría falló en contra de Samuel Moreno porque omitió vigilar las contrataciones que se llevaron a cabo durante su administración y lo declaró responsable por un detrimento de más $173.000 millones. El abogado Jaime Bulla, quien defiende los intereses del exalcalde, apeló la decisión argumentando que el ente de control rebasó los límites de tiempo que tenía, según le explicó a este diario. El defensor demandó porque, a su juicio, al exalcalde no se le debía juzgar por un contrato que estaba bajo la vigilancia del IDU y, además, que la Contraloría tardó seis años en emitir una sentencia cuando la ley dicta que son cinco años una vez se abre la investigación.

El Tribunal de Cundinamarca recibió la apelación a la sentencia fiscal y no solo acogió los argumentos de Bulla: en abril de 2021, sino que dejó sin efectos la sanción en contra de Samuel Moreno. En el fallo, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Lasso, se explica que la Contraloría debió emitir fallo el 17 de diciembre de 2015, pero salió a la luz apenas un año después. De ahí que se concluya, como alegaba el abogado, que el expediente prescribió. La Contraloría apeló y fue entonces que el expediente llegó al Consejo de Estado. En su recurso, básicamente, desestimó los argumentos del Tribunal y la defensa de Moreno.

Según la Contraloría General, no existe prescripción en el proceso. Explicaron que el famoso “engavetamiento” que retrasó el expediente por meses obedeció a que se estaban resolviendo los impedimentos y recusaciones en contra de Morelli y Maya. Además, aclaró que, durante ese lapso, los términos estuvieron suspendidos. “Es por lo anterior que se estima que la decisión de primera instancia es equivocada y desconocedora del marco regulatorio”, dice la apelación de 70 páginas. Además, explicó que no hubo “inseguridad jurídica” por parte de los investigadores, tampoco hubo dilación injustificada y que se omitió valorar las pruebas en contra de Moreno.

El abogado Bulla, en diálogo con este diario, resaltó que se mantiene en su postura inicial: solicitar que a Moreno no se le impongan responsabilidades fiscales como gestor del gasto, porque el convenio fue celebrado directamente entre el IDU y Transvial. La firma del exalcalde ni siquiera aparece en el documento. Además, aseguró que emitir una sentencia un año después del límite es “un exabrupto”. Por ahora las intenciones disímiles de las partes quedan a disposición de la magistrada Gutiérrez. Con la vacancia judicial encima, la togada tendrá que comenzar a estudiar el expediente, que es uno de los últimos pendientes de Samuel Moreno con la justicia, en 2022.

En materia penal, Moreno aún purga una larga sentencia por hechos de corrupción. En abril de este año, el Tribunal de Bogotá rebajó de 30 a 25 años de prisión su condena. Su abogado reprocha que los hechos por los que ha sido acusado no llevan su firma. Sin embargo, la justicia colombiana no solo ha condenado a miembros de su gabinete, sino también a su hermano, el exsenador Iván Moreno, por el entramado que se suscitó con los Nule, que tenían la responsabilidad de adelantar obras de malla vial en la capital del país.

Aunque las deudas del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno con la justicia, por el carrusel de la contratación, ya parecen saldadas, tiene una pendiente. Se trata de una sanción que le impuso la Contraloría General por más de $170.000 millones, en 2016, por sobrecostos en la construcción de la Fase III de Transmilenio que se presentaron bajo su mandato. Aunque en el primer round salió bien librado porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón, el ente de control insiste en que Moreno se haga cargo de la sanción, mientras que su abogado alega que existe prescripción. El expediente llegó al Consejo de Estado, que ahora debe definir la pugna.

El proceso aterrizó en el despacho del magistrado Roberto Serrato, quien se declaró impedido porque un familiar es funcionario de la Contraloría. Así las cosas, el proceso quedó en manos de la magistrada Myriam Gutiérrez, quien estudiará los argumentos de parte y parte, así como la decisión de primera instancia del Tribunal. El proceso en contra de Moreno empezó en 2010, cuando la Contraloría de Bogotá abrió una investigación por ser el responsable de los gastos que terminaron con sobrecostos en el convenio 137, celebrado por la entonces directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo, y la firma Transvial.

Pese a que Pardo fue condenada por actos de corrupción durante la administración de Moreno, la Contraloría nunca la llamó a rendir cuentas específicamente por ese proceso. No obstante, el caso en contra de Samuel Moreno siguió su rumbo hasta que llegó a manos de la excontralora Sandra Morelli, quien en diciembre de 2010 decidió arrancar desde cero el expediente, aun cuando la investigación ya llevaba un poco más de 10 meses. El caso pasó por todas las etapas, entre recusaciones contra Morelli y luego impedimentos por parte de su sucesor en la Contraloría, Edgardo Maya. Sin embargo, finalmente la condena fiscal llegó.

En diciembre de 2016, la Contraloría falló en contra de Samuel Moreno porque omitió vigilar las contrataciones que se llevaron a cabo durante su administración y lo declaró responsable por un detrimento de más $173.000 millones. El abogado Jaime Bulla, quien defiende los intereses del exalcalde, apeló la decisión argumentando que el ente de control rebasó los límites de tiempo que tenía, según le explicó a este diario. El defensor demandó porque, a su juicio, al exalcalde no se le debía juzgar por un contrato que estaba bajo la vigilancia del IDU y, además, que la Contraloría tardó seis años en emitir una sentencia cuando la ley dicta que son cinco años una vez se abre la investigación.

El Tribunal de Cundinamarca recibió la apelación a la sentencia fiscal y no solo acogió los argumentos de Bulla: en abril de 2021, sino que dejó sin efectos la sanción en contra de Samuel Moreno. En el fallo, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Lasso, se explica que la Contraloría debió emitir fallo el 17 de diciembre de 2015, pero salió a la luz apenas un año después. De ahí que se concluya, como alegaba el abogado, que el expediente prescribió. La Contraloría apeló y fue entonces que el expediente llegó al Consejo de Estado. En su recurso, básicamente, desestimó los argumentos del Tribunal y la defensa de Moreno.

Según la Contraloría General, no existe prescripción en el proceso. Explicaron que el famoso “engavetamiento” que retrasó el expediente por meses obedeció a que se estaban resolviendo los impedimentos y recusaciones en contra de Morelli y Maya. Además, aclaró que, durante ese lapso, los términos estuvieron suspendidos. “Es por lo anterior que se estima que la decisión de primera instancia es equivocada y desconocedora del marco regulatorio”, dice la apelación de 70 páginas. Además, explicó que no hubo “inseguridad jurídica” por parte de los investigadores, tampoco hubo dilación injustificada y que se omitió valorar las pruebas en contra de Moreno.

El abogado Bulla, en diálogo con este diario, resaltó que se mantiene en su postura inicial: solicitar que a Moreno no se le impongan responsabilidades fiscales como gestor del gasto, porque el convenio fue celebrado directamente entre el IDU y Transvial. La firma del exalcalde ni siquiera aparece en el documento. Además, aseguró que emitir una sentencia un año después del límite es “un exabrupto”. Por ahora las intenciones disímiles de las partes quedan a disposición de la magistrada Gutiérrez. Con la vacancia judicial encima, la togada tendrá que comenzar a estudiar el expediente, que es uno de los últimos pendientes de Samuel Moreno con la justicia, en 2022.

En materia penal, Moreno aún purga una larga sentencia por hechos de corrupción. En abril de este año, el Tribunal de Bogotá rebajó de 30 a 25 años de prisión su condena. Su abogado reprocha que los hechos por los que ha sido acusado no llevan su firma. Sin embargo, la justicia colombiana no solo ha condenado a miembros de su gabinete, sino también a su hermano, el exsenador Iván Moreno, por el entramado que se suscitó con los Nule, que tenían la responsabilidad de adelantar obras de malla vial en la capital del país.