La realidad paramilitar en Chocó

Aunque el Estado niega el resurgimiento de paramilitares en Colombia, esta semana las comunidades de dos municipios en el Chocó prendieron las alarmas al denunciar la presencia de estos grupos al margen de la ley en sus territorios. Los pobladores de los corregimientos de Peña Azul (Alto Baudó) y Domingodó (Carmen del Darién) no habían acabado de denunciar la presencia de hombres pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), cuando desde el caserío riosuceño de Bijao y del consejo comunitario de Jiguamiandó reportaron la delicada situación de orden público en las zonas.

En Bijao, territorio que ya había denunciado a finales de enero la presencia de gaitanistas, la población manifestó el martes que algunas unidades paramilitares se asentaron en el caserío y permanecen vestidos de civil. El Espectador conoció que los gaitanistas están utilizando a jóvenes y niños como “campaneros”, es decir, para que informen sobre las operaciones de la Fuerza Pública y los movimientos de los líderes sociales de las zonas humanitarias riosuceñas Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida. El pasado 12 de febrero, según le relató a este diario una habitante de Nueva Esperanza en Dios, por lo menos 20 paramilitares incursionaron en la zona.

“Se metieron a las casas porque, supuestamente, resguardamos a gente asociada a las guerrillas. Venían encapuchados, con armas largas y de negro”, aseguró la mujer, quien, además de pedir que su nombre no se cite, por su seguridad, fue desplazada de la cuenca del río Cacarica en 1997, durante la tristemente célebre operación Génesis del Ejército, realizada en colaboración con las autodefensas. “Es inaudito que ingresen a nuestro territorio. Nosotros no aceptamos ningún actor armado. Logramos que los gaitanistas salieran porque los confrontamos verbalmente y los sacamos. Nuestra comunidad resistió”, puntualizó la habitante.

El miércoles, veinticuatro horas después de las denuncias desde Bijao, en el consejo comunitario de Jiguamiandó (Riosucio) 40 gaitanistas habrían ingresado al territorio y le habrían manifestado a la población que se iban a quedar en la zona y que no podían avisar a nadie sobre su presencia. Los paras, que portaban armas largas y vestían de camuflado, ingresaron por el río Tamboral y se trasladaron a la cabecera del río Pavarandó, donde habitantes de la zona reportaron la presencia de al menos 100 de ellos. “Corre el rumor de que quieren volver a ingresar a Nueva Esperanza”, le aseguró a este diario un habitante.

Las amenazas que recibió la semana pasada Argemiro Bailarín, líder indígena de Jiguamiandó, habrían sido hechas por las estructuras paramilitares, quienes, según los reportes de la comunidad, planean tomarse el territorio en las próximas semanas. El representante de la comunidad durante varios años ha protestado por la deforestación ilegal en la zona. Lidera las movilizaciones en contra de la extracción minera de oro, cobre y molibdeno a cielo abierto que hace la compañía estadounidense Muriel Mining Corporation desde 2005 en 16.000 hectáreas del cerro Careperro. Hace un año, las comunidades negras e indígenas de Jiguamiandó denunciaron la presencia de 50 paramilitares y la instalación de un campamento cerca a su territorio.

La comunidad de Curvaradó —colindante con Jiguamiandó— lamentablemente relata más de lo mismo en los últimos dos años: decenas de hombres armados buscando a los líderes sociales y amenazando a quien sea auxiliador de la guerrilla. Por ejemplo, el pasado martes 21 de febrero, la lideresa social y reclamante de tierras Yomaira Mendoza fue amenazada vía telefónica. Los mensajes de texto con amenazas de muerte comenzaron en febrero de 2014, después de que Mendoza declarara ante la Fiscalía. El ente investigador realiza averiguaciones sobre la presunta apropiación indebida de tierras en Curvaradó por parte de poderosos agentes económicos que cuentan con el apoyo de grupos paramilitares y sobre el homicidio del esposo de Mendoza, José Eustoquio Cifuentes Rojas, en enero de 2007.

Jijuamiandó y Curvaradó durante los años noventa fueron zonas en donde el Clan Castaño despojó a cientos de campesinos desplegando todo su poderío paramilitar. En 2013 y 2014, la justicia señaló que durante esa década existió una estrecha relación entre el desaparecido jefe paramilitar Vicente Castaño y empresarios palmicultores. La oscura alianza se gestó con el fin de apoderarse ilegalmente de tierras ocupadas por las comunidades negras del Bajo Atrato chocoano y consolidar un megaproyecto agroindustrial de palma africana. Por estos hechos, 18 empresarios palmicultores fueron condenados a pagar condenas que oscilan entre los siete y doce años de prisión.

La Fiscalía señaló en su momento, que los orígenes de esta empresa criminal pueden rastrearse en febrero de 1997, cuando tropas de la Brigada XVII del Ejército, comandadas por el entonces general Rito Alejo del Río, llevaron a cabo la tristemente célebre Operación Génesis. La acción militar, que tuvo el apoyo del Bloque Elmer Cárdenas de las (Auc) buscaban atacar los fortines del frente 57 de las Farc en Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho. Según los testimonios entregados por paramilitares a fiscales y magistrados de Justicia y Paz, lograron establecer que en el mismo participaron activamente por lo menos 60 paramilitares, dejando un saldo devastador de más de 3.500 personas desplazadas forzadamente.

Algunos pobladores del Bajo Atrato, que denuncian el abandono histórico por parte del Estado y piden una respuesta inmediata a la actual crisis, también le contaron a este diario que los gaitanistas son la autoridad desde que los frentes 57 y 34 de las Farc se movieron a la zona veredal de concentración en Riosucio. Sin embargo, este no es el único caso en donde la población denuncia el resurgimiento de los paramilitares luego de que la guerrilla se concentrara para iniciar el desarme. Ya lo han hecho los pobladores de Tumaco (Nariño), Mesetas y Mapiripán (Meta), Tibú (Norte de Santander), Puerto Asís (Putumayo), Arauquita (Arauca) y San José del Guaviare (Guaviare).

Una fuente del Ministerio de Defensa, que solicitó la reserva de su nombre, aseguró que las “presuntas estructuras de carácter paramilitar” están tomando las rutas del narcotráfico que eran de la guerrilla y las zonas en donde las Farc realizaban minería ilegal. “Lo mismo está haciendo el Eln y por eso se presentan enfrentamientos como los que se produjeron el fin de semana pasado en el Alto Baudó”, señaló.

El general Mauricio Moreno, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército, que opera en el Bajo Atrato, le dijo a este diario que el pasado viernes ingresaron uniformados al Alto Baudó y le manifestaron a la población que se quedarían hasta que el orden en el territorio se restablezca. Añadió que la lucha contra los gaitanistas se ha complicado porque cuando la comunidad reporta su presencia se camuflan entre la población o se esconden en la espesa selva. “Más de 5.000 soldados estamos comprometidos con la seguridad de los chocoanos. Que a nadie le quepa la menor duda”, afirmó Moreno.

La comunidad sabe de los esfuerzos que hace la Fuerza Pública para brindarles seguridad a las comunidades chocoanas, aseguró un líder del Alto Baudó. “Siempre que los paras aparecen aumenta el pie de fuerza del Ejército por un tiempo. Luego se van los soldados. Esta no es la solución. Mil veces se ha intentado lo mismo, sin —hasta ahora— ningún resultado sólido a largo plazo. Las instituciones del Estado son un mito en el Chocó”, puntualizó el líder.

Aunque el Estado niega el resurgimiento de paramilitares en Colombia, esta semana las comunidades de dos municipios en el Chocó prendieron las alarmas al denunciar la presencia de estos grupos al margen de la ley en sus territorios. Los pobladores de los corregimientos de Peña Azul (Alto Baudó) y Domingodó (Carmen del Darién) no habían acabado de denunciar la presencia de hombres pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), cuando desde el caserío riosuceño de Bijao y del consejo comunitario de Jiguamiandó reportaron la delicada situación de orden público en las zonas.

En Bijao, territorio que ya había denunciado a finales de enero la presencia de gaitanistas, la población manifestó el martes que algunas unidades paramilitares se asentaron en el caserío y permanecen vestidos de civil. El Espectador conoció que los gaitanistas están utilizando a jóvenes y niños como “campaneros”, es decir, para que informen sobre las operaciones de la Fuerza Pública y los movimientos de los líderes sociales de las zonas humanitarias riosuceñas Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida. El pasado 12 de febrero, según le relató a este diario una habitante de Nueva Esperanza en Dios, por lo menos 20 paramilitares incursionaron en la zona.

“Se metieron a las casas porque, supuestamente, resguardamos a gente asociada a las guerrillas. Venían encapuchados, con armas largas y de negro”, aseguró la mujer, quien, además de pedir que su nombre no se cite, por su seguridad, fue desplazada de la cuenca del río Cacarica en 1997, durante la tristemente célebre operación Génesis del Ejército, realizada en colaboración con las autodefensas. “Es inaudito que ingresen a nuestro territorio. Nosotros no aceptamos ningún actor armado. Logramos que los gaitanistas salieran porque los confrontamos verbalmente y los sacamos. Nuestra comunidad resistió”, puntualizó la habitante.

El miércoles, veinticuatro horas después de las denuncias desde Bijao, en el consejo comunitario de Jiguamiandó (Riosucio) 40 gaitanistas habrían ingresado al territorio y le habrían manifestado a la población que se iban a quedar en la zona y que no podían avisar a nadie sobre su presencia. Los paras, que portaban armas largas y vestían de camuflado, ingresaron por el río Tamboral y se trasladaron a la cabecera del río Pavarandó, donde habitantes de la zona reportaron la presencia de al menos 100 de ellos. “Corre el rumor de que quieren volver a ingresar a Nueva Esperanza”, le aseguró a este diario un habitante.

Las amenazas que recibió la semana pasada Argemiro Bailarín, líder indígena de Jiguamiandó, habrían sido hechas por las estructuras paramilitares, quienes, según los reportes de la comunidad, planean tomarse el territorio en las próximas semanas. El representante de la comunidad durante varios años ha protestado por la deforestación ilegal en la zona. Lidera las movilizaciones en contra de la extracción minera de oro, cobre y molibdeno a cielo abierto que hace la compañía estadounidense Muriel Mining Corporation desde 2005 en 16.000 hectáreas del cerro Careperro. Hace un año, las comunidades negras e indígenas de Jiguamiandó denunciaron la presencia de 50 paramilitares y la instalación de un campamento cerca a su territorio.

La comunidad de Curvaradó —colindante con Jiguamiandó— lamentablemente relata más de lo mismo en los últimos dos años: decenas de hombres armados buscando a los líderes sociales y amenazando a quien sea auxiliador de la guerrilla. Por ejemplo, el pasado martes 21 de febrero, la lideresa social y reclamante de tierras Yomaira Mendoza fue amenazada vía telefónica. Los mensajes de texto con amenazas de muerte comenzaron en febrero de 2014, después de que Mendoza declarara ante la Fiscalía. El ente investigador realiza averiguaciones sobre la presunta apropiación indebida de tierras en Curvaradó por parte de poderosos agentes económicos que cuentan con el apoyo de grupos paramilitares y sobre el homicidio del esposo de Mendoza, José Eustoquio Cifuentes Rojas, en enero de 2007.

Jijuamiandó y Curvaradó durante los años noventa fueron zonas en donde el Clan Castaño despojó a cientos de campesinos desplegando todo su poderío paramilitar. En 2013 y 2014, la justicia señaló que durante esa década existió una estrecha relación entre el desaparecido jefe paramilitar Vicente Castaño y empresarios palmicultores. La oscura alianza se gestó con el fin de apoderarse ilegalmente de tierras ocupadas por las comunidades negras del Bajo Atrato chocoano y consolidar un megaproyecto agroindustrial de palma africana. Por estos hechos, 18 empresarios palmicultores fueron condenados a pagar condenas que oscilan entre los siete y doce años de prisión.

La Fiscalía señaló en su momento, que los orígenes de esta empresa criminal pueden rastrearse en febrero de 1997, cuando tropas de la Brigada XVII del Ejército, comandadas por el entonces general Rito Alejo del Río, llevaron a cabo la tristemente célebre Operación Génesis. La acción militar, que tuvo el apoyo del Bloque Elmer Cárdenas de las (Auc) buscaban atacar los fortines del frente 57 de las Farc en Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho. Según los testimonios entregados por paramilitares a fiscales y magistrados de Justicia y Paz, lograron establecer que en el mismo participaron activamente por lo menos 60 paramilitares, dejando un saldo devastador de más de 3.500 personas desplazadas forzadamente.

Algunos pobladores del Bajo Atrato, que denuncian el abandono histórico por parte del Estado y piden una respuesta inmediata a la actual crisis, también le contaron a este diario que los gaitanistas son la autoridad desde que los frentes 57 y 34 de las Farc se movieron a la zona veredal de concentración en Riosucio. Sin embargo, este no es el único caso en donde la población denuncia el resurgimiento de los paramilitares luego de que la guerrilla se concentrara para iniciar el desarme. Ya lo han hecho los pobladores de Tumaco (Nariño), Mesetas y Mapiripán (Meta), Tibú (Norte de Santander), Puerto Asís (Putumayo), Arauquita (Arauca) y San José del Guaviare (Guaviare).

Una fuente del Ministerio de Defensa, que solicitó la reserva de su nombre, aseguró que las “presuntas estructuras de carácter paramilitar” están tomando las rutas del narcotráfico que eran de la guerrilla y las zonas en donde las Farc realizaban minería ilegal. “Lo mismo está haciendo el Eln y por eso se presentan enfrentamientos como los que se produjeron el fin de semana pasado en el Alto Baudó”, señaló.

El general Mauricio Moreno, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército, que opera en el Bajo Atrato, le dijo a este diario que el pasado viernes ingresaron uniformados al Alto Baudó y le manifestaron a la población que se quedarían hasta que el orden en el territorio se restablezca. Añadió que la lucha contra los gaitanistas se ha complicado porque cuando la comunidad reporta su presencia se camuflan entre la población o se esconden en la espesa selva. “Más de 5.000 soldados estamos comprometidos con la seguridad de los chocoanos. Que a nadie le quepa la menor duda”, afirmó Moreno.

La comunidad sabe de los esfuerzos que hace la Fuerza Pública para brindarles seguridad a las comunidades chocoanas, aseguró un líder del Alto Baudó. “Siempre que los paras aparecen aumenta el pie de fuerza del Ejército por un tiempo. Luego se van los soldados. Esta no es la solución. Mil veces se ha intentado lo mismo, sin —hasta ahora— ningún resultado sólido a largo plazo. Las instituciones del Estado son un mito en el Chocó”, puntualizó el líder.