La receta criminal del Clan del Golfo: los factores detrás de su poderío

Detrás del más reciente paro armado del Clan del Golfo hay una historia de adaptación de más de una década, que deja en evidencia que este grupo ha logrado superar, como ningún otro, los desafíos típicos del mundo ilegal: evitar su desintegración por luchas internas, doblegar por medios violentos o alianzas a organizaciones rivales y resistir a las acciones estatales en su contra que, hasta la fecha, deja miles de miembros y decenas de cabecillas capturados o neutralizados.

Detrás del más reciente paro armado del Clan del Golfo hay una historia de adaptación de más de una década, que deja en evidencia que este grupo ha logrado superar, como ningún otro, los desafíos típicos del mundo ilegal: evitar su desintegración por luchas internas, doblegar por medios violentos o alianzas a organizaciones rivales y resistir a las acciones estatales en su contra que, hasta la fecha, deja miles de miembros y decenas de cabecillas capturados o neutralizados.

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La singularidad del “éxito” criminal del Clan del Golfo consiste en su capacidad de reinventar los activos heredados de las experiencias paramilitares, insurgentes y criminales de sus líderes y el desarrollo de una estructura organizacional novedosa, que combina un núcleo organizacional de mando colegiado con una estrategia de expansión más flexible por la vía de subcontratación de bandas menores y el establecimiento de un sofisticado entramado de redes de corrupción de funcionarios públicos y de negocios legales e ilegales.

Esta combinación le ha permitido obtener lo mejor de varios mundos: la cohesión interna y la capacidad militar de una insurgencia, el espacio político necesario para operar por medio de alianzas y redes de corrupción que limitan la acción del Estado, típico de organizaciones paramilitares, y la flexibilidad para adaptarse a un contexto en permanente cambio por medio de lógicas de mercado, como la subcontratación y las redes de soborno y corrupción propias del crimen organizado.

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Una estructura armada cohesionada

La estructura de mando colegiado le ha facilitado al Clan una sucesión relativamente pacífica de liderazgos, que ha sido fundamental para mantener la cohesión de la organización, pese a las capturas y neutralización de sus cabecillas más importantes. Además, le ha permitido tramitar desacuerdos internos como el que suscitó la intención de Otoniel de iniciar un proceso de sometimiento con el gobierno de Juan Manuel Santos, que tuvo avances importantes hasta que se truncó, en 2018.

Sobre esta base, el Clan del Golfo montó un poderoso aparato armado organizado en frentes relativamente autónomos, con una diferenciación de roles entre sus miembros (jefe financiero, político, logístico, punto de información), sostenido por una estrategia de reclutamiento que combina la presión armada con incentivos económicos (pago de nómina) y sociales (estatus y reconocimiento) sobre la base de extensas redes de parentesco y escuelas de entrenamiento militar y adoctrinamiento.

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Un gobierno criminal

Además de un aparato armado, el Clan del Golfo desarrolla actividades propias de gobierno criminal en sus zonas de influencia directa, que le permite controlar poblaciones y territorios, cuidándose de no replicar la experiencia fallida de los paramilitares, que buscaron la imposición de un orden social extremadamente punitivo. En varios lugares, ha incorporado prácticas de regulación comunitaria más propia de las guerrillas y ofrecen empleos ocasionales y bienes públicos que “compran lealtades”, tanto en zonas rurales con una débil presencia estatal como en centros urbanos plenamente integrados a los circuitos de la economía legal y a la política nacional.

Por supuesto, no hay nada de altruismo en este tipo ejercicios de autoridad. Se trata de una organización que tiene una dimensión política, en el sentido de que sus intereses económicos y criminales implican la construcción de dominios territoriales estables que sería un error desconocer.

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Una red de alianzas y corrupción

Finalmente, el Clan se apoya en una red de bandas menores que se activan por demanda y un amplio entramado de lavado de activos, corrupción y soborno de funcionarios públicos. Esto la hace una organización sin fronteras fijas frente a la cual es muy difícil determinar dónde empieza y dónde termina al tiempo que le facilita operaciones en centros urbanos, incluidas varias capitales del país.

Por su naturaleza, es la dimensión que menos se conoce y la que más beneficios les reporta. El predominio de lógicas de mercado para la expansión territorial vía subcontratación de bandas menores constituye un arreglo más eficiente, al reducir los costos de monitoreo y coordinación de una numerosa nómina de tiempo completo para el desarrollo de actividades que no lo requieren. Las redes de lavado de activos, además de blanquear dinero del narco, les ha servido también para asegurar lealtades de un número gigantesco de personas que se benefician de estas iniciativas que, según las autoridades, incluyen iglesias, empresas ganaderas, cadenas de supermercados y empresas de transporte. Y las redes de soborno y corrupción de funcionarios públicos en diferentes niveles de poder le han facilitado al Clan acceder a recursos valiosos para su supervivencia, como información sobre operativos y grupos rivales, impunidad, armas e influencia política.

¿Golpe final?

Que el Clan del Golfo sea un aparato armado cohesionado que gobierna diferenciadamente territorios rurales y urbanos sobre la base de una extensa red de organizaciones menores, negocios y funcionarios corruptos, implica pensar con urgencia en una acción masiva y coordinada del Estado para atacar cada una de estas facetas de la organización criminal desde opciones de fuerza, por supuesto, pero especialmente de inteligencia y ofertas atractivas que, sin comprometer los derechos de las víctimas, incentiven la desarticulación de sus redes más importantes.

El anuncio del presidente Iván Duque sobre la Operación Cóndor (que busca debilitar al Clan del Golfo) no puede estar más lejos de este tipo de respuesta institucional. Fiel al sello de su gobierno, sobre la base de un diagnóstico equivocado que asume que se combaten “reductos”, persiste en ir por los cabecillas de turno y extraditar a quienes ya están tras las rejas. Una reacción que, si bien no sorprende, no deja de preocupar, pues devuelve al país a una situación muy similar a la que desató este paro armado.

*Investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).