La red eléctrica de los ‘paras’

El poder y la influencia de los grupos paramilitares en el Meta llegaron a ser tan determinantes y desafiantes que, sin autorización de nadie, construyeron una red eléctrica de más de 103 kilómetros, cuya meta era tan ambiciosa que planeaba extenderse hasta los departamentos de Vichada y Casanare. Paradójicamente, esa red, avaluada hoy en más de $10.000 millones, deberá ser vendida, y los recursos resultantes ir a un fondo de reparación de bienes para  las víctimas de la violencia paramilitar en esa región del país.

Según la versión entregada por José Baldomero Linares, alias Guillermo Torres, comandante en primera instancia de las Autodefensas de Oriente y, luego de su expansión, de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, la red comenzó a ser edificada en el año 2002, aunque también fueron construidas carreteras y otras obras civiles que permitieron la reactivación de la actividad petrolera en la región. La financiación de la obra se realizó con dineros provenientes de actividades ilegales, como cobros de vacunas a ganaderos y agricultores o de los tributos derivados de las actividades del narcotráfico. La obra, según las versiones que entre los desmovilizados ha recogido la Fiscalía, costó cerca de $2.000 millones.

La red comienza en el Alto de Neblinas, en Puerto Gaitán, Meta, que es un punto estratégico, porque comunica con los departamentos de Vichada y Casanare, y llega hasta la localidad de San Pedro de Arimena. Las autoridades han establecido que por ese punto eran transportados insumos para el procesamiento de narcóticos por parte de diferentes organizaciones al margen de la ley. Del ramal principal de la red se desprendieron conexiones que fueron a parar a haciendas como Villa Mónica, San Sebastián, Villa Alejandra, Las Piedras y Bonanza.

Linares aseguró que en su función de sustituir al Estado en regiones de escasa presencia gubernamental, las autodefensas vieron la necesidad de construir la red y llevar energía al municipio de Puerto Gaitán, tomando la electricidad del municipio de Puerto López. La red terminó siendo administrada por una empresa llamada Perlas de Malacasías, vinculada al municipio de Puerto Gaitán, aunque los paramilitares dijeron desconocer a través de qué convenio comenzó a operarla. Paradójicamente, esta firma contrajo una millonaria deuda con la Empresa de Energía del Departamento del Meta, Emsa, y como parte de pago le entregó la red para que la administrara desde 2005. 

Emsa instaló contadores y se encarga de hacer los cobros por el servicio de energía a través de la expedición de facturas. En una reciente audiencia en la que la Fiscalía pidió el embargo de la red para reparar a las víctimas de la violencia paramilitar, ni la gobernación del Meta ni la alcaldía de Puerto Gaitán ni Emsa se opusieron a la medida cautelar, y no reclamaron propiedad sobre la obra, con lo que se dio por sentado que fue construida y usufructuada por los grupos de autodefensa, que, de paso, valorizaron los predios a donde llegó la energía eléctrica. Después de la evaluación hecha por el ente acusador, se determinó que fue construida siguiendo parámetros técnicos y con materiales de calidad, al punto que tiene una capacidad en promedio de transporte y distribución de 30 kilovatios.       

Según peritos consultados por la Fiscalía, con esa red podría concretarse el proyecto para hacer conectividad entre Meta, Casanare y Vichada sin mayores dificultades. Aparte de los recursos por la venta de la red que beneficiarán a las víctimas del paramilitarismo, Emsa deberá reembolsar cerca de $60 millones por concepto de los recursos que ha cobrado por prestación del servicio, que también harán parte del fondo. Hasta el momento, el ente acusador ha identificado 270 víctimas de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, aunque se cree que podrían llegar a 400, como resultado de las acciones conjuntas efectuadas por esa facción ilegal con otros grupos de autodefensa. Se espera que antes de terminar 2010 o, a más tardar, el año entrante, el proceso judicial de embargo y expropiación definitiva de la obra llegue a feliz término y la red pueda ser vendida. Ya se sabe que hay interesados, que esperan que se tome una decisión concluyente.

El poder y la influencia de los grupos paramilitares en el Meta llegaron a ser tan determinantes y desafiantes que, sin autorización de nadie, construyeron una red eléctrica de más de 103 kilómetros, cuya meta era tan ambiciosa que planeaba extenderse hasta los departamentos de Vichada y Casanare. Paradójicamente, esa red, avaluada hoy en más de $10.000 millones, deberá ser vendida, y los recursos resultantes ir a un fondo de reparación de bienes para  las víctimas de la violencia paramilitar en esa región del país.

Según la versión entregada por José Baldomero Linares, alias Guillermo Torres, comandante en primera instancia de las Autodefensas de Oriente y, luego de su expansión, de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, la red comenzó a ser edificada en el año 2002, aunque también fueron construidas carreteras y otras obras civiles que permitieron la reactivación de la actividad petrolera en la región. La financiación de la obra se realizó con dineros provenientes de actividades ilegales, como cobros de vacunas a ganaderos y agricultores o de los tributos derivados de las actividades del narcotráfico. La obra, según las versiones que entre los desmovilizados ha recogido la Fiscalía, costó cerca de $2.000 millones.

La red comienza en el Alto de Neblinas, en Puerto Gaitán, Meta, que es un punto estratégico, porque comunica con los departamentos de Vichada y Casanare, y llega hasta la localidad de San Pedro de Arimena. Las autoridades han establecido que por ese punto eran transportados insumos para el procesamiento de narcóticos por parte de diferentes organizaciones al margen de la ley. Del ramal principal de la red se desprendieron conexiones que fueron a parar a haciendas como Villa Mónica, San Sebastián, Villa Alejandra, Las Piedras y Bonanza.

Linares aseguró que en su función de sustituir al Estado en regiones de escasa presencia gubernamental, las autodefensas vieron la necesidad de construir la red y llevar energía al municipio de Puerto Gaitán, tomando la electricidad del municipio de Puerto López. La red terminó siendo administrada por una empresa llamada Perlas de Malacasías, vinculada al municipio de Puerto Gaitán, aunque los paramilitares dijeron desconocer a través de qué convenio comenzó a operarla. Paradójicamente, esta firma contrajo una millonaria deuda con la Empresa de Energía del Departamento del Meta, Emsa, y como parte de pago le entregó la red para que la administrara desde 2005. 

Emsa instaló contadores y se encarga de hacer los cobros por el servicio de energía a través de la expedición de facturas. En una reciente audiencia en la que la Fiscalía pidió el embargo de la red para reparar a las víctimas de la violencia paramilitar, ni la gobernación del Meta ni la alcaldía de Puerto Gaitán ni Emsa se opusieron a la medida cautelar, y no reclamaron propiedad sobre la obra, con lo que se dio por sentado que fue construida y usufructuada por los grupos de autodefensa, que, de paso, valorizaron los predios a donde llegó la energía eléctrica. Después de la evaluación hecha por el ente acusador, se determinó que fue construida siguiendo parámetros técnicos y con materiales de calidad, al punto que tiene una capacidad en promedio de transporte y distribución de 30 kilovatios.       

Según peritos consultados por la Fiscalía, con esa red podría concretarse el proyecto para hacer conectividad entre Meta, Casanare y Vichada sin mayores dificultades. Aparte de los recursos por la venta de la red que beneficiarán a las víctimas del paramilitarismo, Emsa deberá reembolsar cerca de $60 millones por concepto de los recursos que ha cobrado por prestación del servicio, que también harán parte del fondo. Hasta el momento, el ente acusador ha identificado 270 víctimas de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, aunque se cree que podrían llegar a 400, como resultado de las acciones conjuntas efectuadas por esa facción ilegal con otros grupos de autodefensa. Se espera que antes de terminar 2010 o, a más tardar, el año entrante, el proceso judicial de embargo y expropiación definitiva de la obra llegue a feliz término y la red pueda ser vendida. Ya se sabe que hay interesados, que esperan que se tome una decisión concluyente.