La relación entre el Ejército Nacional y los paramilitares en la masacre de El Aro

Desde 1996 el entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño Gil estaba planeando una irrupción armada al municipio de Ituango (Antioquia) puesto que consideraba que en dicha zona eran trasladadas las personas que eran secuestradas por las Farc. En la mentalidad de Castaño Gil todos los habitantes de dicha región eran auxiliadores y auspiciadores de dicho grupo guerrillero.

Bajo esta premisa citó a una reunión a Salvatore Mancuso Gómez, conocido con el alias de ‘El Mono’ y Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Rodrigo Doble Cero’ con el fin de planear la incursión en dicha región. Para ello contactaron al comandante del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy para que les entregara la información relacionada con las rutas de acceso y el préstamo de 50 hombres para la acción.

Según los testimonios recolectados fueron más de 200 hombres los que ingresaron desde diferentes puntos estratégicos al municipio. Con anterioridad Salvatore Mancuso había recibido de manos del comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, brigadier general Alfonso Manosalva Flórez coordenadas de la región de Ituango relacionada con campamentos guerrilleros, nombre y ubicación de milicianos, auxiliares de la subversión, nombres de secuestrados y localización de las tropas de los mismos.

Para llegar a la zona, los diferentes comandantes paramilitares contaron con la “aquiescencia” de miembros de la Fuerza Pública que permitieron la normal movilización de varios camiones con hombres fuertemente armados y vestidos con prendas de camuflaje. Los testimonios de los desmovilizados de las AUC permiten inferir que existió una relación entre la planeación de la incursión así como su ejecución.

Mancuso Gómez aseguró en su versión libre el 18 de noviembre de 2009 que el objetivo de dicha incursión armada era la búsqueda de secuestrados, para lo cual contaron con información brindada por los miembros del Ejército Nacional en las que se hacía referencia al “nombre de secuestrados y la ubicación de los mismos”. Igualmente se cuenta con la declaración del exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, alias ‘Cristian Barreto’.

En sus declaraciones ante las autoridades judiciales aseguró que la operación “tenía como objetivo el rescate de varios secuestrados, principalmente, un familiar del expresidente, hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien para esa época fungía como Gobernador del departamento de Antioquia, y había dado la orden a los comandantes paramilitares, en la última reunión previa a la ejecución de la masacre, de “acabar el pueblo”; ¡borre el pueblo!”.

Según la declaración de Villalba Hernández –quien fue asesinado el 22 de abril en el municipio de La Estrella (Antioquia) pocas semanas después de recibir la detención domiciliaria- el entonces mandatario departamental participó en las reuniones con los comandantes paramilitares. “Indicó que posterior a la incursión armada, concretamente en una reunión con los paramilitares a principios del mes de noviembre de 1997, el aludido Uribe Vélez, en compañía de otros jefes paramilitares, felicitó directamente a los perpetradores por los resultados obtenidos en la luctuosa acción”.

Su declaración, de la cual hay constancia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, hace referencia a que toda la información sobre dicha incursión fue comunicada por el secretario de la Gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa, además de la presencia de un helicóptero adscrito a la Gobernación que sobrevoló la zona. En el mismo habrían estado Carlos Castaño Gil, Álvaro Uribe Vélez y dos miembros de la Cruz Roja.

La presencia de este helicóptero también fue referida por la viuda de uno de los campesinos que fue torturado y asesinado por los paramilitares. Posteriormente los paramilitares que ejecutaron la acción recibieron una condecoración por parte de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso debido a lo que se consideró un éxito en la misión. Por estos hechos la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para investigar al actual senador del Centro Democrático así como a varios oficiales del Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas.

Desde 1996 el entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño Gil estaba planeando una irrupción armada al municipio de Ituango (Antioquia) puesto que consideraba que en dicha zona eran trasladadas las personas que eran secuestradas por las Farc. En la mentalidad de Castaño Gil todos los habitantes de dicha región eran auxiliadores y auspiciadores de dicho grupo guerrillero.

Bajo esta premisa citó a una reunión a Salvatore Mancuso Gómez, conocido con el alias de ‘El Mono’ y Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Rodrigo Doble Cero’ con el fin de planear la incursión en dicha región. Para ello contactaron al comandante del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy para que les entregara la información relacionada con las rutas de acceso y el préstamo de 50 hombres para la acción.

Según los testimonios recolectados fueron más de 200 hombres los que ingresaron desde diferentes puntos estratégicos al municipio. Con anterioridad Salvatore Mancuso había recibido de manos del comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, brigadier general Alfonso Manosalva Flórez coordenadas de la región de Ituango relacionada con campamentos guerrilleros, nombre y ubicación de milicianos, auxiliares de la subversión, nombres de secuestrados y localización de las tropas de los mismos.

Para llegar a la zona, los diferentes comandantes paramilitares contaron con la “aquiescencia” de miembros de la Fuerza Pública que permitieron la normal movilización de varios camiones con hombres fuertemente armados y vestidos con prendas de camuflaje. Los testimonios de los desmovilizados de las AUC permiten inferir que existió una relación entre la planeación de la incursión así como su ejecución.

Mancuso Gómez aseguró en su versión libre el 18 de noviembre de 2009 que el objetivo de dicha incursión armada era la búsqueda de secuestrados, para lo cual contaron con información brindada por los miembros del Ejército Nacional en las que se hacía referencia al “nombre de secuestrados y la ubicación de los mismos”. Igualmente se cuenta con la declaración del exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, alias ‘Cristian Barreto’.

En sus declaraciones ante las autoridades judiciales aseguró que la operación “tenía como objetivo el rescate de varios secuestrados, principalmente, un familiar del expresidente, hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien para esa época fungía como Gobernador del departamento de Antioquia, y había dado la orden a los comandantes paramilitares, en la última reunión previa a la ejecución de la masacre, de “acabar el pueblo”; ¡borre el pueblo!”.

Según la declaración de Villalba Hernández –quien fue asesinado el 22 de abril en el municipio de La Estrella (Antioquia) pocas semanas después de recibir la detención domiciliaria- el entonces mandatario departamental participó en las reuniones con los comandantes paramilitares. “Indicó que posterior a la incursión armada, concretamente en una reunión con los paramilitares a principios del mes de noviembre de 1997, el aludido Uribe Vélez, en compañía de otros jefes paramilitares, felicitó directamente a los perpetradores por los resultados obtenidos en la luctuosa acción”.

Su declaración, de la cual hay constancia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, hace referencia a que toda la información sobre dicha incursión fue comunicada por el secretario de la Gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa, además de la presencia de un helicóptero adscrito a la Gobernación que sobrevoló la zona. En el mismo habrían estado Carlos Castaño Gil, Álvaro Uribe Vélez y dos miembros de la Cruz Roja.

La presencia de este helicóptero también fue referida por la viuda de uno de los campesinos que fue torturado y asesinado por los paramilitares. Posteriormente los paramilitares que ejecutaron la acción recibieron una condecoración por parte de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso debido a lo que se consideró un éxito en la misión. Por estos hechos la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para investigar al actual senador del Centro Democrático así como a varios oficiales del Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas.