“La renuncia fue una decisión personal”: exmagistrado Carlos Bernal

¿Por qué renunció a la Corte Constitucional?

Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Primero, porque recibí una oferta muy buena de una universidad en Estados Unidos que permite que mis hijas aprovechen una oportunidad educativa. Eso pesó mucho: privilegiar a mis hijas. Y hay una razón pública: que en los tres años y medio que trabajé en la Corte Constitucional siempre estuve en una posición minoritaria. Las ideas que tenía para expresar en la jurisprudencia en muchos casos quedaron desplegadas a salvamentos de voto. Proyecté más de 200 sentencias que fueron aprobadas, pero hay más de 300 salvamentos de voto, que están dirigidos a una audiencia muy especializada. Y eso es poco eficaz. En este momento, quizá, mis opiniones pueden tener un peso mayor en la deliberación pública, si son expresadas, por ejemplo, en entrevistas como esta o en publicaciones.

Pero en la Sala Plena siempre ha habido posiciones minoritarias y no por eso los magistrados renuncian...

Sí. Lo que pasa es que esta Corte tiene una mayoría de una inclinación (específica) que es difícil de cambiar. Hay etapas en las cortes en las que hay un voto que va y viene, y que puede hacer cambiar la mayoría, pero en este caso no. Pero, aparte de eso, la razón personal pesó mucho y es privada. Nadie está obligado a ejercer un cargo público hasta su terminación. El empleo en la Corte Constitucional es de ocho años, no es vitalicio como en Estados Unidos o en Australia. Me hicieron la oferta y pensé que era lo más conveniente para mis hijas.

La magistratura es considerada un tema de servicio y un honor, ¿por qué no terminar el periodo?

Sí, es un tema de servicio, pero nadie está obligado a servir más allá de lo que quiera o lo que puede. Y hay razones personales que pesan mucho. Creo que para quien tiene un pensamiento liberal, el ejercicio de las libertades es respetable. El servicio de la Corte es supremamente interesante. Lo disfruté. También, debo decirlo, es muy pesado. Me empeñé, dejé el despacho al día, no debo ni un salvamento de voto ni una sentencia. Lo intentamos hacer todo con la mayor excelencia posible. Y ahora decidí privilegiar a mis hijas.

(Le puede interesar: Así fue el paso de Carlos Bernal en la Corte Constitucional)

¿Acordó con el presidente Iván Duque su renuncia?

Desde luego que no. La impresión que tengo del presidente Duque es que es un caballero. Él nunca llamó en sus dos años de gobierno a consultarme o sugerirme algún tema, ni mucho menos lo llamé a consultarle nada. Esta es una decisión personal que no acordé con él ni con nadie.

¿Recibió ofertas de litigio estando en la Corte que hayan motivado su renuncia?

Jamás.

¿En qué consiste la propuesta que le hicieron de Empresas Públicas de Medellín que anunció millonaria demanda contra los constructores de Hidroituango?

Hasta ahora no he recibido alguna propuesta escrita. Después de haber renunciado y después de que la empresa presentó el escrito de conciliación prejudicial, una persona me preguntó si estaría dispuesto a rendir un informe sobre el texto de la demanda que eventualmente se presente. Es público que desde 2004 hasta 2017, antes de ser magistrado, fui asesor de EPM, que es una empresa pública y no privada, que les pertenece a todos los antioqueños. Y siempre que estuve en la Corte me declaré impedido en los casos de EPM. Ahora, me hicieron la propuesta verbal. Y dije que estaría inclinado a aceptar.

¿Está inhabilitado?

No, porque este no es un asunto constitucional. En un escrito en 2015 sostuve que no es correcto que los exmagistrados litiguen ante sus compañeros en asuntos que hayan sido de su conocimiento, cosa que está prohibida por ley por lo menos por un año. La inhabilidad que tenemos los magistrados es la defensa de intereses privados ante la propia Corte, en este caso, la Corte Constitucional. En este, primero, no es litigio -porque quien lo haga debe estar en Medellín y yo no puedo-, sino rendir un informe. Y es un tema de defensa de intereses públicos. Me parece un caso ejemplar en el cual un alcalde y un gerente de una empresa defienden el patrimonio público de los antioqueños por daños presuntamente causados por los contratistas en el caso de Hidroituango.

¿Cuándo hablaron con usted?

Dos días después de que cesó mi trabajo en la Corte Constitucional.

¿Después del viernes siete de agosto?

Sí, ese fin de semana.

¿Ya hay un contrato para firmar?

No. EPM tiene que hacer un contrato con todos los requisitos y hacer una oferta. A mi no me la han hecho. Solo me comentaron si estaría dispuesto a rendir un informe sobre el texto de una eventual demanda y dije que me interesaría el tema.

(Le puede interesar: La renuncia de Carlos Bernal y la carrera para llegar a la Corte Constitucional (detalles))

¿Va a aceptar la propuesta?

Cuando me llegue miraré si me interesa. Pero, en principio, me parece una muy buena causa que demuestra la diligencia en defensa del patrimonio público.

No está inhabilitado, pero, ¿debería aceptar la propuesta? No han pasado dos semanas de su salida y usted dijo en 2015 que “un exmagistrado litigante no es un abogado común”.

Este asunto no es de competencia de la jurisdicción constitucional, sino (de la) contenciosa-administrativa. Es un asunto totalmente distinto, no tiene nada que ver con la Corte Constitucional.

¿O sea que su comentario de 2015 se refería más a reprochar que exmagistrados litiguen ante la Corte a la que pertenecieron?

Desde luego. Yo digo allí que los exmagistrados tienen un acceso al precedente. Es una persona que ha escrito sentencias y por esa razón tiene autoridad sobre su precedente, sobre la decisión judicial que hizo. Debo decir que el caso Hidroituango es nuevo, no hay precedente. Y, en caso que hubiera uno, sería del Consejo de Estado y no de la Corte Constitucional. En la ley está claro que los magistrados no pueden litigar ante sus colegas para defender intereses privados. Es decir, si salgo de la Corte Constitucional y empiezo a defender a un grupo privado ante la Corte, eso está mal. Pero en este caso yo no litigaría, no sería contra mis colegas y no es una tutela ni una constitucionalidad sino un tema de responsabilidad contractual y extracontractual. Y es una defensa de intereses públicos, razón por la cual me parece loable. Ahora, ¿hasta dónde va el servicio público de una Corte que no garantiza un empleo de por vida? ¿Debe salir uno de la Corte y volverse futbolista porque ya no puede -en ningún aspecto del derecho- decir nada? Eso sería absurdo.

(En contexto: El informe que revela acoso laboral y sexual en la Corte Constitucional)

¿Qué pasó en la última sala como magistrado? Se ha dicho que usted pidió la cabeza de Alberto Rojas como presidente por el manejo del informe del acoso en la Corte...

Gracias a un artículo de Semana pudimos hacer un debate sobre el informe de la Usaid sobre acoso sexual y laboral en la Corte Constitucional. No es cierto que haya pedido la cabeza del presidente, lo que sí hice fue manifestar mi discrepancia con la política con la cual había manejado el tema. Insistí en lo que dije desde el primer momento que recibí el informe. Primero, que este aspecto debía manejarse con absoluta transparencia, es decir, el informe debía presentarse al público. Segundo, que era necesario ofrecer excusas a las víctimas y no minimizar las acusaciones. Ofrecer un mecanismo que diera garantías para que las personas pudieran denunciar a quienes hayan incurrido en esos actos deleznables. Y crear una política de tolerancia cero frente al acoso sexual y laboral.

¿Por qué considera que Alberto Rojas Ríos no manejó bien el tema?

Es un asunto de desacuerdo con el hecho de que, cuando el informe se recibió en mayo, no se publicó inmediatamente. Estuve siempre en desacuerdo, y en una carta sostuve que era necesario que se hiciera público, y allí hubo una discrepancia. Y también manifesté que estaba en desacuerdo con minimizar los resultados del informe.

(Le puede interesar: “Hay conductas reprochables que debemos corregir”: presidente de la Corte Constitucional)

¿A qué se refiere?

A las declaraciones (que Rojas dio en medios de comunicación) tendientes a que (en este caso) no hay acusaciones concretas contra nadie. Con un informe como este hay que tomarse en serio lo que dicen las personas: a las víctimas hay que tomárselas siempre en serio. Lo que tocaba hacer era reconocer, ofrecer excusas, hacerlo transparente y abrir mecanismos de participación que brindaran garantías a las víctimas. Y eso fue en lo que insistí, porque eso contrastaba con las declaraciones que vi en medios de comunicación.

¿Qué dicen los hallazgos de ese informe sobre la justicia que tenemos?

Lo que dice ese informe es preocupante y entiendo -por lo que he leído en medios- que la Corte no es el único sitio donde esto ocurre. Hay denuncias que van desde ofertas indebidas a comentarios indecorosos y hasta narración de escenas de personas que han sido forzadas a dar un beso, entre otros. Esto es absolutamente inaceptable en cualquier tipo de tribunal, sobre todo en el tribunal que tiene que defender los derechos de las personas. En la última Sala Plena quedé muy tranquilo porque el tema quedó en manos de una comisión que está presidida por la doctora Gloria Ortiz, que fue quien contrató ese informe y estoy seguro de que ella implantará un mecanismo para que las víctimas puedan denunciar con todas las garantías. Yo sugerí que a las víctimas se les concediera un fuero especial que implique que, una vez denuncien, no puedan ser afectados en su empleo. Así lo propuse porque en la Corte Constitucional todos los funcionarios son de libre nombramiento y remoción excepto los magistrados.

¿Qué le diría a una persona que esté en la Corte Constitucional y que, de pronto por miedo o por considerar que no tiene como probar, no ha denunciado un acto de acoso?

Hago un llamado a que hable con la magistrada Gloria Ortiz y las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo, que integran esa comisión. Y que pida garantías de estabilidad para poder denunciar y luego haga la denuncia.

¿Se va tranquilo de la Corte?

Quiero hacer un reconocimiento expreso a las personas que trabajaron conmigo. A los magistrados auxiliares Alexandra Torres, Ana María Cardoso, Diego González, Richard Ramírez y Juliana Morantes, más todas las personas que estuvieron en el equipo, porque vi en ellos una dedicación increíble en su trabajo y el fruto de eso son 200 sentencias de inmensa calidad. Algunas de ellas han sido traducidas a otros idiomas y se comentan en otros países como sentencias ejemplares. Por ejemplo, la sentencia C-252 de 2019 sobre el tratado de inversión con Francia. Leí algunos artículos que decían que en mi despacho habíamos pasado sin pena ni gloria y a mí, en lo personal, no me importa que me ataquen de esa manera, pero no acepto que se minimice el trabajo que hicieron las personas que estuvieron conmigo. Son sentencias valiosas que justifican este paso mío por la Corte.

¿Por qué renunció a la Corte Constitucional?

Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Primero, porque recibí una oferta muy buena de una universidad en Estados Unidos que permite que mis hijas aprovechen una oportunidad educativa. Eso pesó mucho: privilegiar a mis hijas. Y hay una razón pública: que en los tres años y medio que trabajé en la Corte Constitucional siempre estuve en una posición minoritaria. Las ideas que tenía para expresar en la jurisprudencia en muchos casos quedaron desplegadas a salvamentos de voto. Proyecté más de 200 sentencias que fueron aprobadas, pero hay más de 300 salvamentos de voto, que están dirigidos a una audiencia muy especializada. Y eso es poco eficaz. En este momento, quizá, mis opiniones pueden tener un peso mayor en la deliberación pública, si son expresadas, por ejemplo, en entrevistas como esta o en publicaciones.

Pero en la Sala Plena siempre ha habido posiciones minoritarias y no por eso los magistrados renuncian...

Sí. Lo que pasa es que esta Corte tiene una mayoría de una inclinación (específica) que es difícil de cambiar. Hay etapas en las cortes en las que hay un voto que va y viene, y que puede hacer cambiar la mayoría, pero en este caso no. Pero, aparte de eso, la razón personal pesó mucho y es privada. Nadie está obligado a ejercer un cargo público hasta su terminación. El empleo en la Corte Constitucional es de ocho años, no es vitalicio como en Estados Unidos o en Australia. Me hicieron la oferta y pensé que era lo más conveniente para mis hijas.

La magistratura es considerada un tema de servicio y un honor, ¿por qué no terminar el periodo?

Sí, es un tema de servicio, pero nadie está obligado a servir más allá de lo que quiera o lo que puede. Y hay razones personales que pesan mucho. Creo que para quien tiene un pensamiento liberal, el ejercicio de las libertades es respetable. El servicio de la Corte es supremamente interesante. Lo disfruté. También, debo decirlo, es muy pesado. Me empeñé, dejé el despacho al día, no debo ni un salvamento de voto ni una sentencia. Lo intentamos hacer todo con la mayor excelencia posible. Y ahora decidí privilegiar a mis hijas.

(Le puede interesar: Así fue el paso de Carlos Bernal en la Corte Constitucional)

¿Acordó con el presidente Iván Duque su renuncia?

Desde luego que no. La impresión que tengo del presidente Duque es que es un caballero. Él nunca llamó en sus dos años de gobierno a consultarme o sugerirme algún tema, ni mucho menos lo llamé a consultarle nada. Esta es una decisión personal que no acordé con él ni con nadie.

¿Recibió ofertas de litigio estando en la Corte que hayan motivado su renuncia?

Jamás.

¿En qué consiste la propuesta que le hicieron de Empresas Públicas de Medellín que anunció millonaria demanda contra los constructores de Hidroituango?

Hasta ahora no he recibido alguna propuesta escrita. Después de haber renunciado y después de que la empresa presentó el escrito de conciliación prejudicial, una persona me preguntó si estaría dispuesto a rendir un informe sobre el texto de la demanda que eventualmente se presente. Es público que desde 2004 hasta 2017, antes de ser magistrado, fui asesor de EPM, que es una empresa pública y no privada, que les pertenece a todos los antioqueños. Y siempre que estuve en la Corte me declaré impedido en los casos de EPM. Ahora, me hicieron la propuesta verbal. Y dije que estaría inclinado a aceptar.

¿Está inhabilitado?

No, porque este no es un asunto constitucional. En un escrito en 2015 sostuve que no es correcto que los exmagistrados litiguen ante sus compañeros en asuntos que hayan sido de su conocimiento, cosa que está prohibida por ley por lo menos por un año. La inhabilidad que tenemos los magistrados es la defensa de intereses privados ante la propia Corte, en este caso, la Corte Constitucional. En este, primero, no es litigio -porque quien lo haga debe estar en Medellín y yo no puedo-, sino rendir un informe. Y es un tema de defensa de intereses públicos. Me parece un caso ejemplar en el cual un alcalde y un gerente de una empresa defienden el patrimonio público de los antioqueños por daños presuntamente causados por los contratistas en el caso de Hidroituango.

¿Cuándo hablaron con usted?

Dos días después de que cesó mi trabajo en la Corte Constitucional.

¿Después del viernes siete de agosto?

Sí, ese fin de semana.

¿Ya hay un contrato para firmar?

No. EPM tiene que hacer un contrato con todos los requisitos y hacer una oferta. A mi no me la han hecho. Solo me comentaron si estaría dispuesto a rendir un informe sobre el texto de una eventual demanda y dije que me interesaría el tema.

(Le puede interesar: La renuncia de Carlos Bernal y la carrera para llegar a la Corte Constitucional (detalles))

¿Va a aceptar la propuesta?

Cuando me llegue miraré si me interesa. Pero, en principio, me parece una muy buena causa que demuestra la diligencia en defensa del patrimonio público.

No está inhabilitado, pero, ¿debería aceptar la propuesta? No han pasado dos semanas de su salida y usted dijo en 2015 que “un exmagistrado litigante no es un abogado común”.

Este asunto no es de competencia de la jurisdicción constitucional, sino (de la) contenciosa-administrativa. Es un asunto totalmente distinto, no tiene nada que ver con la Corte Constitucional.

¿O sea que su comentario de 2015 se refería más a reprochar que exmagistrados litiguen ante la Corte a la que pertenecieron?

Desde luego. Yo digo allí que los exmagistrados tienen un acceso al precedente. Es una persona que ha escrito sentencias y por esa razón tiene autoridad sobre su precedente, sobre la decisión judicial que hizo. Debo decir que el caso Hidroituango es nuevo, no hay precedente. Y, en caso que hubiera uno, sería del Consejo de Estado y no de la Corte Constitucional. En la ley está claro que los magistrados no pueden litigar ante sus colegas para defender intereses privados. Es decir, si salgo de la Corte Constitucional y empiezo a defender a un grupo privado ante la Corte, eso está mal. Pero en este caso yo no litigaría, no sería contra mis colegas y no es una tutela ni una constitucionalidad sino un tema de responsabilidad contractual y extracontractual. Y es una defensa de intereses públicos, razón por la cual me parece loable. Ahora, ¿hasta dónde va el servicio público de una Corte que no garantiza un empleo de por vida? ¿Debe salir uno de la Corte y volverse futbolista porque ya no puede -en ningún aspecto del derecho- decir nada? Eso sería absurdo.

(En contexto: El informe que revela acoso laboral y sexual en la Corte Constitucional)

¿Qué pasó en la última sala como magistrado? Se ha dicho que usted pidió la cabeza de Alberto Rojas como presidente por el manejo del informe del acoso en la Corte...

Gracias a un artículo de Semana pudimos hacer un debate sobre el informe de la Usaid sobre acoso sexual y laboral en la Corte Constitucional. No es cierto que haya pedido la cabeza del presidente, lo que sí hice fue manifestar mi discrepancia con la política con la cual había manejado el tema. Insistí en lo que dije desde el primer momento que recibí el informe. Primero, que este aspecto debía manejarse con absoluta transparencia, es decir, el informe debía presentarse al público. Segundo, que era necesario ofrecer excusas a las víctimas y no minimizar las acusaciones. Ofrecer un mecanismo que diera garantías para que las personas pudieran denunciar a quienes hayan incurrido en esos actos deleznables. Y crear una política de tolerancia cero frente al acoso sexual y laboral.

¿Por qué considera que Alberto Rojas Ríos no manejó bien el tema?

Es un asunto de desacuerdo con el hecho de que, cuando el informe se recibió en mayo, no se publicó inmediatamente. Estuve siempre en desacuerdo, y en una carta sostuve que era necesario que se hiciera público, y allí hubo una discrepancia. Y también manifesté que estaba en desacuerdo con minimizar los resultados del informe.

(Le puede interesar: “Hay conductas reprochables que debemos corregir”: presidente de la Corte Constitucional)

¿A qué se refiere?

A las declaraciones (que Rojas dio en medios de comunicación) tendientes a que (en este caso) no hay acusaciones concretas contra nadie. Con un informe como este hay que tomarse en serio lo que dicen las personas: a las víctimas hay que tomárselas siempre en serio. Lo que tocaba hacer era reconocer, ofrecer excusas, hacerlo transparente y abrir mecanismos de participación que brindaran garantías a las víctimas. Y eso fue en lo que insistí, porque eso contrastaba con las declaraciones que vi en medios de comunicación.

¿Qué dicen los hallazgos de ese informe sobre la justicia que tenemos?

Lo que dice ese informe es preocupante y entiendo -por lo que he leído en medios- que la Corte no es el único sitio donde esto ocurre. Hay denuncias que van desde ofertas indebidas a comentarios indecorosos y hasta narración de escenas de personas que han sido forzadas a dar un beso, entre otros. Esto es absolutamente inaceptable en cualquier tipo de tribunal, sobre todo en el tribunal que tiene que defender los derechos de las personas. En la última Sala Plena quedé muy tranquilo porque el tema quedó en manos de una comisión que está presidida por la doctora Gloria Ortiz, que fue quien contrató ese informe y estoy seguro de que ella implantará un mecanismo para que las víctimas puedan denunciar con todas las garantías. Yo sugerí que a las víctimas se les concediera un fuero especial que implique que, una vez denuncien, no puedan ser afectados en su empleo. Así lo propuse porque en la Corte Constitucional todos los funcionarios son de libre nombramiento y remoción excepto los magistrados.

¿Qué le diría a una persona que esté en la Corte Constitucional y que, de pronto por miedo o por considerar que no tiene como probar, no ha denunciado un acto de acoso?

Hago un llamado a que hable con la magistrada Gloria Ortiz y las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo, que integran esa comisión. Y que pida garantías de estabilidad para poder denunciar y luego haga la denuncia.

¿Se va tranquilo de la Corte?

Quiero hacer un reconocimiento expreso a las personas que trabajaron conmigo. A los magistrados auxiliares Alexandra Torres, Ana María Cardoso, Diego González, Richard Ramírez y Juliana Morantes, más todas las personas que estuvieron en el equipo, porque vi en ellos una dedicación increíble en su trabajo y el fruto de eso son 200 sentencias de inmensa calidad. Algunas de ellas han sido traducidas a otros idiomas y se comentan en otros países como sentencias ejemplares. Por ejemplo, la sentencia C-252 de 2019 sobre el tratado de inversión con Francia. Leí algunos artículos que decían que en mi despacho habíamos pasado sin pena ni gloria y a mí, en lo personal, no me importa que me ataquen de esa manera, pero no acepto que se minimice el trabajo que hicieron las personas que estuvieron conmigo. Son sentencias valiosas que justifican este paso mío por la Corte.