A 10 días de la posesión del nuevo presidente de Colombia, la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos publicó el informe Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el nuevo gobierno. Allí, el equipo que dirige Juliette de Rivero consolidó, con cifras, hechos y ejemplos, el panorama violento que vive el país, cuyo aumento en temas de asesinatos de líderes sociales y exFarc, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y otros tipos de violencia, vuelven a ser cifras por las nubes. La situación que relata el documento es la que tendrá que enfrentar el presidente Gustavo Petro y su gravedad, en parte, tiene una razón: las políticas de seguridad del gobierno de Iván Duque.
Aunque el documento se refiere explícitamente a que esas políticas son de Estado y no nombra directamente a la administración de Duque, lo cierto es que el informe hace un análisis de lo que se vive hoy en día en los territorios más afectados por la violencia, a raíz de las políticas de la administración saliente. La Oficina de la Alta Comisionada habla de que la respuesta ha sido “insuficiente para reducir los niveles de violencia, y prevenir los abusos cometidos por grupos armados no estatales y organizaciones criminales y proteger adecuadamente a las comunidades de los territorios”. En concreto, el informe apunta a tres problemas estructurales del gobierno Duque.
Más presencia militar, más violencia
Primero, que la apuesta del presidente para solucionar la situación de violencia se la encargó principalmente a la Fuerza Pública. Una estrategia que se centró, según el informe, en el uso de la fuerza y cuya medición de éxito se reportó en términos de número de bajas o capturas a miembros de organizaciones criminales o grupos armados ilegales. Sobre esta situación, la Oficina aclaró que no existió “el impacto esperado. Los cabecillas dados de baja o capturados son rápidamente reemplazados, sin que se logre una disminución sostenible de la violencia”, dice el documento. Sobre esta ineficaz estrategia, el informe agrega que entre más presencia de fuerza pública se ordenaba, más hechos violentos se registraban.
Las cifras que recoge el informe son la prueba indiscutible de la crítica situación que vive el país, especialmente en las zonas de frontera y en zona de la costa Pacífica. Por ejemplo, entre 2016 y el 2021, la Oficina verificó 562 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, 100 de ellos ocurrieron el año pasado y, en enero y junio de ese año 2022, ha verificado 22. Sobre masacres, la Oficina pudo confirmar que de los 100 casos reportados solo el año pasado, 78 fueron verificados, hubo un total de 305 víctimas (35 mujeres, 15 niños, cinco niñas y 13 personas pertenecientes a pueblos étnicos). El panorama solo ha empeorado en 2022: han ocurrido 33.
Las estadísticas sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes son igual o más perturbadoras. En 2021, la Oficina recibió alegaciones sobre 51 casos de reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes. Se documentaron además ocho asesinatos y tres casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (dos de ellas niñas reclutadas). Estos casos coincidieron con las declaraciones, en marzo del año pasado, del ministro de Defensa, Diego Molano, quien describió como “máquinas de guerra” a varios menores de edad que murieron durante un bombardeo de la fuerza pública. La situación es todavía más crítica en el pueblo Nasa, en el norte del departamento del Cauca.
Según información de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), entre 2019 y 2021, más de 270 niños indígenas han sido víctimas de reclutamiento por parte de actores armados no estatales. Y un alto porcentaje, dice el informe, serían niñas. Además de agregar el caso de los Nasa, la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos agregó una mención especial para dejar el registro de que lo mismo estaría sucediendo con el pueblo Awá, que se ubica en el departamento de Nariño, en los municipios de Barbacoas, Ricaurte, Tumaco, Samaniego. “La Oficina ha observado un aumento en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes de este pueblo”, señala el informe.
El fracaso de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
El segundo problema del gobierno saliente tiene que ver con la falta de implementación de aspectos claves del Acuerdo de Paz. En particular, en la falta de desarrollo de una política pública de desmantelamiento a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se trata de una entidad que nació de los diálogos de La Habana para buscar el desmantelamiento de cualquier organización que impidiera la construcción de paz. Sin embargo, aunque sí se creó, la entidad no tuvo avances. Entre 2016 y mayo de este año, solo se reunió 22 veces y, a pesar del deterioro de la situación de seguridad y el incremento de la violencia, el gobierno no avanzó en la elaboración de una política para su desmantelamiento.
“Las acciones hasta ahora adoptadas no han logrado modificar las condiciones estructurales que facilitan el accionar y la expansión de estos grupos armados y organizaciones como son: las fuentes de financiamiento y los esquemas de lavado de activos; las relaciones de corrupción; el tráfico de armamento; el reclutamiento o la utilización de niñas, niños o adolescentes; o la falta de generación de alternativas de desarrollo para evitar que los jóvenes ingresen en los grupos”, dice el informe. En este sentido, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU no tuvo reparos en afirmar que la falta de una política de desmantelamiento ha significado en la expansión armada y violenta de grupos en los territorios.
De acuerdo con el informe, la Oficina ha podido observar que existe una presión desmedida de grupos armados por el control social en municipios de departamentos como Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Magdalena, Antioquia, Putumayo y Sucre, “siendo notable el control de corredores para el tráfico ilegal como en la región del Pacífico entre Ecuador y Panamá”, se lee. Estas zonas coinciden también con el lugar donde más asesinatos a líderes y lideresas sociales han ocurrido, también masacres, desplazamientos, y reclutamiento de menores. Asimismo, la Oficina construyó un mapa de los municipios más afectados.
Además de delimitarlos, los clasificó en una escala de riesgos, que van desde crítico, muy alto hasta alto. Los tres más graves son: Argelia (Cauca), Roberto Payán y San Andrés de Tumaco (Nariño). En seguida, en el nivel de riesgo muy alto, se encuentran cinco municipios de Antioquia: Andes, Cáceres, Dabeiba, Ituango y Murindó. En el noveno lugar se encuentra Cartagena del Chairá (Caquetá), y en el décimo, Buenos Aires (Cauca). Para llegar a esta lista, la Oficina tuvo en cuenta cinco variables: homicidios defensores de derechos humanos verificados; masacres también verificadas; tasa de desplazamiento reportados por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios; tasa de confinamiento reportados por esa misa Oficina; y asesinatos de excombatientes de las Farc.
La ausencia del Estado
El tercer problema que diagnosticó la Oficina en su más reciente informe es la precaria extensión de la autoridad civil del Estado en zonas donde la violencia se vive cada segundo del día. “En gran medida las zonas de la violencia actual coinciden no solo con los municipios históricamente afectados por la violencia y el conflicto armado, sino con municipios con un bajo índice de gobernabilidad democrática”, señala el documento. Para robustecer este argumento, el equipo de Juliette de Riveros explica que el 38 % de los municipios del país que presentan los más bajos índices de gobernabilidad democrática están en las zonas con mayores niveles de violencia territorial.
Esta situación se traduce, en palabras más sencillas, en que la presencia del Estado es más escasa en zonas críticas, por lo que resolver situaciones violentas tan marcadas se vuelve tarea de nadie o imposible de cumplir por falta de garantías y de coordinación. “La débil presencia y respuesta institucional afecta en mayor medida la creación de condiciones para asegurar el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales y su protección, en particular para mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto y del desplazamiento forzado. Asimismo, las instituciones estatales carecen de recursos y capacidades suficientes para integrar el enfoque de género”, señala el informe.
La entidad liderada por Juliette de Riveros no concluyó el informe sin hacer una mención menos crítica. “La Oficina reconoce el papel central del Estado como garante de derechos y, de manera inequívoca, deplora y condena la violencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales contra la población”, y aclaró que, al evaluar la responsabilidad del Estado, no buscan tampoco disminuir o minimizar la responsabilidad directa. Sin embargo, la conclusión de la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos es clara: la respuesta del Estado y, en consecuencia, del gobierno Duque, fue insuficiente para reducir la violencia.
Ahora le corresponde al gobierno Petro tomar este diagnóstico y revisar las recomendaciones que están enfocadas, precisamente, en resolver estos tres problemas. El informe le da una buena pista para poder resolver la situación: “El éxito del Estado debe medirse en una disminución sustantiva de las afectaciones de derechos humanos que afectan a las comunidades para alcanzar el pleno goce y ejercicio de los mismos. En ese sentido, la estrategia de seguridad del Estado debe enfocarse en la protección de la población civil (nunca en el número de bajas o de capturas) y la prevención mediante la atención de las causas estructurales de la violencia incluidas en el Acuerdo de paz”.
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