La respuesta del Gobierno es pobre: HRW sobre desplazados en Arauca y Vichada

Albergue improvisado en Vichada, donde permanecen venezolanos que resultaron desplazados por el conflicto entre el Eln y las disidencias Farc.

Foto: Human Rights Watch

La organización de derechos humanos internacional Human Rights Watch (HRW) visitó Arauca y Vichada, durante febrero pasado, y sus conclusiones no son alentadoras. Encontró una región sometida por abusos armados, por enfrentamientos entre el Eln y las disidencias Farc. Según las estadísticas de su nuevo informe, se han registrado 103 homicidios y al menos 3.860 desplazamientos internos en Arauca. Además, registró que más de 3.300 residentes del estado de Apure, en Venezuela, han migrado forzosamente a territorio nacional y permanecen en condiciones indignas.

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“Creo que aquí tenemos que enfatizar mucho en la situación de los más vulnerables, que son los venezolanos indígenas que están en Vichada. Esos venezolanos que han huido de graves abusos de los grupos armados están en un abandono total y necesitan asistencia de forma urgente. El gobierno colombiano ha dado una respuesta pobre y parecen más interesados en invisibilizar la situación que se vive allí, que en asistir y proteger a estas personas”, explicó Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de HRW.

En el informe “Colombia/Venezuela: Abusos de grupos armados en zona fronteriza”, HRW alerta que el control del territorio y las actividades ilícitas de Arauca están en disputa entre el Eln y el Comando Conjunto de Oriente, una coalición de grupos disidentes de las Farc. Uno de ellos el frente 28, el cual se adjudicó la bomba en Saravena, del pasado 19 de enero, que explotó donde tienen su sede varias organizaciones comunitarias y de derechos humanos. El recorrido de HRW, en el cual fueron recolectados más de 100 testimonios, se evidenciaron cientos de asesinatos y miles de desplazamientos.

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HRW encontró que el estado fronterizo de Apure, en Venezuela, ha resultado tan golpeado como la misma Arauca. Ciudadanos de la zona fronteriza resultaron, por ejemplo, en albergues improvisados a orillas del río Meta, donde permanecen bajo riesgo de desnutrición y amenazas y reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. De hecho, el investigador Juan Pappier recomendó a la administración de Puerto Carreño, capital del Vichada, declarar un estado de calamidad pública para acceder a más recursos del gobierno nacional y atender a la población migrante.

“Es urgente tomar más medidas para asistir a esta población desplazada. Necesitan con urgencia alimentos, necesitan agua, asistencia humanitaria y, reamente, están en una situación donde estas medidas deben ser urgentes. Hemos hablado con familias desplazadas, algunos de ellos indígenas, que están en situaciones muy dolorosas. La atención por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales en Colombia ha sido muy pobre”, agregó Pappier.

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HRW recomendó al gobierno de Iván Duque, en específico sobre los desplazados de Apure, garantizar el acceso a un estatus legal en Colombia. La semana pasada, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció la regularización de más de 700.000 venezolanos, quienes con la tarjeta del Estatuto de Protección Temporal tienen acceso a contratos laborales y servicios de salud. La organización espera un apoyo similar a los desplazados en Vichada y Arauca, que además tenga en cuenta su cultura, necesidades y usos y costumbres.

Además, HRW recomendó al presidente Iván Duque desarrollar una política de seguridad enfatizada en proteger a la población. “Hasta ahora hemos visto un despliegue de las tropas para capturar a los miembros de los grupos armados, eso está muy bien, pero no ha alcanzado para mejorar la situación de desprotección que se vive actualmente”, explicó la organización. Además, señaló que es difícil recomendar medidas al gobierno venezolano, pues ha dado evidencias de ser “un régimen con poco interés por los derechos humanos, que comete violaciones masivas de derechos humanos y que está más interesado en las economías mafiosas”.

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Entre homicidios y alianzas

Según estadísticas allegadas por la Policía Nacional, hubo 103 homicidios en Arauca entre enero y febrero pasado. Se trata de la cifra más alta de asesinatos desde 2010, que incluye tanto civiles como miembros de grupos armados ilegales. Entrevistados reportaron a HRW que el Eln busca personas a las que acusa de colaborar con grupos disidentes de las Farc, para luego asesinarlas o llevárselas a sus enclaves.

Entre los casos recopilados está el del líder social Álvaro Peña Barragán, quien fue baleado mientras trabajaba en una finca en Tame, Arauca. Al día siguiente, dos hombres asesinaron a su esposa, Rosalba Carmenza Tarazona, durante el funeral. La hipótesis que maneja HRW, a través de las entrevistas recopiladas, es que el Comando Conjunto de Oriente habría sido el victimario de ambos, alegado una supuesta cooperación con el Eln.

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Según el investigador Pappier, hay acusaciones cruzadas entre ambos grupos. Mientras el Eln señala a las disidencias de las Farc de cometer abusos contra la población civil, quienes rechazaron el Acuerdo de Paz sostienen que la guerrilla no los apoya en los enfrentamientos con las fuerzas armadas venezolanas. Incluso, HRW tiene la hipótesis de que el Eln tiene desde hace meses una estrecha alianza con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Testimonios en terreno darían cuenta que, incluso, serían cómplices en recientes operaciones conjuntas.

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