‘La seguridad cojea sin justicia’

Ahora que el debate de la reforma a la justicia está sobre la mesa, Gobierno y altas cortes se enfrentan nuevamente. Éstas, congregadas en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, rechazan cualquier reestructuración que no las involucre. En entrevista con El Espectador, la magistrada María Mercedes López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y cabeza de la Comisión, explicó por qué es necesaria la participación de los funcionarios judiciales en la reforma, solicitó una evaluación urgente al colapsado sistema acusatorio y argumentó que, en los casos de los falsos positivos, aún no es momento de hablar de impunidad.

¿Por qué tantas diferencias con el Gobierno a la hora de reformar la justicia?

Nosotros no nos estamos oponiendo a que haya una reforma. Pero proponemos que tengamos el poder constitucional de vetar propuestas legislativas que representen una carga presupuestal para la rama sin el visto favorable de la Comisión Interinstitucional. Porque están quedando muy bien el Legislativo y el Ejecutivo, mientras que la Rama Judicial queda como el patito feo de la historia, porque somos nosotros los que tenemos que implementar las decisiones de ellos.

¿Cómo ejemplifica esa diferencia abismal entre lo que se aprueba en el Congreso y el trabajo de la Rama Judicial?

Llamo la atención al respecto de la oralidad en el sistema acusatorio. Con su entrada quedaron estancados más de un millón y medio de procesos que cursaban por el antiguo sistema penal, pero que ahora no hay quien los adelante. La oralidad ya entró en vigencia en materia laboral y lo va a hacer en las demás, pero pareciera que la experiencia de nada ha servido. ¿Y dónde se aprobó esa decisión? En el Legislativo. ¿Pero quiénes la tienen que aplicar? Nosotros, de nuevo el patito feo.

¿Qué tan crítica está la carga laboral de los funcionarios?

Cuando se pensó en el sistema penal acusatorio, se pensaba que cada fiscal o juez, en promedio, adelantaría 100 investigaciones. Hoy en día los fiscales oscilan en 1.000 investigaciones y un juez, entre 600 y 700 casos. El sistema penal acusatorio es excelente, pero para ponerlo en práctica requiere de unos recursos económicos que no se tienen.

¿Qué ha respondido el Gobierno?

Ha habido receptividad. En el último año logramos un incremento en el presupuesto para la Rama Judicial de un 15%, pero no es suficiente.

¿Cuál fue el presupuesto que se aceptó para la rama este año?

Se aprobaron $1,8 billones.

¿Cuánto representa del PIB?

El 0,88%. Si se incluye el presupuesto de la Fiscalía, Medicina Legal y el Inpec, es el 3,4%.

¿Es decir que  en Colombia se invierte más en armas y soldados que en la justicia?

Yo no puedo referirme a temas políticos, pero sé que en un país democrático es tan importante la seguridad como la justicia. Hablar de democracia es hablar de justicia, y si queremos seguridad para nuestro país, la seguridad también termina en la justicia, cojea sin ella.

Ante casos tan resonados como los falsos positivos, ¿diría que hay impunidad?

Los falsos positivos han impactado fuertemente a la sociedad, pero desde el punto de vista legal no hay asomo de impunidad todavía. El proceso penal continúa adelantándose. Lo que pasa es que venimos del paradigma del sistema anterior, donde la reclusión era la regla y no la excepción. El nuevo sistema funciona al revés, porque es garantista y parte del principio de inocencia.

¿Cómo explicarle a la gente que no ha habido descuido?

El ciudadano no tiene por qué sentirse desprotegido, porque no ha habido absoluciones, hay unos elementos probatorios sumamente fuertes que están siendo analizados. Pero nuestra justicia es morosa y eso es como una enfermedad que no se cura de la noche a la mañana.

¿Por qué el presidente de la Sala Disciplinaria, magistrado Ovidio Claros, dijo que se iba a investigar la Secretaría de esta dependencia en el caso de los falsos positivos?

La Secretaría de la Sala Disciplinaria colapsó. El año pasado, con 92 personas, se profirieron 7.400 fallos, y en 1992, con las mismas 92 personas, hubo 700 fallos. La estructura se ha quedado corta porque, infortunadamente, la corrupción también ha permeado la rama judicial.

La Judicatura ha tenido fuertes encontronazos con las demás cortes. Los han acusado de extralimitarse en sus funciones y de politiqueros.

Ciertamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es la que nos otorga la competencia para conocer de tutelas contra altas cortes que éstas rechazan, es la que ha originado todo esto. Bien puede la Corte revisarla, porque la seguridad jurídica en este país está absolutamente cuestionada y con toda la razón. Pero nosotros no estamos haciendo nada ilegal. Sobre las críticas, yo creo que un fallo de un juez de la República debe acatarse. Y donde se considere que un juez se está apartando de su deber, debe denunciarse ante el competente, que es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

¿En la Comisión Interinstitucional se ha planteado el debate de la segunda reelección?

No discutimos temas políticos.

Pero es evidente que el equilibrio de poderes se alterará con tres períodos seguidos de un mismo presidente. ¿No vale la pena debatir en el seno de la Rama Judicial este tema?

Si las respuestas comprometen asuntos políticos, uno como juez de la República tiene que reservarse de contestar. El tema no se puede tocar, los temas políticos no hacen parte de la agenda de la Comisión Interinstitucional.

Ahora que el debate de la reforma a la justicia está sobre la mesa, Gobierno y altas cortes se enfrentan nuevamente. Éstas, congregadas en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, rechazan cualquier reestructuración que no las involucre. En entrevista con El Espectador, la magistrada María Mercedes López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y cabeza de la Comisión, explicó por qué es necesaria la participación de los funcionarios judiciales en la reforma, solicitó una evaluación urgente al colapsado sistema acusatorio y argumentó que, en los casos de los falsos positivos, aún no es momento de hablar de impunidad.

¿Por qué tantas diferencias con el Gobierno a la hora de reformar la justicia?

Nosotros no nos estamos oponiendo a que haya una reforma. Pero proponemos que tengamos el poder constitucional de vetar propuestas legislativas que representen una carga presupuestal para la rama sin el visto favorable de la Comisión Interinstitucional. Porque están quedando muy bien el Legislativo y el Ejecutivo, mientras que la Rama Judicial queda como el patito feo de la historia, porque somos nosotros los que tenemos que implementar las decisiones de ellos.

¿Cómo ejemplifica esa diferencia abismal entre lo que se aprueba en el Congreso y el trabajo de la Rama Judicial?

Llamo la atención al respecto de la oralidad en el sistema acusatorio. Con su entrada quedaron estancados más de un millón y medio de procesos que cursaban por el antiguo sistema penal, pero que ahora no hay quien los adelante. La oralidad ya entró en vigencia en materia laboral y lo va a hacer en las demás, pero pareciera que la experiencia de nada ha servido. ¿Y dónde se aprobó esa decisión? En el Legislativo. ¿Pero quiénes la tienen que aplicar? Nosotros, de nuevo el patito feo.

¿Qué tan crítica está la carga laboral de los funcionarios?

Cuando se pensó en el sistema penal acusatorio, se pensaba que cada fiscal o juez, en promedio, adelantaría 100 investigaciones. Hoy en día los fiscales oscilan en 1.000 investigaciones y un juez, entre 600 y 700 casos. El sistema penal acusatorio es excelente, pero para ponerlo en práctica requiere de unos recursos económicos que no se tienen.

¿Qué ha respondido el Gobierno?

Ha habido receptividad. En el último año logramos un incremento en el presupuesto para la Rama Judicial de un 15%, pero no es suficiente.

¿Cuál fue el presupuesto que se aceptó para la rama este año?

Se aprobaron $1,8 billones.

¿Cuánto representa del PIB?

El 0,88%. Si se incluye el presupuesto de la Fiscalía, Medicina Legal y el Inpec, es el 3,4%.

¿Es decir que  en Colombia se invierte más en armas y soldados que en la justicia?

Yo no puedo referirme a temas políticos, pero sé que en un país democrático es tan importante la seguridad como la justicia. Hablar de democracia es hablar de justicia, y si queremos seguridad para nuestro país, la seguridad también termina en la justicia, cojea sin ella.

Ante casos tan resonados como los falsos positivos, ¿diría que hay impunidad?

Los falsos positivos han impactado fuertemente a la sociedad, pero desde el punto de vista legal no hay asomo de impunidad todavía. El proceso penal continúa adelantándose. Lo que pasa es que venimos del paradigma del sistema anterior, donde la reclusión era la regla y no la excepción. El nuevo sistema funciona al revés, porque es garantista y parte del principio de inocencia.

¿Cómo explicarle a la gente que no ha habido descuido?

El ciudadano no tiene por qué sentirse desprotegido, porque no ha habido absoluciones, hay unos elementos probatorios sumamente fuertes que están siendo analizados. Pero nuestra justicia es morosa y eso es como una enfermedad que no se cura de la noche a la mañana.

¿Por qué el presidente de la Sala Disciplinaria, magistrado Ovidio Claros, dijo que se iba a investigar la Secretaría de esta dependencia en el caso de los falsos positivos?

La Secretaría de la Sala Disciplinaria colapsó. El año pasado, con 92 personas, se profirieron 7.400 fallos, y en 1992, con las mismas 92 personas, hubo 700 fallos. La estructura se ha quedado corta porque, infortunadamente, la corrupción también ha permeado la rama judicial.

La Judicatura ha tenido fuertes encontronazos con las demás cortes. Los han acusado de extralimitarse en sus funciones y de politiqueros.

Ciertamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es la que nos otorga la competencia para conocer de tutelas contra altas cortes que éstas rechazan, es la que ha originado todo esto. Bien puede la Corte revisarla, porque la seguridad jurídica en este país está absolutamente cuestionada y con toda la razón. Pero nosotros no estamos haciendo nada ilegal. Sobre las críticas, yo creo que un fallo de un juez de la República debe acatarse. Y donde se considere que un juez se está apartando de su deber, debe denunciarse ante el competente, que es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

¿En la Comisión Interinstitucional se ha planteado el debate de la segunda reelección?

No discutimos temas políticos.

Pero es evidente que el equilibrio de poderes se alterará con tres períodos seguidos de un mismo presidente. ¿No vale la pena debatir en el seno de la Rama Judicial este tema?

Si las respuestas comprometen asuntos políticos, uno como juez de la República tiene que reservarse de contestar. El tema no se puede tocar, los temas políticos no hacen parte de la agenda de la Comisión Interinstitucional.