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Luego de que se diera a conocer la renuncia de los delegados Alexánder Sánchez y Grenfieth Sierra a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la entidad ha publicado un comunicado con el que pretende aclarar los rumores que ha despertado estas renuncias y el caso de Alberto Merlano, tío de la primera dama, Verónica Alcocer. El Espectador publicó hace unas horas el expediente que ha generado polémica en la SIC y el gobierno de Gustavo Petro.
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En el centro del caso está una sanción impuesta años atrás al presidente Petro y a Merlano, cuya nulidad fue solicitada recientemente por este último, supuestamente para despejar el camino hacia su posible nombramiento como presidente de Ecopetrol. Aunque la estrategia parecía encaminada, la renuncia de Sánchez y Sierra frenaron su avance al pedir más tiempo para analizar la solicitud, generando tensiones en la Casa de Nariño. La SIC, por su parte, desmiente categóricamente estas interpretaciones, señalando que la solicitud de renuncias protocolarias es un procedimiento administrativo común, orientado a evaluar y reorganizar la estructura de la entidad cuando sea necesario.
Según la Superintendencia, asociar este procedimiento con posibles retaliaciones es un acto malintencionado y sin fundamento. La entidad recordó que los cargos de libre nombramiento y remoción permiten, de manera discrecional, que el nominador conforme su equipo de trabajo. En este contexto, la solicitud de renuncias se realizó el pasado 23 de diciembre, en línea con la jurisprudencia del Consejo de Estado, que respalda esta práctica como una medida legítima para garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público.
Sobre el caso de Alberto Merlano, la SIC aclaró que, contrario a lo divulgado, no tiene facultades para levantar de manera unilateral las sanciones impuestas. La solicitud de revocatoria directa, presentada en noviembre ante el comité de conciliación de la entidad, está sujeta a un control judicial de legalidad en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se tramita la nulidad de la sanción. Por tanto, será la justicia quien determine si procede o no dicha revocatoria, tras un análisis independiente y riguroso.
Finalmente, la SIC rechazó los señalamientos de algunos funcionarios que, tras la solicitud de renuncias protocolarias, habrían cuestionado la legalidad de las actuaciones administrativas de la entidad. La Superintendencia reiteró su compromiso con la transparencia y la defensa del interés general, destacando que todos sus actos están abiertos al escrutinio público, así como a la revisión por parte de los organismos de control.
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“Reiteramos que son los Tribunales los que tendrán la última palabra. (...) A pesar de todas las garantías dadas, en este caso en particular, se ha recurrido a medidas extrajurídicas, tendientes a debilitar una administración cuya única preocupación ha sido defender el interés general, los derechos de los consumidores y la democratización de la economía”, concluyó la Superintendencia.
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