La sorpresiva salida del cerebro de Colombia ante la justicia internacional

Hasta el próximo 30 de enero trabaja en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la abogada Ana María Ordóñez, quien desde hace siete años se desempeñaba como la directora de Defensa Jurídica Internacional de Colombia. Una oficina que ella misma lideró desde su creación y con la cual el Estado se salvó de pagar hasta $15 billones de pesos en millonarias peleas jurídicas. Procesos altamente sofisticados en los que inversionistas extranjeros demandaron a Colombia al sentir vulnerados sus derechos y en los que, gracias a la gestión de su equipo, el país salió bien librado en la mayoría de las veces.

Hasta el próximo 30 de enero trabaja en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la abogada Ana María Ordóñez, quien desde hace siete años se desempeñaba como la directora de Defensa Jurídica Internacional de Colombia. Una oficina que ella misma lideró desde su creación y con la cual el Estado se salvó de pagar hasta $15 billones de pesos en millonarias peleas jurídicas. Procesos altamente sofisticados en los que inversionistas extranjeros demandaron a Colombia al sentir vulnerados sus derechos y en los que, gracias a la gestión de su equipo, el país salió bien librado en la mayoría de las veces.

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Fuentes consultadas por El Espectador confirmaron que, aunque esta es una renuncia normal en términos administrativos, no deja de ser sorpresiva por la tasa de éxito que la dirección estaba alcanzando. Entre los casos recientes está, por ejemplo, cómo en 2021 se le ganó un caso al accionista mayoritario de Electricaribe, Naturgy, que buscaba salvarse de las sanciones que la justicia colombiana le impuso a la extinta empresa de energía. Otros casos se miden por perder cuanto menos se pueda, como cuando a Colombia se le ordenó el pago de US$19 millones a la minera Prodeco, filial de la canadiense Glencore. La multinacional, sin embargo, exigía US$600 millones en un arbitraje internacional, por un expediente en el que fue sancionada por nuestras autoridades por mal cálculo de regalías.

La salida de Ordóñez está indirectamente relacionada con la renuncia presentada por Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia, quien aseguró haber recibido malos tratos por parte del canciller Álvaro Leyva. Entonces, la Agencia intentaba conciliar con la empresa Thomas Greg and Sons, la cual estaba por ganar un millonario contrato de licitación de pasaportes, hasta que el alto Gobierno declaró desierto ese proceso. Con la salida de Zamora, Ordóñez presentó su renuncia protocolaria, como cada vez que se cambia de dirección en la Agencia. La sorpresa fue que aceptaron su carta, en decisión tomada por la Presidencia y el Ministerio de Justicia.

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“En defensa internacional de Colombia, en los arbitrajes de inversión, logramos un ahorro en pretensiones de cerca de $15 billones de pesos y la recuperación de costos de defensa por más de $20.000 millones de pesos. Me siento satisfecha de haber implementado un modelo de defensa jurídica que es un referente para otros países”, señaló Ana María Ordóñez en su carta de renuncia, la cual fue conocida por la directora encargada, Paula Robledo Silva. Así las cosas, la Agencia todavía no tiene una cabeza en firme y su despacho internacional, uno de los más importantes, también se queda con administración encargada. La Silla Vacía agrega que también sale César Augusto Méndez, director de defensa Jurídica Nacional.

Con respecto a si la salida de Ordóñez está relacionada con las acciones judiciales que Thomas Greg and Sons iniciaron contra Colombia, otras fuentes confirmaron que es improbable, dado que las demandas ante los tribunales nacionales los conoce, justamente, la dirección Nacional de la Agencia. De otro lado, la salida de la jurista tampoco implica un remezón en la dirección Internacional, pues el equipo que ella estuvo conformando desde hace siete años se mantiene. Y, con ellos, las estrategias de defensa que se estaban implementando y que podrían traerle resultados al país en términos de dinero.

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Entre esas estrategias, la formulación de excepciones jurisdiccionales en el caso del Galeón San José, en el que la empresa cazatesoros estadounidense Sea Search Armada tiene demandado a Colombia por US$10.000 millones. Se trata de uno de los litigios más costosos de la historia, puesto en marcha el año pasado, por los derechos del supuesto descubrimiento del galeón que yace cerca de las Islas del Rosario (Cartagena). Ante la Corte Permanente de Arbitraje, Sea Search Armada reclama haber descubierto el naufragio de esta embarcación en los años 80, y por eso solicitan una indemnización al Estado colombiano. Sin embargo, antes de entrar a una eventual etapa de juicio, el equipo Internacional de la Agencia planteó que esa no era jurisdicción para resolver el conflicto.

Asimismo, al menos en procesos que puedan resolverse este año, Colombia se está jugando US$12.000 millones en arbitrajes de inversión, conocidos exclusivamente por la oficina que dirigía Ordóñez. El Estado tiene peleas que van desde sectores de la telecomunicación hasta por explotación de recursos naturales en páramos. Asimismo, manejan la estrategia de defensa en derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Justicia, recordado en estos últimos dos años por una estrategia de reconocimiento público de responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos. Así las cosas, tanto Ana María Ordóñez como Martha Lucía Zamora, dos de los timones de la Agencia, salen en menos de dos meses, y la entidad queda bajo direcciones encargadas.

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