Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), miembros de las FARC sostuvieron que a los 12 diputados del Valle, secuestrados en abril de 2007, ni los encadenaron, ni maltrataron, ni fueron irrespetuosos con ellos durante el cautiverio. La declaración exculpatoria cayó como golpe en las entrañas a las víctimas que perdieron a sus familiares.
Tres años después de esas polémicas declaraciones, la propia JEP puso en su lugar y justas proporciones lo que los políticos sufrieron durante cinco años de secuestro. La Sala de Reconocimiento explicó que no solo fueron sometidos a largas caminatas, escasez de comida y medicamentos y tratos inhumanos. Una verdad que el país conoce desde hace años, pero que hasta ahora la JEP condensó en una imputación de cargos en contra de ocho exguerrilleros.
Se trata de un documento judicial que se contrapone a la versión que ya había entregado la antigua guerrilla de las FARC a la JEP, donde aseguraron que sus víctimas siempre habían recibido un trato digno. En la imputación, la justicia transicional afirma que las acciones cometidas por la antigua guerrilla fueron “causante de un profundo sufrimiento”.
Durante el cautiverio, además de ser obligados a permanecer en aislamiento, se le sumaron las marchas forzadas, los malos tratos, las condiciones extremas y el temor constante frente a la muerte. Las largas distancias que se veían obligados a transitar fueran descritas como “marchas de la muerte”, con la fatiga que generaba la falta de comida y las heridas que se les hacían en los pies, afirma el documento. También se menciona que varios diputados se encontraban enfermos, pero que el acceso a medicamentos era sumamente limitado; estos hechos llevaron incluso a la muerte de varios guerrilleros.
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La sala compartió el testimonio del diputado Sigifredo López, quien narró como había afectado a los diputados ver a sus captores cazar su propia comida o morir de malaria y dengue frente a ellos. Según la Jurisdicción, estos hechos dejaron diversas secuelas en las víctimas y sus familias, quienes expresaron que sentían miedo de que los hechos pudieran repetirse.
De manera adicional a los hechos que la Sala había identificado como lo son el secuestro y la toma de rehenes, consideraron que en su momento también incurrieron en tortura, tratos inhumanos y degradantes, violencia sexual y desaparición forzada.
La antigua guerrilla había compartido con la JEP un relato sobre lo sucedido, a través de un documento de 29 páginas, que no solo contaba como decidieron y planearon el secuestro, sino que también afirmaba que los diputados habían recibido un trato digno, mediante interacciones buenas y respetuosas.
Los implicados aseguraban que les habían entregado medicina y comida a los políticos, además de dejarlos descansar cuando fuera necesario, también que no habían sido encadenados ni maltratados porque eran civiles. Esta versión preocupó desde el inicio a cuatro familiares de los diputados y al único sobreviviente del asesinato y secuestro, Sigifredo López, ya que consideraban contenía errores y mentiras.
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Los hechos investigadores sucedieron el 11 de abril de 2002, cuando el Bloque Occidental de las FARC irrumpió en la Asamblea del Valle, haciéndose pasar por miembros de la Fuerza Pública, para convencer por medio de engaños a doce diputados de montarse a un bus que los llevaría hacia los Farallones. En video quedó registrada la operación que llevaba gestándose meses a través de agentes de inteligencia que la guerrilla logró infiltrar en pleno centro de Cali. Años más tarde se supo que once de los doce diputados fueron asesinados.
“La Sala cuenta con suficientes fuentes que demuestran que los asesinatos de los cautivos eran consultados con los superiores, y en algunos casos hubo órdenes generales de matarlos en caso de intento de rescate militar”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre en una rueda de prensa. Y agregó: “Encontramos cómo las secuelas del secuestro se extendieron a otras esferas de la vida de las víctimas y sus familias. Para muchas de ellas, es un daño que nunca cesó y las afectaciones a la salud física y mental todavía son padecidas”.
Ahora, los ocho exguerrilleros deberán reconocer su responsabilidad para evitar ir a juicio. Si lo hacen, podrían acceder a las penas propias del sistema de justicia transicional.
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