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La comisión que visitará este martes la cárcel La Tramacúa, ubicada en las afueras de Valledupar (Cesar), es la más importante que este penal ha recibido en sus 14 años de existencia. Conformada por miembros de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Justicia, de la dirección del Inpec, de la Procuraduría y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, definirá si la prisión de máxima seguridad ha cumplido con las órdenes dadas por la Corte Constitucional hace once meses, cuando ésta emitió en favor de los presos la tutela T-282 de 2014. Si el fallo cayó en saco roto, dentro de seis meses sus nueve pabellones deberán estar vacías y ningún recluso podrá regresar hasta que la cárcel pueda ser habitable.
La sentencia tiene fecha de 2014, pero los plazos empezaron a contar desde febrero del año pasado. Respondía a la tutela interpuesta en 2011 por un grupo de reclusos de la Tramacúa, quienes consideraban que se les estaban violando por lo menos seis derechos fundamentales. El primero, y en el que el fallo de la Corte pone el acento, es el acceso al agua. Y es que en la prisión de máxima seguridad, ubicada en tierras que suelen superar los 40 grados centígrados, ésta llega a cuentagotas: aunque debería salir por las canillas de cada una de las celdas y llenar sus sanitarios, el líquido solo llega, y escaso, a los primeros pisos.
“Aquí el agua la suministran por ahí dos o tres veces al día, durante 10 o 15 minutos máximo, pero simplemente llega al patio central, a un bañito que tenemos allí”, le dijo a este diario Heiner Moscote, interno de la Tramacúa desde hace siete años. En esos 10 o 15 minutos, 1.448 presos deben almacenar lo que puedan en baldes de 20 litros que les fueron suministrados después del fallo de la Corte. Antes, utilizaban botellas de gaseosa y envases plásticos mohosos para recolectar el agua que beberían y usarían para bañarse y lavar sus platos y su ropa. Muchas veces preferían dejar sus orines y excrementos en bolsas plásticas que luego lanzaban por las rejas, porque usar un sanitario significaba gastar 12 litros de agua por descarga. Un lujo que nadie podía darse.
Para remediar la situación, el Inpec afirmó que ahora el agua llega a la cárcel tres veces al día por espacio de dos horas. Voceros de la entidad le admitieron a este diario que no se ha diseñado una estrategia para que se recoja de forma ordenada el líquido cuando llena las tuberías del penal, a pesar de que esta fue una de las órdenes que dio la Corte Constitucional en la sentencia T-282 de 2014. Otra fue resolver el problema hidráulico de manera definitiva: el agua no llega con presión. La directora general encargada de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Claudia Gelvez, aclara que “la Tramacúa tiene problemas con el sistema hídrico desde su construcción misma”.
Para solucionarlos, se han construido tres tanques de almacenamiento de agua (de 1.000, 100 y 400 metros cúbicos), todos insuficientes, según Claudia Gelvez. Por eso, la Uspec ha firmado dos contratos para mejorar al menos seis pabellones. Espera firmar uno este año, por $2 mil millones, para reparar los tres restantes. Solo el primer contrato -que mejoraría la red hidráulica en los pabellones 6, 2 y 9-, firmado en 2014 con el Fondo de Desarrollo de Cundinamarca, ha sido puesto en marcha: en diciembre terminaron las obras en la torre 6 y comenzaron las de la 2. Mejoras en “el rancho”, donde se preparan los alimentos, también han sido implementadas, dice Gelvez. Solo un informe de la Secretaría de Salud de Valledupar, que inspeccionó el lugar a finales del año pasado, dirá si estas han sido efectivas.
El preso Heiner Moscote le dijo a este diario que sus compañeros, recientemente trasladados a la torre 6, están quejándose “porque les quitaron las canecas que tenían para ellos almacenar el agüita, que solo la están poniendo por pocos minutos en la mañana”. La Uspec le achaca los niveles irregulares de abastecimiento al Fenómeno del Niño que azota a la región. Además, a pesar de que el penal aún no está ocupado en su totalidad, hay hacinamiento. La razón es que, por las obras de mejoramiento de los pabellones, hay más de tres presos durmiendo en una celda que está diseñada para dos. Gloria Silva, directora del área carcelaria del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, señaló que “hay ancianos y discapacitados durmiendo en el piso”.
A la sequedad en la boca por la escasez del agua se añade el polvo que deja en el aire la cantera construida hace tres años a tan solo 300 metros de la prisión. Las gripas y los problemas respiratorios se han sumado a los problemas oculares como los motivos de consulta médica más frecuentes. Por el resplandor blanco del sol en contra del cemento del patio central, por lo menos 13 internos tienen órdenes pendientes de operaciones y valoraciones oftalmológicas. Por otra parte, al menos cinco internos tienen pendientes operaciones que de no hacerse, sus vidas estarían en riesgo, denuncia Gloria Silva. “Hay un caso de un compañero al que cortaron 10 centímetros de hueso porque, por descuido, le estaban dejando podrir la pierna”, dijo Heiner Moscote.
Además de la falta de condiciones de salubridad, la Corte Constitucional evidenció los tratos inhumanos y torturas a los que los prisioneros estaban sometidos. El alto tribunal expuso que desde que los reclusos entraban al penal se les violaba su dignidad al ser requisados completamente desnudos. A pesar del fallo de la Corte, Heiner Moscote contó que se seguían cometiendo irregularidades, especialmente, cuando de castigos se trataba.
Según le dijo a este diario, en la cárcel existe un cuarto llamado “Villa Mosquito”, que era utilizado para llevar a los internos que cometían faltas disciplinarias, a quienes protestaban e incluso a quienes pedían atención médica en la madrugada -cuando no hay médicos en el penal-. "Villa Mosquito es una celda que tienen ellos apartadita, un hueco lleno de insectos, de plagas”, sostuvo Moscote, quien agregó que a veces los guardias utilizaban granadas de gas lacrimógeno al interior de la celda y, en ocasiones, despertaban a los reclusos con baldados de agua.
Según Moscote, “la situación comenzó a cambiar luego de algunas reuniones que se hicieron con algunas comisiones de alto nivel”. De acuerdo con el Inpec, el problema también ha mejorado debido a los seminarios de derechos humanos que algunos dragoneantes han hecho con la Defensoría y la Cruz Roja. Incluso, dice la entidad, no se han reportado denuncias en la urna que fue situada en el penal después del fallo. Moscote explicó que esto se debe a que “no hay la suficiente confianza para echar las denuncias en las urnas, y tampoco las podemos dejar en los patios porque no sabemos si van a amanecer. Por eso estamos entregando las denuncias directamente al funcionario de la Procuraduría que todos los viernes abre la cajita”. De hecho, en el último informe de seguimiento a la tutela T-282, con fecha del 15 de diciembre de 2015, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos registró ocho denuncias nuevas de tratos inhumanos.
Este es el panorama al que deberá enfrentarse la comisión técnica que viajará a la cárcel la Tramacúa, que muchos reclusos ven como un “depósito de seres humanos”. De acuerdo a sus conclusiones, y a los informes de los organismos de control que han sido enviados desde que se emitió la sentencia, la Corte determinará si la Penitenciaria de Máxima Seguridad de Valledupar puede seguir funcionando o si deberá ser clausurada, con los bichos, el polvo de la cantera cercana y el sol blanco como únicos moradores de sus nueve torres.