La tras escena de la guerra que se vive en Arauca, hoy en emergencia humanitaria

Según el personero de Tame (Arauca), Juan Carlos Villate, el 2 de enero de 2022 fue uno de los días “más violentos de los últimos diez años” en su región. En este municipio, así como en Arauquita, Fortul y Saravena se registran enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc que han llevado a decenas de muertes (aún no se confirman cuántas) y a vivir una tensión inusitada. Desde hace meses, distintas voces vienen alertando que la violencia en este departamento está escalando. A pesar de las alertas, organismos humanitarios y sociales advierten que hoy están sitiados.

(Lea también: Crisis humanitaria en Arauca por enfrentamientos entre el Eln y disidencias)

En marzo de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el municipio de Arauca. En el documento, le pedían al Gobierno actuar con urgencia ante la exacerbación de los riesgos de ataque contra la población civil y de infracciones del Derecho Internacional Humanitario, por recientes acciones violentas del Eln y del frente décimo de las disidencias de las Farc, especialmente en la capital del departamento. La entidad alertó que podría haber “homicidios, masacres, ataques indiscriminados con interposición de población civil, instalación de artefactos explosivos improvisados, ‘plan pistola’ contra miembros de la Fuerza Pública, incrementos de los secuestros extorsivos y con fines políticos, amenazas y extorsiones”.

Lea el comunicado del personero de Tame:

De hecho, en la alerta temprana, de 10 páginas, hizo un recuento de cinco incidentes que se habían presentado hasta entonces en 2021 en los que, en distintos puntos de la capital de Arauca, se había tenido información de artefactos explosivos supuestamente instalados bien por las disidencias de las Farc, o por el Eln. Como si la advertencia de la Defensoría del Pueblo hubiera sido una premonición, la violencia solo escaló en esta región del país durante el año pasado. En marzo hubo un desplazamiento forzado masivo de población civil y en septiembre un ataque supuestamente perpetrador por el Eln mató a cinco militares y a seis más heridos.

(Le puede interesar: Eln y Arauca: una relación de política, petróleo, amenazas y condenas)

Hacia el segundo semestre de 2021, la situación se agravó en otros dos municipios de Arauca: Puerto Rondón y Cravo Norte. Ante la inminencia del riesgo, la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana. En el documento exponían que disidencias de las Farc y Eln, “buscan imponerse hegemónicamente en el territorio, extraer rentas de las actividades productivas que realiza la población civil, imponer lealtades a sus respectivas organizaciones subversivas y controlar el territorio para garantizar corredores de movilidad para actividades ilícitas (narcotráfico, abigeato, armas, contrabando, entre otras) y de sus combatientes, evitar la infiltración y las operaciones de registro y control de la fuerza pública”.

Sobre el Eln la segunda alerta de la Defensoría explicaba, por ejemplo, que tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el grupo guerrillero “ha buscado recuperar el copamiento de la jurisdicción de estos dos municipios. Para ello, pretenden plegar a la población civil y sus organizaciones sociales a su favor, buscando instalar ‘bases sociales’ afines a sus propósitos insurgentes. En la actualidad, continúan estableciendo ‘normas de convivencia’ de forzoso acatamiento, determinando quiénes pueden permanecer o no en el territorio y extorsionando a ganaderos, hacendados, comerciantes, y transportadores de la región”.

(Lea también: Arauca, bajo el fuego del Eln y las disidencias)

Y, sobre el frente décimo de las disidencias, agregó que buscaban volver a las sabanas de Arauca, zona históricamente dominada por las extintas Farc. Para ello, según el documento, “han venido fortaleciendo sus estructuras a partir de extorsiones a ganaderos, hacendados, transportadores (fluviales y terrestres) y comerciantes; asimismo, han incrementado los reclutamientos forzados, logrando nuevamente la conformación de compañías como la Uriel Londoño y la columna móvil Alfonso Castellanos, integradas por algunos excombatientes reincidentes que pertenecieron a las extintas Farc-EP”.

En el departamento, además, hay una alta concentración de migrantes venezolanos, pues el departamento limita con el vecino país, que también atraviesa hace años una crisis humanitaria. Y en estas circunstancias, a las autoridades y entes humanitarios les preocupa, asimismo, la situación de los migrantes, pues en medio de estigmatización, xenofobia y falta de oportunidades, un total de 52 venezolanos murieron de manera violenta en todo Arauca hasta noviembre 2021, según datos de Medicina Legal.

Ahora la situación está particularmente grave en los otros cuatro municipios del departamento de Arauca: Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. El personero Villate pidió intervención para crear corredores humanitarios y albergues para las personas que huyen ahora de los enfrentamientos entre disidencias y Eln, en medio de una violencia que se arrecia. El presidente Iván Duque dijo que reforzaron la seguridad en el departamento y el Ejército emitió un comunicado en el que confirmó que ha habido muertos en la zona y rechazó que se afecte a la población civil.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Según el personero de Tame (Arauca), Juan Carlos Villate, el 2 de enero de 2022 fue uno de los días “más violentos de los últimos diez años” en su región. En este municipio, así como en Arauquita, Fortul y Saravena se registran enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc que han llevado a decenas de muertes (aún no se confirman cuántas) y a vivir una tensión inusitada. Desde hace meses, distintas voces vienen alertando que la violencia en este departamento está escalando. A pesar de las alertas, organismos humanitarios y sociales advierten que hoy están sitiados.

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En marzo de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el municipio de Arauca. En el documento, le pedían al Gobierno actuar con urgencia ante la exacerbación de los riesgos de ataque contra la población civil y de infracciones del Derecho Internacional Humanitario, por recientes acciones violentas del Eln y del frente décimo de las disidencias de las Farc, especialmente en la capital del departamento. La entidad alertó que podría haber “homicidios, masacres, ataques indiscriminados con interposición de población civil, instalación de artefactos explosivos improvisados, ‘plan pistola’ contra miembros de la Fuerza Pública, incrementos de los secuestros extorsivos y con fines políticos, amenazas y extorsiones”.

Lea el comunicado del personero de Tame:

De hecho, en la alerta temprana, de 10 páginas, hizo un recuento de cinco incidentes que se habían presentado hasta entonces en 2021 en los que, en distintos puntos de la capital de Arauca, se había tenido información de artefactos explosivos supuestamente instalados bien por las disidencias de las Farc, o por el Eln. Como si la advertencia de la Defensoría del Pueblo hubiera sido una premonición, la violencia solo escaló en esta región del país durante el año pasado. En marzo hubo un desplazamiento forzado masivo de población civil y en septiembre un ataque supuestamente perpetrador por el Eln mató a cinco militares y a seis más heridos.

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Hacia el segundo semestre de 2021, la situación se agravó en otros dos municipios de Arauca: Puerto Rondón y Cravo Norte. Ante la inminencia del riesgo, la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana. En el documento exponían que disidencias de las Farc y Eln, “buscan imponerse hegemónicamente en el territorio, extraer rentas de las actividades productivas que realiza la población civil, imponer lealtades a sus respectivas organizaciones subversivas y controlar el territorio para garantizar corredores de movilidad para actividades ilícitas (narcotráfico, abigeato, armas, contrabando, entre otras) y de sus combatientes, evitar la infiltración y las operaciones de registro y control de la fuerza pública”.

Sobre el Eln la segunda alerta de la Defensoría explicaba, por ejemplo, que tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el grupo guerrillero “ha buscado recuperar el copamiento de la jurisdicción de estos dos municipios. Para ello, pretenden plegar a la población civil y sus organizaciones sociales a su favor, buscando instalar ‘bases sociales’ afines a sus propósitos insurgentes. En la actualidad, continúan estableciendo ‘normas de convivencia’ de forzoso acatamiento, determinando quiénes pueden permanecer o no en el territorio y extorsionando a ganaderos, hacendados, comerciantes, y transportadores de la región”.

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Y, sobre el frente décimo de las disidencias, agregó que buscaban volver a las sabanas de Arauca, zona históricamente dominada por las extintas Farc. Para ello, según el documento, “han venido fortaleciendo sus estructuras a partir de extorsiones a ganaderos, hacendados, transportadores (fluviales y terrestres) y comerciantes; asimismo, han incrementado los reclutamientos forzados, logrando nuevamente la conformación de compañías como la Uriel Londoño y la columna móvil Alfonso Castellanos, integradas por algunos excombatientes reincidentes que pertenecieron a las extintas Farc-EP”.

En el departamento, además, hay una alta concentración de migrantes venezolanos, pues el departamento limita con el vecino país, que también atraviesa hace años una crisis humanitaria. Y en estas circunstancias, a las autoridades y entes humanitarios les preocupa, asimismo, la situación de los migrantes, pues en medio de estigmatización, xenofobia y falta de oportunidades, un total de 52 venezolanos murieron de manera violenta en todo Arauca hasta noviembre 2021, según datos de Medicina Legal.

Ahora la situación está particularmente grave en los otros cuatro municipios del departamento de Arauca: Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. El personero Villate pidió intervención para crear corredores humanitarios y albergues para las personas que huyen ahora de los enfrentamientos entre disidencias y Eln, en medio de una violencia que se arrecia. El presidente Iván Duque dijo que reforzaron la seguridad en el departamento y el Ejército emitió un comunicado en el que confirmó que ha habido muertos en la zona y rechazó que se afecte a la población civil.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.