La tras escena en la Corte Constitucional del caso Uribe

Durante una semana entera, no hubo un tema más crítico y de interés en las más altas esferas del país que el expediente que estudiaba la Corte Constitucional sobre una de las investigaciones más importantes de la última década. El alto tribunal tenía en sus manos una tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que argumentó una vulneración a sus derechos fundamentales por un asunto puramente procesal, pero que su resultado impactaría de frente su situación judicial. Aunque se trataba de una discusión jurídica (si una indagatoria podía asimilarse a una imputación de cargos), la historia terminó exponiendo un escenario de presiones, llamadas, filtraciones, influencias y hasta mensajes amenazantes.

(En contexto: Corte Constitucional dice que a Uribe se le respetaron sus derechos y fue imputado)

La crisis comenzó el pasado 3 de noviembre. Ese miércoles, en el orden del día de la Sala Plena, los nueve magistrados debatieron el expediente de Uribe y la ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares, quien expuso que al exsenador no se le violaron sus derechos. Desde que el proyecto de fallo fue expuesto en Sala, se empezó a perfilar la votación. Fuentes cercanas a la Corte coincidieron en que, en ese momento, en contra de la ponencia, que significaba aceptar la tutela de Uribe, estuvieron los magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses. El jurista Antonio Lizarazo se mostró cercano a esa posición, pero hasta el final no se decidió. Y, con la posición de Linares, estuvieron Diana Fajardo, Cristina Pardo, Gloria Ortiz y José Fernando Reyes (el único penalista).

(Audiencia de solicitud de preclusión: Caso Uribe: Fiscalía continúa exponiendo la preclusión contra el exsenador)

Pero la Sala Plena de ese día fue una corta. Varios juristas tenían una cita en Paipa (Boyacá) para asistir a un evento de la rama Judicial para hablar sobre el enfoque de género y las cuatro magistradas de la Corte eran claves en esa cita. El debate se suspendió antes del mediodía y la votación tuvo que ser aplazada para el 10 de noviembre. Fue en ese lapso cuando las llamadas a los magistrados aparecieron con más insistencia. Y con ellas las presiones y la insistencia, de lado y lado, por conocer qué estaba pasando en la Corte Constitucional. En ocho días, los juristas recibieron llamadas de expresidentes, reconocidos juristas, exmagistrados, exfiscales, ministros, árbitros de la Cámara de Comercio y hasta de magistradas que despachan desde el Consejo Superior de la Judicatura.

Las comunicaciones no las recibieron solo los magistrados, sino también personas cercanas a ellos o a sus despachos. La situación fue tan grave que uno de los juristas recibió mensajes intimidantes para que cambiara su intención de voto con la amenaza de que, si no lo hacía, habría repercusiones. Dos fuentes le confirmaron la situación a este diario, pero ambas coincidieron en que de nada sirvieron las amenazas, pues el jurista en cuestión no cambió su posición frente al expediente. Ese fue el preámbulo de la decisión de esta semana. La tensión era evidente cuando la Sala Plena retomó el debate el miércoles pasado. Para rematar, la Corte tenían ya la soga del tiempo sobre el cuello: ese día tenían que tomar una decisión porque el caso se vencía al día siguiente.

(Lea también: Los salvamentos de voto en el caso de tutela del exsenador Álvaro Uribe)

Los magistrados lo sabían y también los protagonistas del expediente judicial, abogados, la academia, la opinión pública y hasta varios congresistas. La intriga no era para menos. Lo que resolviera la Corte era clave para el caso Uribe, pero también porque sentaba las reglas y el camino que debe recorrer la investigación de un congresista o alto funcionario (aforado) cuando renuncia a su investidura, la Corte Suprema de Justicia pierde la competencia para seguir con el caso y el expediente cae en la Fiscalía. Con el telón arriba, empezó el primer acto de esta novela. El escenario fue una reunión virtual. Los cuadros de los nueve magistrados fueron apareciendo en las pantallas y la acción comenzó con la intervención de los juristas que no alcanzaron a hablar en la sesión del 3 de noviembre.

El plan trazado era escucharlos y, hacia el final de la tarde, votar. Pero las filtraciones empezaron. Casi en tiempo real, se empezaron a conocer detalles de lo que estaba sucediendo en una Sala que, por ley, debe ser reservada. Antonio Lizarazo, presidente de la Corte, empezó a recibir mensajes de sus compañeros de Sala, quienes le expresaron su molestia por la filtración de información. Hacia el mediodía, el magistrado tomó la decisión de suspender todo. Los citó a todos al Palacio de Justicia a las tres de la tarde y quedó claro que la única manera de seguir con la discusión era si todos entraban de nuevo a la Sala sin computadores ni celulares. “Esa fuga de información enfureció a varios magistrados, porque sabían que solo ellos podían estar enviando esa filtración”, agregó una fuente.

En efecto, en esa reunión virtual únicamente estaban los nueve magistrados y la secretaria de la Corte, una persona de total confianza para ellos. Con la incomodidad de saber que los propios magistrados estaban filtrando información a un lado, la Sala Plena siguió en total hermetismo. No se supo de ellos sino hacia las 8:20 de la noche cuando, desde la oficina de prensa, anunciaron que el presidente Lizarazo y el ponente Linares iban a decirle al país cuál era su decisión. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional definió que al expresidente Uribe no se le violaron sus derechos y que la indagatoria que rindió en la Corte Suprema en agosto de 2019 se podía equiparar a una imputación de cargos. En consecuencia, su proceso sigue intacto.

La votación final estaba cantada. Con la decisión en firme, empezó el tercer acto de la historia. Al día siguiente, jueves 11 de noviembre, Linares explicó en varios medios de comunicación su decisión. Hacia el mediodía, una de sus declaraciones revivió la tensión de la Corte. La dio en la revista Semana, en donde aseguró que varios de sus compañeros recibieron llamadas de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria. En las declaraciones de Linares, además, el jurista comparó la labor de un magistrado con la de un monje: “Nos toca tratar de no salir a reuniones sociales para evitar que alguien sugiera o diga algo”. Con o sin vida social, lo cierto es que para nadie fueron ajenas las incidencias políticas de la decisión en la Corte Constitucional.

No solo por la trascendencia que significa la primera investigación penal contra un expresidente de Colombia, sino porque desde hace al menos dos años el uribismo ha dicho que todo se trata de una persecución política desde la rama Judicial en contra de su líder. Postura que, incluso, ha llegado hasta el extremo de volverse una propuesta para promover una constituyente o una reforma al sistema judicial. Y, presiones o no, lo cierto también es que las filtraciones en la plena Sala Plena del pasado miércoles 10 de noviembre terminaron en suspender la discusión y tomar una de las decisiones más radicales que se haya visto por parte del alto tribunal para evitar “el ruido de afuera”. Sin celulares, computadores ni dispositivos electrónicos; así tomaron la decisión.

Aunque lograron aislar su trabajo, la decisión no se escapó de la polémica. Como era de esperarse, desde el uribismo criticaron el fallo. La senadora Paloma Valencia, por ejemplo, expresó su inconformidad y soltó la frase: “Los juristas se parecen más a los políticos”. Por su parte, el exviceministro Rafael Nieto, quien busca ser el candidato único del Centro Democrático en las elecciones del próximo año, se metió con temas más jurídicos: “Corte que se presume garantista, pero cuyas mayorías deciden con sesgo político. En penal, la interpretación de las normas debe ser la mejor para el investigado. Se llama principio de favorabilidad y, otra vez, en el caso de Uribe se lo pasan por la faja”. Con los coletazos políticos a la orden del día, varios magistrados de la propia Corte se sumaron a los jurídicos.

Lo hicieron en los salvamentos de voto en los que argumentaron por qué la mayoría de la Sala Plena se equivocó en la sentencia y a Uribe sí se le violaron sus derechos fundamentales cuando su casó pasó a la Fiscalía. Los magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Andrea Meneses salvaron su voto, pero los dos primeros fueron los más vehementes con su explicación. Ibáñez señaló que la Corte se equivocó en la decisión mayoritaria, que no existe ningún sustento jurídico para decir que la indagatoria y la imputación se pueden equiparar (principalmente porque corresponden cada una a procesos jurídicos completamente diferentes), y que “esta mala equiparación” tiene graves consecuencias.

Por su parte, el magistrado Rojas Ríos fue más allá y expresó: “La Corte Constitucional ha borrado de un plumazo el debido proceso clásico liberal, que tanta sangre ha costado desde las ordalías o ‘juicios de Dios’ o la inquisición hasta nuestros días, y fractura lo que aún nos queda de la frágil construcción de la democracia moderna”. Rojas comparte la tesis de Ibáñez, que apunta a que la indagatoria y la imputación no se pueden comparar y en 21 puntos, explicó por qué es un error. “Son instituciones jurídicas que pertenecen a modelos procesales diametralmente opuestos (...). En la indagatoria el fiscal indaga al procesado por los hechos, mientras que en la formulación de imputación es el fiscal quien debe señalarle al procesado un relato de los hechos de imputación”, escribió el magistrado.

Este es el comunicado de prensa de la Corte Constitucional:

Rojas Ríos agregó en su salvamento de voto una frase que en los círculos cercanos a la Corte y en juristas penales quedó resonando: “Esta decisión [la que rechazó la tutela de Uribe] quedará para la historia cubierta en sombras e incertidumbre”. En los corredores del alto tribunal no fue necesaria una explicación sobre el trasfondo de esa frase, pues quedó claro que no se trató de una decisión puramente jurídica, sino una atravesada por declaraciones a prensa, filtraciones y supuestas influencias y presiones de expresidentes, abogados, exfiscales y magistrados activos. La frase causó molestia en la Sala Plena, al punto de calificarla como desobligante. “Pone en tela de juicio una decisión que debería ser legítima y que tuvo un costo personal muy alto”, agregó una fuente de la Corte.

El tercer acto de esta historia acabó el pasado 12 de noviembre, cuando los nueve magistrados de la Corte Constitucional volvieron a reunirse. Hablaron sobre el siguiente “chicharrón” que enfrentarán la próxima semana: el expediente que podría despenalizar el aborto. Acordaron que cada uno tendrá un tiempo límite para intervenir, que la idea es votar la próxima semana y que no descartan volver a sesionar sin celulares ni ningún tipo de aparato electrónico; pero ni una palabra se dijo sobre las llamadas, las filtraciones, las declaraciones en la prensa, los salvamentos de voto, ni nada de lo ocurrido tan solo 48 horas antes.

Nota de la editora: tras el cierre de esta edición el pasado viernes 12 de noviembre, las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo emitieron un comunicado en conjunto en el que afirmaron que no recibieron llamadas de ningún expresidente de la República de Colombia. “Todas las decisiones que han tomado como magistradas de la Corte Constitucional durante su periodo constitucional han estado basadas en razones estrictamente jurídicas”, se lee en la comunicación.

Durante una semana entera, no hubo un tema más crítico y de interés en las más altas esferas del país que el expediente que estudiaba la Corte Constitucional sobre una de las investigaciones más importantes de la última década. El alto tribunal tenía en sus manos una tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que argumentó una vulneración a sus derechos fundamentales por un asunto puramente procesal, pero que su resultado impactaría de frente su situación judicial. Aunque se trataba de una discusión jurídica (si una indagatoria podía asimilarse a una imputación de cargos), la historia terminó exponiendo un escenario de presiones, llamadas, filtraciones, influencias y hasta mensajes amenazantes.

(En contexto: Corte Constitucional dice que a Uribe se le respetaron sus derechos y fue imputado)

La crisis comenzó el pasado 3 de noviembre. Ese miércoles, en el orden del día de la Sala Plena, los nueve magistrados debatieron el expediente de Uribe y la ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares, quien expuso que al exsenador no se le violaron sus derechos. Desde que el proyecto de fallo fue expuesto en Sala, se empezó a perfilar la votación. Fuentes cercanas a la Corte coincidieron en que, en ese momento, en contra de la ponencia, que significaba aceptar la tutela de Uribe, estuvieron los magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses. El jurista Antonio Lizarazo se mostró cercano a esa posición, pero hasta el final no se decidió. Y, con la posición de Linares, estuvieron Diana Fajardo, Cristina Pardo, Gloria Ortiz y José Fernando Reyes (el único penalista).

(Audiencia de solicitud de preclusión: Caso Uribe: Fiscalía continúa exponiendo la preclusión contra el exsenador)

Pero la Sala Plena de ese día fue una corta. Varios juristas tenían una cita en Paipa (Boyacá) para asistir a un evento de la rama Judicial para hablar sobre el enfoque de género y las cuatro magistradas de la Corte eran claves en esa cita. El debate se suspendió antes del mediodía y la votación tuvo que ser aplazada para el 10 de noviembre. Fue en ese lapso cuando las llamadas a los magistrados aparecieron con más insistencia. Y con ellas las presiones y la insistencia, de lado y lado, por conocer qué estaba pasando en la Corte Constitucional. En ocho días, los juristas recibieron llamadas de expresidentes, reconocidos juristas, exmagistrados, exfiscales, ministros, árbitros de la Cámara de Comercio y hasta de magistradas que despachan desde el Consejo Superior de la Judicatura.

Las comunicaciones no las recibieron solo los magistrados, sino también personas cercanas a ellos o a sus despachos. La situación fue tan grave que uno de los juristas recibió mensajes intimidantes para que cambiara su intención de voto con la amenaza de que, si no lo hacía, habría repercusiones. Dos fuentes le confirmaron la situación a este diario, pero ambas coincidieron en que de nada sirvieron las amenazas, pues el jurista en cuestión no cambió su posición frente al expediente. Ese fue el preámbulo de la decisión de esta semana. La tensión era evidente cuando la Sala Plena retomó el debate el miércoles pasado. Para rematar, la Corte tenían ya la soga del tiempo sobre el cuello: ese día tenían que tomar una decisión porque el caso se vencía al día siguiente.

(Lea también: Los salvamentos de voto en el caso de tutela del exsenador Álvaro Uribe)

Los magistrados lo sabían y también los protagonistas del expediente judicial, abogados, la academia, la opinión pública y hasta varios congresistas. La intriga no era para menos. Lo que resolviera la Corte era clave para el caso Uribe, pero también porque sentaba las reglas y el camino que debe recorrer la investigación de un congresista o alto funcionario (aforado) cuando renuncia a su investidura, la Corte Suprema de Justicia pierde la competencia para seguir con el caso y el expediente cae en la Fiscalía. Con el telón arriba, empezó el primer acto de esta novela. El escenario fue una reunión virtual. Los cuadros de los nueve magistrados fueron apareciendo en las pantallas y la acción comenzó con la intervención de los juristas que no alcanzaron a hablar en la sesión del 3 de noviembre.

El plan trazado era escucharlos y, hacia el final de la tarde, votar. Pero las filtraciones empezaron. Casi en tiempo real, se empezaron a conocer detalles de lo que estaba sucediendo en una Sala que, por ley, debe ser reservada. Antonio Lizarazo, presidente de la Corte, empezó a recibir mensajes de sus compañeros de Sala, quienes le expresaron su molestia por la filtración de información. Hacia el mediodía, el magistrado tomó la decisión de suspender todo. Los citó a todos al Palacio de Justicia a las tres de la tarde y quedó claro que la única manera de seguir con la discusión era si todos entraban de nuevo a la Sala sin computadores ni celulares. “Esa fuga de información enfureció a varios magistrados, porque sabían que solo ellos podían estar enviando esa filtración”, agregó una fuente.

En efecto, en esa reunión virtual únicamente estaban los nueve magistrados y la secretaria de la Corte, una persona de total confianza para ellos. Con la incomodidad de saber que los propios magistrados estaban filtrando información a un lado, la Sala Plena siguió en total hermetismo. No se supo de ellos sino hacia las 8:20 de la noche cuando, desde la oficina de prensa, anunciaron que el presidente Lizarazo y el ponente Linares iban a decirle al país cuál era su decisión. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional definió que al expresidente Uribe no se le violaron sus derechos y que la indagatoria que rindió en la Corte Suprema en agosto de 2019 se podía equiparar a una imputación de cargos. En consecuencia, su proceso sigue intacto.

La votación final estaba cantada. Con la decisión en firme, empezó el tercer acto de la historia. Al día siguiente, jueves 11 de noviembre, Linares explicó en varios medios de comunicación su decisión. Hacia el mediodía, una de sus declaraciones revivió la tensión de la Corte. La dio en la revista Semana, en donde aseguró que varios de sus compañeros recibieron llamadas de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria. En las declaraciones de Linares, además, el jurista comparó la labor de un magistrado con la de un monje: “Nos toca tratar de no salir a reuniones sociales para evitar que alguien sugiera o diga algo”. Con o sin vida social, lo cierto es que para nadie fueron ajenas las incidencias políticas de la decisión en la Corte Constitucional.

No solo por la trascendencia que significa la primera investigación penal contra un expresidente de Colombia, sino porque desde hace al menos dos años el uribismo ha dicho que todo se trata de una persecución política desde la rama Judicial en contra de su líder. Postura que, incluso, ha llegado hasta el extremo de volverse una propuesta para promover una constituyente o una reforma al sistema judicial. Y, presiones o no, lo cierto también es que las filtraciones en la plena Sala Plena del pasado miércoles 10 de noviembre terminaron en suspender la discusión y tomar una de las decisiones más radicales que se haya visto por parte del alto tribunal para evitar “el ruido de afuera”. Sin celulares, computadores ni dispositivos electrónicos; así tomaron la decisión.

Aunque lograron aislar su trabajo, la decisión no se escapó de la polémica. Como era de esperarse, desde el uribismo criticaron el fallo. La senadora Paloma Valencia, por ejemplo, expresó su inconformidad y soltó la frase: “Los juristas se parecen más a los políticos”. Por su parte, el exviceministro Rafael Nieto, quien busca ser el candidato único del Centro Democrático en las elecciones del próximo año, se metió con temas más jurídicos: “Corte que se presume garantista, pero cuyas mayorías deciden con sesgo político. En penal, la interpretación de las normas debe ser la mejor para el investigado. Se llama principio de favorabilidad y, otra vez, en el caso de Uribe se lo pasan por la faja”. Con los coletazos políticos a la orden del día, varios magistrados de la propia Corte se sumaron a los jurídicos.

Lo hicieron en los salvamentos de voto en los que argumentaron por qué la mayoría de la Sala Plena se equivocó en la sentencia y a Uribe sí se le violaron sus derechos fundamentales cuando su casó pasó a la Fiscalía. Los magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Andrea Meneses salvaron su voto, pero los dos primeros fueron los más vehementes con su explicación. Ibáñez señaló que la Corte se equivocó en la decisión mayoritaria, que no existe ningún sustento jurídico para decir que la indagatoria y la imputación se pueden equiparar (principalmente porque corresponden cada una a procesos jurídicos completamente diferentes), y que “esta mala equiparación” tiene graves consecuencias.

Por su parte, el magistrado Rojas Ríos fue más allá y expresó: “La Corte Constitucional ha borrado de un plumazo el debido proceso clásico liberal, que tanta sangre ha costado desde las ordalías o ‘juicios de Dios’ o la inquisición hasta nuestros días, y fractura lo que aún nos queda de la frágil construcción de la democracia moderna”. Rojas comparte la tesis de Ibáñez, que apunta a que la indagatoria y la imputación no se pueden comparar y en 21 puntos, explicó por qué es un error. “Son instituciones jurídicas que pertenecen a modelos procesales diametralmente opuestos (...). En la indagatoria el fiscal indaga al procesado por los hechos, mientras que en la formulación de imputación es el fiscal quien debe señalarle al procesado un relato de los hechos de imputación”, escribió el magistrado.

Este es el comunicado de prensa de la Corte Constitucional:

Rojas Ríos agregó en su salvamento de voto una frase que en los círculos cercanos a la Corte y en juristas penales quedó resonando: “Esta decisión [la que rechazó la tutela de Uribe] quedará para la historia cubierta en sombras e incertidumbre”. En los corredores del alto tribunal no fue necesaria una explicación sobre el trasfondo de esa frase, pues quedó claro que no se trató de una decisión puramente jurídica, sino una atravesada por declaraciones a prensa, filtraciones y supuestas influencias y presiones de expresidentes, abogados, exfiscales y magistrados activos. La frase causó molestia en la Sala Plena, al punto de calificarla como desobligante. “Pone en tela de juicio una decisión que debería ser legítima y que tuvo un costo personal muy alto”, agregó una fuente de la Corte.

El tercer acto de esta historia acabó el pasado 12 de noviembre, cuando los nueve magistrados de la Corte Constitucional volvieron a reunirse. Hablaron sobre el siguiente “chicharrón” que enfrentarán la próxima semana: el expediente que podría despenalizar el aborto. Acordaron que cada uno tendrá un tiempo límite para intervenir, que la idea es votar la próxima semana y que no descartan volver a sesionar sin celulares ni ningún tipo de aparato electrónico; pero ni una palabra se dijo sobre las llamadas, las filtraciones, las declaraciones en la prensa, los salvamentos de voto, ni nada de lo ocurrido tan solo 48 horas antes.

Nota de la editora: tras el cierre de esta edición el pasado viernes 12 de noviembre, las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo emitieron un comunicado en conjunto en el que afirmaron que no recibieron llamadas de ningún expresidente de la República de Colombia. “Todas las decisiones que han tomado como magistradas de la Corte Constitucional durante su periodo constitucional han estado basadas en razones estrictamente jurídicas”, se lee en la comunicación.