La tutela con la que buscan frenar el piloto de fracking en Puerto Wilches

Ecopetrol S.A., el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fueron entutelados porque, al parecer, estarían vulnerando el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas de Puerto Wilches (Santander), que se oponen a que se realice un plan piloto de fracking en esa zona. De acuerdo con el documento conocido por El Espectador, estas tres corporaciones habrían apartado de cualquier decisión a la población afrodescendiente de ese municipio. Además, alertan que está en riesgo otros derechos de esa comunidad como el territorio colectivo, al autogobierno y a la autorepresentación.

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Según los abogados del caso, el Ministerio, la ANLA y Ecopetrol avanzan ilegalmente en el trámite de licencias ambientales de proyectos de extracción de petróleo mediante el fracking. Esto, sin tener en cuenta que esta práctica está prohibida y que, adicionalmente, tendrían que consultar con las comunidades afrodescendientes de la zona, quienes resultarían afectados directamente. La tutela pide que se frenen las pruebas piloto de dos proyectos específicamente: Kalé y Platero, los cuales intentarían hacer antes de que termine el gobierno Duque.

Esta práctica de extracción está suspendida desde 2018, cuando el Consejo de Estado ordenó frenarla, porque consideró que aun falta certeza científica. El alto tribunal dice que no está comprobado ni descartado que provoque daños ambientales y a la salud humana. Esta decisión se dio bajo el principio de precaución, que obliga a terciar en favor del medio ambiente ante la duda sobre las afectaciones que pueda producir una actividad.

El documento, presentado por organizaciones que buscan frenar estos proyectos de extracción, y que fue conocido por este diario, considera que existe una “multiplicidad de omisiones y de irregularidades en las decisiones”. Igualmente, pone de presente que “en los informes de las entidades públicas involucradas, es claro que existe una violación al derecho fundamental a la consulta previa, que es el mecanismo para garantizar la participación efectiva de la comunidad afrodescendiente de Puerto Wilches”.

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Asimismo, la tutela asegura que la decisión tomada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior sostiene que “no procede la consulta con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y/o palenqueras para el proyecto”. Los habitantes de la zona consideran que esta perspectiva del Ministerio es agresiva, porque cierra cualquier posible escenario de diálogo y participación en el proceso de licenciamiento ambiental. Por otra parte, la comunidad de Puerto Wilches afirma que este método de extracción puede “agravar las condiciones socioeconómicas discriminatorias y desfavorables que como comunidad étnica han padecido históricamente”.

El documento además sostiene que avanzar con la licitación de fracking en esta zona podría generar “afectaciones a su forma de vida, especialmente en lo que respecta a los cultivos de pancoger, a la pesca y a en general a las fuentes de agua como centro fundamental de su forma de vida diferenciada”. De igual manera, en la tutela se manifiesta que la decisión de la Dirección de Consulta Previa fue totalmente descontextualizada de la realidad de las comunidades.

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A su vez, dice la tutela, Ecopetrol habría obrado de mala manera porque se les pidió reconocer a la comunidad dentro de la consulta, petición que, según el documento, omitieron. “Valga resaltar que además Ecopetrol ha omitido su obligación legal de informar al Ministerio del Interior sobre la presencia de nuestra comunidad en el área de influencia del proyecto piloto”, consta en el papel.

El 28 de marzo de este año, la misma ANLA confirmó que había dado vía libre al plan piloto en Puerto Wilches (Santander). La Autoridad sostuvo que “después de tomar en cuenta todas las consideraciones recibidas y el análisis exhaustivo del Estudio de Impacto Ambiental, y la realización de las respectivas visitas de campo donde verificó y contrastó lo estipulado en la documentación allegada, ha decidido dar la viabilidad ambiental al proyecto piloto Kalé”. De igual manera, sostuvieron en esa ocasión que “tras tener en cuenta los impactos ambientales de estas obras, así como los que podría tener en los componentes bióticos, abióticos y sociales de este y su área de influencia, la ANLA decidió otorgarle la licencia ambiental”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Ecopetrol S.A., el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fueron entutelados porque, al parecer, estarían vulnerando el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas de Puerto Wilches (Santander), que se oponen a que se realice un plan piloto de fracking en esa zona. De acuerdo con el documento conocido por El Espectador, estas tres corporaciones habrían apartado de cualquier decisión a la población afrodescendiente de ese municipio. Además, alertan que está en riesgo otros derechos de esa comunidad como el territorio colectivo, al autogobierno y a la autorepresentación.

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Según los abogados del caso, el Ministerio, la ANLA y Ecopetrol avanzan ilegalmente en el trámite de licencias ambientales de proyectos de extracción de petróleo mediante el fracking. Esto, sin tener en cuenta que esta práctica está prohibida y que, adicionalmente, tendrían que consultar con las comunidades afrodescendientes de la zona, quienes resultarían afectados directamente. La tutela pide que se frenen las pruebas piloto de dos proyectos específicamente: Kalé y Platero, los cuales intentarían hacer antes de que termine el gobierno Duque.

Esta práctica de extracción está suspendida desde 2018, cuando el Consejo de Estado ordenó frenarla, porque consideró que aun falta certeza científica. El alto tribunal dice que no está comprobado ni descartado que provoque daños ambientales y a la salud humana. Esta decisión se dio bajo el principio de precaución, que obliga a terciar en favor del medio ambiente ante la duda sobre las afectaciones que pueda producir una actividad.

El documento, presentado por organizaciones que buscan frenar estos proyectos de extracción, y que fue conocido por este diario, considera que existe una “multiplicidad de omisiones y de irregularidades en las decisiones”. Igualmente, pone de presente que “en los informes de las entidades públicas involucradas, es claro que existe una violación al derecho fundamental a la consulta previa, que es el mecanismo para garantizar la participación efectiva de la comunidad afrodescendiente de Puerto Wilches”.

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Asimismo, la tutela asegura que la decisión tomada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior sostiene que “no procede la consulta con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y/o palenqueras para el proyecto”. Los habitantes de la zona consideran que esta perspectiva del Ministerio es agresiva, porque cierra cualquier posible escenario de diálogo y participación en el proceso de licenciamiento ambiental. Por otra parte, la comunidad de Puerto Wilches afirma que este método de extracción puede “agravar las condiciones socioeconómicas discriminatorias y desfavorables que como comunidad étnica han padecido históricamente”.

El documento además sostiene que avanzar con la licitación de fracking en esta zona podría generar “afectaciones a su forma de vida, especialmente en lo que respecta a los cultivos de pancoger, a la pesca y a en general a las fuentes de agua como centro fundamental de su forma de vida diferenciada”. De igual manera, en la tutela se manifiesta que la decisión de la Dirección de Consulta Previa fue totalmente descontextualizada de la realidad de las comunidades.

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A su vez, dice la tutela, Ecopetrol habría obrado de mala manera porque se les pidió reconocer a la comunidad dentro de la consulta, petición que, según el documento, omitieron. “Valga resaltar que además Ecopetrol ha omitido su obligación legal de informar al Ministerio del Interior sobre la presencia de nuestra comunidad en el área de influencia del proyecto piloto”, consta en el papel.

El 28 de marzo de este año, la misma ANLA confirmó que había dado vía libre al plan piloto en Puerto Wilches (Santander). La Autoridad sostuvo que “después de tomar en cuenta todas las consideraciones recibidas y el análisis exhaustivo del Estudio de Impacto Ambiental, y la realización de las respectivas visitas de campo donde verificó y contrastó lo estipulado en la documentación allegada, ha decidido dar la viabilidad ambiental al proyecto piloto Kalé”. De igual manera, sostuvieron en esa ocasión que “tras tener en cuenta los impactos ambientales de estas obras, así como los que podría tener en los componentes bióticos, abióticos y sociales de este y su área de influencia, la ANLA decidió otorgarle la licencia ambiental”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.