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Con su extradición esta semana, Luis Gustavo Moreno Rivera se llevó a Estados Unidos muchos secretos de la administración de justicia en Colombia. Dicen quienes lo conocen que a pesar de sus múltiples confesiones –que desataron el más grave escándalo de corrupción en la cúpula de la Rama Judicial en la historia–, también se guardó una buena porción de información sensible que les interesa a agencias federales de Norteamérica con el fin de negociar alguna rebaja en su condena. Pero antes de irse dio pistas claves sobre cómo operó desde 2012 el cartel de la toga, a qué magistrados “tocó”, en qué expedientes actuó y cuánto dinero se repartió en ese supuesto festín de sobornos a cambio de torcer procesos judiciales.
Según la Fiscalía, Moreno Rivera y sus señalados compinches –entre ellos el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el exmagistrado Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz y los abogados Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres, más conocido como Yayo, y Leonardo Pinilla, alias el Porcino– se encargaron de dilatar expedientes utilizando información privilegiada de la Corte, desaparecieron evidencias, montaron estrategias para restarles credibilidad a testigos y obtuvieron decisiones con apariencia de legalidad que en la trasescena habían sido manipuladas a cambio de dinero. En virtud de sus propias revelaciones, la Fiscalía constató que Moreno y el cartel intervinieron en 11 casos.
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Por ejemplo, los procesos por parapolítica contra los senadores Álvaro Ashton y Musa Besaile –en donde se habrían pagado $2.600 millones–, así como los casos de los congresistas Óscar Arboleda Palacio (ya fallecido), Nilton Córdoba Manyoma, Argenis Velásquez Ramírez y Julio Gallardo Archibold, el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, el exsecretario de presidencia Alberto Velásquez (condenado por la yidispolítica), el exalcalde de Villavicencio Franklin Chaparro (sentenciado por homicidio) y el exgobernador del Cesar Lucas Gnecco Cerchar. Este proceso es el más desconocido por la opinión pública. Justamente en su última declaración ante la Fiscalía, Gustavo Moreno entregó todos los detalles del expediente Gnecco Cerchar.
Según consignó en el documento, conocido por El Espectador, en 2015 el exmandatario estaba siendo investigado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y el caso estaba en el despacho del magistrado Gustavo Malo (acusado por la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 25 de abril). Fue entonces cuando, de acuerdo con el exfiscal Anticorrupción, Lucas Gnecco le entregó al cartel $150 millones para dilatar indefinidamente el juicio en su contra en el alto tribunal. “Se repartieron los honorarios como dije en el interrogatorio anterior. Unos entre comillas honorarios porque, como he dicho, cada vez que me refiero a honorarios era el dinero para ayudar a la gente en la forma en que lo he venido narrando”.
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Y a renglón seguido, Moreno salpicó al hoy senador por el Partido de la U José Alfredo Gnecco –hijo de Lucas Gnecco–, de quien dijo que fue quien le entregó el dinero. “Preciso que fueron 150 millones de pesos los que yo recibí del senador José Alfredo Gnecco” en la oficina del exmagistrado Francisco Ricaurte, ubicada al norte de Bogotá. “El 50 por ciento de estos 150 millones de pesos se le entregaron a Pacho (Ricaurte), lo demás yo lo invertí en gastos de esa oficina y viajes de Pacho. Es que yo tenía que cubrirle a Pacho gastos como viajes al exterior y viajes nacionales”, relató el testigo en declaración del pasado 19 de abril. Y añadió que el tren de vida del cartel obligaba gastos suntuosos y pagos en especie a los miembros de la organización.
El exfiscal Anticorrupción indicó que Lucas Gnecco tuvo en el pasado una condena por fraccionamiento de unos contratos y que en este nuevo proceso lo que se requería era demorar el expediente tanto como fuera posible mientras maniobraban en el despacho del magistrado Gustavo Malo. “En firme la acusación se dio el traslado para solicitar pruebas, la defensa anterior ni siquiera las había solicitado. Malo ayudó y decretó unas poquitas pruebas testimoniales, porque como el proceso era de aquellos de manejo, yo no los estudiaba, no tenía preocupación por ese tipo de procesos”, contó Gustavo Moreno. Es decir, que a ese expediente ni siquiera había que darle la vuelta jurídicamente.
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“La instrucción de Pacho fue que ganáramos tiempos aplazando”, pues el cartel sabía que era muy probable que por las pruebas en el proceso Lucas Gnecco Cerchar terminara condenado más adelante. “Pacho me decía: ‘pida el aplazamiento que yo hablo con Malo’, y nos daban el aplazamiento”. Según Moreno, cuando ya no hubo forma de seguir dilatando el caso, la estrategia que se montó fue la siguiente: el cartel renunció a la representación judicial del exmandatario. Gnecco pidió a la Defensoría que le asignara de oficio un defensor público y después contrató a otro abogado que pidió copias del expediente y tiempo para analizar el proceso. De esta manera, pasaron varios meses y, en criterio de Moreno, se le habría cumplido a Gnecco Cerchar.
Al final, Moreno sostuvo: “Me siento preocupado por mi seguridad y la de mi familia, concretamente la de mi señor padre, quien reside en Valledupar y quien además es testigo de corroboración en lo que le consta del Festival Vallenato al que viajé con Pacho (Ricaurte) y los demás magistrados. Cuando salió un organigrama en la revista Semana, en el que aparecía el nombre del señor Gnecco como una de las personas que yo iba a delatar, él fue hasta la casa de mi papá en Valledupar y le dijo: ‘dígale a su hijo que no hable tanto’”. En 2009 Lucas Gnecco fue condenado a 24 años de prisión por prevaricato y celebración indebida de contratos. Este diario intentó comunicarse con su hijo, el senador José Alfredo Gnecco, pero al cierre de esta edición no había sido posible.
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Por ahora la justicia colombiana indaga el último ventilador de Gustavo Moreno, el exfiscal corrupto que hoy está detenido en una cárcel federal de Estados Unidos. ¿Cantará allá también todo lo que sabe?